Perú

Bloquean Corredor Minero en protesta contra Las Bambas


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En Espinar quemaron llantas en la vía y pusieron piquetes para impedir el paso de vehículos de la mina.
Corredor minero se encuentra en permanente conflicto.
REDACCIÓN PERÚ21 12/10/2022
En una nueva protesta contra la minera de cobre MMG Las Bambas, comuneros de Coporaque, distrito ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco, bloquearon ayer parcialmente el Corredor Minero del Sur y lanzaron piedras contra los vehículos de la compañía china.

El presidente de la Cámara Regional del Cusco, John Gonzáles, contó a Perú21 que las manifestaciones empezaron el domingo pero se intensificaron ayer. Según refirió, los comuneros estarían reclamando el incumplimiento de algunos compromisos por parte de la minera.

El general PNP Pedro Villanueva, jefe de la VII Macrepol Cusco, informó que los manifestantes pusieron piquetes para controlar el acceso a la vía. Dejaban pasar a todos los vehículos particulares menos a los de Las Bambas.

“Esta madrugada quemaron llantas en la vía pero se logró retirarlas, ahora están en los cerros y cada vez que ven un encapsulado de Las Bambas bajan a bloquear la vía o les tiran piedras, ya hemos levantado un acta con el representante del Ministerio Público y les hemos dicho que eso ilegal, pero ellos continúan en la zona”, señaló.

Cabe precisar que los encapsulados de las mineras Hudbay y Antapaccay sí tendrían el pase libre: solo se restringiría el tránsito a Las Bambas.

BUSCAN EJERCER PRESIÓN
Hoy estaría programada una reunión de diálogo entre comuneros de Espinar, autoridades del Minem y representantes de MMG, por lo que el bloqueo sería un modo de ejercer presión antes del encuentro. Mientras tanto, más agentes del orden se dirigen al sector, provenientes de Huincho y Espinar.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, este es uno de 18 conflictos sociales activos en el Corredor Minero Sur, entre las regiones de Apurímac y Cusco.

Cabe recordar que el exdirector ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, advirtió que las protestas en el Corredor Minero vienen generando una desaceleración en la economía.

Minera Las Bambas
Fuentes cercanas a Minera Las Bambas indicaron que la empresa viene cumpliendo con los compromisos asumidos con Coporaque; asimismo, que los dos tractores serán entregados este mes de octubre.
https://peru21.pe/politica/bloquean-corredor-minero-en-protesta-contra-las-bambas-noticia/

Ecuador

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

La moratoria de un año interrumpirá 200 proyectos mineros y 15 bloques petroleros, pero las organizaciones indígenas esperan una ley que proteja mejor a las comunidades
Jonathan Palma 12/10/2022
Manifestantes indígenas en Quito, Ecuador, en junio.
El país vivió semanas de manifestaciones contra el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, la exclusión indígena y las políticas extractivas del gobierno. (Imagen: Joaquín Montenegro Humanante / dpa / Alamy)

Una decisión sin precedentes puede marcar un hito en la historia de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció el mes pasado una moratoria de un año para nuevos proyectos mineros y petroleros. En pocas palabras, se mantendrán cerrados los registros para nuevas concesiones, otorgamientos de permisos ambientales y concursos para ceder bloques petroleros.

El 9 de septiembre pasado, el régimen de Lasso y organizaciones indígenas firmaron un acta para oficializar la medida, que estará en vigencia hasta que se elabore una ley de consulta previa para los pueblos donde se pretenda ejecutar un proyecto de esa naturaleza.

Este hecho histórico es consecuencia de las mesas de diálogo que se realizaron luego de las protestas de junio que mostraron el desacuerdo de las poblaciones indígenas frente a políticas económicas y extractivas del Gobierno. Durante esos días, murieron seis personas, se reportaron más de 500 heridos y se calcularon pérdidas económicas de unos USD 1.000 millones.

Con la firma de este acuerdo, unos quince bloques petroleros estarán congelados a la espera de la normativa, según el Ministerio de Energía y Minas; al igual que unos 200 proyectos de minería que no pueden operar por la falta de permisos respectivos, que dependen de la vigencia de esa ley, de acuerdo con estimaciones del movimiento indígena.

Este acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas

“La moratoria deberá mantenerse hasta que se emita una ley que regule, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, la consulta previa para la ejecución de cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas”, señala Cristina Melo a Diálogo Chino, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que además considera que este “acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas”.

Este avance, añade, se registra a diez años de la sentencia del caso Sarayaku vs Ecuador, que juzgó la invasión de territorio ancestral para fines petroleros. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya dispuso la obligación del Estado ecuatoriano de legislar apropiadamente este derecho (consulta previa)”.

Demandas de organizaciones
La Conaie pedía al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera minera y petrolera, una auditoría a las concesiones otorgadas, la reparación socioambiental, entre otras demandas. Como parte de estas acciones se exigía también la derogatoria de los decretos 95 y 151.

El decreto 95, que entró en vigor el 7 de julio de 2021, fue lanzado por el presidente Lasso en un intento por duplicar la producción petrolera, que en el segundo trimestre de ese año se situaba en casi 500.000 barriles de crudo diarios. Proponía cambios en las políticas públicas para mejorar las condiciones técnicas y operativas de los inversores y ajustes en los modelos de contratos, entre otras medidas. Fue derogado el 29 de junio, un día antes del fin de la huelga.

En cambio, el decreto 151 no fue derogado. Entró en vigencia el 5 de agosto del año pasado y contiene el Plan Minero con el que se daba más agilidad a los trámites de concesión. Más bien, el Gobierno expidió el decreto 468, que ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa a aquellas iniciativas que ya tenían un acuerdo previo.

Escepticismo en el movimiento indígena
El 24 de agosto, en medio de las negociaciones, las dirigencias indígenas reclamaban mayores avances. Ese día, Gilberto Talahua, del Movimiento Indígena de Bolívar, dijo que esperaba que se cumpla la “moratoria a toda actividad extractiva”.

El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, coincidió con los dirigentes, pero argumentó que también se debe entender que “los minerales tienen un rol en el planeta” y que eso conlleva a analizar una alternativa.

El 5 de septiembre se reinstaló otra mesa para conocer las contrapropuestas. Luis Mullo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), se mostró insatisfecho con las respuestas del oficialismo: “De parte de la sociedad civil estamos cumpliendo con la paz, pero eso nos preocupa”. No obstante, las partes llegaron a ciertos acuerdos, principalmente, la moratoria.

José Cueva, ingeniero agrónomo, experto en temas mineros y ambientales que asesora al movimiento indígena, le explica a Diálogo Chino que el sinsabor en una parte de la dirigencia se genera por el discurso contradictorio del oficialismo: “El Gobierno nunca aceptó que en la moratoria entren todos los proyectos, incluyendo los que tienen actualmente permisos o concesiones otorgadas. El Gobierno habla de que únicamente entran en la moratoria los nuevos proyectos o solicitudes“.

En efecto, en declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, indicó que “todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha” y que los proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa son: Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte, que se centran principalmente en la extracción de oro, cobre y plata y representan una inversión de más de USD 10 mil millones.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un vocero de ese ministerio y la entrega de información al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó la cita ni se recibió la data. Se envió un correo electrónico y se hicieron consultas recurrentes a personal de Prensa de la institución.

Presencia minera en Ecuador
En 2018, cuando se detectaron más de 4.200 fuentes de contaminación minera a nivel nacional, el Ministerio de Energía impulsó el Proyecto de Depuración del Catastro Minero para aclarar el panorama de esa actividad.

4.237
El número de fuentes de contaminación minera en Ecuador registradas por una investigación del Ministerio de Ambiente y Agua en 2018
Hasta septiembre del 2019, Energía había validado más de 4.000 expedientes, “equivalentes al 75 % del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano”, entre todos los proyectos, indistintamente de su escala.

Si bien la minería artesanal y la ilegal preocupa a los activistas por el uso indiscriminado de mercurio hay un mayor foco en aquella minería que se hace a cielo abierto o que genera impactos de mayor envergadura en el medioambiente y en la dinámica social de los pueblos. Al mes de julio pasado, la minería a gran escala ocupaba 104 mil hectáreas del Ecuador (tres veces la superficie de Quito), distribuidas en siete provincias.

Proyectos petroleros en para
Pese a que el ministro de Energía, Xavier Vera, dice que el país no se vería afectado por el año de moratoria extractiva, ni mucho menos la producción petrolera de la que depende gran parte del presupuesto del Estado, Katherine Navia, experta en macroeconomía y profesora del Instituto Argos de Guayaquil, ve un panorama poco alentador por ese cierre temporal.

“Esto trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y todo esto da como resultado una merma en la recaudación de impuesto a la renta”, analiza Navia y refiere que desde 2008, año en que se cerró el catastro minero, inversionistas han empezado operaciones en Perú y Chile.

La moratoria trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y una merma en la recaudación de impuesto a la renta

Ella espera que se cumplan los puntos que recoge el acta del diálogo, si es posible antes del año, para que el país tenga una legislación clara sobre la explotación de recursos naturales y así se genere un clima de confianza para el empresariado extranjero.

La preocupación de la especialista recae en la complejidad que ha tenido el debate de este tema, aún más profundo quizás en el apartado petrolero, porque se aborda un componente adicional a la expansión de la frontera extractiva, la vida de los pueblos que decidieron aislarse del mundo que conocemos.

Cristina Melo, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Conaie, aspira que con el acuerdo alcanzado se reevalúe el futuro de cada una de las instalaciones que está en plena operación en la selva, ya que los impactos en la flora y fauna también lo están viviendo las comunidades.

“No hay cifras exactas, pero se amplió la actividad extractiva en zonas de territorios intangibles Tagaeri y Taromenane, (nombres de los) pueblos en aislamiento voluntario; y (los pozos) están en el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo. Se inició incluso la explotación de los bloques Ishpingo Norte y Tambococha, zonas de esos pueblos y de amortiguamiento ambiental del Yasuní. Son algunos de los proyectos que deberán ser reevaluados por el Gobierno”, detalla la abogada.

La actividad petrolera conlleva la instalación de campamentos, plataformas donde funcionan los pozos, mecheros que están encendidos las 24 horas del día, que generan mucho ruido. Y con la llegada de la exploración y extracción de crudo surgen otros problemas como la deforestación, la caza de animales silvestres, enfermedades y problemas sociales, en la medida que transcurre el tiempo, según estudios.

Las organizaciones indígenas esperan que la elaboración de una ley que garantice la consulta previa a las comunidades sea el punto de inflexión que esperaban para que realmente se busque, desde el Estado, un cambio en la matriz energética y productiva, apostando más en la energía limpia y en proyectos sostenibles en zonas naturales, donde las comunidades mantengan su forma de vida, sus costumbres, su salud.

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

Venezuela

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

22/09/2022
OEP Venezuela
Crédito Foto Tiago Orihuela
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público el 20 de septiembre varios informes que documentan de manera detallada los resultados de investigaciones sobre la violación de derechos humanos en en el país. Uno de los documentos revela específicamente La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.

Tras la implementación del Estado venezolano de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», se dio puerta franca a la explotación legal e ilegal de oro y otros minerales en el país,trayendo consigo la incorporación de dinámicas de expoliación que afectan tanto a seres humanos como a la naturaleza. Este informe de las Naciones Unidas confirma las reiteradas denuncias que se vienen haciendo desde las organizaciones sociales sobre la violación sistemática de derechos humanos en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Es así como esta misión internacional independiente basa sus análisis y conclusiones en los testimonios de 155 entrevistas (71 en misiones de terreno y otras 84 a distancia) realizadas a víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos indígenas. A continuación destacamos algunos elementos relevantes de este informe de 156 páginas.

Estado y Grupos armados irregulares
Esta investigación sostiene que hay evidencias que permiten establecer nexos entre algunas autoridades del Estado venezolano con las bandas criminales involucradas con el comercio ilegal de oro proveniente del Arco Minero. Este informe dice que “Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento”.

Presencia y actividad del ELN en el Arco Minero
También se corrobora en este documento la presencia y expansión en el territorio nacional de grupos armados extranjeros entre ellos el Ejército de Liberación Nacional. Se denuncia la colaboración y complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con estos grupos irregulares.

Violencia en la zona del Arco Minero
El informe señala que los distintos grupos armados extranjeros como el ELN y la FARC así como los denominados “sindicatos” han establecido diversas dinámicas de violencia que se expresan de la siguiente manera: “(1) enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados, que incluyen operaciones de “limpieza” de zonas mineras; (2) incidentes violentos entre grupos armados, así como actos violentos perpetrados por los dichos grupos contra la población civil y minera, y por el control de las minas; (3) ataques perpetrados por el ELN; y (4) castigos corporales y ejecuciones ejemplarizantes”.

Violencia por el control de la minería en territorios indígenas
Esta investigación señala que diversos líderes y lideresas de pueblos indígenas han recibido amenazas en algunos casos por grupos armados irregulares y en otros por los mismos representantes del Estado venezolano. El documento indica lo siguiente: “Desde 2016 hasta la fecha de redacción del presente informe, varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques. Estas dinámicas han sido particularmente frecuentes en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser parte de rutas de tráfico ilícito, como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.

La invasión de territorios indígenas por parte de militares como de grupos irregulares atenta contra la integridad física de los pueblos indígenas, es así como este informe de las Naciones Unidas documenta con detalles varios casos ilustrativos en los cuales se ejerció la violencia y se violó los derechos de comunidades indígenas.

Violencia sexual y de género en el contexto de la minería en el estado de Bolívar
La Misión internacional independiente identificó casos de explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto indican que “La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.


Foto Vía CEPAZ
Ver también: Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo

Este informe indica que hay indicios de casos de prostitución de niñas. “Según el testimonio de un hombre que trabajó en varias minas en el municipio de Sifontes en 2016 y 2017, había trabajadoras sexuales en todas las minas, incluyendo niñas de unos 12 años en adelante. A las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal entre mayo y julio de 2018 afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas”.

Este informe retrata de manera detallada la situación de afectación de derechos humanos de pueblos indígenas y de niñas, mujeres y adolescentes en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Este documento nos motiva a las organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a seguir investigando y denunciando los impactos de la minería legal e ilegal en Venezuela.

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

Venezuela

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad

19/09/2022
Erick Camargo
CVG Bauxilum. Foto redes sociales de CVG Bauxilum
La empresa CVG Bauxilum es la encargada de la explotación de bauxita y su transformación en alúmina, para luego ser transformada en aluminio. Esta surgió con la fusión de la CVG Bauxiven e Interalúmina en 1994 y está compuesta por la mina de Los Pijiguaos y la planta de alúmina en Puerto Ordaz. Bauxilum por mucho tiempo fue un ejemplo de “eficiencia” y desarrollo de aquella Venezuela saudita, incluso posterior al quiebre, la empresa llegaría a mostrar sus picos de producción alrededor del año 2002, gracias a las inversiones realizadas por el Estado.

El deterioro de la economía había ya paralizado desde 2016 la producción de Bauxita, pero esta se seguía transformando en alúmina, utilizando el mineral depositado al pie de la mina y en los depósitos de los puertos. La conflictividad laboral, la escasez de energía eléctrica estable y el poco mantenimiento de las máquinas han permitido que la producción sea lenta y escasa, sin consumirse la totalidad del mineral extraído. Ya en 2019 Tal Cual había reportado la paralización y reactivaciones momentáneas de la maquinaria, sin que esto fuese algo estable. Hay que notar que en la misma nota se indica la llegada de soda cáustica al puerto, para suministrar de ese químico a la planta, sin que esta pueda reciclar el contenido en las piscinas.

Para agosto de este año, tras el reclamo de trabajadores de la empresa, se pudo saber que la misma va teniendo últimamente una lenta reactivación, incluso declaran “que se hacen algunos trabajos en la mina”. Pero a principios de este septiembre se verificó, que este inicio de actividad vino acompañado con un desastre ambiental de gran calado; la expulsión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) al aire, el cual ha sido respirado por más de una semana por los habitantes de las comunidades circundantes. No olvidemos que esta planta, en Matanzas, está en el perímetro urbano de Puerto Ordaz.

El 8 de septiembre, el Correo del Caroní, anunció que ya se tenían 4 días de expulsión del material al ambiente. Este mismo reportaje señala que las personas de las zonas afectadas empezaron a mostrar síntomas de molestias respiratorias, irritación en mucosas, en ojos y garganta. Mientras la empresa pide una disculpa y no asume responsabilidades. Silvano Moreno, secretario general de Sutralúmina Bolívar, precisó en entrevista con Correo del Caroní que el calcinador se encendió sin haber culminado su mantenimiento. Hay una imposición por producir a toda costa, sin mediar en las consecuencias.

Comunicado de CVG Bauxilum

Por otra parte, en Crónica Uno se reseñó que no hay control sobre las partículas expulsadas al ambiente, y que hay un grave peligro con las micropartículas que entran al organismo y se alojan en tejidos blandos, provocando acumulación de contaminantes. Entre los efectos para el sistema respiratorio puede haber disminución de la capacidad pulmonar, asma bronquial, bronquitis, enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar y cáncer. Algunos de estos pueden aparecer a largo plazo, cuando el evento quede en el olvido y nadie se haga cargo.

Legado Destructivo desde la Mina
Pero de lo que poco se habla es del nefasto legado de la empresa en materia medioambiental y social. Desde la propia explotación de mineral que ha dejado una enorme herida en la selva, con la construcción de un pueblo para los trabajadores a costa del desplazamiento de comunidades indígenas E’ñepa, sin consulta previa y sin que aún se les haya restituido sus territorios o se les indemnizara adecuadamente.

La deforestación en la zona de Los Pijiguaos es uno de los casos más emblemáticos de la amazonía, como se puede ver en la foto, más de 9 kilómetros de selva fueron destruidos para la extracción de mineral, sin contar la capa vegetal que también se removió para la construcción de los pueblos del campamento, de Morichalito y el aeropuerto. Pueblos que además siempre han vivido en una terrible situación de precariedad.


Deforestación en los Pijiguaos

Lodos Rojos, amenaza constante al Orinoco
Pero en la planta de producción de alúmina también, desde el principio, ha existido un grave problema, que contamina nuestro río principal y pone en peligro la subsistencia y salud de poblaciones río abajo. Es el caso de las lagunas de oxidación, conocidas también como piscinas de lodos rojos. El proceso de conversión del mineral de bauxita en alúmina, mediante el proceso Bayer requirió la creación de estas lagunas, las cuales contienen además de los lodos rojos, soda cáustica. Esta situación se viene denunciando desde hace años, según una investigación de Carlina Ron, cuando la planta estaba en operación el desecho era de 1 millón de toneladas de lodos anuales y 2 millones de metros cúbicos de soda cáustica.


Lagunas de oxidación
Estos contaminantes se han venido acumulando en unas piscinas de oxidación, a pocos metros de la orilla del río Orinoco. En el año 2.000 se había anunciado un proyecto de modernización con la inversión de la empresa francesa Pechiney, la cual mejoraría la producción y resolvería de forma definitiva el problema de la acumulación de lodos rojos. Sin embargo, la situación política, social y económica del país dejaría a ese proyecto en el olvido. Además, se presume que la supuesta solución al tema de los residuos era más propaganda que una realidad; pues en el mundo apenas el 2% de los lodos rojos se han reciclado y al contrario, han sido origen de catástrofes ambientales de gran magnitud.

La Contaminación No Para
En El Pitazo, otro dirigente sindical, José Basanta, reveló que para el 17 de septiembre aún no se detenía la dispersión de partículas de alúmina calcinada en el ambiente. Pese a que la empresa había anunciado el cese de las operaciones para evitar seguir contaminando. Alega además que es mentira que se colocaran filtros en el calcinador, como anunció la empresa; pero que además los empleados no cuentan con equipo de protección adecuado para trabajar, apenas con mascarillas y se ven expuestos a los químicos contaminantes.

Afirmó además que “No van a paralizar porque le están mandando alúmina a Venalum, empresa que arrancó una celda y no la puede paralizar. Ellos han decidido, de manera irresponsable, seguir contaminando el ambiente y dañando a los seres humanos. Solo están pendientes del proceso productivo”.

Declara el dirigente sindical que el problema no es nuevo, que hace años los filtros vienen fallando o se carecen de ellos; que ya los trabajadores se han visto afectados en su salud por laborar en esas condiciones. Las declaraciones del líder sindical hacen parecer que Venezuela cuenta con su propia versión de casos como el de Chernobyl o Bophal, donde industria y Estado se juntan para encubrir el daño ambiental en aras de la producción.

Silencio de las Autoridades, Indefensión Ciudadana
Las autoridades ambientales del país han hecho absoluto silencio ante lo ocurrido. Desde el Ministerio de Ecosocialismo ni siquiera se ha publicado un comunicado, ni se han anunciado las medidas judiciales a tomar sobre los responsables de la empresa que ha envenenado a miles de personas.

Bajo la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 96, corresponde pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como una multa de entre 600 a 2.000 Unidades Tributarias a los responsables de lo sucedido, lo que podríamos ver como insuficiente dada la gravedad del asunto. Sin embargo, también cada uno de los implicados tiene la potestad de demandar a la empresa estatal por daños y perjuicios ocasionados por las partículas, exigiendo que se les cancelen los gastos médicos, así como futuros chequeos para ver la evolución de la salud a raíz de la exposición al contaminante.

También cabría abrir un procedimiento administrativo contra la empresa por incumplir el decreto de normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, que dispone en el artículo 17, que empresas que puedan incurrir en riesgo, aplicar medidas de mitigación, contención y en caso, como ahora, de haber realizado el daño, deben corregir y reparar el daño realizado. Sin embargo, hasta ahora no vemos que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Queda en mano de los ciudadanos exigir justicia a Bauxilum y al Ministerio de Ecosocialismo, por su inacción y falta de transparencia y responsabilidad en el asunto.

Este 19 de septiembre se anunció por Crónica Uno, que se establecería una comisión ciudadana para investigar el daño ambiental provocado por Bauxilum, en este caso de dispersión de alúmina calcinada. Sin embargo, ya es tarde para esto y se deben tomar medidas penales, además; ya pasados más de 15 días y sin que se detenga la emisión del contaminante, se debe exigir a la empresa la paralización total de su actividad e iniciarse los procedimientos administrativos pertinentes para determinar responsabilidades.

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad

Bolivia

Mineros anuncian protestas más radicales en La Paz, con bloqueo de carreteras

«Vamos a radicalizar las medidas porque así lo ha querido este Ministro (en alusión al ministro de Economía, Marcelo Montenegro)», dijo el dirigente Ronald Mamani.

Protesta de los mineros de Huanuni en La Paz Foto: Rodwy Cazón
PAULO CUIZA 11/10/2022
Mineros de Huanuni radicalizarán este miércoles su protesta en La Paz con más bloqueos y marchas tras el fracaso del diálogo con el Gobierno y se activará el bloqueo de carreteras con el fin de lograr la anulación del Decreto Supremo (DS) 4783.

«Vamos a radicalizar las medidas porque así lo ha querido este Ministro (en alusión al ministro de Economía, Marcelo Montenegro) lo que suceda, lo que vaya a pasar desde el momento que se ha roto el diálogo es de entera responsabilidad de este Ministro», dijo el secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Huanuni, Ronald Mamani, a la red Unitel.

A la consulta si este miércoles habrán bloqueos en la sede de Gobierno, Mamani respondió: «Definitivamente, con las mil disculpas a la población, tenemos que hacer escuchar la voz de los compañeros trabajadores».

Mineros y Gobierno fracasaron este martes en el intento de alcanzar un acuerdo en cuanto al pliego de peticiones de los mineros de Huanuni que reclaman ser incluidos en la administración de la Gestora Pública y la abrogación del DS 4783 que autoriza transferencia de recursos económicos de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN).

A la protesta se sumarán las esposas de los mineros, que según Mamani desde las cero horas del miércoles activarán bloqueos de carreteras.

«No sabemos con certeza y no podemos afirmar el punto de bloqueo el día de mañana (miércoles) pero de que se va a paralizar las carreteras se va a paralizar a partir de las cero horas de mañana», advirtió.
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/11/mineros-radicalizaran-medidas-de-protesta-en-la-paz-y-activan-bloqueo-de-carreteras/

 

Colombia

Empleados de empresas mineras saldrán a protestar este jueves contra la reforma tributaria

Los trabajadores aseguran que la reforma tributaria amenaza empleos, ingresos de las familias, inversiones y pagos de impuestos y regalías a los municipios.
11/10/2022
El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
En la reforma tributaria se incluyó una sobretasa de renta para las empresas del sector minero energético. – Foto: ACM
Este jueves 13 de octubre, los trabajadores de empresas mineras y contratistas llevarán a cabo marchas y plantones en diferentes municipios para pedirle al Gobierno nacional y al Congreso de la República que reconsideren la carga tributaria sobre ese sector.

Consideran que estas medidas ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de esta industria en los departamentos como Cesar, La Guajira, Magdalena y Córdoba. Además, mencionan que la reforma tributaria amenaza los empleos, los ingresos de las familias, las inversiones sociales en las comunidades y los pagos de impuestos y regalías a los municipios.

“El efecto de incrementar fuertemente los impuestos a las empresas mineras puede significar el cierre definitivo de esta actividad, que ha sido y seguirá siendo sustento de nuestras familias y economías regionales”, afirmó Alexander Salazar, uno de los líderes de esta iniciativa en el Cesar.

Por su parte, Orieta Ortiz, líder de las marchas en La Guajira, manifestó que “la minería genera beneficios para los que trabajamos en las compañías del sector y también a nuestras familias, a las comunidades y a todos los guajiros. No es posible que una reforma que está destinada para desarrollar proyectos sociales se haga amenazando la estabilidad y el futuro de cientos de miles de colombianos”.

En Valledupar, las marchas y plantones pacíficos comenzarán a las 9:00 a. m. desde la Glorieta de los Músicos (La Ceiba) hasta la plaza Alfonso López. En el municipio de Ciénaga (Magdalena), iniciarán desde las oficinas de la concesión Ruta del Sol hasta el templete.

El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
Las marchas se realizarán en varios municipios de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Córdoba. –

Foto: ACM

En La Guajira, los manifestantes saldrán a las 8:00 a. m. desde el acceso principal de Cerrejón y llegarán a la plaza principal del municipio de Albania, mientras que en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) se realizará un plantón a las 5:00 p. m. en la plaza principal.

“Con este tipo de manifestaciones buscamos generar alertas sobre la evidente posibilidad de quedarnos sin empleos, sin inversión social, y desencadenar en una situación de mayores necesidades y hambre que se podría vivir en nuestros municipios, de una escala inimaginable, tal como ya se evidencia con la salida de otras empresas en el Cesar”, agregó Alexander Salazar.

Llamas azules del quemador de la estufa de gas. Foto de alta resolución de llamas azules de una estufa de gas de cocina.

El golpe de la reforma tributaria al sector minero
En la ponencia de la reforma tributaria, que fue aprobada en un primer debate la semana pasada, se incluyó una sobretasa de renta para las empresas que producen petróleo, carbón, oro y otros metales preciosos, esmeraldas y piedras preciosas y semipreciosas.

Esta sobretasa estará vigente solo por tres años: en 2023 sería del 10 %, en 2024 bajaría a 7,5 % y en el tercer año de vigencia (2025) sería del 5 %, para empresas que tengan una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT, que equivalen a $ 1.900 millones.

Esta sobretasa se incluyó para reemplazar el impuesto del 10 % a las exportaciones de petróleo y carbón. Además, en la ponencia de la reforma tributaria se revivió la no deducibilidad de las regalías, que en días pasados se había propuesto reemplazar por una sobretasa del 5 % en el impuesto de renta.

El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el sector aportará más del 32 % del total de la reforma tributaria. – Foto: ACM
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), actualmente el sector tiene la tasa de tributación más alta de la región, del 74 %, y con la sobretasa y no deducibilidad de las regalías que se propone en la reforma tributaria, la carga quedaría cerca al 90 %. “Esto pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos”, aseguró.

“Es discriminatorio, inequitativo y desproporcionado que un solo sector de la economía, la minería, aporte más del 32 % del total de una reforma tributaria ($ 7 billones, según cálculos de la ACM) y cerca del 70 % si se incluye el petróleo, desconociendo la real capacidad contributiva de las empresas y las graves consecuencias que traería para el desarrollo del país, en especial para los municipios mineros”, manifestó la ACM.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/empleados-de-empresas-mineras-saldran-a-protestar-este-jueves-contra-la-reforma-tributaria/202239/

Chile

Minera Ojos del Salado garantiza que caserón Gaby “no volverá a operar”

Rodrigo Bustamante 11/10/2022
La compañía anunció que ya presentó un plan de cierre al Sernageomin.

Luego que la ministra de Minería, Marcela Hernando, anunciara el cierre del caserón Gaby donde se generó el socavón que afectó a la comunidad de Tierra Amarilla, desde la Minera Ojos del Salado acataron la decisión y garantizaron el cese de las operaciones en el sector.

“En línea con lo que dice la ministra, hace un par de semanas presentamos un plan de cierre a Sernageomin para el sector de los caserones Gaby de la Mina Alcaparrosa, el cual no volverá a operar”, manifestó la compañía mediante un comunicado.

La empresa remarca que “ha actuado con responsabilidad y decisión para mitigar los posibles efectos del socavón aparecido en su propiedad”, y que desde julio a la fecha “hemos centrado nuestros esfuerzos en la salud y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, y también de la comunidad”.

“Además, otra de las prioridades ha sido el desarrollo de un sofisticado proyecto de ingeniería, llevado a cabo durante el mes de septiembre, para detener la infiltración de agua en Mina Alcaparrosa”, informó.

El anuncio de la ministra se dio luego que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) diera a conocer la formulación de cuatro cargos contra la Minera Ojos del Salado por su responsabilidad en el socavón de más de 60 metros de profundidad que se generó el pasado 30 de julio en Tierra Amarilla.

Minera Ojos del Salado garantiza que caserón Gaby “no volverá a operar”

Chile

¿Qué ha pasado con el socavón en Tierra Amarilla?

Verónica González Encina , 11/10/2022
La ministra de minería, Marcela Hernando, informó recientemente el cierre definitivo de Caserón Gaby en la mina Alcaparrosa, por estar directamente relacionado con el evento.

A 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla apareció un socavón de más de 60 metros de profundidad el pasado 30 de julio de 2022. Ante ello, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Sernageomin, el ministerio de minería y el Congreso han trabajado para esclarecer la situación.

El pasado 7 de octubre, la ministra de minería, Marcela Hernando, informó el cierre definitivo de Caserón Gaby en la mina Alcaparrosa, por estar directamente relacionado con la aparición del socavón.

“Están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar”, fue la categórica afirmación de la ministra tras la mesa técnica intersectorial que lidera su cartera, como una manera de dar transparencia a los procesos investigativos y reparatorios emanados de este proceso.

Previamente, la SMA ha formuló cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado, titular del proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”, ubicada en el lugar del socavón.

De las cuatro infracciones levantadas, una fue clasificada como grave, específicamente la inherente a la extracción de mineral en Mina Alcaparrosa, lo cual se constata en el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019.

La operación controlada por Ojos del Salado pertenece al “Distrito Candelaria” y produce concentrado de cobre a través de la explotación de las minas subterráneas Santos y Alcaparrosa a razón de 15.400 toneladas de cobre al año en promedio.

Entonces, frente a este escenario se plantea la duda: ¿Cuántas de las mineras que operan en las cercanías de la comuna de Tierra Amarilla se han visto involucradas en situaciones similares?

La capacidad mensual de su planta considera 150.000 toneladas, utilizando un sistema de flotación aplicado a minerales sulfurados. Al igual que Minera Carola, sus instalaciones se encuentran emplazadas en la comuna de Tierra Amarilla. Mientras que, su depósito de relaves se ubica en el sector denominado Quebrada del Gato, Paipote, comuna de Copiapó, a 17 km de la faena.

En 2021, la SMA formuló nueve cargos contra Sociedad Minera Atacama Kozan, titular del proyecto “Faena Minera Atacama Kozan” (AK), por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), en diversas obras del proyecto emplazadas en la comuna de Tierra Amarilla y Copiapó.

De los nueve, uno fue clasificado como gravísimo, cinco graves y tres como leves, por lo que la empresa podría ser objeto de una multa de hasta 38.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTA), Revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o clausura del proyecto.

En 2013 se generó un socavón cerca de la zona poblada de Tierra Amarilla. Ante el hecho, la minera dueña de los terrenos cerró el perímetro para evitar accidentes.

El entonces seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, señaló que la empresa tenía la obligación de cerrar inmediatamente el cráter que se ubicaba a 600 metros de una zona habitada.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/10/que-ha-pasado-socavon-tierra-amarilla

Chile, Perú

Inversión en exploración minera crece 40% en Perú

Javiera Pizzoleo , 11/10/2022
En contraste, proyecciones de la Corporación de Bienes de Capital apuntan a un desplome de 39,8% en la inversión minera chilena a 2023.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó este lunes en el Boletín Estadístico Minero (BEM), que la inversión acumulada en exploración sumó US$267 millones entre enero y agosto de este año, lo que supone un incremento del 40,3% en comparación con el mismo periodo de 2021 (US$ 190 millones).

En esa línea, la inversión en el mes de agosto alcanzó US$40 millones, lo que equivale a un aumento de 8,3% con respecto a lo reportado el mes anterior (US$37 millones).

Asimismo, reflejó un incremento de 45,6% al compararse con agosto de 2020 del año previo (US$28 millones), siendo las compañías líderes en exploración minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Poderosa S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A.

Las autoridades apuntan a que el comportamiento positivo en exploración refleja la confianza que mantienen los inversionistas en el potencial geológico que existe en Perú y ratifica al país como un destino de creciente interés para inversionistas.
¿Qué sucede con Chile?

Al contrario del país vecino, un reporte publicado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) en agosto, refiere que la inversión minera tendría una caída de 39,8% en 2023. Al cierre de 2022, la caída sería de 7,5% en comparación con 2021.

El catastro de inversiones levantado por la corporación apunta a una inversión de US$15.126 millones a materializar en el quinquenio 2022-2026, con 70 iniciativas con cronogramas definidos, donde el 31,2% corresponde a proyectos estatales y el 68,8% a privados.Estas iniciativas representan el 28% del total de inversión esperada para el país.

Según la CBC, la caída en la inversión responderá a una menor reposición de proyectos ad portas de nueva producción. Además, en el caso de los proyectos Santo Domingo y Mariposa hay una reevaluación de estudios de factibilidad, asimismo, Collahuasi y Fenix Gold realizaron una redefinición de las iniciativas por temas ambientales.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/10/inversion-exploracion-minera-peru-registro-aumento-40-agosto

Internacional

Los acusados por cortar la AP-66 durante la crisis minera aceptan un año de prisión

E. Niño | 10/10/2022
El juicio de los seis implicado comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de León, España
La Audiencia Provincial de León iniciaba este lunes el juicio en el que se acusaba a seis personas por haber cortado la AP-66 en el año 2019 en el marco de las protestas motivadas por la crisis del sector de la minería y el cierre de explotaciones en la comarca de Laciana. Un proceso legal en el que los acusados han aceptado un año de prisión. El fiscal pedía para ellos penas que superaban los tres años de cárcel.

En concreto, la Fiscalía hacía referencia a dos cortes en la citada en el 2019. ell primero de ellos, señalaba, se produjo sobre la 1:25 horas del 18 de enero de 2019, del que se acusaba a tres personas que formaban parte «de un grupo de unas 15» que hicieron una barricada con neumáticos a la altura del kilómetro 103 de la vía, en el término municipal de Barrios de Luna. El secundo corte, apuntaba, se produjo sobre la 1:15 horas del 9 de febrero de 2019, del que acusaba a cuatro personas (una de ellas participante también en el anterior) que, formando parte también de un grupo de «unas 15», cortaron la carretera a la altura del kilómetro 119,700, en el término municipal de Rioseco de Tapia.

La Fiscalía consideraba que las tres personas participantes en el primero cometieron un delito de desórdenes públicos y de coacciones por el que les pedía una pena de tres años y nueve meses de prisión, mientras que las cuatro involucradas en el segundo (una de ellas participante en los dos), se enfrentaban a una petición de tres años de cárcel por el primero de los delitos, el de desórdenes públicos, y de nueve meses más por dos delitos de coacciones.
https://www.lanuevacronica.com/los-acusados-por-cortar-la-ap-66-durante-la-crisis-minera-aceptan-un-ano-de-prision