Para evitar y eventualmente reprimir la protesta de pobladores contra la actividad minera a gran escala, el gobernador riojano Beder Herrera ordenó a la Policía provincial, gendarmería y el grupo especial BAO junto a con patotas mineras, ejecutar un cerrojo total en las localidades de Pituil y Campanas del departamento Famatina, para realizar un acto oficial, rodeado de seguridad.
Ayer (23 de octubre) nos comunicamos con nuestros paisanos en Laguna Azul. El clima que se percibe entre la resistencia verde es tenso. Hay una constante intimidación, por parte de las divisiones especiales de la policía, por la seguridad privada de Yanacocha, o por otro grupo de comunidades que han sido movilizadas para enfrentarse contra quienes se oponen al ecocidio de las transnacionales mineras sobre las lagunas.
Cien policías viajarán mañana a la localidad de Mallku Khota a cumplir con el relevo correspondiente del contingente que se encuentra resguardando la seguridad de esta zona, informó el subcomandante de policía, Dennis Duchen.
“En la localidad de Mallku Khota del departamento de Potosí tenemos cien efectivos que este jueves vamos a hacer el relevo correspondiente por otros diez días”, dijo.
La autoridad policial destacó que este será el tercer contingente policial que se desplace a la zona que también está siendo reforzada por miembros de los cuerpos policiales de Oruro y La Paz. “En cuanto a la participación de la policía del departamento de Potosí, no estamos disminuyendo, estamos relevando la misma cantidad de efectivos dispuestos desde el principio”, manifestó.
Los intereses de las multinacionales por encima de la vida. No es nuevo, pero en Guatemala suena a la historia interminable. Ayer, el Ejército masacró una protesta pacífica indígena y acabó con la vida de 7 de ellos y dejó heridos a otros 41.
– Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo “para la pacificación”, y se prometió derechos “culturales” a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.
EL CONSEJO DE PUEBLOS MAYAS DE OCCIDENTE MANIFIESTA:
1. Su profundo dolor por la muerte de 7 hermanos Mayas, a causa de la represión del Estado, y se solidariza con sus familias y con el Pueblo Maya K’che’.
2. Que responsabiliza de los hechos al Presidente de la República, en su calidad de Comandante General del Ejército, por la masacre cometida por sus subalternos.
El fiscal de Llallagua, Manuel Córdova, solicitó la madrugada de hoy la militarización de Mallku Qota, para evitar nuevos enfrentamientos armados entre comunarios de la zona, que se disputan el control de ese yacimiento minero, reportó la radio Pio XII de ERBOL.
“La situación está muy tensa, estamos esperando que el gobernador de Potosí, como el comandante departamental de Policía, nos (responsa) al Ministerio Público, los informes respecto a los requerimientos que enviamos a las 02.30 de la madrugada vía fax, pidiendo mandar contingentes policiales y militares, para pacificar y evitar más enfrentamientos”, dijo Córdova.
Se estima en más de cuarenta las personas heridas, entre ellas una niña que no pasa de los 5 años de edad, como el saldo de la brutal represión de la Policía Nacional contra los ciudadanos que ejercieron el derecho a la protesta en contra de la Barrick Gold en Cotuí.
La Policía Nacional informó, cerrando el día, que el capitán Santo León Adames fue suspendido en funciones para ser enviado a la Justicia ordinaria por la herida que presenta el menor Joan José Medina, de 17 años.
De acuerdo a rumores que circularon por el pueblo, han muerto varias personas, lo que hizo que la población se sintiese indignada y volviera a reclamar justicia en las calles.
El presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc- Bambamarca Eddye Benavides, dijo que ahora su provincia está más unida que nunca y que el proyecto Conga es inviable. «Hemos venido aquí a dar un Ultimátum al gobierno y a la minera de 10 o 15 días, para que retiren toda su maquinaria y deje de construir reservorios, nosotros y el pueblo de Cajamarca, trasladaremos nuestra lucha de aquí hacia las lagunas como en el 2011», dijo.
Tras dar un recorrido alrededor de la plaza principal de Cajamarca, Bambamarquinos dieron 15 días a que la empresa minera Yanacocha retire su maquinaria de la zona de Conga y deje de construir los reservorios. Ante un público que se concentró en la plaza, Edy Benavides, presidente del Frente Ambiental de Bambamarca, dijo que el proyecto Conga no tiene nada de suspensión, sino que por el contrario está atentando contra la captación de agua potable de comunidades de la zona de influencia del proyecto. «Damos 15 días a que la empresa retire su maquinaria y si no lo hace nos trasladaremos a las lagunas para vigilarlas y evitar que atente contra ellas.
Ante la grave situación que enfrenta Minera San Xavier al haber sido anulado el Plan de Desarrollo Municipal y Centro de Población de Cerro de San Pedro el cual fue diseñado e impulsado por esta empresa minera con la pretensión de anular el Decreto publicado en el periódico oficial el 24 de septiembre de 1993 que clasifica la zona donde se localiza su proyecto minero como de preservación de la vida silvestre, y prohíbe la actividad minera.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera (foto), denunció ante el relator especial de Naciones Unidas experto en racismo, Mutuma Ruteere, la impunidad por el caso de la violenta represión policial a indígenas en Chaparina y otros cinco temas de presunta violación de derechos humanos en el país.
Herrera, en declaraciones a ERBOL, dijo que ayer sostuvo una reunión con el Relator junto a otras organizaciones defensores de derechos humanos en Bolivia para dar a conocer seis preocupaciones, entre ellas el caso Chaparina.