Argentina

MINERAS Y GOBIERNOS: MENTIRAS EDULCORADAS Y MANIOBRAS 2019

Entregadores de diversa calaña -pero con sueldos y fueros parlamentarios- “debatieron”, con el habitual desprecio por la ciudadanía y con la euforia empresaria que caracteriza estos encuentros, las supuestas ventajas de la minería y estrategias para obtener licencia social. Se reunieron al amparo de un oscuro “Círculo de Legisladores”, claramente alineado con los intereses de las transnacionales mineras. Macristas, kirchneristas, peronistas dijeron presente. El ministro de minería de la contaminada provincia de San Juan insiste en llamar “industria sustentable” a una de las actividades más destructivas y contaminantes que dañó cuencas hídricas y destruyó la agricultura en amplias zonas, principalmente el valle de Jáchal e Iglesia, perjudicando impune e irremediablemente a la población. Lideró el encuentro el subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lamothe. Y también participó como autoridad de la entidad el ex gobernador de Chubut Néstor Perl, padre del director del Grupo Jornada en nuestra provincia.

A través de las dos notas que presentamos a continuación, podemos vislumbrar parte de los planes de estos traidores al Pueblo, sin distinciones de credos políticos, y de las poderosas empresas extranjeras que tienen detrás.

El Gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislación e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel; el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez; el secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación. Queremos generar un marco de reflexión para lograr en el futuro un modelo nacional minero sustentable.

Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

Señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”.

Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.

“La minería hay que militarla. Tenemos que trabajar en todos los frentes para construir entre todos un modelo minero nacional”, dijo Hensel que se mostró preocupado por las “incertidumbres” que se generan para la actividad minera a partir de “la ley de Glaciares” a la que pidió revisar porque “pone en riesgo 19 mil millones de dólares en exploración y más de 15 mil puestos de trabajo.

Es importante recordar que la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe en su artículo 6º “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”.

Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”.

Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo multiactor con las provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”.

Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

Álvarez recordó que la Cámara de Empresarios Mineros creó un programa denominado “Hacia una Minería Sustentable”. Dicho programa genera 8 protocolos de gestión de cada uno de los yacimientos de las empresas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con su relación con las comunidades, con el respeto a los derechos humanos, con la biodiversidad de especies vegetales y animales y con los diques de colas para que no haya accidentes o incidentes”.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquin, destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Haquin destacó que “hoy en Jujuy hay seguridad jurídica y en materia de transparencia la provincia ha creado la oficina anticorrupción. Tenemos respeto por los derechos humanos con instituciones fuertes y con paz social”. El vicegobernador agradeció al presidente Mauricio Macri por “su fuerte compromiso con el desarrollo de proyectos mineros, de energías renovables y de turismo en la provincia de Jujuy”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto hizo un aporte “Nosotros que hacemos auditoria ambientales nos sorprendemos por la mala prensa que tiene la minería. Sin embargo hay otros sectores como la producción de soja y los basurales que son más peligrosos porque transfieren millones de productos tóxicos en un minuto al medio ambiente pero nadie habla mal de como la agro-industria contamina con sus químicos y nadie se pregunta donde va a parar los residuos tóxicos, pero todo el mundo habla mal de la actividad minera”.

 

La versión del gobierno sanjuanino

Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”
El ministro de Minería sanjuanino asistió al Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.

Entre empresarios, investigadores y funcionarios se dio un desayuno de trabajo muy interesante en Capital Federal pensando en “La importancia de la minería en Argentina”. En este sentido, para la organización, la minería sustentable se convirtió en uno de los objetivos estratégicos que promueven transformaciones positivas y adecuadas al devenir histórico de la Nación.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, expuso sobre el desarrollo minero sanjuanino. Hensel contó cómo la minería sustentable, dirigida por una política de Estado clara, transformó la provincia.

“Pasamos del monocultivo de la vid a diversificar nuestra economía. Así la minería representa el 78% de las exportaciones y el 40% del PBG. San Juan creció un 40% respecto de la media nacional”, dijo Hensel.

La meta es lograr que esa riqueza minera atraviese a toda la sociedad, apoyando e impulsando a otras industrias, para ser motor de desarrollo regional y nacional.

El intercambio de ideas tuvo tres ejes: el desarrollo de la minería en el país, su legislación y su impacto en el medioambiente.

La charla debate estuvo organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) perteneciente al Círculo de Legisladores de la Nación (CLN).

De la jornada participaron Mariano Lamothe, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy; Marcelo Alvarez, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Humberto Roggero, presidente de IEERI y de Relaciones Internacionales; Horacio Pernasetti, vicepresidente de IEERI; Nestor Perl, ex gobernador de Chubut y secretario general del CLN; Julian Ronney, presidente de la Cámara Británico Argentina.

También asistieron la Ing. Liliana Gurdulich de Correa (senadora MC); Fernanda Bendinelli Ferrero (diputada MC) con ejercicio en diversos cargos del Círculo de Legisladores; Oscar Lamberto (diputado MC); miembros del cueroo diplomático de Bolivia, Inglaterra, Perú, Australia y Brasil.

El IEERI en su versión oficial

El IEERI nació por impulso del Círculo de Legisladores de la Nación, acorde a los cambios que se vivieron en el país y a nivel internacional. La idea fue acompañar esos cambios con el desarrollo de estudios y propuestas en las áreas productivas, culturales, sociales, políticas, económicas, del campo tecnológico y las comunicaciones; con preponderancia en las relaciones internacionales.

El instituto ha encarado esfuerzos sostenidos, cubriendo un amplio programa de estudios y divulgación, organizando seminarios, ciclos de conferencias y tareas de investigación desde su creación hasta la actualidad.

Además ha puesto especial énfasis en la cooperación e integración que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos que promuevan transformaciones positivas de la Nación.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42293-mineras-y-gobiernos-mentiras-edulcoradas-y-maniobras-2019

Internacional

Nace una nueva plataforma contra el proyecto de mina de titanio en el entorno de Cabañeros

Considera que la iniciativa prevista en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo “perjudicará al medio ambiente y a la salud de las personas»

Su estudio de impacto ambiental está actualmente en información pública y el Gobierno regional ha reconocido su «complejidad»

Una nueva asociación se ha constituido con el nombre de Plataforma No a la Mina de Arroba para luchar contra el  proyecto de mina de titanio, zircón y turilo que se está tramitando en los términos municipales de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, ambos  pueblos de la provincia de Ciudad Real y en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros. El acto se ha llevado a cabo junto a la cabeza megalítica de Arroba, un lugar “cargado de simbolismo”.

Con este acto, el colectivo ha querido recordar el ritual de despertar a la Tierra que se hacía en época prerromana, deseando que la población de la comarca elija desarrollarse de forma sostenible, conservando «la gran riqueza patrimonial y natural que atesora para el futuro» y muestre su rechazo a este proyecto.

La Plataforma cree que el proyecto de mina de Arroba y Puebla de Don Rodrigo infringe numerosas normas del procedimiento administrativo y “perjudicará seriamente al medio ambiente y la salud de las personas». También asegura que supondrá un freno al desarrollo pues, aparte de “interferir en las posibilidades actuales de desarrollo sostenible”, tras los años de explotación “los pueblos quedarán sin trabajo y con el terreno destruido y contaminado, con la posibilidad de que los contaminantes se dispersen llegando incluso al Guadiana y sus embalses y sin que los problemas actuales del mundo rural se hayan solucionado».

Entre los objetivos de la Plataforma destacan, en primer lugar, presentar alegaciones en diversos formatos accesibles a todas las personas que deseen participar: alegaciones jurídicas, alegaciones resumidas y firmas clásicas, pidiendo la declaración de impacto ambiental negativa. En segundo lugar, difundir los valores ecológicos y culturales mediante charlas, marchas de senderismo y otras actividades; y finalmente unir a todos los pueblos con proyectos mineros de minerales tóxicos.

Inicio de trámites

Este proyecto minero ha iniciado trámites para instalarse en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, y su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan  en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

Desde el Gobierno castellano-manchego han reconocido que este proyecto es el más “complejo” de los que se están tramitando en la provincia, por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias.

 

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/plataforma-combatira-proyecto-titanio-Cabaneros_0_850065042.html

Guatemala

Indígenas guatemaltecos mantienen defensa de sus tierras contra la explotación minera

|La resistencia indígena contra la explotación de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, es una advertencia a todas las empresas mineras internacionales para que consideren las perspectivas indígenas con más cautela o sufran las consecuencias.

Las operaciones de explotación en la mina Escobal, en la que la minera estadounidense Tahoe Resources invirtió más de 500 millones de dólares, fueron suspendidas en 2017 mediante mandato judicial en espera de los resultados de una consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que reúne a unas 400,000 personas, rechaza la presencia de la mina en sus territorios debido a que sus actividades dañarán la tierra y agua en sus tierras ancestrales, poniendo en peligro su existencia.

El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece “inmediatamente” las consultas, aunque el proceso se encuentra atascado en un litigio para definir cuáles son las comunidades que deben participar en la consulta.

Esta pugna entre las ambiciones de las mineras transnacionales y el derecho de los pueblos indígenas ilustra el tipo de conflictos en los que se pueden enfrentar los capitales internacionales con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.

“Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social”, dijo Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima.

El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

Hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá se quejó señalando que “En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no se puede ganar”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invocado en la decisión de la corte de Guatemala, requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En México, unos 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga dijo que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

Desde 2013, año en que obtuvo su licencia de extracción, la mina Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017. La decisión de la Justicia guatemalteca de reconocer el valor de los argumentos de los indígenas Xinca y de los defensores del medioambiente, significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de la minera Tahoe Resources cayeron en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluyendo un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de “buena fe”. Si no, podrían prolongarse hasta cinco años.

Según la interpretación de esta abogada, “La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un dialogo”, dijo.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas por parte de las empresas extractivas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.

El BID concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a la población afectada por las operaciones extractivas y contaminantes.

Lejos de aliviar las tensiones, el fallo judicial parece haber galvanizado a los indígenas guatemaltecos que no quieren que la mina Escobal afecte negativamente sus tierras y sus condiciones de vida.

Al lado de la propiedad de la mina en la ciudad de Casillas, los camiones que se aproximan son inspeccionados por miembros de la comunidad que buscan hacer cumplir la suspensión en lo que denominan un “campo de resistencia”.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.

Arana, quien celebró el fallo de la corte, busca inspirar a otros pueblos indígenas a unirse en la lucha contra proyectos transnacionales de explotación como la mina Escobal, que según él, causan grandes daños medioambientales en sus tierras y son una amenaza para las culturas indígenas.

“La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión”, dijo el líder indígena guatemalteco.

 

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/12/25/indigenas-guatemaltecos-mantienen-defensa-de-sus-tierras-contra-la-explotacion-minera/

Mexico

Antes de partir, Peña Nieto «regala» 42 títulos de minería

En el último día de su Administración, el Gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 42 títulos de asignación minera en diferentes estados.

Los lotes asignados van desde 122 hasta 44 mil hectáreas, de acuerdo con los títulos publicados el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los títulos fueron asignados al Servicio Geológico Mexicano (SGM) para que comience la exploración y eventualmente se otorguen las concesiones mineras correspondientes.

La vigencia de las asignaciones mineras es de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF.

Ambientalistas y defensores de zonas protegidas advirtieron de los riesgos que puede acarrear esta medida.

«Siempre nos dejan regalitos. Habrá que ver ya con este secretario de Minas, con Napoleón en el Senado, con la presión fuerte de las mineras canadienses y los empresarios más ricos del país que prácticamente todos tienen empresas mineras.

«Entonces a lo mejor pronto aquí nos sacan algo a relucir, alguna asignación que puedan empezar a salir de ahí», señaló Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red de Afectados por la Minería (Rema) en Guerrero.

Es inadmisible, dijo, que continúe en el País la explotación minera a cielo abierto porque ninguna ley nacional considera medidas de prevención y mitigación de daños sociales y ambientales.

No obstante, advirtió que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López da señales de que continuará con la misma política extractiva.

«Cuando este nuevo Gobierno plantea un secretario de Minas que viene del sector empresarial, lo único que nos deja como mensaje es que vamos a seguir con una política vinculada a lo económico y abandonando la discusión de la política social y ambiental», apuntó.

 

Fuente:http://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-partir-pena-nieto-regala-42-titulos-de-mineria.htm

Colombia

Nueva delimitación de páramo de Santurbán será socializada en enero

Desde inicios de 2019 el Ministerio de Ambiente empezará a reunirse con comunidades vecinas, en Santander y Norte de Santander, para establecer una nueva línea. Así lo ordenó la Corte Constitucional.

No hay duda que, entre todas las delimitaciones de páramo que se han dado en Colombia, la de Santurbán es la que más ojos ha tenido encima. No sólo porque este páramo, ubicado en Santander y Norte de Santander, fue el primero en ser delimitado a escala 1:25.000, sino porque es un área tradicionalmente minera.

Santurbán se convirtió en una especie de laboratorio para resolver el conflicto entre minería y conservación. Tanto así que, tras esa nueva delimitación, sumado al fallo de la Corte Constitucional que prohibió cualquier actividad extractiva o minera en páramos, el proyecto Angostura, de la canadiense Eco Gold, tuvo que salir de allí. Claro, no sin que esto le costara una demanda al estado colombiano, pues Eco Gold reclamó ante el Banco Mundial una compensación por parte de Colombia por los daños que había sufrido con esta serie de decisiones.

Tras este punto álgido, parecía que la calma retornaba a Santurbán. Pero en el mes de noviembre de 2017 la Corte Constitucional reversó la delimitación del páramo de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas.  Dando la orden al Ministerio de Ambiente de dar una nueva delimitación que debía estar “acompañado de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.

Según explica el periódico Vanguardia este proceso de socialización comenzará en enero de 2019. En palabras del periódico, Camilo Rincón, asesor de despacho del MinAmbiente anunció, durante el Foro de Control Fiscal Participativo a la delimitación del Páramo de Santurbán que “este nuevo proceso tiene varios factores como los relacionados con los predios, agricultura y el sector minero. Estaremos en los 30 municipios del Páramo de Santurbán junto a los ministerios de Agricultura y Minas, autoridades ambientales y entidades que tengan competencia para dar solución y sobre todo tranquilidad a las comunidades sobre el ejercicio que adelantaremos”.

Igualmente, el proceso involucrará Consejos de Participación Ciudadana, liderados por el Ministerio de Interior, así como una especie de “censo” para idenrificar quiénes son los vecinos del páramo de Santurbán. Proceso que será llevado a cabo por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

 

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nueva-delimitacion-de-paramo-de-santurban-sera-socializada-en-enero-articulo-830654

Venezuela

SOS Orinoco: Devastación ambiental en Yapacana es obra del ELN y Maduro

La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció este domingo el intenso desarrollo minero de oro en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, lo que ha ocasionado un pronunciado deterioro del medio ambiente en la localidad.

La organización difundió un video en el que se observa la actividad minera y su radio de acción, y responsabilizó del suceso a la asociación guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al presidente Nicolás Maduro.

«La imagen satelital 3D, tomada en el año 2018, que muestra la devastación por la minería ilegal en Yapacana, obra del ELN, socios de Nicolás Maduro. Un total de 46 sectores mineros, incluido varios en la cima del Tepuy, es decir, 2000 hectáreas», indicó SOS Orinoco.

La organización InSight Crime, que se dedica al monitoreo de la actividad criminal organizada, ya había alertado de la presencia y el control de la minería por parte de la organización guerrillera oriunda de Colombia.

La minería ilegal y sus efectos nocivos en el medio ambiente también ha sido denunciada por la Asamblea Nacional. El diputado Luis Parra, miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento, advirtió que el arco minero está lleno de «negocios oscuros» que no tienen en cuenta medidas sostenibles para proteger el ecosistema de Amazonas.

fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/sos-orinoco-devastacion-ambiental-yapacana-obra-del-eln-maduro_264333

 

Mexico

La explotación minera destruye comunidades y favorece a una minoría

 Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México tanto legal, política y territorialmente para llevar a cabo el extractivismo, con la promesa de lograr un gran progreso para el país, cuando lo que en realidad han hecho es someter a comunidades enteras a condiciones deplorables, no sólo en lo laboral, sino también al dañar sus territorios.

En la presentación del libro Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias, de la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor Edgar Talledos Sánchez consideró que el texto presenta una discusión social contemporánea acerca de cómo las corporaciones del ramo se han hecho de una gran cantidad de tierras, transformando en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.

El doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México se refirió a algunos casos en San Luis Potosí donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.

En el municipio Cerro de San Pedro, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras y con el fin de compensar el daño rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, provocando una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.

El profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.

El gobierno mexicano ha concesionado a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.

Las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al producto interno bruto de una nación.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, académico del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco, aseguró que el asunto de la minería en México es la riqueza que generan grandes empresarios con los recursos que pertenecen a todos los mexicanos.

Desde la llegada de los españoles existe el oficio del minero, al que explotaban igual que hoy en día y sucedía el mismo despojo de las tierras de los pueblos originarios. “Desde hace 500 años los sectores empoderados han cometido estas atrocidades en busca de oro, plata y demás minerales”.

Siglos después, los dueños de las minas ya no serían los españoles, sino estadounidenses, canadienses, europeos y asiáticos, pero seguirían explotando a los trabajadores y sustrayendo a los campesinos de sus tierras.

El doctor Rodríguez Wallenius recordó la Huelga de Cananea como un claro estandarte de la lucha minera que dio origen cuatro años después a la Revolución de 1910, un movimiento que logró devolver al campesinado sus tierras, hasta hace unas décadas en que volvió a darse este intenso proceso de despojo.

El problema continúa como hace 500 años y como hace 112 años, afectando a las poblaciones campesinas, a los pueblos originarios que reciben los impactos ambientales –falta o contaminación del agua– y el arrebato de una riqueza que pertenece a los mexicanos.

La doctora Azamar Alonso, académica del citado Departamento, denunció la evidente violencia que se ha ejercido contra los pobladores de las regiones donde se han abierto minas, y otra forma derivada de los cambios en la legislación que ha llevado a cabo el gobierno, como las modificaciones al artículo 27 constitucional.

Ha habido muchos acuerdos desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el gobierno actual, que permitieron a empresas extranjeras la extracción de los recursos naturales.

 

Fuente:http://almomento.mx/la-explotacion-minera-destruye-comunidades-y-favorece-a-una-minoria/

Guatemala

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica

El drama que embarga a una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y está representando una advertencia para que las empresas aborden los problemas indígenas con más cautela o paguen las consecuencias. El trabajo en la mina Escobal –donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de 500 millones de dólares– fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades .

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua. El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece «inmediatamente» las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar. La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar con rivales cada vez más sofisticados a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector. «Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social», indicó Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

«En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no puede ganar», señaló un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá y con proyectos en todo el continente americano hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El ejecutivo tiene décadas de experiencia en negociaciones sobre consultas indígenas requeridas por el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

El convenio 169 requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En el vecino México, alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minería Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga destacó que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

AMENAZA A PUNTA DE MACHETE

Desde 2013, cuando obtuvo su licencia de extracción, Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017, pero la decisión de la corte de ponerse del lado de los ambientalistas y enemigos de Xinca significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de Tahoe Resources han caído en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluido un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de «buena fe». Si no, podrían prolongarse hasta cinco años. «La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un diálogo», dijo.

Leer mas: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-conflicto-minero-guatemala-inquieta-industria-toda-latinoamerica-20181224210156.html

 

Mexico

Académicos piden acabar con privilegios de empresas mineras

Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México para realizar sus labores de extracción, pese a que dañan y transforman los territorios donde laboran y abusan de los trabajadores, expuso el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Talledos Sánchez.

 

En la presentación del libro “Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias”, de la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar Alonso, el doctor en Geografía por la UNAM dijo que el texto presenta una discusión social contemporánea de la forma en que las corporaciones del ramo se apropian de gran cantidad de tierras.

Con ello, aseguró, transforman en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.

Edgar Talledos se refirió a algunos casos en el estado de San Luis Potosí, donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.

Refirió que en el municipio Cerro de San Pedro de esa entidad, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras, y con el fin de compensar el daño, rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, lo que provocó una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.

El también profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.

Lamentó que el gobierno mexicano concesione a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.

Mientras que las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al Producto Interno Bruto de una nación, agregó.

Fuente:http://planoinformativo.com/631341/-academicos-piden-acabar-con-privilegios-de-empresas-mineras-slp

Perú

CUSCO: ESPINAR NECESITA SER DECLARADA EN EMERGENCIA SANITARIA

Contaminación de agua potable con metales tóxicos es la mayor preocupación de la población.

La provincia de Espinar está sumamente preocupada y alarmada, un informe ha revelado que el agua potable que consume la población contiene metales tóxicos con parámetros elevados  como aluminio, arsénico, hierro y manganeso. Este es un documento que emite la Dirección Regional de Salud del Cusco, a través del oficio Nº 01256-2018 con fecha 27 de noviembre del presente año, dirigida a la Municipalidad Provincial del Espinar.

En ella indica que  en el marco de sus responsabilidades de Vigilancia de la Calidad de Aguas para consumo humano, se realizó el Análisis Físico Químico a las aguas del Sistema de Tratamiento de agua potable Virgen de Chapi.

En el oficio se pide las medidas correctivas, sin embargo; todavía no hay respuesta por parte del gobierno regional del Cusco, ni un pronunciamiento de la autoridad electa, Jean Paul Benavente. Al respecto Arturo Ccorahua, regidor electo de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) pidió al GRC  se declare la provincia en estado de emergencia sanitaria ambiental.

Foro de metales tóxicos, testimonios y compromisos

El viernes 7 de diciembre se llevó a cabo el Foro Público: “Los Metales Tóxicos en Espinar; Efectos, Avances, Propuestas y Compromisos”, esta actividad se dio en un momento donde la provincia recibía la noticia que el agua potable que consumen contiene metales como arsénico, aluminio, hierro y manganeso, según un informe de la Dirección Regional de Salud Cusco.

El foro público se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar y contó con la participación del Congresista de la República, Oracio Pacori; el Médico Cirujano, Hugo Villa Becerra; Jaime Silva, regidor del distrito de Simón Bolivar / Cerro de Pasco y la lideresa Rosa Amaro, ex presidenta del Movimiento por la Salud de la Oroya. Dada la importancia del tema, la población espinarense llenó el auditorio con la presencia de sus líderes y lideresas, autoridades electas y población interesada.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Melchora Surco, presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería, para después pasar a la participación de la Bióloga Karem Luque de Derechos Humanos Sin Fronteras, ella compartió las acciones que se han impulsado desde la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, reuniones con ministerios y autoridades de salud.

El médico Hugo Villa indicó que según un estudio realizado en La Oroya el año 2004 y 2005 en recién nacidos para medir los niveles de plomo, los resultados fueron alarmantes, 93 recién nacidos tenían altos niveles de este metal, y la vía de transmisión era de madre a hijo. Este dato creo un clima de preocupación en el público espinarense asistente  al foro, la contaminación de su agua potable es una noticia que ha golpeado a la población.

Entre la participación del público pudieron salir estas preocupaciones por la contaminación a la que está expuesta la provincia de Espinar, el poblador Fredy Almanza refirió que teme por su familia (esposa e hija) ya que ellos han vivido toda su vida en la provincia y hay una gran probabilidad que tengan metales tóxicos. Por su parte la Sra. Angélica Larota de la comunidad de Tintaya Marquiri indicó, “sabiendo que la intoxicación afecta también a los niños puedo entender porque mi hijo ahora esta tan enfermo, yo tengo un hijo que está muy mal, las empresas no nos apoyan”.

Por su parte Ceferino Kana de la comunidad campesina de Huisa indicó que la gente ya no quiere comprar productos de Espinar porque saben que está contaminado, pidió que las autoridades nacionales impulsen iniciativas legislativas para atender a las poblaciones afectadas por la contaminación. Ante un público preocupado y casi con la voz quebrada, Ceferino contó su drama familiar, “mis hijos tienen los niveles de metales elevados y que va aumentando cada vez que los hago analizar años tras año”.

Durante el foro empezaron a salir más casos y testimonios de familias espinarenses que vienen siendo afectadas por la contaminación; hijos y adultos mayores  enfermos, incluso con desenlaces de muerte producto de cáncer. Esta lamentable situación empujo a que las actuales autoridades planteen soluciones inmediatas, por su parte Felipe Pacuri, Consejero Regional por Espinar para el periodo 2019- 2022, propuso reactivar la Comisión Ambiental Municipal para lograr la Gestión Integrada para el Desarrollo Sostenible de la Provincia.

En ese mismo sentido, Arturo Ccorahua, regidor electo de la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) enfatizó que: “queremos que articuladamente con el gobierno regional se declare en estado de emergencia sanitaria ambiental. No vamos a permitir que esa agua de la planta de tratamiento Virgen de Chapi continúe, y también debemos declararla en estado de emergencia”. Su colega, también regidora electa, Yeny Huillca propuso impulsar espacios de diálogo que sean efectivos y fue clara en mencionar, “no nos pueden pedir que nos vayamos porque somos Yaureños y aquí nos quedamos. No soy partidaria de lanzar piedras, pero si es necesario lo haremos”.

A través de las participaciones de la población, líderes y autoridades presentes se pudo llegar a los siguientes acuerdos, exigir que se declare en Estado de Emergencia Sanitaria el agua potable para consumo humano, atacar a la fuente de la contaminación (agua), incluir esta problemática en la discusión del grupo de Convenio Marco para priorizar acciones sobre el tema de Salud y Agua, plantear acciones de Defensa Legal de tipo penal en alianza con autoridades regionales y locales.

Las nuevas autoridades provinciales tienen un gran reto, Espinar recibe un presupuesto de un promedio de 60 a 80 millones anuales por todos sus ingresos (canon, regalía minera y gasífera, Fondo de Compensación Municipal /FONCOMUN, entre otros). Es preocupante que las autoridades no estén considerando la problemática de metales tóxicos para mejorar e implementar tecnologías para la construcción de una planta de tratamiento adecuada que permita garantizar la calidad de vida de la provincia.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/cusco-espinar-necesita-ser-declarada-en-emergencia-sanitaria