Mario Antonio Guzmán | 25/04/2025
Dos actores han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo entre Codelco y SQM: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz. En los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambos activaron un fuerte lobby en el Legislativo para motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo, a lo que hoy se suma la pregunta: ¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei?
Este jueves 24 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de una serie de medidas de mitigación, la operación para extraer litio del acuerdo de asociación público-privado entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM).

Codelco y SQM recibieron con alivio la decisión de la FNE de autorizar la Fase 1 de la explotación en los salares, conforme con la Estrategia Nacional del Litio, en esta línea de negocios en paralelo al cobre, cuyo objetivo será la explotación, procesamiento y comercialización del mineral no metálico.

SQM, por su parte, consolida su posición de negocios con una de sus principales actividades en los últimos años, como ha sido la explotación, refinación y comercialización de productos de litio y otros minerales.

Pero esta historia que parece solo comercial, tiene varias trastiendas políticas detrás, como también un juego de miles de millones de dólares. Si bien el precio del litio bajó ostensiblemente en los últimos meses, el mercado internacional cambió abruptamente tras la guerra de aranceles de Donald Trump.

Sigue siendo un mineral que marcará el destino de la tecnología y avances científicos en el siglo XXI, y por lo tanto, un recurso natural estratégico y una fuente de innumerables negocios. Ahí la razón profunda sobre por qué preocupa tanto qué pasará con esta alianza Codelco-SQM.

Los traspiés de la candidata Evelyn Matthei
Las últimas declaraciones sobre este negocio, o “joint venture”, que ha emitido Evelyn Matthei provocaron varios remezones. Y hace un par de días mismo, la exalcaldesa y exministra, volvió a la carga al comentar la decisión de la FNE.

«Ese es un tema no más, lo que a mí me preocupa es si esto es en los mejores intereses de Chile» insistió luego de que el gobierno, la semana pasada, le pidiera calmar las críticas por “desinformación”.

Asimismo, Matthei agregó, tras participar de su primera actividad en terreno con su nuevo jefe de campaña, el exdiputado Diego Paulsen, que «la Fiscalía Nacional se pronuncia sobre colusión o no, son cosas distintas, lo que a mí me preocupa es efectivamente el mejor interés de Chile, y en ese sentido estoy recibiendo información».

Y es que en el mercado, el “ruido” de Matthei con sus dichos demuestra que hay muchos intereses en juego en el control de la explotación del litio y hacia dónde irán las ganancias: Si al Estado o a manos privadas.

Los analistas consultados acusan que en el entorno de Matthei hay desorden, que la conducta de la propia candidata presidencial es errática, que todo lo que hace y dice ocurre mirando por el espejo retrovisor a la llamada “nueva derecha”, con Republicanos y Nacionales Libertarios, cada vez más cerca suyo en las encuestas.

Un hecho que llama la atención
Como sea, hay una acción que causó mucha extrañeza y de la que todavía no se sabe exactamente qué la motivó: la sospecha sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

“He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco”, dijo la candidata presidencial a través de su cuenta de X.

Matthei explicó que solicitó las diligencias para “revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Esto instaló varias interrogantes, que se fueron disipando en la medida que la exalcadesa de Providencia fue pronunciándose respecto de otros temas que causaron mayor polémica.

Como la inevitabilidad de que hubiera muertos tras el golpe militar de 1973, junto con el efecto que tuvieron las rotundas respuestas del Ministro de Hacienda y el directorio de Codelco, quienes declararon que era una impertinencia politizar un proceso que está siguiendo debidamente su curso institucional, y que pone a prueba a Chile frente a un mundo ávido de minerales críticos.

De hecho, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, decidió salir al ruedo al constatar que la prestigiosa agencia Bloomberg había recogido los dichos de Matthei de una manera que, a su juicio, ponía en riesgo el prestigio del país.

Sin embargo, entre quienes siguen la discusión pública relacionada con el mercado del litio y del Salar de Atacama en particular, persiste cierta inquietud sobre el origen del caso.

Para graficar cuántos intereses hay en juego, un ejecutivo minero dijo que el cuadro se puede ver así: “Todo esto se parece a un acuario con varios tiburones adentro”.

¿Quiénes desean que el acuerdo Codelco-SQM no se haga?
Hay dos actores que han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz hijo.

De hecho, en los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambas partes activaron un fuerte lobby en el Legislativo, con el fin de motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo.

En el caso de Tianqi, esta instancia sería una ampliación del campo de batalla que mantiene con el Grupo Pampa, por no haber llevado el negocio a consulta en junta de accionistas, pese a que el directorio en pleno, con los votos de Tianqi, en su momento dio su visto bueno para el acuerdo con Codelco.

En tanto, Errázurriz pasó de declarar públicamente su deseo de “ser socio de Codelco” a una posición de crítica absoluta respecto de los pasos que ha dado la minera estatal para cumplir con las directrices emanadas de la Estrategia Nacional del Litio, tanto en el Salar de Atacama como en el de Maricunga.

En ese contexto, a muchos llamó la atención la carta que el martes 22 de abril despachó el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle al director de El Mercurio.

La afinidad absoluta entre Matthei y Errázuriz despertó suspicacias, más aún cuando los argumentos de corte más técnico planteados por la candidata presidencial, en el comentado programa de Checho Hirane en Radio Agricultura, fueron idénticos a los que Errázuriz lleva pregonando con fuerza en las últimas semanas.

Lobby feroz
En el mercado y en el Congreso Nacional se comenta que Errázuriz, siguiendo una tradición que fue muy bien expuesta por Felipe Vilchez Rubio en una reciente columna en El Desconcierto, está completamente “desplegado” en su afán por echar abajo el acuerdo entre Codelco-SQM.

¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei? Nadie se atreve a afirmarlo categóricamente, aunque existen pocas dudas de que a través de terceros puede haber hecho llegar una sugerencia.

Una muestra del ímpetu con que Errázuriz viene propugnando la revisión del acuerdo Codelco-SQM, es la influencia que, dicen en los pasillos de la sede legislativa, ha ejercido en la Comisión Especial Investigadora (CEI) N°65, cuyo mandato considera la revisión del acuerdo Codelco-SQM en el Salar de Atacama y la compra de LPI por parte de la minera estatal en el Salar de Maricunga.

Sólo así se puede explicar que el abogado Mauricio Daza, vinculado al Grupo Errázuriz desde los años de Francisco Javier Errázuriz Talavera, haya participado en dos sesiones consecutivas de la CEI, sin reconocer esa relación ni evidenciar su largo historial de pugnas contra SQM y en específico con el Grupo Pampa, liderado por Julio Ponce Lerou.

En dos sesiones completas, sin el histrionismo habitual de sus apariciones en el programa “Stock Disponible”, pero sí con bastante severidad, Daza entregó argumentos que fueron muy bien recibidos por los tres miembros de la comisión que han demostrado mayor interés por el desarrollo de la instancia: Cristián Tapia (presidente), Yovana Ahumada y Miguel Angel Calisto.

Fueron los mismos argumentos que, en una sesión posterior, el propio Francisco Javier Errázuriz declaró personalmente ante la comisión, de una manera que para quienes siguen las discusiones legislativas, evidenció un innegable nivel de concertación.

“Es la comisión de Errázuriz”, dice un parlamentario que no forma parte de la instancia, pero que ha seguido sus pormenores, pese al escaso interés que, hasta la intervención de Matthei por X, había generado entre sus pares.

El “valle productivo” de la discordia
Errázuriz y su abogado Daza, al igual que Matthei, han lamentado que no hubiera una licitación abierta en el Salar de Atacama y acusan que el llamado “valle productivo” que se generaría en caso de que se hubiese prescindido de SQM y se recurriera a un nuevo actor que tuviera que partir de cero en la producción de litio, sin infraestructura ni pozos de salmuera a su disposición, es una falacia.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el director de Codelco y ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, el investigador y académico de CLAPES UC, Hermann González, todos, con diferentes enfoques y énfasis -económicos, financieros, ambientales, geopolíticos- han expuesto a la comisión por qué para el Estado resulta más beneficioso el acuerdo Codelco-SQM, que cualquier otra fórmula, y también el daño que ocasionaría al Fisco no percibir ingresos durante los años que demoraría un nuevo operador en conocer el salar e instalarse.

Pero los diputados Tapia, Ahumada y Calisto han insistido en cuestionar todos sus argumentos.

“Su posición es desconocer e invalidar todo cuanto pueda respaldar la legitimidad de un acuerdo que hasta fue publicado en la web de Codelco y que deja al Fisco con ingresos permanentes y en proporciones que no se ven en ningún otro país que produzca minerales críticos. Sólo Errázuriz es tan duro como ellos. Ni siquiera los chinos de Tianqi miran mal el negocio. De hecho, lo único que quieren los chinos es involucrarse más”, concluye un asesor parlamentario que sigue los temas mineros.

La decisión de la FNE de este jueves, puso paños fríos a los análisis de estos agoreros, pero no será el fin de una soterrada guerra comercial y política que ha suscitado el control del litio en Chile.

Y eso que aún no se abren las ventanas de la esfera judicial, donde también podrían darse recursos y acciones legales tratando de frenar el pacto entre Codelco y SQM.
https://eldesconcierto.cl/2025/04/25/los-actores-tras-bambalinas-en-el-control-del-litio-en-chile-uno-de-ellos-francisco-javier-errazuriz-jr

Reuters 22/04/2025
FOTO DE ARCHIVO. Piscinas de evaporación en el salar de Atacama, Chile. Mayo, 2023. REUTERS/Iván Alvarado Purchase Licensing Rights,
SANTIAGO, 22 abr (Reuters) – Chile avanzará en un proceso simplificado para la entrega de permisos para el desarrollo de proyectos de litio en tres salares con participación privada, anunció el martes el Ministerio de Minería.
El organismo precisó que acogió a trámite solicitudes de la empresa Eramet, en el salar Agua Amarga; de Eramet, Quiborax y Codelco, en el salar Ascotán; y del consorcio Caliche Kairós, de inversiones Kairós y Cosayach Caliche, en el salar Coipasa.
El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric ha impulsado un plan para aumentar el control el estatal en la industria del metal clave para baterías de autos eléctricos, que también incluye el ingreso de privados.
«Una vez concluidas las consultas indígenas en curso y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL (Contrato Especial de Operaciones), en caso de existir acuerdo con los solicitantes se firmará el CEOL», dijo el ministerio en un comunicado.
«En caso contrario, se iniciarán procesos de licitación pública, al igual que en el salar de Ollagüe, en la región de Antofagasta; y Piedra Parada y Laguna Verde, en la Región de Atacama», que no lograron acceder a procesos simplificados de asignación.
Para lograr un proceso acelerado los interesados debían acreditar propiedad de concesiones mineras igual o superior al 80% del polígono ofrecido, experiencia minera o en cualquier etapa de la cadena de valor y capacidad financiera.
Por otra parte, el ministerio informó el cierre de la etapa de diálogo de la consulta indígena para la modificación del CEOL solicitada por Codelco en el salar de Maricunga.
«Ahora resta la publicación de la resolución de cierre, que incluirá los 11 acuerdos alcanzados con las seis comunidades que fueron parte de este proceso», señaló.
Reporte de Fabián Andrés Cambero
https://www.reuters.com/latam/negocio/N4N5RM7PCROFFBOXCSWZ747K3E-2025-04-22/

Javier Arroyo Olea, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA 20/04/2025
En un contexto sumamente favorable para la explotación minera, y profundamente adverso para las comunidades locales, la Estrategia Nacional del Litio (ENL) cumple dos años desde su lanzamiento por la administración del Gobierno encabezado por Gabriel Boric.

El 20 de abril de 2023, mediante cadena nacional, el presidente Boric anunció lo que sería el paraguas político que ampliaría una frontera extractiva con límites difusos. Durante dos años, ha sido este el motor estatal que ha llamado a empresas nacionales y transnacionales a participar de procesos de exploración y eventual extracción en humedales altoandinos en el norte del país.

El balance para la clase política y empresarial es contundente: pese a pequeñas diferencias, plantean un básico consenso en que es importante avanzar en la extracción desatada del litio, y la ENL se los permite sin mayor cuestionamiento. Pero al otro lado, comunidades y organizaciones sociales han observado con una mirada más crítica esta implementación.

Desde un cuestionado proceso de participación que no contó con aspectos mínimos de transparencia y difusión -o siquiera profundidad-, pasando por colocar a diversos salares a disposición del mercado extractivo y llegando a aliarse con uno de los principales representantes del financiamiento ilegal de la política como lo es SQM, los cuestionamientos a la ENL son parte de un emplazamiento dirigido a aquella transición energética de corte corporativo que se despliega en América Latina, la cual busca mercantilizar la crisis climática, generar grandes réditos económicos para el bolsillo empresarial, un margen de ganancia para los Estados y amplios impactos hacia las comunidades locales y la Naturaleza.

Durante dos años, esta lógica ha orientado la implementación de la ENL. En el informe “Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio”, desde el OLCA hemos buscado aportar con un balance y lectura criteriosa respecto a lo que ha significado, en profundidad, esta decisión política. Sin embargo, hoy que se cumplen dos años de esta, y ante un escenario que ha sido favorable para los mismos bolsillos, es importante resaltar algunos puntos neurálgicos que han sido manipulados ante la opinión pública.

Conocer para explotar

Algunos de los gobiernos que potenciaron el proceso de industrialización en Chile durante la segunda parte del siglo XX han sido recordados por algunos eslóganes que enfocaron la política pública durante su administración. El “Gobernar es Educar” o “Gobernar es industrializar” son parte de aquel proceso histórico que empujó un rol activo del Estado en la economía que pretendió dar mayor valor agregado a la manufactura chilena. Hoy, esa misma lógica del eslogan puede ocuparse para caracterizar el momento político en base a lo que se plantea sobre el Instituto Nacional de Litio y Salares (INLS), un organismo que fue nombrado en la Estrategia original como “Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares”, cuya función sería “la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas”.

A dos años de este anuncio existen avances en su implementación, pero que dan cuenta de un foco donde prima el “Conocer para explotar”, no el de “Conocer para proteger”. Fue el 10 de diciembre de 2024 cuando la Contraloría General tomó razón y aprobó la constitución del INLS, llevando a cabo su primera Asamblea General el 07 de enero de 2025 y su primera sesión de Directorio se realizó el 17 de enero del mismo año. Desde el OLCA solicitamos todos los documentos que den cuenta de actas y reuniones sostenidas por el directorio, pero desde la Subsecretaría de Ciencia señalaron que estas “aún se encuentran en proceso de revisión y firma”.

Solo se pudo acceder a la primera. El acta en cuestión no contiene mucha información relevante, más que abordar elementos de gobernanza y orgánica interna de la institución, donde la presidencia del Directorio recae en Ruth Arlene Ebensperger Jessen -quien ha ejercido como directora del Comité de Minería No Metálica en la Corfo y se ha desempeñado en InverChile S.A.-. Sin embargo, fueron meses antes, en junio de 2024, cuando el organismo obtuvo sus estatutos para constituirse como una corporación de derecho privado, cuyo domicilio estará en la comuna de San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta), determinando como objetivo “generar, aplicar y compartir conocimientos, tecnología e información, para contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor de la industrial del litio y a la gestión sostenible del valor económico, ambiental y social de los salares en Chile”.

Más allá de eso, el desconocimiento respecto al avance de la implementación del Instituto es abiertamente desconocido, como así lo ha sido gran parte de la Estrategia Nacional de Litio. En esta nebulosa, pareciera ser que las líneas de investigación irían dirigidas a la lógica del “conocer para explotar”, toda vez que el llamamiento general del Gobierno ha sido la apertura de ecosistemas para su exploración y explotación con fines comerciales; más no para conocer la dinámica particular de estos frágiles ecosistemas, y mucho menos para promover el intercambio de conocimientos ancestrales sobre estos humedales.

Sin empresa nacional

El fantasma de la empresa nacional sigue recorriendo la memoria del país, pero en la práctica esto no aplica en el caso del litio. Pese a los abordajes comunicacionales, la renuncia a la empresa nacional del litio es un hecho irrefutable ante una realidad que favorece el ingreso de empresas transnacionales o fortalecer el rol de las mineras privadas chilenas; o recurrir a la no tan nueva fórmula de alianza conjunta de carácter público-privada.

Y es que esta ha sido la apuesta principal por parte de la clase política. El acuerdo entre Codelco y SQM para extender la explotación del Salar de Atacama bajo un cuestionado método de extracción como lo es la EDL (Extracción Directa de Litio), da cuenta de un pilotaje de gestión y propiedad que pretende extenderse sobre el resto de salares.

Vale la pena transportarse a diciembre de 2023, el plazo que se fijó el propio Gobierno para ingresar el proyecto de la Empresa Nacional del Litio que anunció el propio ministro Mario Marcel; un hito que a dos años de la implementación de la ENL aún no está ni cerca de materializarse. Por el contrario, colocando la carreta delante de los bueyes, a inicios de 2024 el Gobierno anunció que el acuerdo entre SQM y Codelco sentaría las bases para lo que podría ser la Empresa Nacional. De ahí, a la fecha, poco y nada se ha mencionado el tema en el debate público.

Todos los caminos apuntan a que el Gobierno, en su lógica de priorizar el discurso de la amada inversión para explotar los ecosistemas del país, ha optado por renunciar a uno de los planteamientos políticos que guarda relación con la propiedad y acceso a este bien natural. Asimismo, ha mantenido la lógica donde no se cuestionan los niveles de extracción, ni se coloca en la mesa la importancia de estos ecosistemas en el país y, mucho menos, se prioriza una discusión política en el que se reoriente el camino de la transición que han impuesto.

Los candados se aprietan

Cual tablero de ajedrez, Chile aún se mantiene como una pieza clave para la transición empujada por el Norte Global, donde los bienes naturales del país se entregan en bandeja a los mismos bolsillos de siempre, mientras los impactos se quedan a este lado del mundo.

Mientras Trump coloca mayor atención a los llamados “minerales críticos”, el Gobierno empuja un extraño Comité Consultivo sobre Minerales Críticos y continúa materializando una Estrategia que tiene un pecado originario: estableció una ruta para profundizar la explotación sin preguntarle a nadie; o por lo menos, a nadie que no estuviera en sus círculos políticos y empresariales.

En este sentido, mientras los candados de la Estrategia se aprietan, la necesidad de construir caminos hacia alternativas postextractivistas sigue constituyendo un desafío local y nacional. Una salida a este laberinto solo puede construirse desde una confluencia comunitaria que vaya más allá de lo coyuntural. Una ruta que nos empuje a una transición energética que no priorice el bolsillo empresarial, sino que a las comunidades y la Naturaleza como una relación ineludible.

Dos años de la Estrategia Nacional del Litio: de la renuncia a la Empresa Nacional al “conocer para explotar”