Internacional

Wolframio, fosfatos, titanio: Ciudad Real sigue sumando proyectos de minería a cielo abierto

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La inversión inicial de la sociedad empresarial en este paraje de Ciudad Real ronda los 30 millones de euros, una iniciativa para la que estima una producción anual de 500.000 toneladas de concentrado de wolframio y oro que podría llevar a convertirla en la explotación más importante de Europa de este mineral estratégico.

La mayor mina de Europa

El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal. Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional, según comenta el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población».

Hace unos meses se publicó la expropiación forzosa de los terrenos que albergará la mina, pero el proceso para su construcción se ha visto alterado por su suspensión cautelar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitiera el recurso de uno de los propietarios de las fincas que tienen que ser expropiadas. Se trata de un trámite ordinario, pero con ello han arreciado las críticas que desde el pasado mes de enero ha ido aglutinando este proyecto. Al margen de las expropiaciones, Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y a la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.

El Gobierno castellano-manchego niega este extremo. Agustín Espinosa resalta que la Consejería de Medio Ambiente es “muy escrupulosa” en estas cuestiones y que si la medición del impacto fue positiva es porque no existe ninguna afección ambiental. A partir de ese momento, la Junta considera que el proyecto debe seguir delante de la misma forma: “Cumpliendo con la transparencia y con todos los trámites previstos».

A unos 70 kilómetros de Abenójar se fragua por su parte la mina de fosfatos a cielo abierto de Fontanarejo, con una vida útil de 35 años. Entre sus numerosos componentes, la obtención de fósforo juega actualmente un papel esencial en la formación de semillas y el crecimiento de las raíces, es decir, un componente esencial en la agricultura, aunque también tiene otras propiedades de carácter industrial. Este proyecto recibió recientemente la Declaración de Impacto Ambiental positiva tanto para su explotación como para la planta de tratamiento del mineral.

El objetivo es obtener roca fosfórica que se comercializará en forma de concentrado. Ocupará más de 1.200 hectáreas y sería la única existente en la Unión Europea, ya que se trata de un mineral que actualmente se compra a otros países. En este documento también se apunta que la inversión sería de 3 millones de euros y que su construcción generaría unos 45 puestos de trabajo directos  y otros tantos indirectos, y sería una medida para combatir la despoblación.

La mina de fosfato, promovida por Alcudia Mining S.L. -que comparte domicilio fiscal con Minning Hill’s-, se ha planteado asegurando el «vertido cero» de aguas contaminantes que afecten a los recursos hídricos de la zona, para lo que se ha proyectado más de una decena de balsas para contener aguas ácidas, salmueras, precipitados de lodos espesados o lixiviados, entre otros elementos. Y otro dato: la necesidad total de agua en la explotación minera para cubrir todos los procesos y labores se ha estimado en 214.552 metros cúbicos al año.

La ofensiva ecologista también ha llegado hasta aquí, y sus últimas acusaciones se han dirigido directamente hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha: consideran un “fraude” y un posible delito de prevaricación administrativa haber dado luz verde a esa DIA. En este caso, organizaron recientemente una marcha senderista reivindicativa desde Arroba de los Montes. La declaración de impacto considera que el territorio afectado por el proyecto no presenta una especial relevancia para la conservación de la fauna silvestre, a pesar de encontrarse a menos de 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros. Pero el colectivo apunta que se trata una zona de campeo y alimentación de buitres negros y leonados, águilas imperiales y perdiceras y cigüeña negra, zona de invernada de milano real y, lo que es más importante, una zona «recientemente recolonizada» por el lince ibérico, según el informe del año 2017 del programa Iberlince financiado por la Unión Europea.

«Un espacio geográfico de gran importancia ambiental»

Añaden que la zona afectada por la mina de Fontanarejo se encuentra en un “espacio geográfico de gran importancia ambiental”, considerado un importante corredor ecológico para especies en peligro de extinción como el lince ibérico, tal y como ha demostrado WWF en su informe sobre autopistas salvajes. El director provincial del Gobierno regional no lo ve así. Insiste que toda la tramitación, al igual que en el proyecto de wolframio, se ha realizado con “garantía de ley”. “Hemos estado y siempre estaremos comprometidos con el cumplimiento de las normas. Aunque un proyecto tenga beneficios económicos y genere empleo, si tiene afección ambiental, no sale adelante. Y si no lo tiene, sí. Actuamos con el mayor rigor”.

A estas dos iniciativas se suma una tercera mina a cielo abierto: la de titanio, zircón y turilo, entre Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, es decir, también en el entorno de Cabañeros, y en esta ocasión su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan también en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

La de titanio es la mina «mas compleja»

Agustín Espinosa reconoce que es “la más compleja” por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias. El estudio de la promotora incluye una inversión de unos 13 millones de euros y empleos directos para 70 personas. Insiste en que estos puestos de trabajo redundan directamente en los  términos municipales donde se ubican, pero deja claro que en el caso de este último proyecto aún no hay DIA y por lo tanto, no hay respaldo de la Administración regional. “Nunca pondremos una prioridad por encima de la otra”.

También se ha incluido esta mina en el listado de proyectos ‘non gratos’ de los ecologistas. Insisten en que ninguno de los documentos incorpora las consecuencias que ocasionarán en el conjunto en la comarca y en el corredor ecológico identificado, recordando que todos ellos se encuentran en un radio de 30 kilómetros poniendo como centro de gravedad la mina de Arroba.

“Estamos ante una oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”, recalcan.

Concluye por su parte el Gobierno castellano-manchego que todos estos proyectos se encuentran en zonas con gran índice de despoblación y altos niveles de desempleo desde hace tiempo, y recuerda que la apertura de minas no es una novedad en la provincia. “Aquí hay una tradición minera. El hombre ha explotado la minería siempre, porque no es algo que se pueda deslocalizar. Es un área económicamente más deprimida y es necesario contar con recursos propios para la generación de desarrollo económico. Es algo que está aquí, y que siempre se ha hecho y se hará con garantías de protección al medio ambiente y con acuerdo a la ley”.

 

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Wolframio-fosfatos-Ciudad-Real-proyectos_0_843066432.html

Brasil

Danilo Chammas: «Con el Sínodo se está levantando el clamor de muchas comunidades perjudicadas por la minería»

El pasado 27 de noviembre, la ONG Justicia en los Raíles, (Justiça nos Trilhos por su nombre en portugués), recibía el recién creado Premio Derechos Humanos y Empresas, dotado con 50.000 dólares. El reconocimiento es fruto de un trabajo junto a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los estados brasileños de Pará y Maranhão, para denuciar los abusos contra los derechos humanos y ambientales cometidos por empresas mineras y siderúrgicas, especialmente la multinacional Vale.

El premio fue concedido por la Human Rights and Business Award Foundation, siendo recogido por Danilo Chammas, abogado de Justicia en los Railes, en Ginebra, en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según Danilo Chammas, es un reconocimiento a las comunidades organizadas frente a los daños ambientales y las violaciones de los derechos provocados por la multinacional Vale. En esta entrevista se muestra preocupado, pues con el Presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, se vislumbra «el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales», y aún más, que va a «poner fin a todo tipo de activismo».

El abogado destaca que «sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentirnos menos aislados y más protegidos». En ese sentido, piensa que con el Sínodo para la Amazonía, «se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería», y espera que con él, la Iglesia «encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito» .

Hablando sobre la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM, con quien, Danilo Chammas dice que «nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud», afirma que «no es recomendable trabajar de forma aislada«. Él insiste en que «necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones … con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas», siguiendo la invitación del Papa Francisco.

¿Qué significa ese reconocimiento internacional ante la actual coyuntura política brasileña?

Así como declaré públicamente en la sede de la ONU, en Ginebra, en la ceremonia en que se dio el anuncio oficial acerca del premio, éste no significa sólo el reconocimiento del trabajo de la entidad Justicia en los Raíles, sino la actuación cotidiana de algunas de las comunidades, situadas en los municipios impactados por el proyecto Carajás, que, de manera organizada y pacífica, han tomado iniciativas por la responsabilización de las empresas y del Estado frente a las violaciones de derechos provocadas por las operaciones de las minas, ferrocarriles, puertos, industrias siderúrgicas, monocultivos a gran escala y otros emprendimientos allí instalados.

Desde la instalación del proyecto Carajás, es decir, hace más de treinta años, esas comunidades han sido víctimas de los daños ambientales y de las violaciones de derechos provocados por Vale SA y otras empresas que operan según una lógica extractivista y voraz, que favorece el lucro dde unos pocos y afecta a los derechos de muchas personas y el ambiente como un todo.

Las iniciativas extractivas se están intensificando. Las empresas mineras son parte del grupo de los principales partidarios del presidente electo, algunas declaraciones del presidente electo ya anticipan el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales. Eso nos preocupa mucho. La tendencia es que se fomente aún más el ritmo frenético e insaciable de extracción de minerales. Existe el interés de que se abran a la explotación incontrolada nuevas áreas que hasta el momento cuentan todavía con restricciones legales relevantes para su explotación, como las tierras indígenas, las unidades de conservación o las áreas de preservación permanente.

Las comunidades en las periferias de nuestro país se sienten cada vez más amenazadas por esos proyectos de expansión extractiva. Temen no ser consultadas o no tener su opinión considerada en lo que concierne a las decisiones sobre su futuro y sobre la gestión de sus territorios.

Por eso, un reconocimiento internacional tan importante – es la primera edición de este premio a nivel mundial – refuerza la importancia del trabajo de educación y de incentivo a la organización popular, confirma que las comunidades tradicionales, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas tienen voz y tienen derechos, sus llamamientos y denuncias pueden alcanzar visibilidad internacional, movilizar la solidaridad de otros pueblos e incluso provocar la constreñimiento de nuestro país y de las empresas que actúan en él ante la comunidad internacional.

¿Cuáles son los miedos que Justicia en los Raíles y las organizaciones que luchan por los derechos humanos sienten ante un gobierno que amenaza a quien defiende otra manera de entender la vida y la relación entre las personas y con el medio ambiente?

En los años pasados, sufrimos acciones de intimidación, espionaje, infiltración y procesos judiciales represivos. Brasil fue, en 2017, el país donde más defensores / as de derechos humanos, de la tierra y del ambiente fueron asesinados / as.

Estamos muy preocupados, porque el escenario que se abre para los próximos años puede empeorar. El presidente electo declaró en varias ocasiones recientemente que pondrá fin a todo tipo de activismo. Declaró además que aquellos que discrepan de las acciones de su gobierno deberán elegir entre la prisión y el exilio. El discurso de odio que se instaló durante la campaña electoral, y que persevera después de su término, se está convirtiendo en ataques violentos a personas pertenecientes a las minorías y a quienes defiende los derechos humanos, sin que haya investigación y castigo de los responsables, ni suficientes garantías de protección a las personas y organizaciones amenazadas.

La Ley Antiterrorista (Ley No. 13.260 / 2016), sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, puede ser reformada en breve y con ello convertirse en un instrumento a disposición del Estado para perseguir integrantes de movimientos sociales y de ONG, que pueden ver reducido el espacio cívico y hasta perder el derecho a la libre manifestación. También acompañamos con atención la tramitación de otros proyectos de ley como el PL 10.010 / 2018, que propone penas altísimas y medidas administrativas bastante duras para lo que es categorizado como «crimen de esfuerzo posesivo colectivo». Además, nos preocupa el veredicto que el Supremo Tribunal Federal dará en el Recurso Extraordinario nº 806.339, con repercusión general reconocida, por medio del cual podrán ser establecidos criterios rígidos para el «previo aviso» prescrito en la Constitución de la República como condición para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en locales públicos (artículo 5º XVI de la CR/1988).

La Justicia en los Raíles y varias otras entidades que defienden el ambiente y los derechos humanos cuentan con una red consolidada de alianzas a nivel internacional que reconocen el valor de su actuación y el profesionalismo de sus integrantes.

Además del reconocimiento moral, el premio tiene una ayuda económica, ¿cómo puede ayudar en el trabajo de la Justicia en los Raíles?

Todavía no hemos decidido cómo invertir la ayuda económica que vendrá en los próximos días. Esto se hará en una de nuestras próximas asambleas. Todos los miembros de Justicia en los Raíles, sin embargo, concuerdan que este valor debe ser invertido directamente en favor de las comunidades con quienes trabajamos y que, como dijimos, son igualmente merecedoras de reconocimiento por su resistencia y valiente esperanza.

Justicia en los Raíles es una organización con inspiración cristiana, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Iglesia católica en referencia a la cuestión de la minería?

Primero, agradezco a los Misioneros Combonianos, que hace poco más de diez años fundaron la Justicia en los Carriles, integrando en el amplio territorio del Corredor de Carajás el trabajo de varias otras entidades que ya actuaban en algunas regiones. Los Combonianos están también entre los creadores de la red ecuménica Iglesias y Minería, nacida en 2013, que aún hoy actúa con vigor y creatividad a nivel latinoamericano.

La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en 2015, abrió nuevas perspectivas para todos nosotros. En mi discurso durante la premiación en la ONU destacé también eso, citando la encíclica y diciendo que nuestro trabajo se inspira en el paradigma de la Ecología Integral, por el cual entendemos que el medio ambiente es la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad: todo está estrechamente interconectado.

Más recientemente, el año pasado, los obispos latinoamericanos publicaron una carta pastoral fuerte y valiente sobre el cuidado de la Casa Común, en la que hay muchas referencias a los daños provocados por la minería. Me sorprendió positivamente el ver que también en esta carta hay una breve referencia al trabajo de Justicia en los Raíles.

En el mes pasado, finalmente, Justicia en los Raíles consolidó la alianza con otro relevante actor de la Iglesia Católica: el Grupo de Trabajo sobre Minería de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil), que organizó en el barrio de Piquiá, en Acailândia, Estado de Maranhão, un encuentro de la Iglesia en diálogo con las comunidades alcanzadas por minería en el norte y nordeste de Brasil.

Sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentir menos aislados y más protegidos, pudiendo contar con un actor institucional y con su rica Doctrina Social.

¿Hasta qué punto el Sínodo para la Amazonía puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de reflexionar sobre esas problemáticas?

Participé en una asamblea de escucha del Sínodo Especial para la Amazonía. Fue una experiencia fuerte de protagonismo popular, sobre todo de escucha de las comunidades que generalmente permanecen al margen y tienen menos posibilidades de hacerse oír, incluso por la Iglesia. Sé que en muchos rincones de la Amazonia se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería.

Espero que la Iglesia tome seriamente en cuenta estos gritos y, en el proceso del Sínodo, encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito, que ya no puede esperar.

La REPAM es un instrumento que articula el trabajo en red en la Pan-Amazonia, ¿por qué es importante ese trabajo en red?

He seguido de cerca algunas de las iniciativas consistentes de la REPAM en el ámbito de la educación en derechos humanos, la sistematización de informaciones, la comunicación, la producción de conocimiento y la incidencia política ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos. También la Justicia en los Raíles es una red. No es recomendable trabajar de forma aislada. El sistema que amenaza nuestros territorios es complejo, organizado a escala nacional e internacional. Así, nosotros también necesitamos interconectarnos, en varios niveles. Necesitamos facilitar el acceso de las personas a las instancias e instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales que tienen el deber de defender los derechos de las comunidades, de responsabilizar a quienes los viola y de imponer medidas eficaces de reparación y de no repetición. También necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones por ejemplo entre el mundo de la investigación, la comunicación, las instituciones religiosas, con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas.

El Papa Francisco invita y desafía a la Iglesia a dialogar más con los movimientos y organizaciones populares. La Justicia en los Raíles está teniendo un diálogo muy intenso y fecundo con la Iglesia, con las diócesis de Maranhão y de Pará, y también con la propia REPAM, de quien nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud.

 

Fuente:https://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/12/06/religion-iglesia-brasil-danilo-chammas-abogado-justica-nos-trilhos-sinodo-amazonia-clamor-comunidades-perjudicadas-mineria-derechos-humanos.shtml

Honduras

Presionar para declarar oficialmente al municipio libre de minería, reto para el Triunfo, Choluteca

La Consulta Ciudadana celebrada el fin de semana anterior en el municipio de El Triunfo en Choluteca, al sur de Honduras, atrajo la participación de unas 8,606 personas que atendieron el llamado para decidir sobre la presencia de las empresas mineras en el municipio. El patrón electoral superaba las 22 mil personas.

El resultado fue contundente: con un 97.9%, la población que asistió a las 60 urnas instaladas en el municipio, rechazó de manera inobjetable la instalación de proyectos mineros. Solo un 0.73% votó a favor.

“Para nosotros ha sido muy satisfactorio este proceso, y no solo los resultados, sino todo el proceso porque es acumulación de fuerzas, de participación ciudadana que la población está haciendo, ejerciendo su derecho, y esto parecer ser que está poniendo muy nerviosa a las municipalidades inclusive al poder central porque son ejercicios de liberación, porque son ejercicios de la gente los va sintiendo y va retando a la autoridad establecida”, detalló José Luís Espinoza, investigador del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Cehprodec, y encargado del desarrollo de la Consulta Ciudadana.

Derecho a la consulta

El Triunfo, Choluteca, se vio en la necesidad y en la obligación de realizar la Consulta Ciudadana por las amenazas que representa la presencia de las empresas mineras, entre ella Los Lirios, para los bienes comunes y la vida misma.

La gente participó, en un 40%, en la Consulta. “Es un ejemplo para la zona sur, para el departamento de Choluteca y un ejemplo para el país para que podamos seguir con este ejercicio ciudadano”, manifestó Espinoza.

Para Luís Méndez, observador del proceso en representación del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, lo que ocurrió en El Triunfo, Choluteca, es la expresión de la fuerza, de alegría y de una decisión clara y contundente por la autodeterminación, por el derecho a la consulta como un derecho de los pueblos.

“Y eso repensando el sentido de la participación misma, el sentido de la democratización y creo que también los espacios comunitarios como punto de encuentro de los pueblos para decidir temas estratégicos como el agua, temas estratégicos como detener ese proyecto de muerte, extractivo que ha acaparado todo el sur de Honduras”, dijo Méndez.

Actores claves

La Iglesia Católica de El Triunfo y el Frente Triunfeño por la Vida, han sido los actores más importantes en la generación de conciencia y articulación de las comunidades en defensa de los bienes comunes.

“El Frente Triunfeño en Defensa de la Vida nace con el propósito de articular actividades que conduzcan a la declaración del municipio libre de explotación minera, eso fue el 12 de junio de este año cuando nos organizamos, 16 organizaciones no gubernamentales proponen ayudar técnicamente al proceso, esto significó generar una serie de actividades que condujeron a este gran triunfo del NO a la minería aquí en El Triunfo”, contó Fredis Mendoza, secretario del Frente Triunfeño.

Para José Luís Espinoza de Cehprodec, los actores claves han sido la ciudadanía misma, el pueblo y los liderazgos que se involucraron. “Sin esas nueve mil personas que asistieron a las urnas nada de lo que hubiéramos hecho nosotros hubiese sido posible”. aseguró Espinoza.

¿Qué sigue?

Con la amplia participación de las comunidades de El Triunfo que ha rechazado rotundamente la presencia de las mineras en el municipio, la pregunta que surge es ¿y ahora qué sigue?

“Es sólo una parte del proceso, es una parte legitimas donde el pueblo se enfrenta y dice sí a pesar de que sus autoridades dicen no, ósea, vamos adelante, vamos en contra de esto, ahora podemos opinar, ahora podemos decidir sobre nuestros bienes naturales y no serán otros, no serán unos funcionarios los que determinarán la forma de vida de las poblaciones en el futuro”, dijo José Luís Espinoza de Cehprodec.

Luís Méndez de Ciprodeh destaca también que estos resultados representan una oportunidad para las organizaciones que están trabajando en el sur con procesos de acompañamiento en temas de defensorías, en temas de formación para no quitarles la palabra a las comunidades, imponer agendas o tomar las voces de los pueblos sino para ser verdaderos acompañantes de las organizaciones de base.

“Ver a tantas organizaciones nacionales e internacionales discutiendo, apoyando, aportando pequeños recursos, pequeñas solidaridades para que el Frente Triunfeño llegara, culminara con esta consulta donde hay un rotundo NO a la minería creo que es una gran victoria para las comunidades no solo del Triunfo sino del sur y para todo el país”, aseguró Méndez.

La gente de Cehprodec es clara y asegura que los alcaldes y las autoridades municipales tienen que ser muy inteligentes y escuchar la voz del pueblo porque si no el pueblo se las va a cobrar. “Y es desde esa óptica que nosotros exhortamos a la corporación municipal del Triunfo para que escuche esos resultados, que escuche lo que el pueblo habló para que en cabildo abierto logre ratificar los resultados de la opinión que ya dio la ciudadanía”, dijo José Luís Espinoza.

Luís Méndez también comparte esa mirada. “Ya que han visto los resultados, lo que se espera es que la alcaldesa, la corporación municipal junto al pueblo que ha ido a votar y otras comunidades se declare, oficialmente, desde esa parte institucional de la corporación municipal, El Triunfo Libre de Minería”.

Vienen más consultas

Fredis Mendoza del Frente Triunfeño compartió la alegría que produce consultar al pueblo sobre el futuro de sus recursos naturales.

“Jamás en la vida de los habitantes del Triunfo se ha había hecho una actividad democrática de esta forma, nos sentimos muy alegres porque son cosas que no ocurren a diario, al pueblo nunca se le pregunta nada, al pueblo siempre se le roba el dinero, se le saquean los bienes, se hace y deshace a través de los políticos, y el pueblo solamente va a votar cada cuatro años, entrega el poder absoluto a cuatro ladrones que hacen y deshacen con sus bienes y los resultados jamás se han visto en la historia de nuestro país”, aseguró Mendoza.

Según José Luís Espinoza de Cehprodec, la Consulta en El Triunfo, Choluteca es la octava que se realiza a nivel nacional. “Y vienen más, esperamos acompañar en el mes de enero, si es posible, creo que, con la Convergencia Contra el Continuismo, ir al municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, también nos está invitando, y creo que lo vamos hacer de frente, con el municipio de Chinda en Santa Bárbara porque está peleando porque no ha sido consultado sobre el proyecto hidroeléctrico. “El Tornillito” que son más de 100 megas que van a inundar muchos poblados y que se ha hecho a espalda de ellos”, finalizó Espinoza.

 

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/presionar-a-autoridades-para-que-declaren-oficialmente-al-municipio-libre-de-minera-reto-para-el-triunfo-choluteca/

Perú

Niños en estado crítico por envenenamiento con plomo en Huaccho

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Las autoridades mencionadas iniciaron investigaciones del caso en el centro poblado de Huaccho a causa de las graves condiciones de contaminación y sus efectos fuertemente negativos en la salud de la población local. La policía dio a conocer que existe la posibilidad de un conflicto abierto entre las comunidades con el apoyo de las autoridades locales frente la empresa minera que sigue operando en esa zona.

La situación de contaminación ya va ocurriendo hace varios años y se supone que las aguas contaminadas provienen del campamento cerca de la cuenca de Sechín y que el rio, del cual la comunidad se abastece, va pasando por antiguos relaves de actividades mineras pasadas en la zona.

Acompañando el caso, la parlamentaria María Elena Foronda señaló como urgente la intervención inmediata de la OEFA, de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. Pidió que el Ministerio de Salud actúe de inmediato frente a la denuncia de la comunidad campesina de Quillo. Foronda exigió que se recopile información oficial sobre el caso de los afectados y se encuentre los responsables de la contaminación.

Red Muqui exige que las autoridades del gobierno regional implementen la fiscalización ambiental y que haya una intervención por parte de la OEFA y del Ministerio de Salud aplicando la política pública recientemente aprobada el 26 de octubre:»Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas». Es urgente que desde la PCM se garantice la implementación de los lineamientos a nivel multisectorial con plazos y metas, para actuar frente a casos como este.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/820-ninos-en-estado-critico-por-envenenamiento-con-plomo-en-huaccho

Perú

EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que  se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Si la agenda de la corrupción y de la reforma del sistema de justicia y la política, ha sido en gran medida lo que ha concitado la atención general en los últimos meses, cabe preguntar sobre cuáles deberían ser los temas de la agenda post referéndum.

Por ejemplo, como vienen insistiendo varios especialistas, la economía anda estancada desde hace tiempo. A estas alturas es muy difícil que se cumpla el pronóstico de crecimiento del gobierno para este año: los últimos indicadores muestran una proyección por debajo del anunciado 4%. Además, indicadores importantes como el del empleo siguen siendo preocupantes: como lo señala el economista Pedro Francke, el último año se han perdido 34 mil puestos de trabajo en empresas de más de 10 trabajadores y el subempleo por horas ha aumentado. No hay que olvidar que cada año se incorporan al mercado laboral más de 300 mil jóvenes peruanos, aparte de la fuerza de trabajo de inmigrantes que no ha cesado de aumentar.

A todas luces se necesita un cambio de timón en la política económica y no seguir insistiendo en las mismas recetas que se ha comprobado que no funcionan. Ahora, con un escenario internacional complicado y con los precios de las materias primas a la baja, es difícil pensar que la economía peruana pueda retomar los niveles de crecimiento de la etapa del súper ciclo de precios de nuestras exportaciones.

En medio de todos estos hechos, el anuncio del relanzamiento de proyectos de inversión en minería fue parte del optimismo que generaron los buenos precios de los minerales en el primer semestre, situación que ha cambiado en el segundo semestre. Luego de oficializarse el inicio de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, algunas empresas se animaron a anunciar que estaban buscando relanzar proyectos fuertemente cuestionados.

Por ejemplo, Southern Perú anunció que sólo estaba esperando la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. El gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y en otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias y originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país.

Por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como viene ocurriendo en la zona del denominado corredor minero del Sur Andino. Por ejemplo, el pasado 26 de noviembre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Es la enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se  repite una y otra vez desde el 2016. Nuestras autoridades deberían replantear esta situación y buscar caminos alternativos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.

Sería importante que el gobierno del presidente Vizcarra, comience a pensar en que la agenda post referéndum incluye no sólo las necesarias reformas en el sistema de justicia y de la política; también debería incorporar en paralelo la agenda ambiental, la social y la económica.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-proximo-9-de-diciembre/

Mexico

Habitantes de la sierra de Rosario denuncian derrame de miles de toneladas de jales mineros tras paso de Huracán Willa

Tras las lluvias del Huracán Willa, el bordo que contenía miles de toneladas de “jales” (sustancias para la extracción de minerales) de la Minera Cinco Reales, se vino abajo, derramando los residuos potencialmente tóxicos por el arroyo de Plomosas hacia el Río Baluarte.

“Ese jal ya llegó hasta el mar”, denunció en rueda de prensa Víctor Ávila Osuna, líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos del Municipio de Rosario, quien advirtió que dichos residuos se encontraban en los límites de donde se construye la presa Santa María.

Entre las comunidades afectadas están Santa María, La Rastra, Ojo de Agua, Ojo de Agua del Venado, El Tecomate, El Tepehuaje, Chametla, El Apoderado y todas las ubicadas al margen del Río Baluarte.

Mostrando la publicación de un diario local del 12 de agosto de 2018, aseguró que el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Sinaloa, Jorge Abel López Sánchez, tuvo conocimiento de la alerta, pero no hizo caso. Tampoco la Comisión Nacional del Agua se acercó a realizar los estudios correspondientes.

En esa ocasión, detectaron focos de contaminación en el arroyo de Plomosas por la parte baja donde se denomina El Apachurrado, entre El Magistral y Charco Verde, donde los pobladores han advertido la ausencia de cauques, camarones, mojarras y otras especies.

Hoy, aseguró Ávila Osuna, con las lluvias de “Willa” ya se encuentran derramados esos materiales, que contienen sustancias como silicato de sodio, aeropromotor 31, espumante, sulfato de cobre y cal.

“En Santa María hay bastantes quejas de que a los niños les salen ronchas, sí hay contaminación, aparte de que se acabó el cauque, camarones y todo eso, yo aseguro que está contaminado el arroyo de Plomosas, afluente del Río Baluarte”, resaltó el líder rural.

De manera urgente, llamó a la doctora Diana Rojas Tirado, directora del Centro de Salud Rosario, para que actúe de inmediato para prevenir problemas de salud a los rosarenses. Y el mismo exhorto hizo al coordinador de Protección Civil municipal, Omar Copado.

“Les doy un plazo de un minuto para que actúen ya”.

Según el denunciante, no son los únicos jales mineros que han encontrado. Más arriba, dijo, en un sitio conocido como Corta Pico, donde hay 4 millones de toneladas de desechos con cianuro.

Relató que en la sierra, a lo largo de los años numerosas compañías han operado y se han retirado dejando sus residuos. Así lo explicó en un documento que hizo llegar a Andrés Manuel López Obrador el 5 de septiembre pasado, todavía como >Presidente electo.

“[…]Y siguiendo por el mismo cauce del arroyo de Plomosas hasta llegar al Corta Pico, hay desechos de Grupo México, y se cree que haya alrededor de 4 millones de toneladas de jal contaminado con cianuro, en la presa de jales, como se le llama actualmente al lugar, y el responsable que autorizó depositar estos desechos fue el ingeniero Nicolás López Portillo, desde los años de 1987 (sic).”

Aunque no mostró más evidencia de sus acusaciones, demandó que la Conagua realice los estudios al arroyo Plomosas y el río Baluarte para evitar daños a la salud pública, así como para implementar acciones que puedan mitigar los impactos de la polución causada por las actividades mineras.

De acuerdo con expertos, el material rocoso que queda de los jales mineros es riesgoso para la salud, porque libera minerales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc.

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/habitantes-de-la-sierra-de-rosario-denuncian-derrame-de-miles-de-toneladas-de-jales-mineros-tras-paso-de-huracan-willa-1149560

Perú

Perú rechaza EIA por expansión de Yauricocha de Sierra Metals

Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.

Se requiere un EIA aprobado para un permiso de construcción para las siguientes tres fases de la extensión de la presa de relaves, que permitirá una expansión del 20% de la producción de la mina de Yauricocha a 3 600 t / d.

Sin embargo, la compañía sostiene que ha presentado toda la documentación requerida y que es optimista que la decisión será revisada.

“Si bien estamos decepcionados, no creemos que esta decisión se haya tomado con todos los hechos. Esta decisión fue preliminar y no se basó ni incluyó toda la información presentada. Los miembros clave del equipo de administración se reunirán con las autoridades para proporcionar y demostrar cumplimiento total de los requisitos. La gerencia cree que una vez que se revise toda la información correcta, recibiremos una respuesta positiva de las autoridades “, dijo el CEO Igor Gonzales .

Sierra Metals dijo que el retraso en la EIA podría resultar en un déficit temporal del 7% en su producción diaria de mineral, en comparación con los proyectos que no incluyeron una demora en el permiso EIA.

Gonzales señaló que los planes de expansión en México a 3 600 t / d en Bolívar y a 1 200 t / d en Cusi aún estaban en marcha y se completarían en el primer trimestre de 2019.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/12/peru-rechaza-eia-por-expansion-de-yauricocha-de-sierra-metals/
Bolivia

La desgracia creciente de la minería

Nos acabamos de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO). ¿Se puede entender que el mismo Presidente que sorprendió al mundo con su afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos” ahora se dedique sistemáticamente a liquidar a la Madre Tierra y a ignorar sus derechos?

Ya la Ley de Minería que promulgó el actual gobierno era la peor ley minera de nuestra historia (Simón Patiño habría estado chocho con ella), ya que no sólo abre excesivos espacios para la exploración y explotación de minerales, sino que además les reconoce derecho prioritario al uso del agua (de ahí el desecamiento del lago Poopó, por mencionar sólo un ejemplo) y les cobra impuestos ridículos (7% a las empresas formales, incluidas las transnacionales, y el 1,5% a esas empresas de capitalismo salvaje que utilizan el nombre de “cooperativas”). ¡O sea que el país se desangra y apenas recibe a cambio una suerte de limosna!

Todo eso ya era incompatible con el “proceso de cambio” y con la Constitución vigente, pero ahora el golpe a la Constitución será mucho más duro, ya que la modificación de la Ley 845 entregará a las supuestas cooperativas nada menos que las áreas protegidas, las reservas forestales y las cabeceras de cuencas (chau Madre Tierra), y les entregará incluso las TCO (chau pueblos indígenas, y, por tanto, chau Estado Plurinacional).

Con todo esto además se pretende legalizar los abusos ya cometidos, como la presencia de empresas mineras nada menos que en todo el Illimani, o la concesión de Mallku Khota a la Canadian Silver (a la que ahora tenemos que indemnizar con más de 18 millones de dólares).

¿Qué le pasa a nuestro Presidente? Se explica (no se justifica pero se explica) que no pueda sustraerse a las exigencias insostenibles de sus bases cocaleras (como ocurre en el TIPNIS), pero no se explica que no pueda sustraerse a los intereses antinacionales de las cooperativas mineras (que en su momento no vacilaron en asesinar a un viceministro). ¿Es tan grande, compañero Presidente, la angustia por conseguir más electores para el 2019?

Es cierto que el tema no es nuevo. Ya hubo denuncias (de los propios cooperativistas mineros) contra la presencia de 20 empresas (chinas y colombianas) que operaban con maquinaria pesada en Apolo, Teoponte, Palos Blancos y Rurrenabaque para extraer oro ilegal, que por lo visto sale de contra bando al Perú.

Y el propio Vicepresidente exigió en su momento a esos aventureros delincuentes que regularicen su situación y paguen impuestos; pero ahí el Vicepresidente estaba apoyando a los cooperativistas denunciantes, mientras que con este proyecto de modificación de la ley los beneficiados serán los propios cooperativistas.

Por lo demás, se sabe que el Servicio de Migración ha registrado a más de 28.000 ciudadanos chinos, de los que sólo 150 tienen visa de trabajo, mientras los demás la tienen de “turistas”… Por tanto, cabe sospechar que no sólo se trata de contentar a los cooperativistas (futuros electores), sino también a las empresas chinas (lo que inevitablemente nos recuerda a la famosa CAMC y a la no menos famosa Gabriela Zapata).

No es serio que nuestro Presidente tenga un discurso para el nivel internacional –Evo sigue proclamando la superioridad de los derechos de la Madre Tierra– y una práctica interna totalmente opuesta a ese discurso: destrucción de parques nacionales, y áreas protegidas, megarrepresas hidroeléctricas a costa de zonas selváticas y de sus habitantes, deforestación creciente para la producción de transgénicos, agotamiento de acuíferos, y una explotación cada vez más salvaje de nuestros recursos minerales para beneficio de empresas extranjeras y de empresarios salvajes disfrazados de cooperativistas…

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/12/la-desgracia-creciente-de-la-mineria/?fbclid=IwAR36_I929Baa5F5YT7dSayZcbNhIsI_b1wYyjpwFo_qTXd2irY6uIv3RAm0

Chile

Ingresó estudio de impacto ambiental de proyecto minero de tierras raras en Penco

Este viernes ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero BioLantánidos que pretende instalarse en la comuna de Penco, justo en los cerros detrás de la ciudad y desde donde fluyen los esteros hacia la zona poblada. La faena de extracción de minerales denominados “tierras raras” son ampliamente cotizadas por las potencias del primer mundo y que pese a propagar discurso innovador y propagandístico, podrían dejar graves consecuencias en nuestra zona al alimentar crecientes y vertiginosos nuevos rubros tecnológicos

Según indicó el EIA la faena minera tendría “una capacidad para procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras”

Este proyecto de extracción minera tendría 6 zonas de extracción. Estas zonas de extracción fueron denominadas como: “ZE Luna, ZE Renata, ZE Victoria Sur, ZE Victoria Norte, ZE Maite y ZE Alexandra, y 3 zonas de disposición (ZD), correspondientes a ZD Júpiter, ZD Urano y ZD Neptuno”

Además se dispondrían de 3 zonas de disposición de material estéril y maicillo granítico lavado, además una planta de procesamiento, y 2 zonas de acopio temporal para capas de suelo vegetal, entre otras faenas como habilitación de caminos y obras temporales de construcción.

Para el procesamiento de los minerales, el EIA indica que la empresa realizaría: “un proceso cerrado de desorción continua y contempla las siguientes etapas: extracción del mineral del yacimiento, transporte mina-planta, recepción de materia prima, mezclado y desorción, separación de sólidos finos, espesamiento y desaguado de fondos de sedimentadores de finos, precipitación, espesamiento y filtrado, extracción, filtrado, secado y calcinación de carbonatos de tierras raras, para lograr el producto final, Concentrado de Tierras Raras”. Junto a esto indicaron que considerarían “la recirculación de agua para la reutilización en el proceso tanto del agua como de los reactivos empleados, para lo cual se contará con una planta de acondicionamiento”

La empresa reitera que el agua que utilizará “será abastecida mediante captación de agua en los esteros Penco y El Cabrito – de los cuales se cuenta con los respectivos Derechos de utilización de agua-, la cual será enviada a la Planta de procesamiento mediante tubería para su almacenamiento en estanques”

Ahora la empresa también especificó que el proyecto modificaría parte del oleoducto San Fernando – Talcahuano “en una extensión de aproximadamente 1.300 metros, debido a que una de las zonas de extracción (ZE Maite) requiere del uso de la superficie en donde actualmente se emplaza parte de esta infraestructura”

El proyecto actual considera una mano de obra máxima de 90 personas durante su construcción de 140 durante su operación. Este estudio de impacto ambiental fue desarrollado por la empresa de ingeniería, tecnología y consultorías INERCO.

 

El proyecto es propiedad del grupo financiero Larraín Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO o (REE UNO por sus siglas en inglés).

Este proyecto recibió financiación por el Programa Fénix, unos fondos que buscaban potenciar la exploración minera y que fueron creados en 2011 por CORFO. El fondo de inversión Lantánidos (Inversiones Mineras S.A.) benefició a la empresa REE Uno Spa, con un monto de inversión de 4.828.401 dólares.

Inicialmente la empresa había presentado un proyecto que fue desistido por la propia minera en mayo de 2016. En enero de ese mismo año, el primer proyecto de planta de extracción de Tierras Raras – El Cabrito también fue desistido en febrero.

En julio de 2016 la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue rechazada en agosto del mismo año por el Servicio de Evaluación Ambiental

El proyecto inicial consideraba que el material agotado en el proceso industrial pretende ser depositado en las propias quebradas de la zona, sin realizar ningún tipo de impermeabilización, con lo cual las lluvias podrían llevar este material hacia la ciudad de Penco o las zonas habitadas en el borde periurbano

En el presente EIA, la empresa asegura que “las zonas de disposición se ubican en pequeñas cuencas de quebradas para ser rellenas en lo posible hasta su parte alta, de tal modo que no se interfiera con cursos de aguas provenientes de una cuenca superior” y reafirma que “No se requiere de un sello impermeable en la superficie de la cuenca ya que los suelos o maicillos del relleno no tienen ni tendrán ninguna lixiviación, además de la impermeabilidad del suelo natural”

Cabe recordar que la escasa fiscalización y el frecuentemente raquítico cumplimiento de los permisos otorgados por la institucionalidad ambiental a las empresas extractivas podría poner en alto riesgo a la población local. Por lo tanto sería una apuesta demasiado peligrosa confiar en el nuevo discurso de la “sostenibilidad” empresarial que por definición esta hecha para impulsarse a si misma económicamente, con el menor costo posible y en detrimiento de la población que podría sufrir los impactos socioambientales y la ilusión de puestos de trabajo de dudosa calidad y escasa continuidad en el tiempo.

 

Fuente:http://www.agenciadenoticias.org/ingreso-estudio-de-impacto-ambiental-de-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco/

Mexico

Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos

En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.

El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista nahua más emblemático en la región.

Su nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero. Voltea a verlo.

—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.

—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.

Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco, el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.

Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.

La lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.

Esta base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.

Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.

El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor del libro ¡La Tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, se muestra asombrado ante la cifra de 66 por ciento.

“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.

La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.

Antonio Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.

El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil.

Manuel Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.

Sandino Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos en un foro hablando contra megaproyectos”.

Erwin Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus 168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México (contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.

Tras el homicidio de Manuel Gaspar, otros dos defensores nahuas opuestos a hidroeléctricas sufrieron crímenes en Puebla en 2018: Adrián Tihuilit fue asesinado el 1 de junio, en Zacapoaxtla, y Sergio Rivera Hernández fue desaparecido el 23 de agosto en Zoquitlán.

De acuerdo con la base de datos de mexico.com, el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.

El saldo de dos sexenios

Albino Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un paraíso montañoso.

Albino muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años, de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.

“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.

Del total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.

El agua o la vida

En una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió con su vida.

—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.

—Por defender el territorio, el agua —responde sin duda.

La base de mexico.com revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56.

Cuetzalan está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el país.

En 2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho constitucional tienen los pueblos indígenas.

Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.

Las comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En el mural que recuerda a Antonio Esteban está su hija Antonia Gabriela.
En el mural que recuerda a Antonio Esteban está su hija Antonia Gabriela.

La inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8 de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.

Violeta Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.

Narra que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora, hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.

Antonio Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron la vida.

Ausencias que duelen

La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de 2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.

“¡¡Si no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”, reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar. Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su ausencia ocurrida cuatro meses antes.

“Lamentablemente fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de atletismo en competencias locales.

Puebla registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos triquis, mixtecos.

En Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182 mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10 mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.

La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco.
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco.

Manuel Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y contra la privatización del agua.

Y también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan, que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.

En enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales, entre ellos Manuel Gaspar.

El sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.

Enrique López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos retroceder”.

La incertidumbre

En el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.

Dice que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—, será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.

Billy Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente entrante.

“López Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”, sentenció.

Los casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.

Los sombreros de Antonio Esteban cuelgan de una pared en la casa de su familia.
Los sombreros de Antonio Esteban cuelgan de una pared en la casa de su familia.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/estos-108-mexicanos-fueron-asesinados-por-defender-nuestros-bosques-y-rios/