La Subsecretaría de Energía dejará para más adelante un plan de acción de minería metalífera y apunta a emprendimientos de segunda y tercera categoría. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron el espacio de diálogo con gobierno y empresarios mineros como una maniobra para habilitar la minería a gran escala que hoy está severamente condicionada por la Ley 7722 que establece las sustancias químicas tóxicas que tienen su uso vedado en la actividad. La norma, lograda por la lucha de la población, fue declarada constitucional por Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Tras la culminación de la primera etapa de la mesa de diálogo minero que impulsa el Gobierno, ya están definidas las primeras acciones concretas: dejará para más adelante la discusión por el desarrollo de proyectos metalíferos, aunque apuntan a reactivar la actividad en segunda y tercera categoría.