Tehuacán. Con la participación de más de 200 personas de diferentes poblaciones de la Sierra Negra y el valle se llevó a cabo un foro contra los megaproyectos y la minería en Tehuacán, donde los ponentes y los asistentes coincidieron en la necesidad de impedir que sigan avanzando los proyectos de muerte.
Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), manifestó que es importante que la gente se informe sobre los peligros que representan los proyectos de ese tipo como es el caso de la hidroeléctrica que se pretende construir en la zona de la Sierra Negra.
Esparza destacó que existe otro también la intención de establecer un proyecto minero en las afueras de Tehuacán, mismo que de llevarse a cabo tendrá un impacto gravísimo en el medio ambiente, por lo cual consideró de gran importancia que la gente cuente con información al respecto y se organice para impedir que se lleve a cabo.
Cuando llegan esos proyectos, dijo, se trastoca no solo el ecosistema, sino también la tranquilidad social; en ese sentido recordó que en las poblaciones de la Sierra Negra, en donde la Minera Autlán pretende construir su hidroeléctrica, hay una serie de conflictos no solo entre autoridades y población, sino también entre familias y vecinos, con lo cual la paz se pone en riesgo.
Al foro acudieron ponentes provenientes de Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y de las comunidades de la Sierra Negra, así como organizaciones indígenas y campesinas de distintas entidades, quienes advirtieron de los problemas que son para las comunidades los proyectos mineros y los hidroeléctricos.
Entre los ponentes estuvo Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos contra el proyecto del gasoducto Puebla–Morelos–Tlaxcala, quien explicó la forma en que operan las empresas a fin de conseguir que sus obras se lleven a cabo, detallando que se valen de diferentes debilidades de las poblaciones, como son la pobreza y las distancias entre ellas, así como de personas que ostentan el poder, entre quienes reparten sumas económicas importantes para tenerlas como aliados.
Hizo un recuento de la manera en que el gasoducto se impuso en esa región, resaltando que incluso se llegó hasta el encarcelamiento de los líderes de las comunidades opositoras, quienes finalmente salieron libres porque demostraron que no habían cometido ningún tipo de delito.
Por su experiencia, sugirió que en el caso de los proyectos que apenas empiezan la oposición sea muy específica para no permitir que trabajen las máquinas, que no hagan una sola labor, porque si se les deja avanzar es difícil después detenerlas, por lo que llamó a que los habitantes se organicen desde ya para no dar paso al avance de las empresas.
Resaltó que en el caso del gasoducto hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó con gran tibieza, pues en lugar de declarar que se violaron los derechos de los opositores y pedir que se suspenda el proyecto lo único que pidió fue que se lleve a cabo pero con más seguridad para los habitantes, pese a lo cual los habitantes siguen en lucha.
Por lo anterior se llegó al acuerdo de trabajar de manera unida entre las comunidades a fin de evitar que se lleven a efecto los proyectos que las mineras tienen consideradas en toda esta región, ya que saben bien que no solo se trata de la hidroeléctrica de la Sierra Negra, sino que existen otros más que se deben detener antes de que sea demasiado tarde, porque en esos casos van en busca de explotar el agua y despojar de las comunidades de esa y otra riquezas naturales.
Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/12/acuerdan-foro-luchar-unidos-impedir-se-lleven-cabo-proyectos-muerte/
En el Día Internacional de la Mujer, conoce la historia de tres mujeres dirigentas sociales que están luchando por el agua y la salud. Se trata de Rosa Amaro, de La Oroya, Melchora Surco de Espinar- Cusco y Gladys Mandujano de Pasco. Ellas viven en comunidades lastimadas por la contaminación y la minería, sin embargo, no se cansan de exigir calidad de vida, pese a las persecuciones, atropellos y amenazas.
En un año, las concesiones para explotación minera en Puebla crecieron en 31 por ciento, pues a finales de 2016 había 236 y en 2017 llegaron a 310, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía (SE).
La Plataforma ‘No a la mina en la Sierra de Yemas’ ha entregado 22.685 firmas en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en contra de la realización de prospecciones mineras en esa zona para la eventual explotación de feldespato. La entrega se ha producido porque se cumple justo un año desde que se publicó el proyecto de investigación denominado ‘Riofrío 1146’, que afecta a los términos municipales de Riofrío, Mironcillo, Sotalbo, Gemuño, Cabañas y la Aldea del Rey NIño.
A más de un año del fallo histórico, que condenó a minera vinculada al Grupo Errázuriz a cumplir 11 medidas reparatorias tras colapso de relave luego del terremoto de 2010, ninguna de éstas se ha cumplido. Cabe destacar que este colapso mató a una familia completa y contaminó gran cantidad de hectáreas alrededor de la zona afectada por el derrame.
El Ministerio de Energía de la Nación promocionó cuatro yacimientos chubutenses en Canadá. Uno de ellos es el yacimiento Suyai, que se encuentra en cercanías de Esquel y cuya licitación fue cancelada por un pedido popular hace más de 15 años. También promocionó los proyectos Navidad, Cerro Solo y Laguna Sala.
El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, saluda y se suma a las conmemoraciones y movilizaciones a nivel mundial del Día Internacional de la Mujer, destacando la lucha diaria de todas aquellas defensoras que resisten y trabajan arduamente por detener la vorágine extractivista , colocando en riesgo sus vidas y las de sus familias y comunidades, por proteger nuestros territorios de la depredación capitalista y neoliberal que se ha instalado en América Latina.
Alerta. Un mapa construido por Ojo-Publico.com muestra que el Gobierno otorgó –a 31 empresas mineras– licencias para usar agua de ríos, quebradas y acuíferos en 12 territorios declarados de alto riesgo por 
Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.