Bolivia

A 21 años de la masacre , Amayapampa: Aún cuestionan los beneficios de la minería

Tal vez en el rincón de las almas, Amayapampa, norte Potosí se resume lo que está pasando con la minería luego de más de 500 años de experiencia minera en Bolivia.

Hoy, los 280 trabajadores mineros del sindicato y otras personas recordarán a nueve masacrados, que cayeron en diciembre de 1996,  cuando desde la mina de oro de Amayapampa exigieron al gobierno de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada y al inversionista Garafulic que este metal deje de hacer rico a una familia y dé agua, camino, energía eléctrica y ayude a vivir mejor a la población del lugar.

El gobierno de entonces, en defensa de la empresa privada, movilizó 1.500 militares y policías, con tanques, carros de combate, lanzagranadas y morteros. Su argumento: hacer cumplir la Ley minera de entonces.

Capital transnacional aliado a capitales nacionales no resolvió la pobreza en Amayapampa. Los mineros cansados tomaron el yacimiento y recogieron nueve compatriotas muertos, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres con disparos de arma de fuego 9 milímetros por la espalda, cabeza y el pecho, algunos perdieron la vida desangrados.

Este 19 de diciembre Agapito Choque, secretario general del sindicato minero de Amayapampa pidió al pueblo no repetir esta historia y exigió que la minería beneficie a toda la población.

Amayapampa hoy en manos del Estado tiene dos plantas para procesar el oro, son aún experiencias piloto.

Para extraer un gramo de oro se requiere mover una tonelada de roca. José Pimentel, exministro de minería, hoy presidente de COMIBOL asegura que de momento los avances son lentos por la burocracia de la empresa estatal.

Ganancias por impuestos y regalías

Para no ir lejos, aquí cerca, el municipio potosino de Chuquihuta recibe apenas 114 mil bolivianos año en compensación de regalías por la explotación del oro en su territorio.

Chayanta, donde está asentada la mina de oro de Amayapampa recibe 33 mil bolivianos año.

Preguntemos a los paceños ¿cuánto reciben por la explotación del oro en su territorio? Difícil entender que por aporte de municipios, Colquiri que no explota oro sea el que más aporte en regalías. Aunque claro sumados todos los municipios paceños donde se explota oro, cancelaron la mayor parte de los 33 millones de dólares recaudados en 2014 por ejemplo.

En total Bolivia recaudó 124 millones de dólares por regalías mineras en 2015, unos 134 millones de dólares en 2013 y 140 millones en 2012.

De ese total, Potosí que es el primer exportador de zinc logró el 62% de las recaudaciones, La Paz que es el primer productor de oro en segundo lugar y muy lejos con apenas 22%.

La empresa privada aporta la mayor cantidad de regalías. En Potosí por ejemplo la empresa San Cristóbal aportó el 52% de las regalías mineras este 2017. ¿Los potosinos se preguntaron con qué compensarán los 700 millones de bolivianos año cuando se acabe el mineral en San Cristóbal?

En impuestos, principalmente impuesto a la ganancia, 78 millones de dólares recaudados en 2014, unos 195 millones el 2012 y 67 millones de dólares el 2013.

Según datos del Ministerio de Minería y de Fundación Jubileo, Bolivia exportó minerales por un valor de 4 mil millones de dólares en 2012 y 3.500 millones los siguientes años.

De todo ese dinero en impuestos y regalías se quedaron 330 millones de dólares para Bolivia, menos del 9%.

Según Jubileo, si los productores del oro, especialmente de La Paz habrían pagado regalías mineras justas e impuestos, el país habría recibido 375 millones de dólares más en 2012. Y según ese informe, los productores de minerales se quedan con 1.000 millones de dólares descontando todos sus costos.

¿Se invierte en minería como se invierte en el petróleo?

En 2013 la inversión del Estado en minería superó a la inversión privada. Ese año Bolivia invirtió 115 millones de dólares frente a los 85 del sector privado. Amayapampa en el Norte Potosí, hace 20 años requería de 60 millones de dólares para explotar el oro, hoy requiere el doble; Mallku Qota, espera un fallo internacional, está en demanda, para que empiece la explotación de sus reservas.

La inversión mayor es el litio del sudoeste potosino con más de 900 millones de dólares. A partir de este año debería consolidarse la industrialización, según las declaraciones de archivo del ingeniero Luis Alberto Echazú.

Juan Carlos Maguiña, una de las personas que más luchó desde la Prefectura potosina por resucitar las regalías mineras, señala que propusieron 10% de regalías para el litio, pero aprobaron 3%. Prefiere no opinar frente a la decisión de los gobernantes, pero señala que en general la empresa privada impidió el aumento de regalías mineras.

¿Cuánto empleo genera la minería?

El sector cooperativista minero es el que tiene más trabajadores. Más de 100 mil según los reportes de la Fencomin. El Estado a través de la Comibol tenía 6.700 trabajadores el año pasado, según el Ministerio de Minería. La empresa privada es la que genera menos empleo porque trabaja con tecnología de punta para aminorar costos de operación.

La Constitución Política del Estado reconoce a la minería privada, estatal y cooperativizada, pero también a la economía comunitaria, esta última ninguneada y olvidada por la Ley minera.

La pregunta central es ¿cuánto ha aportado la minería para el desarrollo de las regiones y el país? ¿Su aporte es significativo? O ¿aún sigue beneficiando a pequeños grupos de poder?

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/20122017/amayapampa_21_anos_de_la_masacre_aun_cuestionan_beneficios_de_la_mineria

Bolivia

En San Ramoncito nace núcleo de la resistencia por el TIPNIS

Dirigentes anunciaron que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

La comunidad de San Ramoncito de Ichoa es el primer punto de resistencia en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la madre tierra. Esa fue la decisión que tomaron los indígenas, luego de que el Gobierno levantara la intangibilidad de la reserva.

“No queremos la carretera por el TIPNIS porque no nos beneficiará en nada. La lucha nunca se va a terminar hasta que tengamos libertad en nuestro propio territorio, por eso San Ramoncito es nuestro primer centro de resistencia. Así lo determinaron todos los indígenas”, informó la dirigente Marqueza Teco.

 

En el documento suscrito por el corregidor Antonio Noza, el cacique Leandro Moye, el alcalde comunal Esteban Noza y 20 indígenas, entre otros, afirman que defenderán su territorio porque están respaldados por la Constitución y por las leyes nacionales como internacionales, que “garantizan el ejercicio de los derechos en defensa de la vida, la dignidad, los recursos naturales y medioambiente”.

 

El acuerdo fue firmado el 6 de diciembre, luego de que los dirigentes indígenas Teco y Fabián Gil visitaran las comunidades para informar y explicar la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS, que anuló la intangibilidad de la reserva natural.

“Este es el primer paso dentro de las comunidades del TIPNIS; el Estado y el Gobierno nos ofreció varios proyectos y no cumplió. En la visita que realizamos a las comunidades no hemos visto proyectos y los que iniciaron, como ser de agua potable, están en total abandono; no hay tal proyecto”, manifestó Teco.

La dirigente anunció que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará el TIPNIS.

En noviembre, el presidente Evo Morales manifestó: “El camino de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari ya hubiéramos terminado. Imagínense, que algunos pocos benianos perjudican mucho, tenemos financiamiento, estábamos pronto para empezar, se movilizaron; bueno, si quieren hacemos, si no quieren no, tampoco vamos a rogar. Tenemos una responsabilidad, que sepan las nuevas generaciones, no es que hemos abandonado”. La frase la expresó Morales durante el acto de entrega de un puente en la provincia Mamoré.

 

Los dirigentes indígenas consideran que Evo Morales insistirá en la construcción de la carretera, con el fin de beneficiar a los cocaleros y extraer las riquezas naturales del TIPNIS. “Sólo nos quiere distraer”, manifestó la líder Teco.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/ramoncito-nace-ncleo-resistencia-tipnis-163660.html

Chile

Proyecto de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos se acelera

El proyecto minero-portuario Dominga fue rechazado con polémica por el Comité de Ministros, pero aún le queda la instancia del tribunal ambiental para decidir su futuro.

Sin embargo, en la práctica se podría ver bloqueado si se aprueba un área de protección y conservación marina en la Región de Coquimbo, en las costas de La Higuera, que podría afectar al terminal de exportación de mineral ideado por Andes Iron.

El proyecto de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) comenzó a discutirse en 2010 luego de una propuesta de la ONG Océana, pero su discusión bajó de intensidad.

Eso, hasta que en octubre de este año —al mes de ser rechazado Dominga por el Comité de Ministros—, el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, instruyera al seremi de Medio Ambiente retomar y acelerar esta discusión.

Según una presentación de la Seremi de Medio Ambiente de la IV Región —a la que accedió “El Mercurio”—, se planea presentar la propuesta final de esta área protegida para la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a fines de febrero, ya en la etapa final de la actual administración.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/11/29/proyecto-de-area-marina-costera-protegida-de-multiples-usos-se-acelera/

 

Colombia

Ordenan a Anglogold suspender exploración en reserva central

La decisión se dio ocho años después de que instauraran una acción de cumplimiento en contra de la multinacional

La decisión que tiene recurso de apelación, busca que se precise si el área ubicada al interior de la Reserva Forestal Central y sobre la que se dio permiso de exploración es compatible con la minería.

El Juzgado Tercero administrativo oral del circuito de Ibagué resolvió en primera instancia fallar una acción popular en contra de AngloGold Ashanti y suspender las actividades de exploración minera al interior de la Reserva Forestal Central.

Permisos que fueron concesionados a través de los contratos GGF – 151 y EIG – 163; dicho freno se da “hasta tanto no se demuestre la compatibilidad de la actividad económica minera con los objetivos de conservación establecidos en el Pomca del río Coello, el Plan de Manejo de los Páramos y Humedales adoptado por Cortolima (…)”.

La decisión se dio ocho años después de que la ciudadana Ivone Prada y el distrito de riego Usocoello, instauraran una acción de cumplimiento en contra de la multinacional, argumentando que los contratos que tenían para exploración afectaba el área ubicada en los páramos Chili – Barragán.

Situación que vulneraba los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

Además de estas órdenes, se deberá tener en cuenta la delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente sobre los páramos y los nevados “en cuyo interior no es dable realizar actividades mineras (…)”, se explica en el fallo.

Para ello, las autoridades ambientales, Cortolima, el Ministerio de Ambiente con el apoyo del Instituto Von Humbolt y el Ideam, deberán establecer un informe técnico en el que se determine cuáles zonas de las otorgadas en concesión por medio de los contratos GGF – 151 y EIG – 163, podrían estar habilitadas para adelantar procesos mineros.

Cortolima también deberá implementar en el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica el río Coello, un programa mediante el cual se determine las causas de la disminución acelerada de los caudales, la recuperación y su futura conservación, entre ellas se hace referencia las quebradas Corazón y La Arenosa.

Para verificar el cumplimiento de las órdenes del juzgado se deberá conformar un comité de verificación presidido por la juez que lleva el caso, el alcalde de Cajamarca, el Gobernador del Tolima, Cortolima, AngloGold Ashanti, los ministerios de Ambiente y Minas, la Agencia Nacional de Minería, Usocoello, al igual que, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.

ACUSACIÓN FISCALÍA

Cabe recordar que recientemente se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en contra de Rafael Antonio Alfonso Roa, quien fue uno de los representantes legales de la multinacional, por la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, indicó que entre 2006 y 2007, una empresa intervino en un área que necesita de un permiso que se denomina sustracción de área forestal, “construyeron campamentos, arreglaron vías y eso es lo que está llamando la Fiscalía, al representante legal de la firma Kedada hoy AngloGold Ashanti”.

El directivo agregó que se hará partícipe en el proceso como víctima para lograr que se reconozca los daños ambientales causados en esa época.

E indicó que “la Corporación Autónoma tiene tres procesos sancionatorios en contra de AngloGold, el Ministerio de Ambiente (ya) generó un fallo y le impuso una multa, que en este momento está en conocimiento del Consejo de Estado”.

Y el otro está relacionado con la intervención que hizo la multinacional en la vereda Camao en Piedras, proceso que está en auto de cargos y valoración de pruebas, tras una recusación que hizo la empresa y que está siendo evaluada por la Procuraduría General de la Nación.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/ordenan-a-anglogold-suspender-exploracion-en-reserva-central-2584085

Mexico

SSP Hidalgo reprime manifestación indígena contra minera

Hidalgo. Vecinos de las localidades indígenas de Tolago y Chinconcuac, municipio de Lolotla, que se manifestaban de manera pacífica contra la minera Autlán, fueron dispersados de forma violenta por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo esta noche. Al cierre de la edición el saldo del operativo policíaco era de 10 personas detenidas.

Por la mañana, 400 pobladores de dichas localidades se apostaron en las afueras de las instalaciones de la minera Autlán para protestar por la supuesta contaminación del aire y del agua de un río producida por manganeso. También reclamaron el incumplimiento de la empresa de instalar una purificadora de agua.

Los vecinos eran encabezados por Alberto López, comisariado ejidal de Tolago, y Maximino Romero, delegado de Chiconcuac.

A pesar de que una comisión de inconformes había aceptado participar en una mesa de diálogo con representantes de la empresa, la cual se realizaba en el auditorio del sindicato de la minera Autlán, los granaderos, de manera sorpresiva arremetieron contra los manifestantes.

De acuerdo a los vecinos fueron detenidas diez personas, entre ellas Alberto López, Fortino Rojas, Rubén López, Rodrigo López, Guadalupe Silva, Maximino Romero, entre otros.

María Jaime López Hernández, vecina de Tolango, una de las participantes de la manifestación denunció, que no han podido entablar comunicación con los detenidos.

Dijo que ni la Policía Estatal no la Procuraduría de Hidalgo ha querido informarles dónde se encuentran los detenidos.

Según los vecinos, por los golpes que recibió por parte de los policías, un hombre identificado como Oscar Velazco fue trasladado al hospital de Tlanchinol.

Acusaron a los uniformados de robarles teléfonos celulares con los que habían grabado la represión policiaca. La minera Autlán se localiza en el municipio de Molango y en este complejo se extrae el 80 por ciento de la producción manganeso del país.

Los vecinos aseguran que las emisiones afectan a comunidades de los municipios de Lolotla, Xochicoatlán y Tepehuacan de Guerrero. Esto, aunado a diversos daños estructurales de las viviendas a causa de las explosiones de dinamita que realizan los operarios de la minera.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/ssp-hidalgo-reprime-manifestacion-indigena-contra-minera/

Ecuador

Exigen reparar los daños de la minería y suspender concesiones en Ecuador

Gobierno asegura que los proyectos cumplen con altos estándares de responsabilidad social y ambiental.
Organizaciones ecologistas y defensores de los Derechos Humanos demandan que en el Gobierno exista una “verdadera voluntad política” para reparar los daños ocasionados por la actividad minera.

Para ellos no es suficiente que el presidente, Lenín Moreno, en una reunión con líderes indígenas el lunes anterior, se haya comprometido a suspender todos los procesos de concesión mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades.

Acción Ecológica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) solicitan también la caducidad de las autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos San Carlos-Panantza, Mirador y Fruta del Norte.

Informe 
En un informe conjunto, indican que estos “han causado violaciones a los Derechos Humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza” en unas 3 millones de hectáreas de la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, aseguró que esa zona “está sufriendo una reconfiguración” con graves impactos en ríos, bosques y suelos, lo que, a su vez, afecta a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud.

Harold Burbano, de Inredh, acotó que todo esto es producto “del abuso de poder e imposición” cuando esos proyectos fueron concesionados en el Gobierno de Rafael Correa a empresas extranjeras.

“Estos fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y, a pesar de que el mandato minero No.6 de 2008, debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan los mismos”, anotó.

Burbano agregó que hasta ahora “los desalojos que se dieron no han sido reparados” y exigió de la Asamblea que de manera independiente y objetiva atienda los pedidos de amnistía a decenas de moradores que afrontan procesos penales por oponerse a la minería.

Respuesta
El ministro de la Minería, Javier Córdova, respondió que estos proyectos cumplen “con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, precautelando las buenas prácticas e incentivando el progreso local”.

Esto lo dijo durante el acto en el que se cumplió el segundo pago de regalías mineras anticipadas de Lundin Gold, empresa operadora del proyecto Fruta del Norte. El funcionario afirmó que con este modelo de concesión se ha beneficiado a las zonas de influencia minera, de tal forma que en Zamora Chinchipe se ha invertido más de 87 millones de dólares en 124 proyectos de salud, saneamiento, vialidad, educación, entre otros.

Adicionalmente, según un comunicado, manifestó que de acuerdo con la Ley de Minería este rubro se invierte en el desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos mineros. (RVD)

Fuente:https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102121659/ecologistas-exigen-reparar-los-danos-que-ocasiona-la-mineria-

Argentina

La minería derrama tóxicos, no bienestar socioeconómico

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.Por Marcelo Giraud – Lic. en Geografía-UNCuyo Miembro de la Asamblea Popular por el Agua

Gobiernos y empresas pretenden imponer la megaminería metalífera en Mendoza, violentando el sostenido rechazo social a dicha actividad, expresado en la sanción de la Ley 7.722, cuya constitucionalidad ratificó la Suprema Corte de Justicia, y en el rechazo popular y legislativo al proyecto San Jorge.

Muchos defensores del ambiente siguen siendo tildados de ignorantes, ecoterroristas y otros epítetos, como si la oposición a la contaminación y despojo de los bienes comunes careciera de fundamentos.

Vale pues recordar los reiterados derrames de solución cianurada en Veladero -a pesar de sus certificaciones ISO 14001- y la mayor catástrofe ambiental de la historia brasileña, al colapsar el dique de colas de una mina de Vale-BHP, en 2015. O informar que en 2016 División Andina de Codelco causó tres derrames, contaminando el río Aconcagua y obligando a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en Los Andes.

Según Naciones Unidas, durante la última década se produjeron cuarenta roturas y colapsos de diques de colas: once en América Anglosajona, once en América Latina, quince en Asia y tres en Europa. Menos que en décadas anteriores, pero de mayor magnitud.

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.

El gobierno ha exacerbado los múltiples privilegios al capital minero, eliminando retenciones y ratificando el máximo de 3% a las regalías provinciales.

Si el rechazado proyecto San Jorge estuviese hoy en explotación, aportaría regalías por $144 millones anuales: apenas 0,2% de los $73.925 millones del presupuesto provincial 2017.

Según datos oficiales, en 2016 hubo apenas 10.337 empleos en minería metalífera en todo el país (2.447 en San Juan), apenas 0,09% del total de 12 millones de trabajadores registrados.

¿Está “parada” la minería en Mendoza? En verdad, la minería no metalífera siempre estuvo activa. En 2016 la extracción de hidrocarburos empleó a 3.997 trabajadores, y la masa salarial total de la minería mendocina fue 52% superior a la de San Juan.

En dicha provincia proliferaron las 4×4, pero los indicadores sociales (pobreza, indigencia, desocupación, necesidades básicas insatisfechas…) han seguido siendo notoriamente mejores en Mendoza que en San Juan, provincia donde la explotación del oro ha derramado cianuro, no bienestar socioeconómico.

Nuestro buen vivir como sociedad mendocina requiere que no negociemos nuestros bienes comunes, y sigamos negando toda licencia social al extractivismo megaminero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/mendoza/item/38367-la-mineria-derrama-toxicos-no-bienestar-socioeconomico

Mexico

Túneles de mina ponen en riesgo viviendas en barrios de Pachuca

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, comentó que existen “focos rojos” en Pachuca, porque muchas casas están construidas sobre túneles de minas.

Afirmó que si bien no es un asunto nuevo, la realidad es que, con el paso del tiempo, existe más peligro porque la tierra registra asentamientos.

Corresponde a Protección Civil realizar una evaluación, como lo han hecho, pero sobre todo monitorear constantemente, con el apoyo del Servicio Geológico Nacional.

“Ya tuvimos el antecedente en Cubitos, hace más de dos décadas. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir”, mencionó.

Informó que el problema no solamente involucra a Pachuca, sino también a los ayuntamientos de Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de La Reforma, principalmente.

Los fenómenos climatológicos, explicó, hacen que ciertas zonas de la capital del estado se conviertan prácticamente en “focos rojos”.

Lamentó que muchas familias no asuman con responsabilidad esta situación, y en lugar de desalojar sus casas o predios, continúen ahí.

Puso como ejemplo las viviendas que se localizan en barrios como La Nueva Estrella, el propio Arbolito y Camelia.

“Es muy fácil percibir que los cerros tienen reacomodos, porque hay grietas que se van abriendo más”, indicó.

Explicó que el Colegio de Ingenieros Civiles tiene la voluntad de coordinarse con los diferentes ayuntamientos, para poder realizar evaluaciones que permitan alertar a las familias que están en riesgo.

Pero para ello, dijo, debe de haber voluntad de los habitantes.

“Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, mantiene comunicación con autoridades municipales”, detalló.

Finalmente, señaló que es una de las labores sociales que realizan como colegio. “De lo que se trata es de evitar tragedias”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38374-tuneles-de-mina-ponen-en-riesgo-viviendas-en-barrios-de-pachuca

Colombia

¿Por qué está tambaleando la minería en Antioquia?

Diez municipios en el suroeste del departamento le dijeron ‘no’ a la minería a través de acuerdos municipales. Este es el panorama y las razones que esgrimen.

Aunque se puede decir que la minería colombiana empezó en Antioquia y que sus más de 200 años de tradición extractiva le han dado al departamento una fortaleza económica e industrial que en otrora tuvo brillo propio, hoy esa no es un legado que quieran todos paisas, la muestra está en que en los últimos meses los concejos de diez municipios del suroeste antioqueño —Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Jardín, Concordia, Betulia, Tarso, Salgar, Pueblorrico— dijeron no a la minería, después de que se supiera que hay varios títulos mineros que ponen en riesgo la alta vocación agrícola y ganadera de la subregión.

Todo empezó hace varios meses en Támesis y Jericó donde un grupo de “neocampesinos con arraigo ancestral a sus tierras” conformó un grupo al que nombraron Mesa técnica: custodios de flora y fauna en el paraíso del Suroeste de Antioquia, con el que buscaron blindar una región que aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016.

El trabajo de la Mesa Técnica ha sido arduo, y busca proteger un terruño que nunca ha sido minero. Ahora, ese trabajo no ha caído del todo bien en la Gobernación de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez dijo que es entendible que las regiones que no tienen una vocación minera tan fuerte como el caso del nordeste o el bajo cauca, quieran continuar en sus labores ancestrales.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, le dijo a SEMANA que desde su despacho se apoya la minería bien hecha y que lo sucedido en el suroeste no deja de preocupar. “La minería es una de las actividades más tradicionales del departamento, por eso tenemos 1.400 títulos mineros. La vocación de la tierra de nosotros es minera en gran mayoría”. Y que si bien los acuerdos “son respetados” cada uno es revisado por la Oficina Jurídica de la Gobernación y que si es encontrado alguna anomalía se pasa al Tribunal Administrativo de Antioquia para su final revisión, de hecho, ya algunos están en ese trámite.

Ya el Tribunal se pronunció sobre el acuerdo firmado en Urrao, aduciendo que el Concejo no tenía facultades para determinar los usos del suelo y, además, aseguraron que se vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

En palabras de la secretaria Balvín, es la Nación la que tiene la potestad de definir el uso del subsuelo y que las alcaldías sólo pueden entrar a prohibir o modificar la minería a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. “Me parece que se está malinformando a la comunidad, porque los pesticidas y la ganadería también arrasan con el medio ambiente. La deforestación que ha ocasionado el tema de la ganadería en la historia de Antioquia, es mucha. Aquí solo estamos satanizando la minería”.

Sin embargo, las objeciones del Tribunal no parecen muy convincentes, pues en el numeral noveno del artículo 313 de la Constitución se estipula que a los concejos municipales les compete “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Según el abogado Rodrigo Negrete, quien ha acompañado a las comunidades en su lucha por el territorio, en la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional señalo que hay tres vías para levantar voz ante el avance minero: consultas populares, las disposiciones de los POT, y los acuerdos municipales en defensa del medio ambiente.

“Es muy raro porque el Tribunal Administrativo del Huila sí reconoció que los concejos tienen está facultad, pero en Antioquia no, lo que es muy diciente teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia es autoridad minera. Es juez y parte. Es más, el Tribunal cita dos sentencias que han sido declaradas inexequibles. Al ver nsotros estamos anomalías decidimos demandar”, dijo Negrete.

El panorama no es del todo claro, pero de lo que no queda duda es de la posición de las comunidades, en este caso unas comunidades que nunca han ejercido la minería. La Gobernación de Antioquia, que adelante estudios tan revolucionarios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), deberá decidir de acuerdo a las vocaciones de cada región.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mineria-tiembla-en-antioquia/551211

Costa Rica

Pueblo Bribri dice no a la minería

El gobierno de Costa Rica construyó una página de internet para anunciar los avances de la construcción del protocolo de consulta en los territorios indígenas. El estatus del pueblo Bribri, de Talamanca, territorio al sur de Costa Rica, está apuntado por el gobierno como “en proceso de diálogo”, mientras la mayoría de los pueblos ya están listos para seguir a la última fase, un encuentro nacional.

La verdad es que el pueblo Bribri se rehúsa a participar en la construcción de dicho protocolo. “Todo este proceso es un performance. El protocolo y la consulta son herramientas para que tengan algo para justificar la entrada en el territorio y explorarlo. Hacen la consulta a su gusto y después dicen que exploraran los recursos con nuestro consentimiento. La verdad es que no nos escuchan”, señala el indígena.

De acuerdo con el reporte “Inventario de Proyectos de infraestructura en Mesoamérica”, ejecutado por Conservation Strategy Fund en asociación con The Nature Conservancy y financiada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, la región de Talamanca es considerada como uno de los seis sitios prioritarios para proyectos en toda Centroamérica y sur de México.

“Sabemos los recursos que tenemos en nuestros territorios y sabemos también los proyectos que el gobierno tiene planeado para saquearnos. Quieren transformar nuestros bosques en mercancía con la implementación del proyecto REDD+, quieren represar nuestras aguas y producir energía, y sacar nuestros minerales”, dice el indígena Bribri, Baudillo Salles Sánchez.

Hay una deuda histórica del Estado hacia a los pueblos indígenas de Costa Rica y esta deuda solamente será saldada quitada cuando el gobierno devuelva a los pueblos indígenas 100% de sus territorios, sostiene el indígena Bribri Leonardo Buitrago. “Solamente después de eso, se podría construir un protocolo de consulta de buena fe. Los territorios están llenos de gente no indígena, con sus tiendas y negocios y por presupuesto aprueban los proyectos del gobierno, es gente invasora que tiene intereses distintos de los nuestros”, señala el indígena.

Si Talamanca está llena de vida y de bosques es porque los indígenas han luchado y han logrado defenderlos, dice Buitrago. “Perforación para petróleo, empresa bananera, extracción de carbón, hay un sin fin de proyectos que han querido entrar, pero gracias a la lucha de los pueblos indígenas, hemos podido sacarlos de aquí. Y así llevaremos nuestra lucha”.

Capítulo 5 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblo

Fuente:http://movimientom4.org/2017/12/capitulo-5-pueblo-bribri-dice-no-a-la-mineria/