La Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo que obliga al Poder Ejecutivo a declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Así la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se ven obligados por mandato de la Sala a reglamentar la Ley 8904, a fin de prohibir esta práctica en el país.
Los magistrados le dieron al Poder Ejecutivo dos meses de tiempo para que se reglamenten y elaboren los protocolos sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación de los materiales metálicos, conforme lo establecido en el Transitorio VII de dicha ley.
La justificación del retraso, dada por parte de los funcionarios, no convence a la Sala, esto porque ellos le otorgan la culpa a las administraciones pasadas que permitieron dichas prácticas en el país.
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El Juzgado Primero deL Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Colima, admitió el pasado 25 de marzo el amparo que la comunidad indígena de Zacualpan había presentado un día antes en contra de dos concesiones vigentes en sus tierras comunales.
El alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, confirmó que los vecinos están sintiendo picazones producto posiblemente de los metales pesados de los tranques de relaves que estaban abandonados en la capital regional de Atacama. Los vecinos lo dejaron “bastante preocupado”, dijo.
Barrick Gold Corp, que el año pasado implementó un nuevo plan de compensación salarial luego de los reclamos de sus accionistas, pagó a su presidente ejecutivo John Thornton un monto de 12,9 millones de dólares en el 2014, un tercio más que el año previo.
¿Dónde está la justicia en Oaxaca? Hace tres años, el 15 de marzo de 2012, el activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUCO), fue asesinado a balazos porque luchaba contra la empresa minera Cuzcatlán (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.). Tres personas fueron inculpadas y encarceladas por este homicidio, pero no basta. Nosotros integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigimos ante Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que los autores intelectuales de este crimen también sean juzgados.
El Salvador es un territorio pequeño con poco más de 20 mil kilómetros cuadrados. El principal problema del país de acuerdo a la “vox pópuli” es la violencia e inseguridad que actualmente posiciona a este pequeño paraíso entre los más violentos del mundo.
De manera alarmante, a cuatro días del comienzo de la emergencia en nuestra comuna, el Estado aún no entrega la ayuda más urgente y fundamental en estos momentos: helicópteros. Éstos son los únicos que pueden acceder a las localidades aisladas sin luz y llevar agua y alimentos, así como rescatar vidas y realizar un catastro, sobre todo ver qué sucede en las cabeceras de valle de las cuales hoy no sabemos nada porque el tránsito por tierra es imposible en tramos y la comunicación por celular en esas zonas no existe desde antes de la catástrofe.
Frente a los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles 18 de marzo en horas de la madrugada en la ruta Cusco- Mara donde fue asesinado el alcalde del Distrito de Mara Alberto Roque Cconislla, las organizaciones de la sociedad civil expresamos:
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó ayer el documento Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal e industrias extractivas. Aplicaciones para Guatemala, en el cual cuestionan que la inversión minera signifique un aporte grande al crecimiento económico.