Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala.
Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa "a un arbitraje internacional" y de buscar "compensación monetaria por los daños".
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El sociólogo francés, Malik Tahar Chaouch consideró que el proyecto “Caballo blanco” no está muerto, sino que alguna otra autoridad, más preocupada por los recursos que por la supervivencia de especies y la seguridad de la población, lo revivirá.
El asesinato de la Coordinadora del Consejo Indígena Popular de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres y la retención en tierras hondureñas del Coordinador de Otros Mundos Chiapas/AC México, Gustavo Castro ha levantado la indignación de muchas y muchos quienes trabajamos en la defensa de la vida.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que el proyecto minero no es viable y que deben suspenderse sus operaciones, el MEM no ha acatado la orden. Pobladores de La Puya que desde hace 7 días protestan frente al Ministerio de Energía y Minas (MEM), intensificaron su malestar luego que se reportara un posible conflicto en su comunidad con personal del proyecto minero "El Tambor", ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, pues según la denuncia, la mina sigue operando pese a el fallo judicial.
Integrantes de la Comisión de Defensa del Agua del Río Loa interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta por la ampliación del tranque de relave Talabre de la mina Radomiro Tomic de Codelco. Lo que alega la agrupación son los posibles daños a la salud que podría traer la ampliación a los habitantes de la zona.
La minera canadiense Barrick Gold confirmó este viernes la multa por más de 9 millones de dólares que le impuso una provincia argentina como sanción por el derrame de cianuro que contaminó tres ríos y por el cual fueron encausados nueve ejecutivos de la empresa.
Juicio sigue en la Corte de Apelaciones de La Serena, que solicitó un perito para analizar el tema.
Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.
El Superior Tribunal de Justicia deberá expedirse en el corto plazo sobre una acción de amparo de vecinos que integran la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Ch) cajoneada desde hace un año, que podría obligar a la Cámara de Diputados a tratar el proyecto de ley presentado mediante el mecanismo constitucional de iniciativa popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos en Chubut, acompañado de frondozos fundamentos.
Un conjunto de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo Brasil, entre ellos el ISA [Instituto Socioambiental] está divulgando un manifiesto contra el acuerdo firmado, recientemente, entre las empresas mineras Samarco, perteneciente a la Vale y a la BHP, gobiernos federal, de Minas Gerais y Espírito Santo sobre el desastre de Mariana (MG). El texto recuerda que las tratativas extinguen la Acción Civil Pública movida contra las empresas y critica su falta de transparencia y participación social.