En Brasil, las comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en juego.
A principios de 2018, Ageu Lobo Perreira se encontraba huyendo. Había recibido la noticia de que su vida y la de otros dos miembros de la comunidad tradicional de la ribera del Amazonas que dirige, estaban en peligro.
La advertencia se produjo después de que Lobo Perreira y otras personas del asentamiento de Montanha y Mangabal, que se encuentra disperso a lo largo del río Tapajos, cerca de la ciudad de Itaituba, al norte de Brasil, se dispusieran a marcar los límites reconocidos por el gobierno de su comunidad.
Fue entonces cuando encontraron evidencia de minería ilegal en sus tierras, incluyendo la contaminación del agua por residuos producidos por la extracción de oro. Según Lobo Perreira, los mineros vieron el proceso de demarcación como una amenaza para su sustento y enviaron un mensaje diciendo que matarían a los líderes comunitarios que se interpusieran en el camino de sus actividades.
«En la primera etapa del proceso, nos vimos enfrentados a leñadores ilegales”, cuenta el líder de la comunidad. «En la segunda, nos enfrentamos a los mineros artesanales. Vieron que sus actividades ya no eran viables, así que empezaron a amenazarnos”.
Lobo Perreira pasó un mes escondido, durante el cual la policía federal comenzó a interrogar a los mineros artesanales. Esto aumentó las tensiones. Tras su regreso, la comunidad presentó un informe sobre la situación ante las autoridades brasileñas en un intento de obtener ayuda.
«Les hemos pedido controles e investigaciones y esperamos que tomen cartas en el asunto”, dice Lobo Perreira, añadiendo que la agencia gubernamental responsable de la titulación de tierras, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil, no ha cumplido con su «obligación de marcar el territorio”. Eso hace que la ya aislada comunidad sea aún más vulnerable.
Caza y recolección de tradiciones
La minería ha sido parte integral del estado de Pará, donde se encuentra la comunidad de Montanha y Mangabal, desde que la fiebre del oro de los años 80 hiciera estragos en el paisaje.
Aunque la época en la que cientos de hombres entraban en tropel en las minas a cielo abierto saqueando la tierra, capturada en sorprendentes imágenes por el fotógrafo Sebastiao Salgado, ha pasado a la historia, los investigadores y lugareños todavía observan contaminación en los ríos causada por las actividades mineras de hoy en día.
«La minería con máquinas tiene consecuencias trágicas”, dice Lobo Perreira sobre el impacto de la maquinaria, como las excavadoras y dragas utilizadas en la minería a gran escala, en el bosque, que alberga animales como tapires y jaguares.
Incluso la minería artesanal a pequeña escala tiene un impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.
«Hoy en día, el oro fino que está apareciendo se obtiene mejor usando mercurio”, explica José Pacheco Peleja, que coordina el laboratorio de biología ambiental de la Universidad Federal del Oeste de Pará.
Cuando se emplea mercurio para ayudar a separar el oro de otros materiales, éste puede filtrarse al suelo y al agua, contaminando así el suministro de alimentos. Una exposición prolongada al mercurio puede causar deterioro cognitivo.
Aumentan los asesinatos
En 2013, Incra declaró a la comunidad de Montanha y Mangabal como un asentamiento de actividad agraria y de extracción. Los residentes habían luchado durante mucho tiempo por ese reconocimiento, que les permite tener derechos sobre sus tierras ancestrales, así como continuar con sus actividades tradicionales de caza, pesca y recolección. Los miembros de la comunidad afirman que no se dedican a la minería.
Sin embargo, critican que tienen poca protección y que se han visto obligados a defenderse de las amenazas violentas de la industria agraria, minera y maderera. Especialmente desde que en 2017 se recortaran los fondos para la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Gobierno brasileño que establece y desarrolla políticas relacionadas con los pueblos indígenas, así como para la oficina de protección del medio ambiente.
La historia se repite en todo el país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, dirigida por la Iglesia Católica, y que hace un seguimiento de los asesinatos asociados a los conflictos por la tierra, 2017 fue uno de los año más violentos, con un aumento del 15 por ciento en los asesinatos comparado con 2016. El estado de Pará fue el más violento, con 21 personas asesinadas como resultado de las tensiones relacionadas con la propiedad de la tierra.
La policía federal, que se encarga de los reclamos del uso ilegal de la tierra y del allanamiento de morada, se niega a comentar esta historia. No obstante, Incra afirma haber estado trabajando en la demarcación de la tierra. Todavía quedan 30 kilómetros de frontera por establecer. Estos esfuerzos deberían reanudarse en octubre, según la agencia.
También está estudiando la comunidad de Montanha y Mangabal para catalogar sus estructuras existentes, como casas y bienes, así como a sus habitantes. Hasta ahora, ha identificado cinco mineros que no formaban parte de la comunidad.
Conflicto profundamente arraigado
Establecer los límites no resolverá todos los problemas de la comunidad, particularmente cuando los nuevos proyectos de infraestructura importantes chocan con los derechos de la tierra de la comunidad y tienen un impacto sobre el medio ambiente, según Marco Antonio Silva Lima, director de ciencia y tecnología del Departamento de Educación de Pará.
«Estos conflictos son históricos”, aclara Silva Lima a DW. «Lo que está sucediendo ahora es que hay una gran inversión en sistemas logísticos para mandar soja por barco y construir represas hidroeléctricas. Esto está empeorando los conflictos que ya existían. Es realmente preocupante”, explica.
Brasil planea construir varias represas más en la cuenca del río Tapajos, a pesar de la resistencia de grupos conservacionistas e indígenas a los proyectos que, según ellos, inundarían un ecosistema rico en vida vegetal y animal.
Mientras tanto, Silva Lima cree que una manera de proteger a los grupos indígenas sería establecer un plan de desarrollo estratégico para la región de Tapajos, creando empleos alternativos para los mineros artesanales y los leñadores.
«En mi opinión, esto tendría que involucrar a las entidades estatales, locales y federales, así como a las comunidades tradicionales, a fin de establecer mecanismos de diálogo”, afirma Silva Lima, quien añade que es primordial para la supervivencia de estas comunidades, que sus voces sean escuchadas por las empresas y el gobierno.
Fuente:https://www.dw.com/es/la-tala-ilegal-y-la-miner%C3%ADa-amenazan-a-una-comunidad-del-r%C3%ADo-amazonas/a-45729661
El proyecto minero afecta a la Z.E.C. Sierras de Alor y Monte Longo, a la que fracturará en dos zonas aisladas, arruinando su equilibrio ecológico y convirtiendo un paisaje extraordinario en una zona devastada.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.
Indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla ganaron un amparo que ordena el alto de actividades por parte de tres concesiones mineras ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yahonoahua y Cuetzalan, resolución que, además, sienta un precedente para otras causas similares en el territorio poblano, según información confiada por indígenas consultados.
El activista ambiental Guillermo Rodriguez señaló que la empresa canadiense aprovecharía el tiempo del cambio de administración para que su trámite pase desapercibido y no sea suspendido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas
Piura. El 
La Libertad
Integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan; informó 
Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.