Perú

Áncash: agricultores acatan paro contra minería informal

Exigen la expulsión de todas las empresas mineras del Valle Nepeña para evitar la contaminación de los ríos de la provincia del Santa.

Decenas de agricultores y pobladores de la ciudad de Jimbe, en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, región Áncash, acatan un paro de 24 horas para exigir el cese de la actividad minera informal en la cuenca Nepeña.

La protesta está dirigida principalmente contra la empresa GM Pequeños Constructores Mineros y el Consorcio Minero y Operaciones Conexas, compañías que se dedican a la explotación de oro en el Valle Nepeña. La principal preocupación es que los afluentes y la principal laguna de la zona, Matamata, se contamine con metales pesados derivados de la minería.

A esta preocupación se suma un informe de la Red de Salud Pacífico Sur, el cual señala que en algunas captaciones y reservorios de agua en Cáceres del Perú han encontrado presencia de aluminio, arsénico, hierro y fósforo.

La paralización fue convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la citada cuenca, en la que participaron los representantes de las juntas de regantes y comunidades campesinas de los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-agricultores-jimbe-acatan-paro-mineria-informal-noticia-481589

Bolivia

CEJIS pide al Gobierno que garantice la labor del CEDIB

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal».

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) expresó su preocupación y rechazo frente a los “arbitrarios e injustos ataques” en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y pidió al Gobierno que garantice su labor.

“Mostramos nuestra preocupación y solicitamos al gobierno que garantice a la brevedad que el CEDIB pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello”, se lee en el pronunciamiento emitido por la institución.

El director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, informó a ANF que el martes 28 de noviembre la institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias. Sus cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Para la organización sin fines de lucro que tiene su sede en la ciudad de Cochabamba, existe un sistemático ataque del Órgano Ejecutivo, por diferentes mecanismos, para afectar el funcionamiento del centro de documentación y en esencia a su condición de defensora de los derechos humanos.

“Consideramos que el congelamiento de las cuentas bancarias, así como las acciones de amedrentamiento y descalificación pública por parte de representantes del gobierno (…), pretenden menoscabar el derecho a la libre expresión y ejercicio de la ciudadanía activa y la democracia”, se lee en el comunicado.

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal”; se trata además “de un ataque a todos quienes acompañamos la defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia”.

En ese sentido, la entidad le recuerda al Estado boliviano que bajo los estándares de los derechos humanos internacionales e interamericanos “debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se obstaculice, impida o desmotive la labor de defensa y promoción de los derechos por parte de actores de la sociedad civil”.

Fuente:https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cejis-pide-al-gobierno-que-garantice-la-labor-del-cedib-384336

Colombia

Tribunal de Antioquia invalidó acuerdo en Jericó contra proyectos mineros

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró inválido el acuerdo realizado en junio de este año por el Concejo Municipal de Jericó (Antioquia) que prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales.

Dicho acuerdo había sido demandado por la Gobernación de Antioquia, la cual argumentó que hubo una extralimitación de las funciones al imponer prohibiciones que son competencia de otra autoridad y no tenía competencia para emitir ese tipo de actos.

Así mismo, señaló que el desarrollo de actividades mineras está regulado por el Código de Minas, en donde seexpresan cuáles son las zonas de reserva, excluidas y restringidas para esta actividad.

Estos argumentos contaron con el apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por el Ministerio de Minas y Energía.

Dentro de las conclusiones a las que llegó el Tribunal estuvo que al ser la ley la que determina las áreas para explotación minera y las respectivas restricciones, “no podría de esa forma la entidad territorial a través de un acuerdo sin fundamento en estudios técnicos, concertación con autoridades nacionales competentes en la materia y de espacios de participación, prohibir de manera general la explotación de recursos en todo el territorio, máxime que es competencia del Gobierno Nacional la adopción de la política de explotación de recursos”.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/tribunal-de-antioquia-invalido-acuerdo-en-jerico-contra-proyectos-mineros-2582228

Internacional

Tierras raras vs tierras vivas: así triunfó el ‘no a la mina’ en Ciudad Real

España.- El año 2017 ha sido el del punto final de uno de los proyectos más controvertidos que han querido llevarse a cabo en Castilla-La Mancha. Los riesgos para especies protegidas, la falta de agua y la protesta social han dado al traste con el objetivo de Quantum de extraer monacita del Campo de Montiel. Tras más de tres años de proceso administrativo, el Gobierno regional emitió declaración negativa de impacto ambiental.

A casi todo el mundo le pasaron desapercibidos los permisos de investigación que el Gobierno de María Dolores de Cospedal concedía en 2014 para que la empresa minera Quantum pudiera realizar las primeras ‘catas’ en el Campo de Montiel. Fue en junio de 2015, a punto de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando un documento en el Diario Oficial establecía, con el Ejecutivo aún en funciones, que esas primeras operaciones  no requerían declaración de impacto ambiental y recibían por tanto luz verde. Con ello empezó un procedimiento administrativo que ha durado casi tres años y que finalizó hace poco más de una semana, cuando se publicó la  declaración negativa de impacto ambiental de esta iniciativa después de varios informes desfavorables, resoluciones parlamentarias y manifestaciones ciudadanas contra un controvertido proyecto que ya no se realizará.

¿Para qué servían esas primeras ‘catas’? La promotora quería tantear el suelo de esta comarca de Ciudad Real para su proyecto de extracción minera de tierras raras, monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, y que ha generado conflictos entre la Unión Europea y China, este último país como principal exportador. Unos meses después, ya con Emiliano García-Page en la Junta, saltaban las primeras alarmas. Nació la Plataforma Sí a la Tierra Viva, agrupando a ciudadanos de varios pueblos afectados como Torrenueva o Torre de Juan Abad, así como a ecologistas y expertos que empezaron a alertar sobre los riesgos de este tipo de minería.

Las denuncias de este colectivo se iniciaron a raíz de lo que consideraron  “dudas y opacidad” en torno al proyecto. Por entonces apenas se conocían los planes de la empresa minera y el portavoz de la Plataforma, Luis Manuel Ginés, apuntó desde el principio a la “complicidad” tanto de la Junta como del PSOE debido a la “falta de información” desde los ayuntamientos. Parte esas alarmas se atenuaron cuando el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, aseguró que el proyecto minero no saldría adelante si había riesgo medioambiental y oposición social. Por entonces, la Junta afirmaba no estar “ni a favor ni en contra” de los objetivos de Quantum.

Después la pelota cayó en la Consejería de Medio Ambiente. La promotora quería en un principio una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas, en una comarca con clara escasez de recursos hídricos. Así lo manifestó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su primer informe, un texto que agravó la polémica y que comenzó a sentar las bases de otros riesgos: para la salud, para el medio ambiente, para la agricultura vitivinícola y para el desarrollo socio-económico de la zona. Hasta el  Consejo de Seguridad Nuclear y la Defensora del Pueblo se adhirieron con respectivos informes a los riesgos de esta minería a cielo abierto.

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo,  adelantó entonces a eldiarioclm.es que sería en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debía demostrar que su proyecto fuera “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirmó que la Consejería garantizaría el análisis de esas afecciones. Y efectivamente así fue. Un año y medio después, la amenaza al patrimonio natural y  a las especies protegidas como el lince ibérico ha sido la que ha tumbado el proyecto.

Entre medias, los detractores de la Plataforma también llegaron a poner en tela de juicio el propio procedimiento administrativo. Afirman que se dividió en varias piezas y pidieron que todos los expedientes se agruparan en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “pareciera que había un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional era otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.

A partir de entonces, el proceso se dividió entre las movilizaciones ciudadanas, de las más participativas conocidas en la comarca, y las Cortes regionales, donde llegaron a aprobarse  hasta tres resoluciones pidiendo el archivo “inmediato” del proyecto minero. Estas iniciativas parlamentarias las capitaneó el diputado de Podemos David Llorente y curiosamente se aprobaron tras recibir el apoyo del PP, partido que había iniciado los trámites. Por su parte, desde el Gobierno siguieron defendiendo la legalidad del proceso y remitiendo a la declaración de impacto ambiental. Pero incluso antes de que esta se aprobara ya el propio presidente, Emiliano García-Page, manifestó su rechazo a este tipo de minería. Con ello daba las pistas sobre su futuro.

Áreas importantes para las aves / Cartografía del MAPAMA / Quantum-Advisian
En cuanto a la empresa promotora, defendió su iniciativa prácticamente hasta el final. En el documento de alcance que le solicitó el Gobierno castellano-manchego rebajó las cantidades de agua que necesitaría para la extracción de monacita y abogó por pozos, desaladoras o incluso camiones cisterna. A sus alegaciones incorporó informes que negaban muchos de los riesgos apuntados y subrayó que en realidad se trataba “de una gravera”.

Pero el resultado al final fue el previsible. A finales de octubre la Junta anunciaba informe desfavorable al proyecto y anunciaba que no habría minería de tierras raras en el Campo de Montiel por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico. “Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero Martínez Arroyo. Con ello se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en las manifestaciones.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva celebró ampliamente esta decisión y anunció que seguirá trabajando para tener una ley regional que establezca limitaciones a esta minería e impida la implantación  de proyectos en el futuro. En esta misión se encuentra el diputado David Llorente, que se ha comprometido en este objetivo y que también se congratuló del final del proyecto, contra la “oligarquía de las tierras raras”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38324-tierras-raras-vs-tierras-vivas-asi-triunfo-el-no-a-la-mina-en-ciudad-real

Internacional

Trump quiere reconquistar la Luna y apoderarse de la minería espacial

Luego de 45 años de la última misión tripulada al satélite natural de la Tierra, el presidente de Estados Unidos anunció esta semana una nueva estrategia que pretende volver a enviar astronautas a la Luna.

En el marco del 45 aniversario de la última misión de alunizaje, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la Directiva 1 de Política Espacial en la que insta a volver a llevar a astronautas estadounidenses a la Luna e incluso Marte.

Sin embargo, la directiva que firmó el mandatario no detalla plazos ni el presupuesto para esa misión, claves para que la promesa se convierta en realidad.  No obstante, queda claro que no se trata de un plan con fines meramente científicos.

Según Trump esto representa, además de un trampolín para la “exploración humana” de Marte y el resto del sistema solar, de una “exploración y utilización a largo plazo” del satélite natural de la Tierra.

“No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte. Y quizá, algún día, a muchos más mundos más allá”, dijo el presidente estadounidense durante el acto de firma de la directiva.

Con un enfoque orientado a la privatización, comparado con los planes de exploración espacial de sus predecesores, Trump busca el apoyo de empresarios para explotar los recursos que actualmente orbitan alrededor de nuestro planeta.

Así, la fila de empresas que desean explotar comercialmente el satélite terrestre es larga, como Moon Express, que quiere enviar un pequeño módulo robótico a la Luna en 2018 con la intención de explotar algunos de los minerales que hay en su superficie. Se suma a la lista Space X, del inventor millonario Elon Musk, y le siguen otras como Virgin, Blue Oregon y United Launch Alliance, que también quieren hacerse con el mercado de minerales lunares.

Pero no solo de minería se trata el renovado interés por regresar a la Luna, sino también turismo espacial o aplicaciones militares.

A nivel mundial también los planes del gobierno de Estados Unidos desataron temores de un resurgimiento de la Guerra Fría. De esta manera, China afirmó su posición de evitar el uso de armas en el espacio exterior.

Guerra a la vista

La posición de China sobre la prevención de la militarización más allá de la atmósfera terrestre fue dada a conocer por el vocero del Ministro de Exteriores, Lu Kang. “Ya en las pláticas de desarme en Ginebra, China expresó claramente su esperanza de que varias partes de la comunidad internacional lleguen al consenso de comprometerse a la pronta conclusión de un tratado que apunte a la prevención de la militarización del espacio exterior”.

El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe específicamente la «explotación unilateral y privada de los recursos económicos», pero eso no ha impedido que varias empresas se lancen al desarrollo de tecnología para la minería espacial.

Millones y planes

Mientras tanto, lo cierto es que más allá de la militarización del espacio exterior los recursos aprovechables de los cuerpos celestes representan cientos de miles de millones de dólares. Para muestra, los metales del grupo del platino que se encuentra en algunos asteroides que hacen que “cazadores de meteoritos” se peleen por ellos cuando caen a la Tierra.

De igual manera, la Directiva 1 de Política Espacial no es nueva. Trump es ya el tercer presidente republicano consecutivo que promete ir a la Luna. Incluso en 2004, George Bush hijo lanzó el programa Constelación, cuyos resultados serían visibles en 2020. No obstante, la poca financiación que se le dio al plan hizo que se retrasara su implementación, hasta que en 2010 Obama lo canceló para enfocarse mejor en la exploración de asteroides y de Marte.

Fuente:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/trump-quiere-reconquistar-la-luna-y-apoderarse-de-la-mineria-espacial

Chile

Pese a los trabajos del lado argentino, rematan equipos de Pascua Lama

Grúas, salas eléctricas, galpones, contenedores, entre otros equipos, sacó a remate Barrick hace algunos días. Estos serían utilizados por la minera canadiense en su proyecto binacional Pascua-Lama, iniciativa que por el lado chileno, está paralizada.

Esta es una nueva subasta que realiza la empresa, considerando que el año pasado vendió sus equipos de mayor valor, entre ellos, los camiones que utilizaría la faena. Una parte de estos fue adquirida por Antofagasta Minerals (AMSA) -brazo minero del grupo Luksic- a Komatsu (firma que los recompró a Barrick). Esta maquinaria operaría, por ejemplo, en Antucoya.

Sobre la subasta, desde Barrick comentaron que se trata de equipos, maquinaria y materiales «que no son necesarios para esta fase del proyecto. Estamos en Cierre Temporal Parcial hasta septiembre del 2019».

Añadieron que se encuentran respondiendo a las inquietudes manifestadas por las comunidades, ya que la compañía está realizando estudios de optimización del proyecto «para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales».

Consultados sobre la opción de nuevas subastas de materiales adquiridos para operar Pascua-Lama, respondieron que «seguiremos haciendo gestión de activos que no son necesarios para esta etapa del proyecto. No tenemos programado nuevos remates en el corto plazo».

Avances en Argentina

Mientras en Chile rematan equipos, desde el lado argentino están iniciando trabajos para determinar el potencial del área y la opción de ejecutar la faena de manera subterránea, acciones que se extenderían hasta abril. Las perforaciones las realizan junto a profesionales de la china Shandong Gold, expertos en este tipo de desarrollos.

Desde la canadiense explicaron que la campaña de perforación por el lado argentino se enfocará en mejorar el conocimiento del mineral en esa zona del yacimiento, donde se necesitan más datos para validar los planes de desarrollo subterráneos y la metalurgia. «La perforación previa en el depósito se realizó principalmente en apoyo de los planes de explotación a cielo abierto», añadieron.

Fuente:http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=425515

Mexico

Mientras mexicanos protestan en Canadá contra mineras, estas crecen en áreas protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 388 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 417,562.27 hectáreas.De las Áreas Naturales Protegidas, el 18% cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos, con base en información de la organización CartoCrítica.

Se trata de 74 terrenos forestales, donde se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el cruce de datos.

Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.

Uno de estos casos es el del proyecto minero de Almaden Minerals, el cual se establecería en las comunidades de Ixtacamaxtitlán, un pueblo indígena en Puebla.

Por ello, un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals, en Vancouver, Canadá, para protestar contra el proyecto minero Ixtaca que se lleva a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el cual pretende extraer oro y plata de la zona, y se encuentra apenas en etapa de exploración.

Los manifestantes advirtieron a los inversionistas que Almaden Minerals no les ha informado sobre de la oposición al proyecto ni de las quejas presentadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.

Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance señaló que reciben «regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería».

Los manifestantes, parte de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, realizaron una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro integrantes de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos y comunidades indígenas.

La delegación de mexicanos difundió la evaluación de impacto del proyecto de Almaden Minerals hasta ahora y la devastación que provocaría en caso de pasar a la fase de explotación.

Fuente:http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/15/mientras-mexicanos-protestan-en-canada-contra-mineras-estas-crecen-en-areas-protegidas_a_23307959/

Colombia

El Cerrejón: una mina cada vez más insoportable para sus vecinos .

El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”.

El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”. Los habitantes de la reserva indígena Provincial se quejan del constante ruido de explosiones y del olor a azufre. Bordeando las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.

La empresa extrae alrededor de cien toneladas de carbón al día, con una participación del 3,9 por ciento en el mercado internacional durante 2016. Desde que la mina comenzó a operar en 1986, El Cerrejón ha explotado unas 13.000 hectáreas, de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.
Pero la compañía, copropiedad de los gigantes mineros Glencore, Anglo-American y Billiton-BHP, no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas de desarrollo sostenible, una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas sin medios para subsistir.
En 31 años, la gente de Provincial ha visto la mina acercarse tanto, que literalmente tienen una gran vista de la mina ahora. Demasiado cerca, según los habitantes, que afirman sufrir problemas respiratorios y enfermedades en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera. Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes de partículas tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el agua y las plantas de las comunidades cercanas. Otro problema es la ignición espontánea del carbón por el sol fuerte, liberando metales pesados tóxicos en el ambiente. Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios.
Un ejemplo de ello es Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses”, me dijo Uriana. “Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera ahogando”. Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar, y tose por la noche “. Luz Ángela Uriana, de azul, es la madre de Moisés. En el hospital local no hay nada que puedan hacer por el niño. “El pediatra dice que Moisés solo mejorará si nos mudamos a otro lugar, pero ¿a dónde deberíamos ir? Pertenecemos a este territorio “, dice Uriana, llorando.
El médico coordinador Ricardo José Romero del Hospital Local de Barrancas, confirma que ha visto un aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de la mina. Un asombroso 48 por ciento de sus pacientes, en un área de 34.000 habitantes, llegan al hospital con problemas respiratorios agudos. El hospital incluso tiene un área de emergencia especial para enfermedades respiratorias, donde durante nuestra visita, cinco niños esperaban el tratamiento.
Bordeando las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La empresa extrae alrededor de cien toneladas de carbón al día, con una participación del 3,9 por ciento en el mercado internacional durante 2016. Desde que la mina comenzó a operar en 1986, El Cerrejón ha explotado unas 13.000 hectáreas, de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.
Pero la compañía, copropiedad de los gigantes mineros Glencore, Anglo-American y Billiton-BHP, no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas de desarrollo sostenible, una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas sin medios para subsistir. En 31 años, la gente de Provincial ha visto la mina acercarse tanto, que literalmente tienen una gran vista de la mina ahora.
Demasiado cerca, según los habitantes, que afirman sufrir problemas respiratorios y enfermedades en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera. Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes de partículas tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el agua y las plantas de las comunidades cercanas.
Otro problema es la ignición espontánea del carbón por el sol fuerte, liberando metales pesados tóxicos en el ambiente. Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios. Un ejemplo de ello es Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses”, me dijo Uriana. “Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera ahogando”. Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar, y tose por la noche “.
Fuente:http://pacifista.co/cerrejon-mina-carbon-contaminacion/
Argentina

“Las mineras son el robo más grande de la provincia”

En un intercambio vía redes sociales, el intendente de Las Heras aclaró su posición con respecto a la minería y en defensa de los derechos de los santacruceños. “”Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras.

El estilo de comunicación del intendente de Las Heras, José María Carambia, es directo y cercano al ciudadano santacruceño, por esta razón, no tiene ningún problema en utilizar las redes sociales para comentar diferentes temas que sean de su interés.

En esta ocasión, Carambia estableció su opinión alrededor del sensible tema minero. La flamante diputada nacional Roxana Reyes publicó fotos de la inauguración de la minera Don Nicolás en la que también estuvo el senador Eduardo Costa, y Carambia dejó este comentario que se transcribe textualmente

“Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras. Es decir, si existen que el estado obtenga una renta que pueda solucionar problemáticas. Son pocos los gobiernos que se le animan a las mineras porque hasta escuché decir que tienen mucho poder. El único poder que tienen es el económico y yo personalmente no me vendo con las mineras porque en 20 años, si nadie hace nada, sólo van a dejar una provincia en estado deplorable. Y es más, vuestro líder político tiene una empresa minera. ¿Qué casualidad, no?

En un segundo comentario, Carambia expresó: “Con la excusa de que hoy pagan más ganancias dicen que generan más ingresos, pero eso es mentira, porque lo que aportan de ganancias entra en coparticipación a todas las provincias. Entonces, nuestra provincia sigue financiando a todas las otras. Es decir, destruyen Santa Cruz y no recibimos beneficio extra”.

Con su sello personal, Carambia dejó clara su postura alrededor del tema minero y se diferencia de Eduardo Costa, que está claramente a favor.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/38318-las-mineras-son-el-robo-mas-grande-de-la-provincia

Colombia

Tribunal de Antioquia tumba acuerdo que prohibía explotación minera

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

El fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

Ante esto, la Gobernación de Antioquia demandó el acuerdo ante el Concejo argumentando que se extralimitó en sus funciones y su incompetencia para imponer tal tipo de prohibiciones. Adicional, aseguraron que esa tarea está regulada por el Código de Minas en donde se expresan cuáles son las zonas de reserva, excluidas y restringidas para la minería.

Según información de Valora Inversiones, el fallo señaló que este asunto es de interés nacional y su regulación corresponde a autoridades del orden nacional “bajo los principios de coordinación y concertación además de la tensión constitucional fuerte asociada al impacto de la minería, como las implicaciones ambientales, económicas, sociales que ello genera, lo cual obliga a la participación de autoridades de todo orden en la regulación de dicho tema que necesariamente trae consecuencias en las regiones”.

Por lo que el fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

De acuerdo con fuentes del sector minero y del gobierno, los principales puntos de la sentencia se refieren a que ni los municipios ni las autoridades nacionales, en sus competencias, pueden tomar decisiones por sí solos sobre la explotación de recursos naturales no renovables en determinadas zonas del país.

Estos, deben hacerse de manera coordinada y concertada, puesto que existen normas de carácter nacional que regulan el tema de la explotación minera que están vigentes y deben respetarse por los municipios.

Otro de los puntos del fallo conocido por Valora Inversiones, es en el que se señala que “la Ley es la que determina cuáles son las áreas para explotación minera y las respectivas restricciones, razón por la cual no puede la entidad territorial a través de un acuerdo sin fundamento en estudios técnicos, concertación con autoridades nacionales competentes en la materia y de espacios de participación, prohibir de manera general la explotación de los recursos en todo su territorio”.

Para Camilo Silva, socio y analista de Valora Inversiones, este fallo sienta un precedente en cuanto a la legalidad de las medidas que puedan tomar las autoridades locales para frenar grandes proyectos mineros y “no busca desconocer la importancia de tener en cuenta la opinión de la comunidad -manifestada a través de los concejos municipales-, pero les pone un conducto regular para respetar la Constitución y la Ley”

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/tribunal-de-antioquia-tumba-acuerdo-que-prohibia-explotacion-minera-512634