Mexico

Concesiones mineras en Hidalgo y destrucción del territorio

Apazoyucan en el mapa del despojo y la destrucción del territorio

Mineras tiene concesiones de hasta 50 años, con la posibilidad de prorrogarla por otros 50 años más, además, el titular de una concesión minera tiene derecho a intercambiarla o venderla a un tercero.

El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los bienes minerales son de dominio directo de la Nación por lo que su exploración, extracción y aprovechamiento sólo puede hacerse mediante la expedición de títulos de concesiones mineras las cuales son otorgadas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía.

Las concesiones mineras son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.

El área abarcada por una concesión minera no otorga al concesionario los derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo; pero, si abre la posibilidad de que las Compañías Mineras titulares de la concesión puedan solicitar la expropiación, ocupación temporal o la constitución de servidumbre de los terrenos ubicados dentro de la concesión.

Es decir, una concesión minera abre la posibilidad para el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, las zonas urbanas, la propiedad social (Ejidos), la propiedad privada, e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales tanto para la provisión de servicios ambientales como para conservación de la flora y fauna.

Los impactos ambientales asociados a la exploración, la explotación, el procesamiento del mineral y el post-cierre o abandono de una mina son irreversibles, puesto que la actividad minera implica:

-la devastación total del ecosistema,

-la remoción de todas las especies de plantas y animales,

-la perturbación de los procesos y funciones naturales existentes en los ecosistemas,

-la afectación a la disponibilidad y calidad del agua, la liberación de una gran cantidad de partículas y emisiones tóxicas a la atmósfera.

La devastación ocurre durante la exploración, extracción, beneficio y transformación de minerales.

Sobre todo, durante los procesos de trituración, lavado, corrosión y separación mediante mecanismo químicos ya que se generan lixiviados y gases altamente tóxicos.

Por todo lo anterior, sin duda, las concesiones mineras son el primer paso para el despojo y la destrucción de todos los elementos que constituyen al territorio.

Según el Anuario 2017 Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia fin de sexenio, elaborado por Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C.:

Hasta diciembre de 2017, existían 24,709 concesiones mineras vigentes se encontraban en el territorio nacional, abarcando 20.79 millones de hectáreas.

14 concesiones mineras en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina.

Con lo que respecta al Estado de Hidalgo hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería era de 779,336.38 hectáreas.

Según la información disponible en el sitio de internet CartoMinMex de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, sobre el territorio de Epazoyucan existen 5 concesiones mineras:

La primera concesión fue otorgada a la Empresa Minerales Monclova S.A., de C.V., (MIMOSA) el 14 de septiembre de 2009, con el título 234943, con el expediente 103/00551, con el nombre lote EL GUARDIÁN, con una superficie de 800 hectáreas y con una vigencia hasta el 13 de septiembre de 2059.

La superficie que abarca esta concesión se encuentra totalmente dentro del territorio del Municipio de Epazoyucan.

Es importante precisar que MIMOSA en 2010 cambió de razón social y desde entonces se denomina Minera de Norte S. A., de C. V., (MINOSA), la empresa que actualmente promueve el Proyecto Pachuca.

La segunda concesión fue otorgada a la Empresa Solitario México S.A., de C.V., el 12 de abril de 2012, con el título 240182, con el expediente 5/2/00123, con el nombre lote EL PARICUTIN 1, con una superficie de 3,106 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de mayo de 2056.

La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Mineral del Monte, Mineral de la Reforma y Epazoyucan.

La tercera concesión fue otorgada a la Empresa Compañía Real del Monte y Pachuca S.A., de C.V., el 5 de octubre de 2015, con el título 244518, con el expediente 5/2/00213, con el nombre lote REDUCCIÓN PACHUCA FRACCIÓN 1, con una superficie de 8, 658.72 hectáreas y con una vigencia hasta el 7 de diciembre de 2061.

La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Epazoyucan.

Es importante también precisar que La Compañía Real del Monte y Pachuca S.A., de C.V., es propiedad de MINOSA.

La cuarta concesión fue otorgada a la Empresa Minera Fumarola S.A, de C.V. el 17 de agosto de 2017, con el título 245550, con el expediente 103/2/01170, con el nombre lote PACHUCA SE, con una superficie de 2, 555 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de agosto de 2067.

La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Singuilucan y Epazoyucan.

La quinta concesión fue otorgada a la Empresa Minera Fumarola S.A, de C.V., el 17 de agosto de 2017, con el título 245551, con el expediente 103/01170, con el nombre lote PACHUCA SE FRACC. 1, con una superficie de 4, 114 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de agosto de 2067.

La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Singuilucan y Epazoyucan.

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía ya otorgó estas 5 concesiones sobre el territorio de Epazoyucan a dichas Compañías Mineras, abriendo así la posibilidad de iniciar la devastación del territorio Epazoyuquense; pero, a estas compañías aún les falta nuestra autorización, ya que sin él no podrán iniciar ninguna operación.

Es importante tener presente que los propietarios de la tierra ya sea ésta propiedad privada o propiedad ejidal tenemos derechos, es decir, podemos impedir el despojo y la destrucción de nuestro medio ambiente.

Al propósito del tema les compartimos algunas imágenes en las que se pueden visualizar las concesiones mineras vigentes sobre Epazoyucan y la Región, las áreas del mapa sombreadas en color gris son los territorios concesionados.

 

Fuente:https://regeneracion.mx/concesiones-mineras-en-hidalgo-y-destruccion-del-territorio/

Ecuador

Juez rechaza acción de protección en contra de exploración minera en Proyecto Río Magdalena

Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera en una región andina de Ecuador, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este sábado 10 de noviembre del 2018 la Procuraduría General del Estado.
El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad andina contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (Enami EP). El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresa pública el registro ambiental de la fase de «explotación inicial de la concesión minera» del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.
El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislación constitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.
«La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales», reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una «confusión» entre bosque protector, área protegida y zona intangible. Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosques protectores, objeto de la disputa.
En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi «reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente». Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.
Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-rechaza-accion-mineria-cotacachi.html
Chile

El agua del salar de Atacama enfrenta a Minera Escondida con el grupo Luksic

EL déficit hídrico detectado hace pocos meses en la cuenca del salar de Atacama y la conservación del balance del lugar, mantienen con preocupación a las cuatro mineras que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), extender sus permisos para la extracción del recurso vital.

Lo anterior, dado los efectos que las extracciones podrían implicar, tanto para el medio ambiente como para los procesos productivos de las cuatro firmas: las mineras no metálicas SQM y Albemarle; y las iniciativas de cobre: Escondida, de BHP -que podría estar menos complicada por poseer una planta desaladora- y Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

Precisamente, son estas dos últimas las que se han presentado ante el SEA. Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por 11 años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).

Minera Zaldívar, por su lado, posee derechos de agua en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo por 556,5 l/s, de los cuales extrae como máximo el 38%, es decir, hasta 212,75 l/s promedio anual. Ahora solicitó mantener la actual tasa efectiva de extracción desde mediados de 2025 hasta el 2029 y disminuirla a 30 l/s entre el 2029 y el 2031, lapso en el que desarrollará su plan de cierre si su petición logra la luz verde.

En este contexto, cabe recordar que se mantiene un proceso sancionatorio en contra de SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente, luego de que el organismo detectara una mayor extracción que la permitida en el salar. En ese sentido, la minera ligada a Julio Ponce, presentó un plan de cumplimiento que ha sido criticado por Albemarle, las comunidades aledañas y particulares, en diversas presentaciones ante el ente ambiental.

El proceso ambiental

Así las cosas, los trámites ambientales en el SEA no han estado exentos de la opinión de las otras compañías, quiénes se han manifestado a través de la participación ciudadana, siendo la única excepción SQM.

En el caso del proyecto de Escondida, Albemarle criticó 14 puntos de la iniciativa, entre los cuales mencionó que existe un equivocado planteamiento del proyecto, una deficiente definición del área de influencia y deficiencias en la caracterización de la línea base. La minera de los Luksic, por su lado, presentó un escrito de 38 páginas en el que hizo observaciones respecto de la evaluación de los impactos, frente al plan de alerta temprana y sobre los compromisos ambientales voluntarios del proyecto de Escondida, la mayor productora de cobre a nivel mundial.

En ese sentido, también participaron distintas comunidades, como el Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacama de Coyo.

En cuanto a la iniciativa de Zaldívar, también presentaron sus opiniones Escondida, Albemarle y las comunidades.

“De la revisión del EIA surge una serie de dudas en relación al contenido que permite evaluar el impacto ambiental de un proyecto como este”, indicó Albemarle en su escrito presentado ante el SEA, en que además desarrolló otros ocho puntos en los que acusó que el plan de alerta temprana presentado por minera no es preventivo; que las herramientas de evaluación de impactos presentan incertidumbres y no poseen fundamentos técnicos; y sostuvo que la iniciativa puede afectar los compromisos de terceros que también extraen recursos del salar.

Por su lado, Escondida, en una presentación de 17 páginas, señaló que el proyecto de la minera de los Luksic, considera condiciones de línea base distintas a la que ella presentó en su iniciativa y también la acusó de omitir acompañar antecedentes, que resultan necesarios para la comprensión tanto de la línea base del proyecto, como de los impactos que éste genera en el medio ambiente.

La urgencia de Zaldívar

Al ser consultadas las cuatro compañías que operan en la zona, sólo estuvieron dispuestas a responder Zaldívar y Albemarle.

Así, el vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Antofagasta Minerals, René Aguilar, especificó que Zaldívar extrae agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado al sur de la cuenca del salar y que a la vez, es responsable del 7% de la recarga hídrica del salar.

“A diferencia de otras compañías mineras de la zona, Zaldívar es una operación más pequeña, donde no es viable económicamente construir una planta desaladora y un sistema de impulsión, como ya lo han hecho operaciones de Antofagasta Minerals en esta misma región”, comentó, añadiendo que sin agua la compañía no puede seguir operando después del 2025, por lo que tendría que iniciar prontamente su proceso de cierre.

“La realidad de Zaldívar es otra y, por eso, esta autorización es esencial para su existencia. En este caso no es un tema de reducir costos”, expresó, puntualizando que Zaldívar sólo utiliza el 12% de los derechos de agua otorgados en el acuífero.

“Con estos derechos de agua, gracias al trabajo de más de 2.400 personas, la compañía mantiene negocios con 240 empresas proveedoras locales (…), de una manera plenamente compatible con la conservación del medio ambiente”, aseguró, adelantando que en el primer semestre del próximo año, presentarán la primera adenda del proyecto, documento mediante el cual se responde al Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara).

Por su lado, Albemarle indicó que desarrolló el concepto de la Nueva Minería del Litio, que, entre otros puntos, vela por la sustentabilidad del salar de Atacama. Asimismo, puntualizó que tiene autorizado el uso de 442 l/s de salmuera y que cuenta con derechos de agua por 23,5 l/s, de los que no utiliza más de 6 l/s para el lavado de equipos menores y la producción de potasio.

“Como empresa, nuestras acciones siempre han ido en pos de asegurar un bombeo de salmuera respetuoso con el medio ambiente, con las comunidades y que cuide la sustentabilidad del salar por muchos años, ya que nuestra operación es de largo plazo. Para ello, implementamos el más alto estándar en la medición de los niveles hidrogeológicos del salar y particularmente, un sistema de monitoreo en línea de los caudales de extracción de salmuera y agua”, concretó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/agua-del-salar-atacama-enfrenta-minera-escondida-grupo-luksic/397204/

Mexico

La trivialización del derecho indígena a la consulta

Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos. Este derecho tiene su fundamento en el derecho internacional, principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo sexto establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; de igual manera prescribe que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Con relación específica a proyectos extractivistas, el artículo 15 expresa que en caso de que los recursos a explotar pertenezcan al Estado, como es el caso de nuestro país, los gobiernos deben establecer procedimientos adecuados para consultar a los pueblos indígenas, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deben participar de los beneficios que tales actividades reporten y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Eso dice el documento, que entró en vigor hace 27 años, tiempo en que el Estado mexicano no ha mostrado voluntad de respetarlo.

Desde los primeros años de vigencia hasta la actualidad, el gobierno mexicano ha ignorado su obligación de consultar a los pueblos indígenas, argumentando que no existe reglamentación en la cual basar su actuación, culpando a los ciudadanos de la inacción del Poder Legislativo y haciendo a un lado la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la materia, cuya aplicación en nuestro país es obligatoria para todos los órganos de gobierno. Frente a esa situación, los pueblos indígenas afectados por megaproyectos decidieron buscar la protección de la justicia federal, involucrando al Poder Judicial en la protección de este derecho. Aquí la tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido minimizar el derecho, modificando inclusive determinaciones de jueces de primera instancia que habían resuelto protegiendo este derecho.

En este contexto, en días pasados se hizo público el proyecto de sentencia para resolver el amparo en revisión 213/2018, mediante el cual mil 166 zapotecos de Juchitán, Oaxaca, solicitaron el amparo de la justicia federal por considerar que la consulta realizada por las autoridades para que el proyecto Eólica del Sur construya parques de generadores en su territorio, se realizó sin observar los estándares del derecho internacional. El mencionado proyecto propone negar el amparo porque, a decir del ministro ponente, la consulta impugnada sí cumplió con los requisitos establecidos por el derecho internacional, postura que no se sostiene con los hechos expuestos en el documento. La propuesta de resolución ha desatado una serie de críticas, sobre todo porque en casos anteriores, el mismo ministro ha mantenido una postura acorde a la regulación de este derecho.

Otro caso que llama la atención es la convocatoria de la Cámara de Diputados, por medio de su Comisión de Asuntos Indígenas, a pueblos y comunidades indígenas, lo mismo que a sectores relacionados con ellos, para que participen en la consulta sobre la iniciativa de ley que crea el instituto nacional de los pueblos indígenas, institución que sustituiría a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). De acuerdo con dicha convocatoria, se organizarán 10 foros con el objeto de consultar a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, respecto de dicha ley, cuyas opiniones serán tomados en consideración en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dicha iniciativa. Todo alejado del contexto jurídico internacional, aunque en la convocatoria se dice que ese es su fundamento.

Si en los gobiernos anteriores, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, el patrón reiterado sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta fue ignorarlo, parece que en el gobierno que inicia será el de tomarlo en cuenta pero fuera de los marcos normativos internacionales, sólo para legitimar actos de gobierno ya decididos de antemano. Mal señal para un gobierno que sembró muchas expectativas de cambio entre sus electores y ahora busca trivializarlas, convirtiéndolas en un trámite más a salvar, cuando el objeto del derecho es lograr una verdadera y efectiva participación de los pueblos en la vida nacional y en asuntos que les atañen.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol?fbclid=IwAR0rLq6OlR-6qzk3lgduVvwrNNZ5zwGo2kQL9RXRTb10nJziTSZyKhRRJTI#.W-UIEznLJK0.facebook

Perú

4 mineras chinas violan derechos humanos en Perú

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de recibir un informe que concluye que cuatro compañías de capital chino con presencia en país, vulneran los derechos humanos de los peruanos.

Se trata de las empresas Las Bambas en Apurímac, Shougang en Ica, Chinalco en Junín y Río Blanco Cooper en Piura, señaladas por el informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), como los autores de abusos perpetrados contra comunidades del interior del país.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno, esto no es sólo responsabilidad de las empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas”, demanda el informe del CICDHA.

Si bien los proyectos de las 4 empresas significan más de 17 mil millones de dólares de inversión, los principales afectados son los ciudadanos que viven en las regiones donde estas compañías se desarrollan.

Conflictos vigentes

En el distrito de Challhuahuacho de Apurímac, la Fiscalía Provincial Mixta tiene en la mira a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra el proyecto Las Bambas. Por discrepar con una modificatoria sustancial del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina, la fiscalía pide hasta 17 años de prisión contra ellos.

En Junín, el proyecto Toromocho de la minera Chinalco también ha generado conflictos con la población. Y es que el proceso de reasentamiento de los comuneros ha sido incompleta y peligrosa: en la Antigua Morococha aún hay más de 60 familias asentadas expuestas a los riesgos de la minera; y otras ya han sido reubicadas en Nueva Morococha, construida en una zona de alto riesgo ambiental.

En Ica, la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la compañía estatal china Shougang Group, arrastra por años conflictos con sus trabajadores por las pobres condiciones laborales y salariales. Shougang Hierro Perú, que registra utilidades por mil millones de dólares al año, se ha enfrentado a 16 huelgas indefinidas en 26 años.

En Piura, el proyecto minero Río Blanco a cargo del consorcio chino Zijin tuvo un oscuro inicio. Las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca), Segunda, Cajas (Huancabamba), de Piura y otras poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca) denuncian la usurpación de tierras en donde desarrollaban sus actividades agrícolas.

Fuente:https://wayka.pe/4-mineras-chinas-violan-derechos-humanos-en-peru/?fbclid=IwAR0-NpDOGgzOOpT3I4CkRNmaTem9iWSMDKL8l51zEG6tF7fTz96JnKYJyww

Brasil

3 años de impunidad viven las mujeres en Minas Gerais Brasil por el desastre de la minera de Samarco

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.
El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.
Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.
Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.
Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.
El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crímen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.
Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.
Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.
Fuente:https://www.facebook.com/notes/red-latinoamericana-de-mujeres-defensoras/3-a%C3%B1os-de-impunidad-viven-las-mujeres-en-minas-gerais-brasil-por-el-desastre-de-/1401433283325074/
Argentina

Cruce de posturas a favor y contra la minería en Legislatura

En el marco del debate instalado a nivel provincial hubo un cruce de posturas a favor y en contra de la minería en las barras ubicadas a los costados del recinto legislativo. El hecho fue antes de la sesión prevista para este jueves. Mientras que desde un lado reclamaban por “trabajo”, desde el otro llegaban críticas hacia la actividad.

Mientras tanto, en Comodoro, hubo una protesta afuera de las oficinas de Medio Ambiente contra la megaminiería.

La referente del sector, Zulma Usqueda, cuestionó en diálogo con La Cien Punto Uno que “hay una influencia muy grande por las empresas mineras, con charlas que intentan juntar gente, incluso ofreciéndoles trabajo, cuando sabemos que la vida útil de una mina es de 20 años”.

“Planteamos que hay una grave situación por la falta de control. Los trabajadores están pidiendo pase a planta permanente, cobrando de manera escalonada, y no se verifica cómo se está llevando la explotación petrolera”, cuestionó.

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/11/cruce-de-posturas-a-favor-y-en-contra-de-la-mineria-en-legislatura/

Argentina

Las asambleas por el agua pura volvieron a rechazar la minería

Faltando muy poco para que la discusión por la reforma de la Ley 7.722 llegue al recinto -se estima que será a mediados de este mes- las Asambleas por el Agua Pura de toda la provincia refutaron los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles para habilitar la minería metalífera.

Desde un posicionamiento histórico, hicieron un fuerte hincapié en los aspectos protectivos para el agua y el medio ambiente que tiene la norma, poniéndola en un contexto de crisis hídrica, que ya pasó a ser de sequía, según advierte la Superintendencia General de Irrigación.

Las distintas agrupaciones rechazaron las modificaciones que se están tratando en el Senado, en el ámbito de las audiencias que se están llevando adelante en las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación y Asuntos Constitucionales.

Uno de los aspectos que pusieron sobre el tapete los integrantes de la Asamblea por el Agua Pura del Este, fue la generación de fuentes de trabajo de la minería, frente a la afirmación de las empresas mineras de que va a haber un fuerte crecimiento del empleo.

En ese punto remarcaron  la caída de la mano de obra, a pesar de que desde el Gobierno Nacional se le otorgaron beneficios a principios del 2016 para dejar de pagar retenciones.

La exposición se basó en datos obtenidos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Me llama la atención que a pesar de la acción del gobierno nacional se esté apoyando a empresas que no están moviendo la economía», destacó Graciela Hermoso, referente de la Asamblea por el Agua Pura del Este.

«Entre octubre del 2015 al mismo mes de 2016 se registra una disminución del 7%, eso equivaldría a 5.500 personas menos en la actividad», apuntó.

Por otro lado, desde Acuyo, Desarrollo Sustentable, Silvana Jacoviak aseveró que se ha descuidado el agro, como una de las principales actividades económicas de la provincia y advirtió, «hay un fuerte avance de la contaminación y hoy no estamos cuidando nuestros recursos naturales».

En su alocución, también apuntó contra los legisladores: «Se han dado casos de muerte de flamencos por la explotación del litio y en este momento se está hablando de modificar la 7.722 parece una tomada de pelo. Nuestros legisladores tendrían que estar hablando de proteger la vida».

Sobre el final, un grupo de profesionales de la salud también puso reparos sobre la posibilidad de que se habilite el uso de sustancias tóxicas.

La exposición estuvo a cargo de Roxana Bruno, doctora en Inmunología de la Universidad de Barcelona.

«Tanto la megaminería como el fracking utilizan toneladas de sustancias tóxicas que quedan en el ambiente. Primero contaminan el aire y luego, lo hacen el agua. Hay países en el mundo que ya están viendo los efectos que esto trae para la salud, consecuencias muy negativas y están tratando de mitigarlas como en Estados Unidos, por ejemplo», indicó la experta.

«Al realizarse la minería extractiva hay peligro que estas sustancias lleguen al aire y tomen contacto con los seres humanos, afectando directamente a las vías respiratorias, al principio se manifiestan cuadros leves, pero con la acumulación de estas partículas podemos llegar a tener cuadros más complejos, como el cáncer», manifestó.

La especialista lamentó que su ponencia se llevara a cabo cuando los legisladores ya estaban abandonando la sala.

«Estos antecedentes sobre el impacto en la salud los recogimos para ellos para que puedan tener todos los elementos a la hora de dar su voto, es una pena que no hayan tomado nota de todo esto», señaló.

El próximo jueves se espera que sea la última audiencia pública antes del tratamiento de la ley, con la intervención de especialistas de agua y de referentes del gobierno provincial.

Votación con final abierto

Mientras tanto, se especula que la modificación a la ley 7.722 salga favorable en la Cámara de Senadores, pero hay divergencias tanto en el oficialismo, como en el mismo peronismo, que es de donde surgen las dos iniciativas.

Desde el justicialismo puro dejaron trascender que les hace ruido que mientras hay senadores oficialistas que están a favor, desde el Departamento General de Irrigación se diga que no hay agua para la minería, de acuerdo con las declaraciones que hizo Sergio Marinelli, recientemente.

Por otro lado, está el sector alineado con el kirchnerismo que tampoco ve con buenos ojos sacar la ley más allá que haya nacido de la misma extracción partidaria y las dudas están puestas en los controles ambientales para habilitar la minería metalífera.

Desde la vereda de enfrente, la coalición política que gobierna se mantiene expectante escuchando a todos los sectores, pero no estaría dispuesta a forzar una votación, como tampoco a hacerse cargo de los costos políticos, según indicaron desde ese sector.

Cabe destacar que hasta ahora el gobernador Alfredo Cornejo no se ha expedido sobre este tema.

Mientras tanto, ya se sabe que desde el Partido Intransigente votarán en contra de las modificaciones, al igual que la Izquierda. El senador Marcelo Romano adelantó que, de producirse los cambios en la legislación, llevará los planteos a la Justicia como lo hizo recientemente con el fracking.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/las-asambleas-por-el-agua-pura-volvieron-a-rechazar-la-mineria

Ecuador

Megaproyectos chinos se convirtieron en un peligro para los indígenas y la Amazonía de Ecuador

  • Las Naciones Unidas acogieron las recomendaciones de los pueblos indígenas amazónicos que se quejan por la violación a los derechos humanos por parte de multinacionales chinas.
  • Pueblos indígenas de Ecuador han sido despojados y desplazados por grandes megaproyectos mineros y de hidrocarburos que además causan un grave daño ambiental a la selva amazónica ecuatoriana. Los proyectos Mirador y San Carlos Panantza son dos de los casos más representativos.

Cada año que pasa las inversiones chinas alrededor del mundo se expanden con rapidez. América Latina, y en especial los países amazónicos, han visto como cada vez más las multinacionales de este país asiático llegan a las selvas tropicales de la Amazonía a financiar y ejecutar grandes proyectos mineros y de hidrocarburos.

La preocupación por la forma en que las empresas chinas manejan el tema medioambiental y de derechos humanos es tal que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recogió las recomendaciones de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno chino. De hecho, el próximo 6 de noviembre la República Popular China será evaluada en Ginebra en el marco de la Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos (EPU).

Las recomendaciones de la COICA se encuentran detalladas en el informe ‘Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas’, en el cual manifiestan que se encuentran vulnerados el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; y el derecho a la No discriminación.

Entre los casos que se destacan se encuentran el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, el Bloque Petrolero El Nogal en Colombia, Lote 58 en Perú, Represas Teles Pires y Sao Manoel en Brasil y el proyecto Cóndor Mirador en Ecuador.

Además de esto, la ONU destacó que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. “Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas”, relata el documento.

Las inversiones chinas en Ecuador se han incrementado exponencialmente. Otro informe, titulado: ‘Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina’ y elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) asegura que China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente, para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Desde que el primer préstamo chino llegó a Ecuador en el 2009 se han otorgado créditos por un total de 12 490 millones de dólares, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período (10 165 millones de dólares).

“Este resultado, no solo involucra una mayor dependencia política y económica con China, sino también que las empresas chinas acaparan el mayor número de contratos públicos de obras de gran tamaño”, se lee en el reporte.

Inversiones chinas: San Carlos Panantza

 

El proyecto minero San Carlos Panantza en la Provincia de Morona Santiago representa una de las inversiones chinas más grandes en Ecuador. Fue concesionado a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), para la explotación de yacimientos mineros de cobre y otros materiales. Desde mayo de 2010, EXSA pertenece a la compañía china CRCC Tongguan Investment CO, la cual suscribió un contrato de exploración y explotación con el Gobierno ecuatoriano con una vigencia aproximada de 25 años. Actualmente, se están gestionando las actividades para el reinicio del proyecto, que se encuentra en su fase de exploración inicial.

Se trata de 13 bloques mineros que abarcan una superficie de alrededor de 41 000 hectáreas, de las cuales 15 000 son del Pueblo Indígena Shuar Arutam. El proyecto ha estado lleno de conflictos desde su inicio, incluso los indígenas quemaron un campamento hace ya varios años. “La conflictividad tomó un giro drástico el 11 de agosto de 2016, ya que por pedido de la empresa se procedió a desalojar a una de las comunidades Shuar”, comenta Carlos Mazabanda de Amazon Watch a Mongabay Latam.

Todo ese problema con los predios se dio porque en las décadas de los 80 y de los 90 la institución gubernamental encargada de la titulación de la tierra fue dando títulos a campesinos en esta zona que era tradicionalmente territorio Shuar. Los indígenas no tenían problema con que campesinos se asentaran en su muy amplio territorio, pero cuando llegó la empresa y les empezaron a vender los títulos de propiedad, los Shuar decidieron posesionarse nuevamente de sus predios para impedir la afectación ambiental de sus tierras.

Según Mazabanda, la estrategia de la compañía ahora es aliarse con un representante indígena, que tiene el liderazgo de muchos de los Shuar de la provincia de Morona Santiago. La empresa, el líder ─y quienes lo apoyan─ firmaron un convenio para hacer la socialización del proyecto. “Eso ha sido bastante cuestionado porque no es posible que la misma comunidad sea la que le haga la socialización a la empresa, además, ha generado conflictos internos y divisiones entre los Shuar”.

Los impactos sociales y ambientales de este megaproyecto serán muy altos para la Amazonía sur de Ecuador. “Prevé el tratamiento de 90 000 toneladas de roca por día para extraer cobre. Constituiría el megaproyecto minero más importante del Ecuador. Los desechos contaminantes generados por esta mina estarían acumulados en una relavera al coste del río Zamora y podrían alcanzar un volumen de más de 700 millones de m3”, asegura William Sacher, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y autor del libro ‘Ofensiva Megaminera China en los Andes’.

Pero eso no es todo. Sacher considera que si a todo lo anterior se agrega que la zona es altamente pluviosa y sísmica, serían muy altos los riesgos de accidentes como el que ocurrió en Samarco (Brasil) en 2015. Además, la puesta en marcha de una gran mina de esta índole requiere de abastecimiento masivo de energía. “Ejemplo del vínculo megaminería-proyectos hidroeléctricos es la megarepresa hidroeléctrica que está en proyecto aguas abajo, en el río Santiago”, le dice Sacher a Mongabay Latam.

El investigador tiene una larga lista de los efectos negativos que traería este proyecto y en general la megaminería. En términos ambientales están: destrucción de ecosistemas, reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y contaminación de los suelos. En términos sociales, entre las afectaciones para las poblaciones están: expropiaciones violentas; violencias físicas y simbólicas; impactos profundizados para ciertos sectores de la población como las mujeres y los niños; explotación e inseguridad laboral; militarización y consolidación del patriarcado; distorsión de la economía, la vida comunitaria y política en función de los intereses de los capitales megamineros; corrupción; criminalización y asesinatos; pérdida de soberanía política y alimentaria; proletarianización; aculturación, etc. “En breve, lo peor de la modernidad capitalista”, asegura.

 

Inversiones chinas: Cóndor Mirador

 

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina a cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Hace unos meses el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador. La situación se agrava ya que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador.

Para William Sacher, tanto Mirador como San Carlos Panantza son igual de problemáticos, aunque posiblemente San Carlos Panantza lo sea aún más porque se prevén minas más grandes. “Las empresas chinas escogieron desarrollar primero Mirador probablemente porque encontraban en la zona de este proyecto menos resistencia que en los territorios afectados por el proyecto San Carlos Panantza”, asegura.

Para el profesor e investigador ya se generaron una serie de profundos impactos sociales, ambientales y psicosociales. Entre estos, los desalojos de decenas de familias en el año 2015 y todo un largo proceso de acaparamiento de tierras. “Si los dos megaproyectos llegan a la fase de extracción estaríamos en el inicio de un distrito megaminero en la zona, lo cual implicaría una transformación política, económica, social y ambiental profunda, para nada a favor de la mayoría de la gente y de los pueblos que viven en estos territorios”.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) entregó sus recomendaciones a la ONU y espera que estas sean tenidas en cuenta por el gobierno chino. Entre las sugerencias se encuentran: modificar o suscribir adendas a los tratados de libre comercio suscritos, que incluyan una cláusula de cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y una cláusula de no debilitamiento o modificación de la normativa socio ambiental de cada país en el que operan los proyectos de capitales chino y/o financiamiento chino; mejorar las políticas de acceso a la información y transparencia de las empresas y de la República Popular China en proyectos relacionados a temas socioambientales y económicos, desde el diseño hasta su implementación; y elaborar y ejecutar protocolos de monitoreo y fiscalización hacia empresas financiadas por China.

El caso de Ecuador es particularmente preocupante pues es uno de los países amazónicos donde existe mayor participación china y donde recientemente se están desarrollando muchos más proyectos mineros y de hidrocarburos, donde Mirador y San Carlos Panantza son solo dos ejemplos de la crisis ambiental y social que puede seguir sucediendo en la Amazonía del país.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/inversiones-chinas-peligro-indigenas-y-amazonia-ecuador/

Chile

Cierre definitivo de Pascua Lama evidenciará independencia y poder de institucionalidad ambiental en Chile

No solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

 A pesar de ser rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por la comunidad local y organizaciones sociales, el proyecto minero Pascua Lama que intenta extraer oro debajo de los glaciares andinos, sigue presionando para poder operar en Chile.

Este martes (06.11.2012), el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, realizó la audiencia de las reclamaciones presentadas por la Compañía Minera Nevada SPA, titular de Pascua Lama, propiedad de Barrick Gold, en contra de la (SMA), que en octubre pasado exigió clausura definitiva de las faenas del proyecto minero por 5 sanciones en su proceso de construcción.

La SMA alegó en el tribunal de Antofagasta que este es el “el primer caso, el primer infractor y el primer proyecto que recién en su etapa de construcción, ha sido objeto de cinco sancionatorios ambientales, referida al cumplimiento parcial del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto.

El abogado de la SMA, Emanuel Ibarra, afirmó que además “los máximos tribunales de justicia calificaron el actuar de Pascua Lama como contumaz, además de dos procesos sancionatorios de la SMA en los que se determinó un daño ambiental en el ecosistema andino, afectando la flora y fauna, la calidad de las aguas y puesto en riesgo la salud de la comunidad”.

La Superintendencia argumentó que Nevada SPA recibió la multa más grande contemplada en el ordenamiento jurídico chileno, sin embargo siguió con faltas a sus planes declarados y omisión de entrega de información. Por lo tanto, esa sanción no tuvo efectos “disuasivos” en el actuar de la minera, informó radio cooperativa.cl.

Barrick contra la Institucionalidad Ambiental

El abogado Alvaro Toro que representa a las comunidades locales defiende las decisiones de la Superintendencia de Medio Ambiente, pues señala que no solo está en juego este multimillonario y contaminante proyecto minero, sino que además la institucionalidad ambiental esta en la mira de la ciudadanía nacional e internacional.

La unica sanción aceptable para un proyecto tan invasivo y contaminante como es Pascua Lama es la clausura total y definitiva, tal como lo señala la SMA, dijo el abogado Toro a radiodelmar.cl:

– ¿Porque barrick sigue reclamando e intenta operar…?

– Barrick logro que 4 de las 5 sanciones establecidas por la SMA fueran anuladas y ayer se discutió la reclamación de esta empresa sobre esta última reclamación. La SMA defendió su decisión respecto a que están acordes a la gravedad, reiteración y magnitud de las faltas.-

– Y que quiere Barrick, seguir pagando multas?

– Pagar la multa más grande es un costo insignificante en relación a todos los beneficios que obtienen al no cumplir sus obligaciones ambientales. Sin embargo, aunque el Tribunal Ambiental apoye a la SMA, creemos que Barrick recurrirá a la Corte Suprema porque ahí piensa que con sus contactos y sus influencias podría lograr un fallo a su favor. Pero si este Tribunal ratifica su decisión, creemos que es muy difícil que la Corte Suprema cambie esta decisión.

¿Cuál fue la estrategia de Barrick en esta discusión en Antofagasta?
– La empresa trata de victimizarse. Intenta falsamente hacer ver que la decisión de la SMA, sería una muerte civil para Barrick, pero eso es ridículo e impresentable. Ellos solo quieren multas económicas, son multas elevadas para la gente, pero para una empresa que invirtió 10 mil millones de dólares, es irrelevante.

– ¿Y qué pasa si el Tribunal acepta el criterio de Barrick?
– Si eso ocurre, quiere decir que nuestra Institucional Ambiental no sirve. Podrá servir para defender una plaza de un pequeño proyecto inmobiliario, pero para defender el Medio Ambiente en casos como este, de este tipo de inversiones , no va a servir. Entonces no solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora del Estado tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/11/cierre-definitivo-de-pascua-lama-evidenciara-independencia-y-poder-de-institucionalidad-ambiental-en-chile/?fbclid=IwAR3RYFQw4NZlIk7NN9e6aJCbVA_ctSVYGriULVNpaIYKREsfi-YbUYpQPoc