Colombia

Tribunal de Antioquia tumba acuerdo que prohibía explotación minera

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

El fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

Ante esto, la Gobernación de Antioquia demandó el acuerdo ante el Concejo argumentando que se extralimitó en sus funciones y su incompetencia para imponer tal tipo de prohibiciones. Adicional, aseguraron que esa tarea está regulada por el Código de Minas en donde se expresan cuáles son las zonas de reserva, excluidas y restringidas para la minería.

Según información de Valora Inversiones, el fallo señaló que este asunto es de interés nacional y su regulación corresponde a autoridades del orden nacional “bajo los principios de coordinación y concertación además de la tensión constitucional fuerte asociada al impacto de la minería, como las implicaciones ambientales, económicas, sociales que ello genera, lo cual obliga a la participación de autoridades de todo orden en la regulación de dicho tema que necesariamente trae consecuencias en las regiones”.

Por lo que el fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

De acuerdo con fuentes del sector minero y del gobierno, los principales puntos de la sentencia se refieren a que ni los municipios ni las autoridades nacionales, en sus competencias, pueden tomar decisiones por sí solos sobre la explotación de recursos naturales no renovables en determinadas zonas del país.

Estos, deben hacerse de manera coordinada y concertada, puesto que existen normas de carácter nacional que regulan el tema de la explotación minera que están vigentes y deben respetarse por los municipios.

Otro de los puntos del fallo conocido por Valora Inversiones, es en el que se señala que “la Ley es la que determina cuáles son las áreas para explotación minera y las respectivas restricciones, razón por la cual no puede la entidad territorial a través de un acuerdo sin fundamento en estudios técnicos, concertación con autoridades nacionales competentes en la materia y de espacios de participación, prohibir de manera general la explotación de los recursos en todo su territorio”.

Para Camilo Silva, socio y analista de Valora Inversiones, este fallo sienta un precedente en cuanto a la legalidad de las medidas que puedan tomar las autoridades locales para frenar grandes proyectos mineros y “no busca desconocer la importancia de tener en cuenta la opinión de la comunidad -manifestada a través de los concejos municipales-, pero les pone un conducto regular para respetar la Constitución y la Ley”

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/tribunal-de-antioquia-tumba-acuerdo-que-prohibia-explotacion-minera-512634

Colombia

Niegan tutela a alcalde de Bucaramanga contra ANLA por minería en Santurbán

El mandatario pedía que se realizara audiencia pública en Bucaramanga y no solo en municipios mineros cercanos al proyecto Soto Norte

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó una tutela que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, interpuso en noviembre de este año alegando que la ANLA vulneraba su derecho a la participación y la igualdad.

Específicamente, la tutela de Hernández decía que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una audiencia pública en California y Vetas, dos municipios afectados por el proyecto Soto Norte, que tramita Minesa, pero no en Bucaramanga, que según el alcalde se verá afectado por el proyecto, y según un preliminar concepto técnico de Minesa, no, y por tanto no habría porqué hacer audiencia pública para los bumangueses.

También denunciaba que la ANLA le había negado información sobre el proceso de licenciamiento del proyecto Soto Norte, que tramita Minesa, del fondo árabe Mubadala Investement,  y que busca extraer 450.000 onzas de oro al año cerca al Páramo de Santurbán.

El juez negó la acción judicial porque la ANLA sí ha respondido a las solicitudes de Hernández había hecho frente al proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Soto Norte.

Otra de las razones esgrimidas para decir que no se estaba vulnerando el derecho a la información es que los estudios técnicos quela ANLA adelanta para medir el impacto ambiental del proyecto aún no está listo y por tanto no pueden entregarlo.

Fuente:https://www.elespectador.com/articulo-342

Brasil

Minera financiada con fondos públicos canadienses viola derechos humanos en Brasil

Un informe documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro, en manos de la minera Kinross Gold Corp ,tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía. “Una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil” pero no existen controles canadienses sobre el desempeño de la empresa afirma Karyn Keenan, Directora de Above Ground.

“Esta empresa ha recibido 7 préstamos por un valor de 850 millones de dólares. O sea, una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil. Se supone que este es un beneficio importante y es un privilegio para una empresa. Y por lo tanto, debe haber controles rigurosos y contundentes para una empresa que goza de este privilegio y sin embargo, vemos que ese no es el caso” Karyn Keenan, Directora de Above Ground.

El informe (Swept Aside) presentado este lunes en Ottawa por las organizaciones de Above Ground de Canadá y Justiça Global de Brasil, acusa a la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp de violar los derechos humanos de las poblaciones de Paracatu, una pequeña ciudad situada al es del estado de Minas Gerais, Brasil.

El informe, un esfuerzo conjunto de Above Ground y Justiça Global, documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía.

La investigación hecha por las dos organizaciones no gubernamentales muestra serias violaciones de los derechos humanos vinculadas a la expansión de la mina Morro do Ouro en la última década. Un período durante el cual, Kinross recibió un sustancial y repetido apoyo financiero por parte del gobierno canadiense.

Residente de la Quilombola entrevistada por el equipo de investigación. © © Karyn Keenan, 2011
De acuerdo con otro informe realizado por la Escuela de Derecho Osgoode de la Universidad York de Toronto y hecho público en 2016, 28 compañías mineras canadienses han estado vinculadas en al menos 44 muertes, 403 heridas y 709 casos de “criminalización” en Latinoamérica entre los años 2000 y 2015.

Entonces, el problema no es nuevo y está documentado. Y es por eso que las dos organizaciones no gubernamentales hacen varias recomendaciones tanto al gobierno canadiense como al gobierno brasileño. He aquí algunas de ellas.

Reforzar la legislación que rige las actividades en el extranjero de las sociedades bajo su jurisdicción, incluyendo la obligación de que esas empresas lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de la entrada en vigor de la Convención.

establecer un mecanismo independiente con facultades para investigar las denuncias de derechos humanos en sus actividades en el extranjero;
desarrollar un marco legal que ofrezca recursos legales a las personas que han sido víctimas de tales actos de abuso;
y garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión negociados por Canadá reconozcan la primacía de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos sobre los intereses de los inversionistas.

Las recomendaciones a las autoridades brasileñas incluyen la suspensión inmediata de las actividades de la minera de Kinross en Morro do Ouro hasta que se respeten las normas legales y los derechos constitucionales aplicables.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/brasil/item/38281-minera-financiada-con-fondos-publicos-canadienses-viola-derechos-humanos-en-brasil

Republica Dominicana

Campesinos contaminados llevan 32 días encadenados frente a mina de Barrick Gold

Los campesinos encadenados frente a la entrada de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí, llegaron al día 32 de su lucha en reclamo de la reubicación de las familias afectadas por la presa de cola construida por la Barrick Gold en el distrito municipal Zambrana.

Una delegación de Alianza País encabezada por el diputado Fidelio Despradel los visitó ayer y al encadenarse en solidaridad, el legislador denunció como práctica criminal de la minera y del Gobierno: permitir que decenas de familias sigan en una zona de alto riesgo como la cercanía de la presa y padecer los efectos contra la salud relacionados con los químicos vertidos por la empresa en la estructura.

Demandó una respuesta rápida a los reclamos y responsabilizó a la minera y a las autoridades de la salud y la integridad de los campesinos que protestan.
“Este es un ejemplo del comportamiento que las grandes empresas mineras tienen en países con gobiernos irresponsables”.

Fuente:http://hoy.com.do/campesinos-llevan-32-dias-encadenados/

 

Argentina

Trece intendentes de Chubut corrieron a pedirle minería a Aranguren

 El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, recibió el martes en la Casa Rosada a trece intendentes de Chubut por la crisis que afronta la industria y evaluar el potencial desarrollo de la minería en la provincia. En enero habrá otro encuentro con equipos técnicos para analizar la ‘zonificación’, y trabajarán en un proyecto de modificación de la Ley 5001. Desconocen la voluntad de los chubutenses expresada durante quince años oponiéndose a la implantación de proyecto mineros a gran escala y demandando un modelo productivo con trabajo digno por generaciones, sin contaminación ni saqueo.Fuente: Diario de Madryn.

El madrynense Ricardo Sastre pidió una diferenciación impositiva para la región patagónica y dijo que la provincia requiere de “una diversidad de industrias y actividades productivas”. Por su parte, el comodorense Carlos Linares confirmó que “se analizó lo vinculado a la minería” y reveló el interés del Gobierno Nacional en el desarrollo de esa actividad en Chubut.

Aranguren recibió en la Casa Rosada, junto al Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, a la comitiva de intendentes encabezada por Ricardo Sastre, la que además integraban Adrián Maderna (Trelew), Carlos Linares (Comodoro Rivadavia), Dante Bowen (Dolavon), Rossana Artero (Rawson), Ricardo Britapaja (Sarmiento), Ricardo Sepúlveda (Gan Gan), Omar Ancamil (Lagunita Salada), Omar Burgoa (28 de Julio), Mario Pichiñán (Paso de Indios), Marcelo Aranda (Gastre), Víctor Candia (Paso del Sapo) y Leonardo Bowman (Telsen).

Diferenciación impositiva

Durante su intervención, Sastre pidió entre otras cosas una diferenciación impositiva para la región patagónica, y una diferenciación de tarifas, admitiendo que “necesitamos en nuestra región gestos concretos. Hemos perdido miles de puestos de trabajo en la Provincia, ya sea en el sector del petróleo como en el resto de las industrias”.
El Intendente de Madryn plasmó ante Aranguren que “debemos pensar en una Provincia con diversidad de industrias y actividades productivas” agregando que “se debe pensar en reconvertir la matriz productiva. Y para eso es necesario tener competitividad, buscando beneficios reales para las industrias que agreguen valor y generen mano de obra”.

Industrias en crisis

Linares, de Comodoro, brindó un panorama de lo que se vive en el sur de la Provincia, con la pérdida de más de 4 mil puestos de trabajo, en lo que respecta solo al petróleo, mientras que Maderna, de Trelew, hizo hincapié en los cierres de dos firmas históricas con asiento en dicha ciudad, Pepsi, y Sedamil hace pocas semanas.

Justamente tras el cierre de Sedamil fue el Intendente de Madryn quien convocó a sus pares del Valle a una reunión, y tras gestionar el encuentro con Juan José Aranguren, se sumaron Artero, Britapaja y Linares, además de los Jefes Comunales de la Meseta Central, con la presencia de Gan Gan, Gastre, Telsen, Paso de Indios y Lagunita Salada entre otros.

Sastre apuntó además a las diferencias fiscales patagónicas que se pueden perder con las reformas que trata el Congreso Nacional por estas semanas.

Entre ellas, hay que tener en cuenta con respecto al Impuesto a las Ganancias, que para los empleados que trabajen y jubilados que residan en zona patagónica las deducciones personales se incrementan un 22 por ciento.

En cuanto a las contribuciones patronales a cuenta de IVA, por decreto 814/01 para Chubut entre el 7,60 y el 8,65 del monto abonado en término, se toma como pago a cuenta del IVA.

En el caso de la Asignación Universal por hijos se abona un monto mayor en un 30% para la Patagonia y estas diferencias se justifican por varios motivos como escasa población; Convenios de Trabajo con adicional por zona, que eleva los costos laborales. Distancias entre sus centros poblados; pocas opciones de traslado (solo rutas 3 y 40), sin ferrocarriles, ni cabotaje marítimo; pocos aeropuertos, sin instalaciones adecuadas; Inclemencias climáticas que interrumpen las rutas en invierno; y mayores costos de fletes.

Habrá otro encuentro en enero

Por su parte, el intendente comodorense Carlos Linares, al finalizar el encuentro de trabajo, subrayó que “dejamos en claro la importancia que tiene para la gente de Chubut mantener el diálogo y logramos que escuchen nuestras necesidades”.

Al respecto, Linares aseguró que “fue una reunión positiva, en la que se desarrollaron los temas que los intendentes teníamos en agenda, vinculados principalmente a la energía, la situación de las cooperativas eléctricas, el gas no convencional, la actividad hidrocarburífera, y lo que pasó en estos últimos 24 meses con otras industrias de esta región y la situación de los trabajadores”.

“Nuevamente demostramos al Gobierno Nacional que los intendentes de Chubut apostamos al diálogo y pudimos exponer cada una de las necesidades que hay en la provincia”, aseveró el jefe de la ciudad; y en ese sentido, destacó la confirmación de una nueva reunión con Aranguren para enero de 2018.

Un paso adelante

En detalle, Linares explicó que “lo bueno de esta mesa de debate fue que pudimos abordar varios temas de interés para Chubut. No obstante -continuó- por supuesto que también se desarrolló lo vinculado a la minería, que es de interés para el Gobierno Nacional, pero que necesitamos de fundamentos que respondan cómo se llevaría a cabo la explotación, dónde y la proyección a futuro”.

“Sin lugar a dudas, hoy se abrió una puerta de diálogo que no teníamos con Nación; y por otra parte, es un paso importante poder armar un bloque de intendentes que defiendan los intereses de Chubut”, agregó.

Sin embargo, la charla solo se produjo en términos “generales”, según indicó el mandatario. “En unos 30 días nos volveríamos a reunir para hablar de este tema”, adelantó y puso en valor la iniciativa de los intendentes. “Este fue un paso muy importante, somos intendentes que estamos a favor de la provincia, no se hizo nada en contra del gobierno de la provincia, pero es un paso adelante que sirve, es una unión de ideas para trabajar juntos esperamos que esto no quede en esto y que se consolide”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38284-trece-intendentes-de-chubut-corrieron-a-pedirle-mineria-a-aranguren.

El Salvador

Minería en El Salvador: rechazo y victoria sobre el extractivismo

En el mundo, la mineríaes una de las actividades productivas primarias más importantes a nivel económico ya que contribuye con 11.5 por ciento del Prodcuto Interno Bruto (PIB) a nivel global, en contraste con todo el sector agrícola del planeta que aporta menos de cuatro por ciento.

Varios países subdesarrollados dependen en gran medida de la explotación de los recursos minerales para su crecimiento económico. En parte, se debe al valor monetario de exportación de los productos —sobre todo minerales metálicos—, los cuales han elevado sus precios desde la última década del siglo XX hasta la actualidad (Azamar, 2017).

Debido a la tendencia creciente en el valor de estos bienes, la inversión en la minería ha tenido un importante repunte para la región latinoamericana, concentrándose 27 por ciento de la misma en los grandes países productores de minerales como: México, Chile, Perú y Brasil.

Sin embargo, existen pequeños mercados que pueden generar amplios márgenes de beneficios económicos para las empresas que buscan aprovecharse de la tendencia de crecimiento en el precio de los metales. Uno de estos es El Salvador, un país en Centroamérica cuya extensión territorial es la más baja de la región con menos de dos millones de hectáreas, y que nunca ha representado gran relevancia en el escenario minero de Latinoamérica, pero que cuenta con varios depósitos de oro que no han sido explotados a profundidad.

A pesar de lo anterior, es importante destacar que en El Salvador sí hubo exploración y explotación de recursos minerales durante buena parte del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, lo que deterioró notablemente su ecosistema, disminuyendo la cantidad de agua y otros bienes naturales para consumo humano, demostrando con ello que no es viable la extracción de recursos minerales.

De acuerdo con Flaviano Bianchini (2007) existe una gran cantidad de lugares en la zona nororiental en El Salvador que están contaminados por las actividades extractivas que se ejercieron en el pasado, las cuales generaron varias enfermedades como: cáncer, silicosis, etc., entre la población que vive en esos lugares.

No importando estos problemas, en el año 1996 se aprobó una nueva Ley Minera (ADES, 2013) apoyada por la iniciativa privada y los partidos de derecha, la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales; asimismo, se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados obviando el deber constitucional del Estado de garantizar el mejor uso de los recursos naturales con una perspectiva de interés social.

Las posteriores reformas a esta Ley Minera que se presentaron en 1998 y en 2001 dieron paso a la reducción en la cantidad de impuestos que las empresas mineras debían pagar al Estado por concepto de aprovechamiento, por lo que estos disminuyeron en 50 por ciento y en algunos casos hasta en75 por ciento, ya que la intención de la nueva legislación era atraer capitales extranjeros, los cuales se supondría que ayudarían a reducir el nivel de pobreza en el que viven los habitantes de ese país. Sin embargo, este tipo de actividades generan principalmente economías de enclave con altos niveles de marginación social que terminan pauperizando a la mayor parte de la población.

La cuestión de fondo es que se impulsó una agenda de explotación ambiental en un país que carece de condiciones para sostener el extractivismo en cualquiera de sus formas. Esto se hizo so pretexto de mejorar las condiciones económicas y sociales, a pesar de que existe evidencia de que la minería no ha contribuido a mejorar ninguno de estos aspectos para El Salvador (ADES, 2013; Bianchini, 2007; Larios, 2008; Moran 2005).

La intención del gobierno salvadoreño por fomentar la minería en la nación logró que se promoviera una gran participación social, destacandola de diferentes grupos, como: Comisión Nacional de Desarrollo (CND), la Conferencia Episcopal (CEDES), varias Organizaciones No Gubernamentales, movimientos ciudadanos y universidades públicas. Estos grupos realizaron valoraciones ambientales, sociales y económicas para rechazar la minería en el país, logrando eco internacional gracias a varios investigadores extranjeros que dieron su apoyo a la comunidad.

La presión conjunta de estos grupos se enfrentó a los intereses del gobierno y de la industria mediante manifestaciones, pláticas públicas e información y se logró impugnar una decisión que impacta en una de las industrias más importantes en el mundo: la minera. Finalmente, el 29 de marzo de 2017 fue aprobada la Ley de prohibición para la extracción de minería metálica por medio de la cual se detuvieron los proyectos que se encontraban en las diferentes fases de operación en El Salvador, lo que ha provocado que se inconformen las grandes compañías mineras, principalmente las canadienses.

La aportación de este pequeño país centroamericano al mundo es muy grande, es una lección de una sociedad con graves dificultades políticas, sociales y económicas que pudo organizarse para pelear por sus derechos fundamentales y enfrentar a un gigante económico como lo es la industria minera global.

Lo que El Salvador ha logrado es fundamental en estos momentos políticos tan complejos que se están viviendo en Latinoamérica, por lo que vale la pena recuperar este ejemplo de valentía, paciencia y fuerza colectiva ante los embates del extractivismo neoliberal que existen en la región.

Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056658.html

Chile

Corte Suprema desestimó acusaciones de daño ambiental contra proyecto minero Pascua Lama

El vertimiento de aguas no tratadas al río, junto al volcamiento de camiones e incluso una alarma nuclear, fueron las situaciones descartadas por la Corte Suprema, validando en un fallo dividido la resolución de la Corte de Apelaciones, ante las denuncias de comunidades de la zona contra el proyecto minero Pascua Lama.

Esto luego de un colapso de parte de las instalaciones ante avalanchas entre mayo y junio del año 2016 consideradas “eventos meteorológicos extremos” que, sin embargo, no habrían variado los niveles del agua, según el fallo del máximo tribunal del país.

Desde Barrick, aseguraron que no hubo evidencias de las acusaciones y que se generó una alarma pública sin fundamentos, ya que contaron con mediciones avaladas por instituciones estatales.

Ana Timm, doctora en Derechos Humanos y abogada de la Asamblea Huasco Alto, aseguró que quien tiene que dirimir esta situación es el Tribunal Ambiental -donde presentaron alegatos hace un año- y que si esto no ocurre no descartan acudir a instancias internacionales si el fallo es adverso.

Actualmente el proyecto Pascua Lama en la región de Atacama, se encuentra paralizado temporalmente, sólo operando las plantas de tratamientos de agua.

Un proyecto que la empresa busca repotenciar, considerando errores cometidos en el pasado, e incluso indicando que están analizando una mina subterránea para disminuir externalidades negativas al medio.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2017/12/13/corte-suprema-desestimo-acusaciones-de-dano-ambiental-contra-proyecto-minero-pascua-lama.shtml

Colombia

Congresistas de Santander rechazaron minería en Soto Norte

Este miércoles se cumplió una nueva reunión de la comisión accidental de la Cámara de Representantes que le hace seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental solicitado por Minesa para explotar oro cerca al páramo de Santurbán.

En la reunión, el Gobierno Nacional insistió en que el proyecto de explotación propuesto por Minesa se desarrollará por fuera de los límites del páramo, argumento que fue controvertido por los congresistas santandereanos que conforman la comisión.

“Es indudable que la explotación que se pretende hacer está hoy por debajo de la línea pero tiene que perforar por debajo, entonces así se intervenga por fuera de la línea se afecta el interior del páramo afectando el medioambiente”, señaló el representante liberal Miguel Ángel Pinto.

Así mismo, los congresistas santandereanos corroboraron que por ahora continúa suspendido cualquier tipo de trámite de licenciamiento ambiental para desarrollar actividades mineras dentro o cerca a Santurbán.

“Por ahora lo que tenemos claro es que no va a avanzar ningún tipo de licenciamiento para la explotación del páramo hasta tanto no quede definido cuál debe ser la nueva línea que se va a trazar con el páramo y hasta no efectuar los procesos de concertación con la comunidad para poder definir las líneas divisorias de Santurbán”, agregó el Representante santandereano.

3.000 firmas

Días atrás, la administración municipal registró ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, más de 3.000 formularios firmados por ciudadanos que solicitaban ser incluidos como terceros intervinientes, dentro del proceso de licenciamiento solicitado por Minesa.

Con esta acción, los solicitantes recibirán información detallada de la forma como se desarrolla el proceso de posible licenciamiento en Soto Norte.

Fuente:http://www.vanguardia.com/politica/418631-congresistas-en-contra-de-mineria-en-soto-norte

Internacional

Qué oculta el viaje de Trump a la Luna: privatizaciones, minería y poder militar

El presidente de EEUU quiere asegurarse la primacía de la explotación de los recursos económicos que la industria aerospacial va a permitir.

Un comentario del presidente de EEUU, Donald Trump, al firmar la Directiva de Política Espacial que ordena al director de la NASA a liderar un programa de exploración espacial innovador para enviar astronautas estadounidenses de nuevo a la Luna y, a largo plazo, a Marte, llama particularmente la atención. «Esto es muy excitante, y muy importante para nuestro país, y también significa puestos de trabajo. ¡Trabajos! Y nos encantan los puestos de trabajo, ¿verdad?».

Podría pensarse que se refiere a un plan de contratación para empleados de la NASA y sus empresas subsidiarias. Sin embargo, la directiva no contiene especificaciones en cuanto a presupuestos o plazos para la Agencia Espacial. Lo que Trump tiene en mente es usarla como trampolín para que empresas privadas estadounidenses emprendan la conquista de las oportunidades comerciales que ofrece nuestro satélite y su órbita, de la minería al turismo espacial.

La medida también tiene una medida militar y estratégica, según confiesa él mismo. «El espacio tiene que ver con muchas otras aplicaciones, incluida una aplicación militar. Así que somos los líderes, y vamos a seguir siendo los líderes, y vamos a incrementarlo significativamente». El arrebato de retórica trumpista es un reto para las agencias espaciales de países competidores, pero también de potencias emergentes expansionistas como China y la India.

El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe específicamente la «explotación unilateral y privada de los recursos económicos», pero eso no ha impedido que varias empresas se lancen al desarrollo de tecnología para la minería espacial. Y si Donald Trump ya desdeña los tratados internacionales que afectan a la Tierra, es demasiado optimista confiar en que respeta al espacio gris legislativo del espacio.

De hecho, conocer los planes de la NASA para fomentar la explotación económica espacial fue una de las prioridades del equipo de Trump cuando accedió a la Casa Blanca, según reveló una filtración el pasado abril. «Provean datos y ejemplos de cómo la NASA desarrolla tecnología en colaboración con la industria privada, por ejemplo tipos de contratos o acuerdos y atribuciones de propiedad intelectual. El interés está en conocer cómo se difuminan los proyectos subvencionados por el Gobierno o no» – era la solicitud remitida a la administración Obama saliente.

La respuesta por parte de la Agencia incidía en los planes de privatización a cambio de poder seguir investigando: «La NASA contempla un futuro en el que la órbita cercana de la Tierra sea principalmente el dominio de la actividad comercial mientras la NASA lidera a sus socios internacionales y comerciales en la exploración del espacio profundo». Adjuntaban un Powerpoint describiendo los planes para la minería en la Luna, describiendo como paso previo la necesidad de enviar una misión de prospección, ya que los depósitos son difíciles de localizar desde la Tierra.

¿Dónde está el negocio en la Luna?

Hay cientos de miles de millones de dólares flotando sobre nuestras cabezas, en forma de recursos raros. Los asteroides contienen metales del grupo del platino extremadamente valiosos que hacen que los cazadores de meteoritos se peleen por los que caen a tierra. La revista Forbes revelaba el pasado enero que el Gobierno de Luxemburgo está invirtiendo intensamente en desarrollar la minería de asteroides.

Empresas como Space X de Elon Musk y Virgin también compiten por este mercado emergente. En cuanto a la Luna, ha vuelto a considerarse un objetivo idóneo por los indicios de agua y metano, que facilitarían tanto la implantación de una base como la creación de combustibles. El recurso más preciado aquí sería el Helio-3, inexistente en la Tierra pero una potencial fuente de energía nuclear segura, ya que no es radioactivo.

Las posibilidades de crear un asentamiento permanente tanto en la Luna como en Marte están sobre las mesas de diseño tanto de las agencias espaciales como de iniciativas privadas. No se trata solo de minería, exploración y defensa: hay emprendedores tratando de financiar hoteles lunares. La colonización espacial ha sido comparada a cómo brotaron las megaciudades del Golfo Pérsico favorecidas por los recursos económicos pese a las condiciones extremas. No es casualidad por tanto que Dubái planee un emirato en el planeta rojo.

Fuente:https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20171212/268973451_0.html

Ecuador

En Ecuador los indígenas se hacen sentir contra la minería

Los indígenas le solicitaron al Gobierno el fin de las actividades mineras en su territorio y la amnistía para algunos de sus dirigentes investigados en Ecuador.

Unos 3.000 indígenas ecuatorianos llegaron el lunes a Quito después de 17 días de una marcha que inició en el suroriente de la provincia de Pastaza, en protesta por las actividades mineras en su territorio y los juicios que enfrentan algunos de sus líderes por sus actuaciones en las manifestaciones.

Los indígenas llegaron hasta la plaza de la Independencia, al frente del Palacio de Carondelet, donde le exigieron al presidente, Lenín Moreno, un pronunciamiento sobre sus peticiones que también incluyen el diseño de proyectos a favor de la educación diferencial para sus comunidades.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) comunicó que los manifestantes fueron recibidos por Moreno, quien se comprometió con restringir las concesiones mineras en los territorios habitados por los pueblos originarios.

“La lucha social siempre trae grandes logros. Hoy, el cese a las concesiones mineras es un hecho”, informó Conaie.

La organización indígena también aseguró que el Gobierno se comprometió con la restitución de la educación intercultural bilingüe y se presentaron peticiones al Gobierno para que se resuelvan conflictos territoriales, la situación de los líderes enjuiciados y mejoras en el transporte comunitario.

Lenín Moreno se refirió al encuentro en su cuenta en Twitter y mostró el apoyo de algunos de los indígenas a la consulta popular del próximo 4 de febrero, donde uno de los puntos pregunta sobre la restricción de actividades mineras en áreas protegidas.

“Qué grato es empezar cada semana recibiendo el inmenso cariño de los ecuatorianos. Hoy en el Relevo de Guardia nos acompañaron asociaciones de artesanos, campesinos e indígenas”, afirmó Moreno.

Los indígenas provienen de las poblaciones ecuatorianas de Mera, Río Verde, Baños, Salasaca, Izamba y Salcedo.

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/en-ecuador-los-indigenas-se-hacen-sentir-contra-la-mineria/20171212/nota/3663029.aspx