El Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari son cinco de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú por la cantidad de terrenos agrícolas que riegan con sus aguas. Y sus territorios han sido otorgados en concesión a empresas mineras. Existe una superposición de territorios, lo que ocasiona choques entre la población y las empresas, además de pérdidas millonarias e inseguridad alimentaria.
Eso se debe a la poca planificación en el otorgamiento de las concesiones del Estado, afirmó el geógrafo Anthony Bebbington.
En la actualidad, el 70% del territorio nacional se encuentra concesionado, lo que ocasiona un serio problema de superposición de territorios.
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Ayer sábado 25 al anochecer, se llevó a cabo una insólita protesta de la asamblea de vecinoa autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. Visitaron las casas de los diputados Elva Willhuber y Héctor Trotta para canterles una serenata en respaldo al proyecto de Ley para prohibir la megaminería.
Cajamarca, tal y como lo hizo hace más de un año el municipio de Piedras, realizará una consulta popular para que sus habitantes decidan si quieren o no que continúe el proyecto minero La Colosa, que adelanta la multinacional AngloGold Ashanti Colombia. El anuncio lo hizo el alcalde de esta población de Colombia, Luis Evelio Gómez, durante audiencia pública.
En días pasados se entregó a la Corte Nacional de Derechos Humanos de México una solicitud para establecer medidas cautelares para que se proteja la integridad de las y los defensores de derechos de la organización de Bios-Iguana, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, otras y otros comuneros de Zacualpan quienes en las últimas semanas han estado viviendo una alarmante y creciente situación de persecución, amenazas, desplazamiento, agresiones físicas, verbales y psicológicas y de desprestigio por parte de algunos pobladores, políticos municipales y estatales.
Los diputados Dora Elda Oropeza Villalejo y Gil Cueva Tabardillo recibieron al sector pesquero organizado del Municipio de Comondú quienes solicitaron la intervención del Congreso del Estado para evitar la autorización del Proyecto Minero Submarino “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, ya que aseguran, atenta contra el ecosistema.
Cuando hay referencias al estado de Sonora, se suele mencionar que es un emporio agropecuario y cuna de la revolución verde, la que prometía acabar con el hambre y la desigualdad en el campo. Que es asiento de culturas milenarias tan importantes como la de los yaquis (perseguidos por el régimen porfirista), mayos, cucapás, pimas y seris; que allí nacieron dos dirigentes de la Revolución, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Se citan sus explotaciones mineras que la gente recuerda por las tragedias, la contaminación que ocasionan a las corrientes de agua y al medio en general y, no por el aporte al bienestar de los obreros que trabajan en ellas o a los pueblos donde están ubicadas.
Si bien, en comparación con otros tipos de conflicto, los casos mineros no son los más numerosos (4 % del total, entre 2010 y 2014), su cantidad se ha ido incrementando en el tiempo. Además, presentan importantes niveles de violencia, no solo por la radicalidad de las medidas de presión, sino también porque en repetidas oportunidades se han producido enfrentamientos entre partes.
No tenemos que olvidar que nuestra región, específicamente la ciudad de Antofagasta, es una de las regiones tiene las tasas más altas de cáncer al pulmón, vejiga, entre otros, y ciertamente que los metales pesados son causantes de ellas, además el arsénico favorece que otros cancerígenos actúen. Por esto, nuestra población a nivel nacional tiene como primera causa de muerte los tumores, es decir, el cáncer", señaló el Dr. Aliro Bolados en declaraciones a DiarioUChile.
Unas 500 personas de varios municipios del sur del país, participaron en una protesta en contra de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económica (ZEDE) y de la minería artesanal e industrial.
En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.