En el mundo, la mineríaes una de las actividades productivas primarias más importantes a nivel económico ya que contribuye con 11.5 por ciento del Prodcuto Interno Bruto (PIB) a nivel global, en contraste con todo el sector agrícola del planeta que aporta menos de cuatro por ciento.
Varios países subdesarrollados dependen en gran medida de la explotación de los recursos minerales para su crecimiento económico. En parte, se debe al valor monetario de exportación de los productos —sobre todo minerales metálicos—, los cuales han elevado sus precios desde la última década del siglo XX hasta la actualidad (Azamar, 2017).
Debido a la tendencia creciente en el valor de estos bienes, la inversión en la minería ha tenido un importante repunte para la región latinoamericana, concentrándose 27 por ciento de la misma en los grandes países productores de minerales como: México, Chile, Perú y Brasil.
Sin embargo, existen pequeños mercados que pueden generar amplios márgenes de beneficios económicos para las empresas que buscan aprovecharse de la tendencia de crecimiento en el precio de los metales. Uno de estos es El Salvador, un país en Centroamérica cuya extensión territorial es la más baja de la región con menos de dos millones de hectáreas, y que nunca ha representado gran relevancia en el escenario minero de Latinoamérica, pero que cuenta con varios depósitos de oro que no han sido explotados a profundidad.
A pesar de lo anterior, es importante destacar que en El Salvador sí hubo exploración y explotación de recursos minerales durante buena parte del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, lo que deterioró notablemente su ecosistema, disminuyendo la cantidad de agua y otros bienes naturales para consumo humano, demostrando con ello que no es viable la extracción de recursos minerales.
De acuerdo con Flaviano Bianchini (2007) existe una gran cantidad de lugares en la zona nororiental en El Salvador que están contaminados por las actividades extractivas que se ejercieron en el pasado, las cuales generaron varias enfermedades como: cáncer, silicosis, etc., entre la población que vive en esos lugares.
No importando estos problemas, en el año 1996 se aprobó una nueva Ley Minera (ADES, 2013) apoyada por la iniciativa privada y los partidos de derecha, la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales; asimismo, se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados obviando el deber constitucional del Estado de garantizar el mejor uso de los recursos naturales con una perspectiva de interés social.
Las posteriores reformas a esta Ley Minera que se presentaron en 1998 y en 2001 dieron paso a la reducción en la cantidad de impuestos que las empresas mineras debían pagar al Estado por concepto de aprovechamiento, por lo que estos disminuyeron en 50 por ciento y en algunos casos hasta en75 por ciento, ya que la intención de la nueva legislación era atraer capitales extranjeros, los cuales se supondría que ayudarían a reducir el nivel de pobreza en el que viven los habitantes de ese país. Sin embargo, este tipo de actividades generan principalmente economías de enclave con altos niveles de marginación social que terminan pauperizando a la mayor parte de la población.
La cuestión de fondo es que se impulsó una agenda de explotación ambiental en un país que carece de condiciones para sostener el extractivismo en cualquiera de sus formas. Esto se hizo so pretexto de mejorar las condiciones económicas y sociales, a pesar de que existe evidencia de que la minería no ha contribuido a mejorar ninguno de estos aspectos para El Salvador (ADES, 2013; Bianchini, 2007; Larios, 2008; Moran 2005).
La intención del gobierno salvadoreño por fomentar la minería en la nación logró que se promoviera una gran participación social, destacandola de diferentes grupos, como: Comisión Nacional de Desarrollo (CND), la Conferencia Episcopal (CEDES), varias Organizaciones No Gubernamentales, movimientos ciudadanos y universidades públicas. Estos grupos realizaron valoraciones ambientales, sociales y económicas para rechazar la minería en el país, logrando eco internacional gracias a varios investigadores extranjeros que dieron su apoyo a la comunidad.
La presión conjunta de estos grupos se enfrentó a los intereses del gobierno y de la industria mediante manifestaciones, pláticas públicas e información y se logró impugnar una decisión que impacta en una de las industrias más importantes en el mundo: la minera. Finalmente, el 29 de marzo de 2017 fue aprobada la Ley de prohibición para la extracción de minería metálica por medio de la cual se detuvieron los proyectos que se encontraban en las diferentes fases de operación en El Salvador, lo que ha provocado que se inconformen las grandes compañías mineras, principalmente las canadienses.
La aportación de este pequeño país centroamericano al mundo es muy grande, es una lección de una sociedad con graves dificultades políticas, sociales y económicas que pudo organizarse para pelear por sus derechos fundamentales y enfrentar a un gigante económico como lo es la industria minera global.
Lo que El Salvador ha logrado es fundamental en estos momentos políticos tan complejos que se están viviendo en Latinoamérica, por lo que vale la pena recuperar este ejemplo de valentía, paciencia y fuerza colectiva ante los embates del extractivismo neoliberal que existen en la región.
Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056658.html