Mediante un grupo en redes sociales llamado “NO a la explotación minera de Samalayuca” se denuncia que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dejó fuera a esta zona que anteriormente se encontraba dentro de la protección con el fin de iniciar un proyecto minero de una empresa canadiense.

Anteriormente los fines de explotación y exploración fueron cancelados por encontrarse Samalayuca en estas áreas protegidas, sin embargo al quedar fuera se les dio permiso a los inversionistas canadienses para abrir a mediados de este año un complejo minero para la explotación de cobre y plata, según se refiere. El proyecto en las inmediaciones de la reserva natural se mantuvo en sigilo durante algunos años debido a las complicaciones para obtener permisos.

Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.

La empresa mexicana Desarrollos Zapal es propietaria del proyecto minero–metalúrgico Los Cardones, que consta de un depósito mineral con valores de oro y se localiza en la Delegación de San Antonio, Municipio de La Paz, en Baja California Sur. Desarrollos Zapal es subsidiaria de Invecture Group, de acuerdo con la página oficial de la mina.

Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.

El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.

Miembros de organizaciones globales como Greenpeace, y las mexicanas Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), plantearon a SinEmbargo que en el país hay una visión generalizada de “pagar para contaminar” y no de prevención, puesto que en la mayoría de las concesiones que otorga el Estado, los estudios de impacto ambiental se realizan luego de firmarse los contratos y, en ...