El Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, Ayacucho, inició hoy un paro provincial de 48 horas como medida de protesta frente a la autorización de inicio de actividades dela exploración minera otorgada a la empresa Laconia South América S.A.C, mediante la resolución Nº0106-2014-MEM/DGM, del Ministerio de Energía y minas.
Según el Frente de Defensa, esta habría sido otorgada en base a documentación irregular, ya que el permiso de la Comunidad María Magdalena de Tintay (Morcolla-Sucre) para utilizar sus terrenos, de fecha 23 de febrero del 2014, habría sido fraguado, por lo cual, han iniciado acciones legales y administrativas.
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El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que cuenta con información sobre la alta contaminación que existe en la región minera de La Cañada de Taxco, por lo que llamará a Grupo México (GM), para resarcir los daños ocasionados por los desechos de extracción minera que “inmediatamente se ven”, desde cualquier punto de Guerrero por vía aérea.
Con la adhesión de mujeres de diferentes rincones del mundo, el 8 de Marzo Dia de la Mujer se construyó un muro colorido, solidario y fortalecido, para hacerle frente a los impactos del Extractivismo minero en las Mujeres, acción impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Los mismos organizadores de una movilización en la que 30.000 personas salieron hace cuatro años a las calles de Bucaramanga a protestar por la minería en Santurbán convocaron a la ciudadanía a una nueva marcha para el 24 de abril próximo porque consideran que la delimitación con la que el Gobierno ‘blindó’ 100.000 hectáreas del páramo, en Santander, no preserva, según ellos, plenamente el ecosistema.
La comunidad La Maraña, enmarañada entre caminos serpenteados, tramos de asfalto y tramos de piedra, la encontramos escondida en el municipio de Ilobasco, Cabañas, a 65 kilómetros de San Salvador. Ahí se conmemoraba con una misa el quinto aniversario de la muerte de tres ambientalistas de comunidades aledañas, quienes se opusieron a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente ha demandado a El Salvador ante instancias internacionales por más de $300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas. 
La criminalización de los movimientos sociales que se oponen al extractivismo y neoextractivismo, a la usurpación territorial y de aguas, impulsada tanto por los gobiernos de turno como por empresas transnacionales, se ha convertido en la principal estrategia de invisibilización y represión de la protesta en Chile.
Una segunda etapa vivirá a partir de este año Pascua Lama, el proyecto binacional de oro y plata de la canadiense Barrick. La empresa informó en febrero que a mediados de año volverá a ingresar al sistema de evaluación ambiental, ya que solicitará nuevos permisos para la construcción de un sistema de aguas definitivo. Los problemas en este mecanismo causaron la paralización definitiva de la iniciativa en octubre de 2013 y una multa de US$ 16 millones -histórica para la fecha- de parte de la naciente Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por un conjunto de irregularidades en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), entregada en 2006.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
La avidez de la industria extractiva por los bienes minerales de Baja California Sur es un pozo sin fondo. En noviembre pasado, la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) pedimos a las autoridades no otorgar más concesiones de exploración a Mexicana del Arco S.A. de C.V., filial del Grupo México, cuyo proyecto minero “El Arco” amenaza las áreas naturales protegidas del Valle de los Cirios y de El Vizcaíno.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 22 millones 959 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.