El viceministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Sebastián De Luca, formó fue parte de la comitiva que acompañó ayer al presidente de la Nación Mauricio Macri, en su breve visita a Chubut, para inaugurar la ampliación del Parque Eólico en Rawson.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con la producción minera en Chubut, De Luca aseguró que es una decisión que deberá tomar la Provincia, pero pidió “que se dé el debate” y que no haya una oposición “por un prejuicio”, ya que no es bueno para la definición de políticas de Estado.

“Si la minería sirve y si se puede utilizar de manera cuidada, es algo que deberá definir la provincia con sus legisladores y gobernadores”, sostuvo en Rawson el segundo de Rogelio Frigerio.
En este marco, De Luca consideró que “es algo que deberá definir la provincia que tiene la libertad de utilizar o no los recursos. Es parte del debate que tendrán que hacer en Chubut”, sugirió al tiempo de advertir que “decir que no por un prejuicio es lo peor que le puede pasar a la discusión de políticas de Estado”, opinó.

Sin apoyo en el Congreso

También tuvo definiciones críticas hacia los legisladores nacionales por Chubut que no acompañaron la reforma previsional y otras leyes impulsadas por la Nación.
El funcionario aseguró que desde la Nación esperaban otra actitud de parte de los diputados y senadores de Chubut, en virtud del acuerdo de pacto fiscal firmado entre el Gobierno Nacional y las Provincias, incluyendo a Chubut.
Sugirió también a los legisladores provinciales que den su apoyo al pacto fiscal en el recinto parlamentario de Chubut, como ya hicieron “el 90 por ciento de las Provincias”.

Crisis financiera de Chubut

El funcionario nacional remarcó que “es importante la visita del presidente en Chubut”, quien “no había podido venir para el fallecimiento de (del ex gobernador Mario) Das Neves y sin dudas que lo había tomado con mucho dolor”. Manifestó que “hay que seguir dialogando” para buscar “la salida al enorme problema financiero de la provincia. Ya hemos tenido varias reuniones con el gobernador y hemos trabajado para buscarle un marco”, remarcó.
Consultado sobre una reparación histórica para Chubut, De Luca sostuvo que “después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación” y que “los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones planteen su problemática que es distinta a la provincia de Buenos Aires”.
“Estamos discutiendo todas las alternativas y creemos que hay un respeto por quienes han votado y gobernando. Por eso nos encontrarán buscando alternativas financieras para que Chubut tenga gobernabilidad y paguen los salarios como corresponde. Son decisiones a tomar para darle un camino al 2019”, sostuvo.

Facto fiscal

Luego de la firma del pacto fiscal, “esperábamos otra respuesta de los legisladores de Chubut. El acompañamiento es del gobernador y esperamos que haya un respeto por lo que eso tiene que ver con la lógica de la provincia. Hay senadores y diputados que se han opuesto a todo lo que hemos enviado al Congreso”.
Dado que la legisladora Rosa Muñoz manifestó extorsión, De Luca planteó que “en otro lado desconocemos y estamos en contra de ese tipo de prácticas”.
En caso de no aprobarse el pacto fiscal, “habrá que insistir como lo están aprobando el 90% de las provincias. Esperamos que los legisladores salgan de las internas partidarias y puedan acordar los pactos firmados en beneficio de los chubutenses”, sostuvo.

El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.

La glacióloga Ana Paula Forte analizó los cambios en el paisaje cordillerano de San Juan con el desarrollo de minería.

Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.

El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.

«El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones».

Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.

Tajo abierto

Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).

Polémica

El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas «prioritarias», pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió «estrictamente con sus deberes» y fue «injustamente procesado»).

Al respecto, Forte menciona: «El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también».

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

Incongruencias

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. «En lugares como la Patagonia y los Alpes      -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar».

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

En ese sentido, reflexiona: «Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley».

El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

En resumen

Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.

Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.

Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por «retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares».

Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.

La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.

Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=impacto-de-la-megamineria-en-los-glaciares-andinos

Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.

La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.

La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que «estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones». La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.

La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.

Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.

La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.

Obras

Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.

Sanción económica

104  Millones de pesos es el valor de la segunda multa que el Gobierno le aplicó a Barrick. La primera fue de casi 146 millones.

La decisión judicial en los tres hechos

En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.

El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/La-segunda-multa-millonaria-a-Barrick-ira-a-proyectos-productivos-en-comunidades-20171230-0087.html