Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/867-elementos-para-una-salida-dialogada-pacifica-y-duradera

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201904041086495637-fuerabamba-extorsion-mmg-las-bambas/

El saneamiento legal y la construcción de la carretera que utiliza diariamente Las Bambas costaría al Estado peruano alrededor de S/2,000 millones de soles. Este dinero provendrá de los impuestos que se recauda.

Sin embargo, ¿es realmente éste un gasto socialmente eficiente?  ¿por qué no invertir todo este dinero en educación o salud? La responsabilidad de Las Bambas para asumir los costos de construir la carretera ha quedado “al margen” al volverse vía pública, las negociaciones de los anteriores gobiernos extrañamente no lo previeron u omitieron. No obstante, en adelante una opción razonable podría ser que la construcción  y mantenimiento de la carretera incluya el cobro de un peaje.

La carretera del corredor minero del sur andino abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en una longitud de más de 400 km. Actualmente, esta carretera está en el foco de la atención nacional debido al bloqueo que ha mantenido por más de 50 días la comunidad de Fuerabamba, en la zona de Yavi Yavi, impidiendo el paso de los camiones de transporte de mineral de Las Bambas. En su recurrido, sin embargo, existen en realidad 149 centros poblados y 72 comunidades[1].

La primera fase para alcanzar una solución duradera a este conflicto es concluir con el saneamiento físico legal de esta vía, ahora nacional. En este proceso es una condición ineludible atender a todas las comunidades que fueron afectadas, no sólo a Fuerabamba, de otro modo estaremos próximamente frente a nuevos conflictos. Para la apertura y ampliación de ciertos tramos de la carretera, que actualmente utiliza Las Bambas, se utilizaron tierras de distintas comunidades y como corresponde en toda obra se debió haber comprado o expropiado las tierras, como se ha hecho, por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o estaciones del Metro de Lima. Se requiere alcanzar un justiprecio por la tierra y para ello se podría recurrir a una tasación independiente, pero, ante todo, es necesario un proceso transparente De hecho, sería muy valioso para la resolución de este conflicto que finalmente la empresa Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba hagan público el contrato de transferencia del fundo Yavi Yavi. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha señalado que cuenta con S/300 millones para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas por la carretera.

La segunda fase para atender este conflicto es realizar el asfaltado de la carretera. Según informe del MTC de noviembre de 2018, el asfaltado de la carretera costará S/1,752 millones de soles. Los 370 vehículos de Las Bambas que transitan por esta carretera no asfaltada, produce ruido, vibración, polvo, congestionamiento y accidentes de tránsito. Todo esto viene generando un gran malestar y protestas, lo que ha obligado a la empresa a regar la carretera, pero esto es insuficiente. Además, las comunidades se quejan de que la empresa está tomando agua de sus manantiales sin consultarles.

En la segunda modificatoria del Estudio Ambiental (EIA), del 2014, la empresa no incluyó en la solicitud que iba a realizar el cambio de mineroducto por transporte terrestre. Solo cuando el Ministerio de Energía y Minas le pregunta por la forma de transporte, incorpora irregularmente el cambio.  Esto hizo que no se identificaran los impactos del transporte ni las obligaciones para mitigar o evitar los daños ocasionados.

Se ha señalado constantemente que el mineroducto ya no tenía sentido comercial cuando las unidades mineras de Antapaccay y Las Bambas dejaron de tener al mismo propietario en el 2014[2]. Sin embargo, en el EIA inicial de Las Bambas, del 2011, la empresa no sólo se había comprometido al mineroducto, sino también a construir y asfaltar una carretera alterna para el transporte de suministros. Este último compromiso se eliminó en la segunda modificatoria del EIA, es decir, desapareció, ¿por qué?

En el caso de Antamina en Ancash, principal productor de cobre hasta el 2015, para sus operaciones se comprometió a invertir en un mineroducto hasta el puerto de Huarmey y además en el asfaltado de una carretera alterna. Lo cierto es que esta empresa ha logrado que sus diversos conflictos sociales se mantengan en un nivel de baja intensidad.

En el Convenio Interinstitucional del 2016 entre Las Bambas y el MTC, la empresa se compromete a financiar los estudios técnicos para la carretera que ascendían a S/15 millones, monto bastante menor a la inversión total requerida. Asimismo, en  enero del 2019, en la tercera modificatoria de su EIA, aunque la empresa señala que no tiene por qué asumir la remediación de los impactos pues la carretera es una vía pública, ofrece voluntariamente asfaltar algunos tramos, pero sólo con base negra, que de acuerdo a especialistas del mismo Estado es inadecuado técnicamente para el transporte pesado, cada camión de Las Bambas para el transporte de concentrados tiene un peso de 87 toneladas (con carga). Este ofrecimiento paradójicamente ha sido aceptado por el SENACE.

Algunas voces señalan por qué no se usa el canon para asfaltar la carretera. Las Bambas recién el 2020 empezaría a pagar canon, por su parte, las regalías son pagadas desde el 2016. Sin embargo, para financiar el monto de la construcción de carretera e indemnizaciones se requerirían destinar durante tres años todo el canon y regalías de Apurímac. Sólo con las regalías se utilizarían ocho años de este aporte ¿Es justo que Apurímac financie una carretera que usa principalmente la empresa para el transporte minero en lugar de invertir en su propio desarrollo?

Si bien Las Bambas ha utilizado su stock de concentrados, almacenados en el puerto de Matarani, para atender sus ventas, los 52 días de bloqueo podrían haberle costado S/1,300 millones de soles de menores ingresos. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento de la carretera, vía regado, durante 18 de años de vida de la mina ¿no sería más razonable reorientar estos recursos para cofinanciar  y darle una solución conjunta con el Estado al tema de la carretera?

El cobro de un peaje en esta vía nacional puede ser la solución para que quienes realmente la utilizan financien los S/2,000 millones que requiere su saneamiento legal y asfaltado, además de los futuros costos para su mantenimiento ¿estarán ésta y otras empresas del corredor minero de acuerdo?

[1] Cifra aproximada.

[2] Las Bambas pasa en propiedad de Glencore a MMG.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/quien-deberia-asumir-el-costo-economico-de-la-carretera-en-las-bambas/

(Foto: Marco Garro. Ojo Público)

“…Ni la comunidad, ni la empresa consulta la opinión de las mujeres”

(Julia Cuadros/ Cooperación)

Cotabambas actualmente cuenta con 50, 656 habitantes, 53% son hombres y 47% son mujeres, mientras que la población rural asciende al 69%.  Tradicionalmente ha desplegado una economía basada en la agricultura y ganadería para asegurar la alimentación y el trueque con comunidades y comerciantes de Arequipa y Cusco.

Esta economía es sostenida por hombres y mujeres con roles diferenciados. Las mujeres despliegan a los largo del día un

promedio de 15 horas de trabajo que implica la crianza de hijos/as, la preparación de alimentos, la provisión de alimentos a quienes trabajan la chacra, la participación en tareas puntuales de agricultura (echar semilla, cosecha), la crianza de animales, el tejido de prendas, la elaboración de queso y el intercambio/ venta en la ferias dominicales de Challhuahuacho. Los hombres ejecutan labores de producción familiar destinando para ello un promedio de 12 horas de trabajo que dedican a la organización y desarrollo de la agricultura en la chacra, el arreglo de cercos, la elaboración de adobes, el pastoreo, el hilado y tejido de prendas.

El quehacer político en la comunidad también está determinado por roles de género; el hombre es el comunero calificado, jefe de hogar, propietario colectivo que representa a la familia  y por ende toma decisiones -con otros hombres- sobre la vida comunal y la disposición de los bienes comunes. Este poder contribuyó en su momento, a la instalación de la gran minería, que se hizo sin consulta previa.

En el 2004 comenzó el proceso de instalación de la actividad minero extractiva a través de la empresa Xstrata para el desarrollo del proyecto las Bambas, con la creación y transferencia de un Fondo de Fideicomiso (cuestionado luego por no cubrir las expectativas de la población).  En el 2012 las Bambas es transferida a la empresa Glencore y en el 2014 a MMG Limited. En el 2015 y 2016, explotan los conflictos por la modificación inconsulta del proyecto. En el 2017 Las Bambas superó la producción de 450 mil toneladas de cobre en concentrado, que se trasladan por más de 300 camiones de carga pesada.

Desde agosto del 2018 la comunidad de Fuerabamba exige el pago por el uso de su territorio para la carretera de traslado de minerales; y otras comunidades también reclaman por el polvo, el ruido, la contaminación del agua, los derrames de insumos químicos; y además surgen disputas por límites que se mantienen como conflictos latentes. La respuesta estatal ha sido enfriar las protestas y reclamos con más de 9 meses de declaratoria de estados de emergencia en el llamado “corredor minero del Sur”, en lugar de establecer un dialogo profundo con las múltiples demandas.

Tomamos en cuenta este contexto, sin perder de vista que se enmarcan en estructuras patriarcales y coloniales, para analizar los impactos de las Bambas en la vida de las mujeres campesinas e identificar el contenido de sus voces en este escenario complejo para las comunidades, y más aún para las mujeres.

Impactos políticos y tejido social

El desarrollo de la actividad minera en las comunidades de Cotabambas y Grau, ha sido favorecido por la correlación de poder masculino (económico y político) entre los representantes de las empresas mineras, el estado, el gobierno regional y gobiernos locales y los presidentes comunales; las mujeres estuvieron ausentes en las negociaciones y firma de acuerdos. Sin embargo, las transformaciones que se ocasionan en las dinámicas eco-territoriales son directamente vividas por ellas.

En el 2000, las federaciones de comunidades campesinas y de mujeres se posicionaron como la fuerzas principales de interlocución frente al estado y las empresas; más tarde estos últimos, desplegaron estrategias de negociación paralelas con cada una de las comunidades de influencia directa, abriendo fisuras de legitimidad social y dirigencial, al 2010 estas organizaciones quedaron debilitadas. Surgieron entonces los frentes de defensa, sin embargo la lógica de demandas específicas se ha mantenido vigente; hay que mencionar además, que la criminalización desatada contra los/as dirigentes que participaron de protestas sociales, profundizan esta fragmentación. Esta situación, se replica en las organizaciones de mujeres, los esfuerzos de articulación se ven disminuidos por sospechas de colusión de dirigentas con las empresas.

Impactos en la economía y los roles

La generación de puestos laborales para la mano de obra no calificada local, así como la estrategia de captación de dirigentes para proyectos productivos ha trastocado los roles tradicionales de hombres y mujeres en las comunidades, y ha afianzado el poder económico y político patriarcal. El acceso a puestos laborales remunerados en las operaciones mineras ha sido aprovechado principalmente por los hombres debido a la modalidad de contratación, rotación por 15 días consecutivos o trabajos permanentes con algunos días de descanso; a los cuales las mujeres, sin experiencia de trabajo fuera de sus comunidades, tiene menores posibilidades de acceso.

El desplazamiento de la fuerza productiva masculina hacia la minería, ha obligado a las mujeres a reemplazar esa fuerza y hacerse cargo de las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas viéndose sobrecargadas en su rol de sostener la economía familiar, sin remuneración. A esto se agrega que los ingresos económicos captados por los jefes de hogar, son utilizados para sus propios intereses. Por otro lado, se ha debilitado el intercambio de productos mediante el trueque, siendo remplazado por una actividad comercial monetaria intensa, con la elevación del costo de vida, impactando de manera directa en la escasa economía monetaria de las mujeres.

Impactos por la conflictividad social y criminalización de defensoras

En todos los episodios de conflictividad hombres y mujeres se han movilizado, las mujeres como frente de protección de dirigentes y manifestantes para evitar el choque frontal con las fuerzas armadas, como es el caso de las últimas protestas en Challhuahuacho. En 2015 y 2016 la conflictividad escaló a niveles de violencia y enfrentamiento en el que perdieron la vida cuatro dirigentes (Exaltación Huamaní, Beto Chahuayllo, Alberto Cárdenas y Quintino Cereceda) y hubo heridos. Tras los conflictos, fueron criminalizados/as más de 90 dirigentes de las cuales 3 son mujeres, que hoy afrontan largos viajes por los juicios que se les sigue.

La conflictividad afecta de manera diferente a las mujeres; la muerte de las cuatro personas mencionadas, ha dejado viudas, más pobres y solas a cargo de sus hijos, entre estas mencionamos a: Antonia Huillca, quechuhablante, madre de 3 hijos/as y viuda de Quintino Cereceda. Agustina Llusca, madre de cinco hijos y viuda de Beto Chahuayllo Huilca. El Estado no ha generado medidas de contingencia para estas familias, siendo para ellas más complicado aún enfrentar la vida misma. Una situación parecida ocurre con las madres, esposas e hijas de los heridos que deben hacerse cargo de sus cuidados y manutención.

La militarización de la zona, ha significado una vivencia con mayores temores para las mujeres y niñas frente al incremento de posibilidades de ser violentadas, engañadas o embarazadas por parte de integrantes del ejército, existen testimonios en quechua de mujeres, que señalan haber sido hostigadas en zonas de pastoreo o incluso coaccionadas violentamente para mantener el silencio frente a la actividad minera. Sin embargo hace falta aquí, involucrar mayores esfuerzos para indagar o investigar situaciones de violencia y silenciamiento hacia las mujeres.

“ … Los policías nos violentan, nos toman fotos, nos persiguen y asustan” Maria Rosa Ochoa

Impactos de violencia y prostitución mujeres

Cotabambas es la cuarta provincia con mayor número de casos por violencia contra la mujer según el MIMP 2018, la problemática se enmarca en el afianzamiento del poder económico y político de los hombres sobre las mujeres, de la relaciones de poder desiguales y violentas y la ausencia de planes estatales y privados para dirigir los ingentes recursos hacia el abordaje integral de la violencia de género.

Por otro lado, como ya es conocida las zonas de crecimiento económico, comercial y poblacional condicionan el surgimiento de negocios en torno a la prostitución de mujeres, las sociedades en pos de desarrollo fundan como muestra la cosificación y comercialización del cuerpo de las mujeres como se señala en SERVINDI, “Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros”

Impactos en la relación de las mujeres con el territorio y ambiente

Es un hecho que la actividad minera transforma el territorio, en la medida en que se transforma la orografía del mismo, al operar tajos a cielo abierto y realizar represamientos o secados de fuentes de agua superficiales, cambiando el curso de las aguas, destruyendo los sistemas de aguas subterráneas. A lo que hay que agregar la construcción de carreteras, el incremento del tránsito de camiones y maquinaria pesada, que levanta grandes polvaredas contaminando sus aguas, pastizales y laymes

Las mujeres históricamente han desarrollado una relación más estrecha con la naturaleza, su semejanza a ella en la creación de vida, desde la cosmovisión andina, es trascendental. Su rol de cuidadora de la vida -humana, animal y natural- la conecta directamente con esta y por ello percibe más los desequilibrios ocasionados por la actividad minera como: la enfermedad de ovejas, la disminución del caudal del agua y especies del río, la irrupción de vibraciones y sonidos de explosión, el polvo sobre los cultivos etc.  Todo esto es motivo de un enorme malestar y preocupación en torno a la situación de la agricultura y el ambiente para el futuro, “cuando se vaya la mina; sin embargo sus preocupaciones y planteamientos no son escuchados ni tienen un lugar privilegiado en los acuerdos, mesas de diálogo y respuestas del Estado.

“ … Nos están contaminando el agua, los animales, ya no nos respetan, como vamos a vivir después. Que haya Justicia” Felicitas Ochoa

Desde esta perspectiva de análisis, es importante tomar en cuenta los impactos de la minería  y la urgencia de dar medidas favorables para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente campesinas y niñas. Por ello, en el escenario actual de conflictividad y búsqueda de salidas, es imprescindible incorporar en el diálogo la voz y las demandas de las mujeres.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/informe/la-situacion-de-las-mujeres-campesinas-en-las-bambas?fbclid=IwAR0dPgUoO4KNENZRmgNFDAo2JYg_1EZnwBumI5NcxMNQ0PKf57tFKfrkzyg