Con fecha 22 de octubre, el primer Juzgado de Letras de Vallenar ha dictado una resolución que obliga a Barrick Gold Corporation (Minera Nevada Spa) a exhibir la propiedad minera, que no tiene y está a nombre del empresario minero chileno-canadiense, Jorge Lopehandía, quien junto a su socio Brent Jhonson, realizan en estos días diversas acciones legales en Chile, de la mano del abogado Juan Guillermo Torres.
El jóven jurista fue claro: “Dicha resolución ordena a Minera Nevada SpA. que exhiba los títulos mineros Amarillo Sur y Amarillo Norte, manifestaciones mineras presentadas en el año 1996 por el encargado de propiedad minera de don Jorge Rodrigo Lopehandía Cortés, don Rodolfo Francisco Villar García. Con ello acreditaríamos y ratificaríamos que dichas manifestaciones mineras nunca han sido de propiedad de Barrick Gold Corporation“.



Pese a que desde la minera afirmaron que la situación – que se produjo esta madrugada – fue controlada inmediatamente, pobladores aseguraron que esto grafica la vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad y la falta de respuesta de parte de las autoridades a un conflicto que se arrastra hace varios años.
Una gran indignación esta causando en la sociedad chihuahuense el doble asesinato perpetrado hoy lunes a las 2:30 de la tarde en contra del dirigente de El Barzón en esta entidad, Ismael Solorio Urrutia, y de su esposa Manuela Martha Solís Contreras. Fueron acribillados mientras circulaban en la camioneta de Ismael en el kilometro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtemoc-Colonia Obregón. Ante este crimen de Estado, las y los activistas sociales de Chihuahua van a plantarse en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que no se entrevisten con el Gobernador César Duarte y se les haga justicia.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la alerta temprana número 02/2012 con la finalidad de que diversas autoridades estatales y municipales emprendan acciones para evitar probables violaciones a Derechos Humanos por el caso del conflicto que actualmente se vive entre habitantes del pueblo de San José del Progreso y la minera Cuzcatlán que opera en ese municipio perteneciente al distrito de Ocotlán.
La transnacional canadiense Infinito Gold deberá pagar 53,3 millones de colones, tras perder un juicio por difamación y supuesta afectación de la imagen de la minera contra el biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge A. Lobo.