En entrevista con el Noticiero Ciudadano, Esteban Vilchez, abogado defensor de la comunidad de Caimanes, dijo que no les sorprendió el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que dejó sin efecto el derrumbe del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, decretado por el tribunal de letras y garantía de Los Vilos en marzo de 2015.
El profesional dijo que los vicios del proceso son evidentes: “es un fallo errado por considerar obras que se presentaron en mayo de 2016, a propósito de otro juicio impulsado por exabogados defensores de Caimanes, que no corresponde al plan de obras presentado en noviembre de 2014 (…) Está completamente fuera de lugar el fallo“.
Respecto a la orden de demoler el tranque el Mauro, el abogado defensor enfatizó que “Se ha dicho desde la minera que es imposible demoler el tranque porque los impactos podrían ser mayores. Existen experiencias internacionales y se puede lograr aunque tome tiempo y tome costo. Otra cosa es que la minera no quiera hacerlo”.
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Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.
Después de un largo proceso judicial, de una importante inversión de tiempo, dedicación, recursos y esfuerzos, con fecha 2 de agosto de 2016, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido sentencia y en ella declara FUNDADA la Demanda de Amparo iniciada por la Comunidad Nativa de Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca – ORFAC, contra el Ministerio de Energía y Minas – MINEM.
La minera canadiense Gold Reserve dijo el lunes que firmó un acuerdo con Venezuela para formar una empresa mixta aurífera y que, como parte de la negociación, el país le pagará 769 millones de dólares como indemnización por haber nacionalizado sus operaciones.
En momentos en que una nueva crisis política se cierne sobre Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo (RDC), una ONG internacional denunció que la empresa minera china Kun Hou Miningprovee armas y dinero a milicias en el este, la zona más caliente del inestable país, para que les garantice el control de las reservas de oro.
La posibilidad de que haya en Concordia territorios para la explotación minera ha generado rechazo entre la comunidad. Por las principales calles de la cabecera municipal marcharon este fin de semana cientos de habitantes del Suroeste antioqueño para manifestarse en contra de entrada de la minería a la economía y cultura de la región.
En la Corte Constitucional se está abriendo un camino para que la gente decida qué se hace en sus territorios frente a la minería, como muestra una seguidilla de sentencias que culminan en la del miércoles sobre el Código de Minas. Y tiene en su escritorio una muy simbólica, porque trata del páramo de Santurbán, que podría darle aún más poder a las comunidades que argumenten su derecho al medio ambiente, a costa de la política minera del Gobierno.
La minera anunció para 2016 una caída de 100 dólares por onza en sus costos de producción. La tendencia va a contramano del mundo: En sus otras plantas internacionales los costos proyectados son superiores a 2015.
Las comunidades indígenas de Venezuela emitieron un comunicado en el que rechazan la decisión del Gobierno de crear la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” con la que se pretende entregar en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.