Colombia

Llevan a Cerro Matoso a la justicia internacional

Autor: Semana Sostenible.com
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Los representantes de ocho comunidades decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional, en donde cursa una solicitud de nulidad parcial presentada por la empresa Cerro Matoso S.A. sobre una sentencia proferida por ese tribunal.

Los voceros solicitaron medidas cautelares ante el Estado de Colombia para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada.

«Hacemos esta solicitud considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o voceros de la multinacional ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial», señalaron los representantes a través de un comunicado de prensa.

En la misiva requieren mantener la decisión total de la sentencia T-733 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la compañía.

A través del fallo el alto tribunal ordenó a la administración del complejo minero adoptar las medidas necesarias para atender a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en inmediaciones de la mina, así como a financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo con la suma de 400 millones de dólares por los perjuicios medioambientales y a la salud generados a cerca de 3.400 personas durante los últimos 35 años por la exploración y explotación de ferroníquel.

Ante esta situación, la empresa afirmó en su momento que la corte le había vulnerado el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa.

Adicionalmente hizo énfasis en las conclusiones del informe de Medicina Legal que advierte que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por las comunidades provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso y aseveran que dicho estudio ratifica que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes de Córdoba, departamento en donde se encuentra ubicada esta mina.

Frente a la petición radicada en la CIDH la empresa resaltó que la medida cautelar se instauró ante el Estado Colombiano.

“El incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso, en 35 años, ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”, afirmó la empresa en un comunicado realizado el pasado 31 de julio de 2018, en el que además asevera que la firma está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia.

Se espera que la próxima semana la sala plena de la Corte Constitucional dé a conocer una decisión definitiva frente a la solicitud de nulidad.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356

Chile

El proyecto minero que quiere explotar litio del Salar de Maricunga al lado de la Laguna Santa Rosa

Autor: David Ortiz, Revista Tierra Culta.
Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama

“Sales Maricunga” es el nombre del proyecto minero que busca sacar litio y potasio desde el Salar de Maricunga en la cordillera de la comuna de Copiapó, y que tiene una proyección de 24 años de vida útil.

La faena no metálica pertenece a la empresa Simco Spa perteneciente al grupo Grupo Errázuriz, quienes pretenden llegar a ser el tercer competidor en la extracción del litio, detrás de SQM y Rockwood. 

El proyecto espera tener una producción de 53 mil toneladas de potasio y litio anuales que serán exportadas por el puerto de Coquimbo. Faenas de extracción que estarán en el mismo salar donde se encuentra la Laguna Santa Rosa, la cual es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

Según indica en su informe de impacto ambiental, se tiene contemplado sacar 275 litros por segundo desde 22 pozos ubicados en el Salar, los cuales extraerán el agua hipersalina para verter en piscinas de evaporación donde se separarán el litio del agua. Estas salmueras darán como resultado aguas sin sal que serán re inyectadas al salar. Este caudal de reintegro completará 140 litros por segundo.

El proyecto que está en su fase de evaluación de impacto ambiental y está sujeto a que la comunidad, organizaciones civiles y empresas presenten observaciones a lo que declaran sus informes de estudios ambientales.

Por lo que este lunes se realizó una consulta ciudadana en que se expusieron los principales aspectos de su proceso productivo, tanto en el impacto como en algunos aspectos de mitigaciones asociados a todas las componentes ambientales.

Sitio Ramsar

Dentro del mismo salar se encuentra la Laguna Santa Rosa, que es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, cuyo límite esta a 10 kilómetros de distancia de lo que tiene presupuestado el proyecto según indicó CONAF y 25 kilómetros según explicó la empresa en la consulta ciudadana.

Esta laguna es parte del sistema lacustre cerrado donde confluyen aguas provenientes de los deshielos y está protegida al ser parte del Parque Nacional Tres Cruces, el cual incluye a su vecina: la Laguna del Negro Francisco varios kilómetros más al sur.

Según explica  Héctor Soto Vera, Director de CONAF Región de Atacama a Tierra Culta, la laguna es importante porque “es un sitio de anidación de un sinnúmero de aves altoandinas, como la tagua cornuda (especie vulnerable) y hábitat para las 3 especies de flamencos de chile como son la parina grande, parina chilena y flamenco de james“.

Además, el directivo, agrega que: “La fauna silvestre se estructura principalmente en torno de los espejos de agua de los salares y lagunas, y de la vegetación de los humedales andinos, producidos por afloramientos de agua o meandros de los ríos. El salar de Maricunga y la laguna Santa Rosa, son áreas de concentración, alimentación y/o nidificación  de las tres especies de flamencos chilenos, Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus jamesi”.

Según explicó la empresa se detectaron algunas especies de reptiles en las cercanías de las faenas, los cuales serán reubicados. También se explicó en la consulta ciudadana que realizaron un estudio del comportamiento de la fauna correspondiente a un año (cuatro estaciones). Lapso de tiempo que generó suspicacias entre los asistentes, dado lo breve de la muestra.

Esta zona está declarada como uno de los 13 sitios Ramsar de Chile, categoría que quiere decir que tiene una importancia mundial por los servicios que presta para el funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. Se limpian las aguas y se mantiene la relación entre diversas especies. La empresa asegura que su estudio permite aseverar que el polígono protegido como sitio Ramsar no será afectado.

La preocupación ambiental

Sin embargo en los últimos años el sector ha sufrido importantes deterioros producto de la minería. El caso más emblemático es el del 2016, La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con la clausura definitiva de sus faenas de extracción de agua a la minera Kinrross, esto por secar 70 hectáreas del humedal de Valle Ancho, que es parte del complejo hídrico del sector.

Este año además se conoció la denuncia del Ministerio de Medio Ambiente que acusó a la estatal CODELCO de extraer agua en el humedal de Calle Larga, secándolo por completo en Diego de Almagro. Antecedentes frescos que muestran lo delicado que es este sector de la Puna de Atacama ante el trabajo de la minería.

Hasta ahora CONAF sólo tiene relación con el proyecto mediante un Comité Técnico Intersectorial del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco – Laguna Santa Rosa, el cual este año no ha sesionado, y se espera que tenga una reunión en el último trimestre del 2018.

“Este comité, tiene entre sus principales objetivos el monitoreo de aquellas variables biológicas ambientales críticas del sitio, el cual es implementado por los diversos servicios públicos que integran dicho comité, como Seremi Medio Ambiente, CONAF, SAG, DGA, entre otros”, explica Héctor Soto Vera.

En otras palabras, los organismos técnicos que deben vigilar el sector no han recibido de forma oficial, los aspectos principales del proyecto. Desde el SEA explicaron en la consulta que algunos servicios ven desde nivel central el tema.

El geógrafo Rodrigo Arcos, fue crítico de la exposición de la empresa sobre el temá hídrico, señalando que “lo que nos acaban de explicar evidentemente produce un desequilibrio, hablan de una información estadística disponible, pero yo creo que todos vimos que no manejan información detallada de cómo va a reaccionar la cuenca, y nosotros supimos ya que la extracción de agua de una minera provocó cambios drásticos en la Laguna Santa Rosa. Me parece preocupante que haya una exposición tan pobre, sobre todo considerando que esto marca el precedente para nuevos estudios de proyectos de extracción de litio”.

Su preocupación principal está en que si bien el modelo de estudio considera los derechos que existen asignados en los acuíferos de Piedra Pómez y Ciénaga Redonda, en la práctica son muchas las variables que influyen en el sistema hídrico para que no se vea realmente afectado.

Múltiples variables

Por otro lado el sector del turismo no ve con buenos ojos este proyecto que además de poner en jaque la existencia de la Laguna Santa Rosa; también se afectará paisajísticamente uno de los principales atractivos turísticos de Atacama. Algo evidente.

Este tema preocupa a los emprendedores turísticos del sector. Hay que considerar que en la Laguna Santa Rosa existe una concesión turística de alojamiento y que los turistas de mayor poder adquisitivo ponen a la cordillera atacameña como sus prioridades a la hora de visitar el desierto.

Por otro lado existe la componente cultural. Mientras el proyecto declara tener conocimiento de algunos vestigios que están salvaguardados, desde la parte arqueológica, en lo social, la comunidad colla Paiote realizó una declaración pública donde acusan no haber sido considerados como habitantes y usuarios ancestrales del sector.

“El proyecto está muy mal. Lo revisamos en el sistema porque no contempla al medio humano, a nosotros como comunidad nos dejó fuera.“, explica Ercilia Araya, vocera de la comunidad colla Paiote.

Revisa aquí la Declaración de la Comunidad Paiote

“Nosotros le decíamos a la señorita que expuso que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos nos exponen de que hay medidas contempladas que son muy bonitas, pero ya nos pasó que Kinrross nos secó los humedales donde llevamos a pastar nuestro ganado”, sentencia la dirigente indígena.

Por ahora se puede ingresar al sitio del Servicio de Evaluación Ambiental para conocer más detalles del proyecto y tanto personas naturales como jurídicas pueden presentar sus observaciones, aportar con nuevos antecedentes e informarse de este proyecto que intervendrá un sector icónico de la región.

Fuente:http://www.revistatierracultah.cl/?p=11609

Chile

Antofagasta, minería y cáncer

Autor: No a la Mina.org

La minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000) y es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener  menos de esperanza de vida que la media. La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad  que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre: la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.

“No es normal que todos se mueran de cáncer”, se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.

En los años 60 la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas, y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia. Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco. Se trata de un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1,200 km al norte de Santiago y que un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos y en el que  la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró “contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas”.

“Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles de contaminación”, alerta Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico en Antofagasta. “Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile”, explica.

La grave exposición al arsénico entre 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región. Especial preocupación hay sobre unas 16,000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico. Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.

El grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad, en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga. Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1.3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.

“Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero”, dice Ricardo Díaz, del movimiento Este Polvo te Mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.

Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.

A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió el nivel de plomo en sangre. El 99.2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.

Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones sobre metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.

La alcaldesa de Antofagasta por su parte exige  “hacer obligatorio el análisis a los niños a partir del año de vida hasta los 6 años para determinar anualmente el daño que pueda tener la población”. Si bien expertos avalan a las autoridades chilenas, alertan sobre la necesidad de reducir a un mínimo la exposición de niños ante la incertidumbre de sus interacciones en el futuro.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41883-antofagasta-mineria-y-cancer

Argentina

La titular de Minería patea la pelota de la Ley de Glaciares al Congreso

Autor: Elizabeth Pérez, El Diario de Cuyo

Carolina Sánchez, la nueva secretaria de Minería de la Nación desde el 4 de julio pasado, dijo que en su cartera se está haciendo un «minucioso» análisis para adecuar el marco legal que tiene el sector minero a «los desafíos de un mundo cambiante», pero eludió tomar posiciones sobre la Ley de Glaciares que recibe fuertes cuestionamientos desde el sector privado. En cambio, invitó a quienes tienen propuestas, a que las canalicen a través de los legisladores, en el Congreso.

En una entrevista concedida a DIARIO DE CUYO, la primera mujer designada para ocupar ese cargo -con más experiencia en gestión ambiental que una vinculación directa con la actividad minera- dijo que no le corresponde «»tomar posiciones sobre la legislación vigente», sino que «»corresponde asegurar el cumplimiento de la misma», al ser consultada sobre la ley de glaciares. «»Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas», agregó.

Varios sectores mineros cuestionan la ley porque dicen que no define «ambiente periglacial», y esa inexactitud aleja nuevas inversiones. «Si hay propuestas para la modificación de esta ley sancionada hace 8 años, deberían hacerse llegar por los canales de representatividad constitucional correspondiente», reiteró la funcionaria. Al respecto, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, admitió que la entidad no ha elevado a los legisladores una propuesta de cambiar la ley vigente, y no lo ha hecho el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina que él integra. Tampoco conoce que otra entidad (como por ejemplo CAEM) lo haya hecho, y anticipó que lo van a estudiar.

No obstante, Carolina Sánchez se mostró contradictoria en sus dichos, porque evitó pronunciarse sobre los glaciares en particular, pero en la misma entrevista sostuvo que se debe adecuar el marco legal de la actividad minera por los cambios del mundo, y también por la sociedad argentina «»que espera de la minería una oportunidad para el desarrollo, y del Estado; un garante del cumplimiento de las normas, sobre todo en lo referente a la seguridad ambiental, competitividad internacional para atraer inversiones que de otro modo van a desembarcar en otros países».

También mencionó que el Estado debe garantizar «»la competitividad de las pymes locales para proveer servicios y la más amplia integración económica de las comunidades en las que se asienta». Sus palabras sobre el tema glaciares son muy esperadas en el sector, que la mira de reojo porque la salteña es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo que muchos la piensan como «antiminera». «No hubiera aceptado un cargo que me produjera sentimientos encontrados», dijo respecto a esas críticas y sostuvo que cree «»firmemente que si invertimos en conocimiento, tecnología e innovación, podemos hacer minería como agricultura, forestoindustria, ganadería, etc., para desarrollar las economías regionales, sin comprometer las oportunidades de desarrollo de las comunidades futuras». Agregó que su tarea será «»procurar optimizar el impacto positivo de la actividad minera y toda actividad económica conexa para el desarrollo sustentable de todas las regiones del país». Y reflexionó que además de esa «»sustentabilidad intergeneracional», considera que se debe asumir la intrageneracional, es decir, «»la posibilidad de que todos los habitantes de nuestro país puedan decidir sobre su desarrollo en base a su oferta de recursos naturales».

 

Los proyectos locales

De los avances de proyectos sanjuaninos Carolina Sánchez enumeró que Josemaría avanza con su prefactibilidad y que Filo del Sol consiguió realizar un PEA (Estudio Económico Preliminar) a fin del año pasado y viene avanzando con recategorización de recursos. Dijo además que Altar podría concretar un acuerdo con Aldebarán y su actual controlante Sianye-Stilwater que daría un marco financiero para avanzar en la PEA. Agregó que Barrick Shandong estaría evaluando avanzar con Lama sólo usando infraestructura de Veladero, que Casposo está realizando trabajos de exploración para ampliar reservas y destacó las precisiones que el ministro local Alberto Hensel dio sobre el proyecto binacional: Del Carmen-Altura.

 

Otros temas

Actividad importante

«Hay que resignificar la minería. Me refiero al análisis, argumentado, transparente, sobre la necesidad de incorporar a la actividad minera como factor de desarrollo en provincias, donde por sus características naturales y por la oferta de recursos, la minería es una actividad fundamental».

 

Carbón para caleras

«Es relevante entender en este caso, que el coque de petróleo es producido YPF que tiene control estatal pero también un 49 % de accionistas privados. Al vender a precios muy por debajo del precio internacional constituye una transferencia de recursos de una empresa a otra».

 

La mujer y las minas

«Conozco el mito respecto a la mujer en este sector, pero en el mundo y en este país, están pasando otras cosas: más inclusión de la mujer en las actividades en interior de minas, en superficie conduciendo equipos pesados como ocurre en el norte, en laboratorios y en management».

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/La-titular-de-Mineria-patea-la-pelota-de-la-Ley-de-Glaciares-al-Congreso-20180824-0097.html

Internacional

Apoyos y rechazos de la población local a la mina de Berkeley en Salamanca

Autor: Efe Empresas

Más de 1.500 personas se manifestaron ayer por la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes, uno de los dos municipios donde está situado el yacimiento, en contra del proyecto de explotación de la mina, bajo el lema “Por unas fiestas patronales sin uranio”.

No a la mina, sí a la vida”, “menos minería, más ganadería” y “Berkeley minera, del campo charro fuera” figuraron entre los lemas coreados por los asistentes a la protesta, que portaron pancartas, entre ellas del Ayuntamiento, de Asaja, UPA, COAG y UCCL.

El alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, explicó a Efe que el empeño del consistorio es que el proyecto minero se desactive y demostrar “a las autoridades que hay una concienciación contra el proyecto muy profunda”, pero de forma pacífica.

Los detractores del proyecto ha firmado un manifiesto en el que se declaran firmes defensores de la tierra heredada de los ancestros y que será un legado para sus descendientes.

Apoyos de los ciudadanos locales, según Berkeley

Por su parte, la empresa minera australiana ha asegurado hoy que cerca de 1.500 personas de las localidades de Retortillo (el otro municipio donde está ubicado el yacimiento), Villavieja de Yeltes, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo han mostrado su apoyo al proyecto.

En un comunicado, la compañía ha indicado que “los ciudadanos locales se han posicionado a favor de la mina, destacando el impacto del proyecto en términos de empleo y considerándola la única alternativa para evitar la temida despoblación que afecta al área, ya que el proyecto permitiría a los jóvenes permanecer en la región”.

A juicio de Berkeley, el apoyo entre la comunidad local “es muy significativo”, ya que “toda la población de Retortillo y la mitad de los residentes permanentes de Villavieja han firmado a favor”.

La empresa dice que la oposición nada tiene que ver con el interés local

Francisco Bellón vicepresidente de Berkeley Minera, ha señalado que las firmas de las ciudades y pueblos cercanos aún están llegando y se espera que la cifra siga aumentando, “ya que cada vez más gente está expresando su apoyo a la mina, haciendo bien patente que la oposición nada tiene que ver con el interés local, y nada ofrece como alternativa para desarrollar la comarca”.

250 millones de inversión y 2.500 puestos de trabajo

Según ha indicado la empresa, el proyecto de explotación de la mina de uranio de Retortillo supondrá una inversión de 250 millones de euros y la creación de 2.500 empleos directos e indirectos.

La compañía ha recibido más de 23.000 solicitudes de empleo y espera cubrir hasta 400 vacantes, entre titulados superiores y de grado medio (ingenieros/as de minas, industriales, informáticos, geólogos físicos y químicos) y técnicos y operarios de maquinaria minera.

Fuente:https://www.efeempresas.com/noticia/apoyos-y-rechazos-de-la-poblacion-local-la-mina-de-berkeley-en-salamanca/

Mexico

Convocan a manifestación contra la minería

Autor: Redacción Peninsular Digital
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida en Baja California convoca a  los habitantes de La Paz y Los Cabos a una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno para este miércoles 29 de agosto donde exigirá al gobernador Carlos Mendoza Davis que no se le otorgue el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal a la empresa minera “Los Cardones”.

La manifestación convocada para las 10 de la mañana del miércoles es una manera de dejar claro que “el pueblo decidió un no rotundo al proyecto Los Cardones, ya que no existe la minería sustentable ni la responsable”.

Los manifestantes exigirán que “de ninguna manera se apruebe el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal al megaproyecto minero Los Cardones, de Salinas Pliego”.

El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida exhorta a la comunidad para que este miércoles “defienda el agua y salud. Con la vida no se negocia”.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/convocan-a-manifestacion-contra-la-mineria/247428

Colombia

Minería en Cesar: ríos y caños fueron desviados sin estudios

Autor: Tomás Betín, El Herlado.com

Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.

EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.

Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.

La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.

“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del reporte.

Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.

Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.

“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”.  Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.

No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.

Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.

Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos”.

Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad”.

“Daños irreversibles”

Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.

En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.

Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones “irreversibles” al medio ambiente.

“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”.  La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.

“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.

Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un  pronunciamiento de fondo.

Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.

“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”

También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.

Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.

La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.

Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676

Chile

Colegio Médico se manifiesta en contra de proyecto Dominga

Autor: El Observatodo.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Los departamentos de Medio Ambiente y de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional La Serena notificaron su rechazo a la instalación del proyecto minero/portuario Dominga, apoyando la creación del Área Marina Protegida de Múltiples Usos de La Higuera, con el fin de salvaguardar el archipiélago Pingüino de Humboldt, sus costas, y toda la biodiversidad de valor incalculable que existe en dicho territorio.

A este respecto, el Dr. Francisco Silva, miembro del primero mencionado, explicó que “en la Asamblea Nacional del Colegio Médico realizada en Puerto Chacabuco en Junio del presente año, se firmó la Declaración de Coyhaique, en la cual nuestro gremio se comprometió con el futuro de todos y todas aquellos que viven en zonas críticas dañadas por la contaminación, haciéndonos parte no solo de la ‘cuestión social’, sino también de  la ‘cuestión planetaria’, comprometiendo nuestra acción gremial en la protección de la tierra, el aire, las aguas y la biodiversidad, lo cual se encuentra dentro de los derechos fundamentales de la humanidad”.

Además sostuvo que “de ahí que en el tema de la Minera Dominga y todo lo que involucraría este proyecto, no podemos estar de acuerdo. A esto se suma que, en estos días, hemos sido testigos de cómo la vulneración del medioambiente en la comuna de Quintero ha puesto en riesgo a gran parte de la población de esta comunidad. Como gremio no podemos seguir tolerando la creación de áreas de sacrificio medioambiental en beneficio de un mal entendido desarrollo, el cual pasa por encima de la salud de las personas”.

SUSTENTABILIDAD

Cabe destacar que este territorio es considerado vital para especies como el Pingüino de Humboldt, cuyo 82% de su población en el mundo ocupa dichas costas, además de 560 especies marinas, 122 especies de aves con sus respectivos sitios de anidación, 16 especies de cetáceos y 60 especies de peces, y considerando además las aguas circundantes a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt se posicionan en el primer lugar de Turismo de Avistamiento de Cetáceos de Alta Calidad en el país, recibiendo 53.000 visitantes al año, y donde existen 611 pescadores artesanales registrados.

Por su parte el proyecto, de 27 años de vida útil, considera la extracción de concentrado de hierro y cobre con instalaciones mineras en La Higuera, uso de aguas del Acuífero Los Choros, instalación de relaves, instalación de planta desalinizadora y el tránsito de barcos de gran calado en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Fuente:http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/colegio-medico-se-manifiesta-en-contra-de-proyecto-dominga

Costa Rica

Fiscala general acusa al expresidente Óscar Arias por caso Crucitas

Autor: Movimientom4.org

La fiscala general, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.

Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, en un correo electrónico, la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles, porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.

Sí reveló que este miércoles se le informó a la Procuraduría General de la República (PGR) de tal disposición, para que determine, en su condición de abogado el Estado, si se une a la acusación.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy (miércoles), se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE.

“La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa.

El abogado del Estado dispone de 13 días, a partir de mañana jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo, “la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José”.

Ante esa instancia se conocerá si el caso se vuelve a elevar a juicio o no. Las audiencias preliminares están convocadas para finales de enero del próximo año.

Consultado sobre la acusación, el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo: “No le puedo decir nada porque no la conozco”. Al tiempo que agregó que estaba ingresando a una audiencia y que más tarde podría ampliar su declaración.

Mientras, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, salió en defensa del exmandatario: ” Hay que esperar el resulta de la decisión de los tribunales y respetarlo, pero debo agregar que nosotros apoyamos al presidente Arias y yo estoy completamente seguro de que su comportamiento, su conducta siempre ha sido apegada a la ley”.

Y añadió: “Me tomó por sorpresa, repito, parece que siempre ha habido una gran debilidad de argumentos desde el punto de vista penal con respecto a don Óscar y confiamos plenamente en que su conducta fue totalmente legal”.

 

Caso había sido resuelto, pero sin Arias

Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.

Incluso, este caso ya se había resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.

Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, habían sido absueltos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.

Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.

Es en esa etapa donde el proceso se encuentra actualmente y será hasta enero cuando se decida si el caso va a juicio con el exmandatario como imputado.

En enero del 2015, cuando Dobles fue condenado, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que el decreto se había basado en premisas falsas y por eso, dictó el castigo.

“Suerte distinta es lo que ocurre con la actuación del señor Dobles Mora, con la emisión del decreto que fuera firmado no solo por él, sino por el presidente de entonces (Óscar Arias), toda vez que este tribunal llegó a la conclusión de que este decreto fue dictado basado en hechos falsos”, dijo Muñoz.

El abogado de Dobles y de otros cuatro imputados, José Miguel Villalobos, asegura que el Tribunal lo que cuestionó fue la motivación que se consignó en el decreto.

“Lo que se alegó es que los considerandos, las motivaciones del decreto, estaban basados en hechos falsos. Nosotros siempre planteábamos que no es que eran hechos falsos, que se podía discrepar o no de los fundamentos, porque si algo va a beneficiar o va a haber más beneficio o no, no es un asunto de falsedad, sino de opinión”, expresó Villalobos.

En el decreto Nº. 34801-MINAET se mencionan nueve considerandos, incluyendo uno en el que se afirma que Setena, desde diciembre del 2005, le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto minero y que incluso, aprobó modificaciones al proyecto, en febrero del 2008.

No obstante, la ausencia del estudio de impacto ambiental (EIA) fue una de las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a Industrias Infinito, a finales de noviembre del 2010.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/fiscala-general-acusa-al-expresidente-oscar-arias-por-caso-crucitas/

Perú

LOS RETOS DE QUELLAVECO

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

Un par de días antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra anunció el inicio del proyecto minero de Quellaveco en la región Moquegua (distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto). Según el Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre de 300 mil toneladas por año en la primera década de producción, además de 3,400 toneladas de molibdeno.

La diferencia con otros proyectos mineros es que Quellaveco ya estaría listo para arrancar. Incluso en el registro del Ministerio de Energía y Minas figura como un proyecto en etapa de construcción, con una inversión ejecutada hasta el año pasado de US$ 250 millones y se proyecta el inicio de la fase de producción para el año 2022. Otro dato importante es que también cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American  (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones, y será la que asuma la inversión en el tramo inicial.  Con la futura entrada en producción de Quellaveco, se consolida el polo de producción de cobre en el sur del país, que se inicia en Tacna (Toquepala), pasa por Moquegua (Cuajone y ahora Quellaveco), continúa en Arequipa (Cerro Verde), Cusco (Antapaccay, Constancia y, en proceso, Corocohuayco) y termina en Apurímac (Las Bambas). Gran parte de esta producción de cobre se exporta vía el puerto de Matarani en Arequipa: la proyección es que en los próximos años, por Matarani saldrá el 10% de la producción mundial de cobre.

Las razones de fondo de la postergación de Quellaveco

Como se conoce, Quellaveco es un proyecto que ha estado en compás de espera por varios años. La versión que se ha dado en los días posteriores a la presentación es que el proyecto se interrumpió el año 2013 debido a la drástica caída de la cotización internacional del cobre. Sin embargo, esto no es del todo exacto; no hay que olvidar que en esos años otros proyectos cupríferos en el Perú (como Las Bambas, Cerro Verde, entre otros), siguieron desarrollándose sin mayores inconvenientes, pese al escenario desfavorable, y hoy en día se encuentran en plena etapa de producción.

Lo que se sabe, y en su momento fue ampliamente informado en medios internacionales, es que Anglo American no pudo llevar adelante Quellaveco por las enormes dificultades financieras por las que atravesó a partir del año 2012 como consecuencia de las pésimas inversiones realizadas en los años precedentes y los altos niveles de sobreendeudamiento a los que había llegado.

La entonces CEO de Anglo American, Cynthia Carrol tuvo que renunciar en medio de serios cuestionamientos a su labor de parte de la junta de accionistas: las decisiones y las apuestas estratégicas que se tomaron durante su gestión no dieron resultados e inversiones importantes, como por ejemplo Minas Río (proyecto de hierro en Brasil) entre varias otras, terminaron entrampándose por problemas de sobre costo y reiteradas postergaciones. En ese contexto, se produjo una caída importante de las acciones de la empresa: informes de la época coinciden en señalar que bajo la gestión de Carrol, la empresa perdió un tercio de su valor en términos de capitalización.  Finalmente, Cynthia Carrol fue reemplazada a comienzos del año 2013 por Marc Cutifani, quien tuvo que implementar un drástico programa de austeridad para hacer frente a pérdidas registradas de alrededor de los dos mil millones de dólares por año. Ello significó revisar toda la cartera de activos de Anglo American y poner en venta varias de sus operaciones y proyectos en diferentes partes del mundo (Australia, Sudamérica y Sudáfrica).

En ese entonces, el propio Cutifani daba cuenta que la empresa había decidido vender alrededor de 15 activos, disminuir el número de empleados en un 35% y así lograr ingresos frescos por tres mil millones de dólares. Incluso en esos años se voceó en varias oportunidades la posibilidad de que Anglo American fuese absorbida por algunos de los gigantes de la minería mundial. Sin embargo, esto no ocurrió y como parte de sus políticas de austeridad y en paralelo a la venta de algunos de sus activos, varios de sus proyectos, entre ellos Quellaveco, entraron a la congeladora.Por lo tanto, no es totalmente cierto que Quellaveco haya sido postergado por la caída de la cotización de cobre y menos aún por problemas sociales en la zona de influencia. Cabe señalar que el reciente aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente le da el respaldo financiero que necesitaba Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, todo indica que Anglo American prefirió darle una mayor participación a Mitsubishi, que permitir la entrada de Southern Perú -que también estaba interesada en el proyecto- como nuevo socio estratégico.

El acuerdo de Moquegua

Otro tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, los representantes de las más importantes organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. Saludado por todos, el acuerdo definió un aporte de la empresa de alrededor de mil millones de soles: 850 millones de aporte económico para la región y la diferencia para la construcción de represas: en la ficha técnica del proyecto, en cuanto a las fuentes de agua, se señala que el abastecimiento será a través de una bocatoma y el embalse de agua en ríos. La larga negociación previa tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA): la mina pretendía extraer 700 litros de agua por segundo de la cuenca del río Tambo.

Como se conoce, ésta es una cuenca que se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente y que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo, en la provincia de Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María. Revisando información de la propia Autoridad Nacional del Agua, cabe señalar que Anglo American Quellaveco es la segunda empresa minera con el mayor número de permisos para extraer agua de zonas en alto riesgo de sequía e incluso cuenta con licencias permanentes. Lo cierto es que ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y una primera tarea es confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes para todos los actores comprometidos: población, empresa y autoridades. El paso siguiente será definir cómo se implementarán los acuerdos en esta nueva etapa.

Para comenzar algunos gremios de trabajadores de Moquegua han planteado que se les garantice empleo de acuerdo a los compromisos previamente establecidos con Anglo American y por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo hace unos días emitió un comunicado en el que señalan que Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la cuenca si no se construye previamente la represa de Paltuture. Finalmente, es importante señalar que minas como la de Quellaveco, entre otras en el Perú, figuran entre las operaciones con el más bajo costo de producción a nivel internacional: una mezcla de factores como la ley de mineral, acceso a fuentes de energía, agua y conectividad, entre otros, hacen que los proyectos cupríferos en nuestro país sean sumamente rentables. Quellaveco proyecta un costo de producción de US$ 1.05 la libra de cobre. Con una cotización actual del cobre que bordea los US$ 3.00 la libra, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Coroccohuayco, Antamina, entre varios otros que se desarrollan en el país, son sumamente rentables y generan importantes utilidades a las empresas. Lo menos que se puede esperar es que las empresas desarrollen estos proyectos con los más altos estándares ambientales y sociales y que paguen todos los impuestos que les corresponde pagar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-retos-de-quellaveco/