“En Chile hay 5.748 glaciares que cubren más de 22 mil km2. En la zona central, adelgazan dos metros por año y el volumen de hielo es 30% menor que las primeras estimaciones”, explica Gonzalo Barcaza, exjefe de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA).
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hoy los glaciares están desprotegidos debido al retiro del apoyo del gobierno al proyecto de ley que buscaba su conservación.
“Es preocupante que se retire una moción parlamentaria que obtuvo patrocinio del gobierno anterior y que responde a una inquietud de la sociedad chilena. Es una mala señal”, dice.
Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos afirma que la protección de los glaciares sí es una prioridad para el gobierno. “La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no solo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas”, explica.
La ministra agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada es a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy en discusión en el Senado. “El gobierno no apoya esa moción parlamentaria, pero sí respalda la protección jurídica de los glaciares. Además, se iniciará el trabajo hacia una ley marco de cambio climático que por supuesto incorporará el resguardo y el cuidado de los glaciares”.
Pero Larraín critica esa visión: “De lo que se va a preocupar ese proyecto es de las reservas marinas y parques nacionales. Hoy no ha entrado ninguna indicación que establezca que dentro de las áreas protegidas se van a resguardar los glaciares. Hay algunos en parques nacionales, pero en las zonas más críticas, entre Coquimbo y el Maule, están fuera de áreas protegidas, con la excepción del glaciar El Morado, en el Cajón del Maipo”.
Otro de los factores que contribuyen al conflicto sobre protección de glaciares es el cierre de la Unidad de Glaciología y Nieves creada en 2008 con el propósito de tener información y equipos técnicos para monitorear el estado de los glaciares.
Barcaza, quien hasta marzo de 2018 era jefe de la UGN, dice que la medida es un retroceso en materia técnica y de información sobre glaciares. “Hay cupos que no se repusieron, cupos técnicos, y si no se mantiene la red de monitoreo de glaciares -en la cual se invirtieron ocho mil millones de pesos- va a tener poca vida útil. Ya se perdió una estación por falta de mantención. Se van perdiendo equipos de registro continuo, estaciones fijas que funcionan solas y que hay que mantenerlas, lo que no se ha hecho”.
Juan José Rocco, asesor de la DGA, aclara que no es un cierre, sino una transformación. Explica que la DGA está dando los pasos para que en el corto plazo Glaciología y Nieves se transforme en una división, es decir, en una estructura permanente del Ministerio de Obras Públicas, “porque existe absoluta claridad de la necesidad de proteger y crear conciencia de la importancia de nuestros glaciares”, dice.
Glaciares y minería
El proyecto de ley que protege los glaciares fue retirado, según Larraín, por la “férrea oposición” de las mineras. “Joaquín Villarino (presidente del Consejo Minero) en una carta al director (publicada por La Tercera el jueves) dice que proteger los glaciares dificulta la expansión minera y que el país no se puede dar el lujo de proteger los glaciares. Es muy claro que el mandante de la ministra es el Consejo Minero, si no, la ley podría haberse aprobado perfectamente”, afirma.
Pero Villarino dice que si bien el deber del Consejo Minero es contribuir a la elaboración de políticas públicas, este “no ejerce presiones sobre las autoridades ni boicotea proyectos de ley”.
Agrega que la minería es compatible con la protección de glaciares. “Si un proyecto minero o de cualquier naturaleza es susceptible de afectar un activo ambiental, como un glaciar por ejemplo, se debe evaluar antes su impacto y se exigen las medidas de mitigación y/o compensación pertinentes”. Villarino añade que “las empresas mineras no son las causantes de la acentuada disminución de la superficie glaciar como han querido hacer creer algunos. El culpable es el cambio climático”.
Sin embargo, Larraín explica que la minería es responsable directa de la destrucción de los glaciares y menciona los impactos negativos que tiene: “La minería los perfora, hace plataformas de exploración y caminos encima de ellos. En la etapa de explotación de la mina, los glaciares se dinamitan, se contaminan con derrames de aceite, petróleo y, además, el polvo en suspensión los cubre, lo que los oscurece y con eso aumenta la tasa de derretimiento”.
Respecto de la escasez de agua, Villarino dice que si hay un impacto que afecte la disponibilidad hídrica de una cuenca, el proyecto debe hacerse cargo adecuando su emplazamiento, diseño o tecnologías. Si lo anterior es insuficiente, se deberán adoptar medidas de compensación.
“Es muy grave lo que está pasando. En un contexto de cambio climático, la responsabilidad de reducir vulnerabilidades del país es del gobierno. Pero si tiene una agenda con una prioridad pro inversión, es obvio que proteger el agua y los glaciares afecta el negocio. El país puede vivir sin minería, pero no puede vivir sin agua”, afirma Larraín.
Fuente:http://www.latercera.com/tendencias/noticia/guerra-fria-los-glaciares/228576/
Durante el fin de semana, más de 15 delegados, integrantes de la Misión Internacional de Verificación “Territorios en Resistencia”, cumplieron un amplia agenda visitando las zonas de Quimsacocha y Río Blanco, donde se emplazan los proyectos mineros Loma Larga, en la parroquia Victoria del Portete, cantón Cuenca, a cargo de las empresas mineras INV Minerales Ecuador S.A. (canadiense), y Río Blanco, en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, a cargo de la empresa Ecuagoldmining South América S.A. (china), respectivamente.
El gigante suizo de la minería, Glencore anunció este martes que fue citado en Estados Unidos en el marco de una investigación por corrupción relacionada con sus actividades en Nigeria, Venezuela y República Democrática del Congo.
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Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile.