Minería no ha mejorado la situación de Cajamarca

Nuestro entrevistado resalta el hecho que la región “ya tiene experiencia” en cuanto al rubro minero. “No solo tenemos a la minera Yanacocha, tenemos a la minera La Zanja, a Tantahuatay, y ahora también en el valle de Cajabamba”, refirió.

Recordó que antes de que ingresen las empresas mineras en la región, Cajamarca se ubicaba en el cuarto puesto en nivel de pobreza a escala nacional. “Y ahora que tenemos varias empresas mineras en la región, estamos primeros en la pobreza. En ese sentido, a nosotros los cajamarquinos casi no nos ha beneficiado las empresas mineras”, sentenció.

Sobre el caso del proyecto Michiquillay, ratificó su escepticismo en que la futura explotación y recursos que genere alivien o mejoren la situación actual. En ese sentido, comentó que las empresas mineras “siempre ingresan a nuestro territorio y no se ve el desarrollo”. Refirió que una vez que se instalan, estas buscan todo tipo de mecanismos para no cumplir con sus obligaciones para con los pueblos.

“Cuando se tengan que licitar productos mineros no solo se debe consultar a la población que vive en los lugares donde se van a dar los proyectos, sino también se debe consultar a la población que vive a orillas de los ríos”, que serán afectados, más aún si se trata de cabeceras de cuenca, consideró.

Conga es un caso cerrado

“Para nosotros Conga es un tema cerrado.  Conga no va por que, uno, se ha respetado la libre determinación de los pueblos originarios que habitan en esa zona. Dos, Conga está ubicado en la cabecera hídrica más importante de la región Cajamarca. Y al sacar adelante este proyecto, prácticamente, se estaría atentando contra la vida e integridad física, cultural y espiritual de los pueblos originarios de Cajamarca”, enfatizó Ramos.

Destacó que “Conga representa una amenaza porque se trata de una zona agrícola y ganadera que se convertiría en un distrito minero. Un reservorio artificial jamás reemplazará a una laguna natural. Conga no tendrá la licencia social. Si detectamos que hay maquinaria, Fuente Ovejuna, todos a una”.

Aseguró que el proyecto produciría unas 92 mil toneladas de desechos tóxicos. “¿Quién de los limeños o las personas que impulsan este proyecto está dispuesto a recibir esa contaminación en su jardín o en su casa?”, preguntó. El proyecto comprende 700 hectáreas de relaves mineros, representa en tamaño a media ciudad de Cajamarca, y con un altura de 100 a 130 metros, según el EIA, aseguró.

La ganadería, la agricultura y la minería no pueden convivir

Citó que en la localidad en la que reside (El Tambo, en la provincia de Halgayoc), pronto se realizará una audiencia pública con candidatos municipales y regidores. Además, se invitará a candidatos a gobierno regional. A ellos se les invitará a firmar un acta en defensa de las cabeceras hídricas que alimentan a las partes bajas.

En la zona, “nosotros nunca hemos necesitado a la minería. La ganadería y la agricultura con la minería no pueden convivir. Puesto que la minería utiliza el agua como la ganadería y agricultura también.  Nosotros hemos heredado la cultura de nuestros ancestros que fueron netamente agrícolas y ganaderos. Seguimos defendiendo nuestros territorios heredados de nuestros antepasados”, acotó.

“Para nosotros, tanto la minería informal como la formal, ambas contaminan”, destacó Ramos. Citó oportunidades en que la misma población, por ejemplo en Celendín, se organiza para darle un plazo de retiro a intentos de personas que quieren desarrollar la minería informal.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251638/aseguran-que-mineria-no-impulso-desarrollo-en-cajamarca/

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas para sostener una primera reunión con las autoridades y organizaciones sociales de esta zona, donde se desarrolla el megaproyecto minero Las Bambas. Luego de meses de búsqueda de diálogo por parte de la población, teniendo como única respuesta por parte del Gobierno el estado de emergencia prolongado y preventivo, este es el primer paso concreto para un acercamiento.

Según informó al Observatorio de Conflictos Mineros el secretario general del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma, el ánimo del viceministro Molina ha sido positivo y abierto al diálogo.

En la reunión, en la que participaron alcaldes, dirigentes sociales de diversos distritos de la provincia de Cotabambas, del Frente de Defensa, de organizaciones de mujeres y de otras instituciones de la sociedad civil, se conversó sobre la necesidad de un Plan de Desarrollo que promueva la sostenibilidad de la provincia, más allá de la actividad minera. “Le hemos dicho que no queremos siembra de cemento, queremos proyectos productivos porque somos una provincia eminentemente agropecuaria”, explicó Limaypuma.

Además, se habló del tema ambiental y de los impactos que viene percibiendo la población.

Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que viene restringiendo los derechos ciudadanos de unas 50 mil personas en el Corredor Minero, Molina se mostró abierto a plantear el tema ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En los próximos días, los dirigentes apurimeños realizarán una visita de trabajo a Lima para reunirse con diversas autoridades y preparar este camino de diálogo en torno al desarrollo de esta provincia.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/08/podria-retomarse-el-dialogo-en-las-bambas/

Este 12 de junio se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de la causa por la apelación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), contra la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado su derecho a la consulta previa cuando el MEM autorizó las actividades de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

Albercio Bazán Jempekit, presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y representante de la comunidad awajún de Supayaku, realizó el informe de hecho, explicando que la afectación más importante fue la muerte de peces durante la fase de exploración minera que Águila Dorada realizaba en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Esto les obligó a dejar de pescar, comer pescado y realizar actividades en el río, impactando seriamente en su alimentación, poniendo en riesgo su salud y generando un clima de miedo y tensión generalizado. Bazán invocó a respetar a los pueblos originarios por ser parte del Perú, como también lo señaló en un medio radial.

El procurador del MEM, parte demandada, aludió a tres cuestiones para defender la apelación. La primera fue que una demanda de amparo no es el mecanismo idóneo para que esta comunidad defienda sus derechos supuestamente afectados. La segunda, que las operaciones mineras se realizan en territorios de la comunidad de Naranjos y que Supayaku no es parte de la zona de influencia, por lo que cuestionó la sentencia favorable fundamentada en que Supayaku es comunidad colindante. En tercer lugar, cuestionó la competencia de los órganos judiciales de Lima, señalando que los competentes son los de Cajamarca.

David Velazco, director de FEDEPAZ y abogado defensor de Supayaku, contestó los cuestionamientos del procurador del MEM durante su informe técnico. Primero, que para prever la inminente afectación de un derecho no hay otra vía idónea que la demanda de amparo, por lo que correspondía recurrir a ella. Segundo, si bien la concesión y actividad del proyecto minero Yagku Entsa se sitúa en Naranjos, ambas comunidades utilizan recursos del mismo bosque y río; por lo tanto, la salvaguarda de aspectos ambientales, culturales y espirituales del pueblo awajún de Cajamarca incluyen a ambas comunidades, únicas en la región. Finalmente, señaló que el acto lesivo cometido por el MEM, al emitir autorización para este proyecto minero de manera inconsulta, se concretó en Lima; de ahí que la competencia sea de los tribunales de Lima.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) confiamos que la sentencia emitida en primera instancia, favorable a que se respete el derecho a la consulta previa de la comunidad awajún de Supayaku, sea ratificada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se trata de un caso emblemático por ser la primera sentencia que declara fundada una demanda de amparo por violación al derecho a la consulta previa en actividades de minería metálica, un precedente importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Perú, especialmente en lo que concierne a la consulta previa, derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT.

15 de junio de 2018

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/15/supayaku-en-alerta-por-consulta-previa-sobre-mineria/

Cumplido ya el plazo de 60 días de prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa, esta medida no ha vuelto a ser ampliada. Esta semana venció la prórroga al estado de emergencia, dictada el 11 de abril pasado mediante Decreto Supremo Nº 037-2018-PCM. Hasta el momento, si bien el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente al respecto, no ha habido una nueva renovación y por lo tanto la zona ya no se encuentra bajo estado de excepción.

Como informamos días atrás, la semana pasada el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas y se reunió con dirigentes, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que en algunas zonas ya estaba a punto de cumplir un año de vigencia, Molina ofreció interceder ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La no renovación de esta medida, que venía restringiendo derechos ciudadanos al libre tránsito y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad y seguridad personales de unas 50 mil personas en tres regiones del país, abre una posibilidad para que se retome el diálogo, tal como solicitan las organizaciones sociales.

El estado de emergencia se decretó en agosto del año pasado en diversos distritos de Apurímac y Cusco, tras las protestas de la población por los impactos de la carretera por la que transitan cientos de vehículos mineros diariamente, generando incesantemente vibraciones y polvareda que perjudican las viviendas, los sembríos y la salud humana. La medida fue ampliada una y otra vez, y a inicios de este año se amplió a lo largo de todo el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, donde se ubican grandes proyectos mineros como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otros.

Hacemos votos para que la decisión de no volver a prorrogar el estado de emergencia permita retomar el diálogo, suspendido unilateralmente por el Estado, y resolver las demandas legítimas de la ciudadanía en el marco del respeto a la democracia y el estado de derecho.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/13/no-se-prorrogo-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero/