Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

La mina Ariana es un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata que se encuentra a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauli, de la céntrica región de Junín, limítrofe con la región de Lima.

La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.

Las acciones legales fueron anunciadas este lunes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierdas Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio; la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.

Glave advirtió de que el estudio de impacto ambiental realizado por el Ministerio de Energía y Minas no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.

«Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la mina. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos», comentó Glave.

«Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental», añadió.

Por su parte, Gilvonio señaló que el túnel transandino está construido en una zona de humedales «y es altamente sísmico, lo que provocaría la filtración de aguas ácidas».

Estudios de impacto ambientales insuficientes

Asimismo, Leiva afirmó que los estudios de impacto ambientales no han sido suficientes porque «la mina es subterránea, y esto afectaría el nivel del agua de Lima». «Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas», mencionó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la empresa minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en Quiruvilca, donde «dejó altos niveles de contaminación en las aguas».

Sedapal ha expresado su preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto en el abastecimiento del agua en Lima y se opone al mismo.

Southern Peaks Mining tiene previsto comenzar a extraer mineral a finales del primer trimestre del 2020 con una planta de procesamiento cuya capacidad inicial será de 2.000 toneladas de mineral por día para pasar en 2021 a 3.000 toneladas diarias.

Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-mina-pone-riesgo-agua-para-10-millones-peruanos-201905141217_noticia.html?fbclid=IwAR17SGgFIKx9ZfJ_kNvIi7hgmXPB6GPD1WKc9pKxIDZMth9NFeYy_ECpAAs

El conflicto por la mina Las Bambas (Apurímac y Cusco) es complejo y tiene diversos aspectos que debemos tomar en cuenta, como las grandes diferencias entre los actores del conflicto: la empresa minera transnacional, la comunidad campesina local y los representantes del Estado peruano. En este sentido, las asimetrías de poder son un problema, afirmó el sociólogo Francisco Durand.

En un evento organizado por LaMula.pe, Durand, autor de varios libros sobre poder político y empresarial en Perú, sostuvo que el gran problema en conflictos como el de Las Bambas son las «increíbles asimetrías de poder«. Para el sociólogo las diferencias están marcadas entre:

«[…] estos gigantes que operan a nivel mundial con pequeñas comunidades campesinas que han estado en la pobreza extrema y de pronto todo ha sido alterado por estas grandes inversiones».

«Si queremos avanzar habría que tratar a todos los actores de igual forma, habría que preguntarle a todos los actores con la misma insistencia y de esa manera habremos dado un paso adelante», agregó.

Para Durand, es complicado que los tres actores del conflicto dialoguen de manera igual. «La empresa que tiene enormes recursos concentra más poderes de los que debería. La concentración de poder es parte de esta problemática que debemos reconocer», señaló.

Ante ello, el abogado Gonzalo Quijandría, que cuenta con estudios y experiencia en gestión minera, respondió afirmando que «no es tan sólido eso de que se tiene dinero y se tiene poder».

«El sector minero ha perdido poder por un tema evidente, por su mala fama, por su mala reputación«, afirmó.

Quijandría sostuvo que, por ejemplo, si hay convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional es porque «no hay comisarías donde se está invirtiendo más en el país». «El Ministerio del Interior debería calcular cuánta seguridad necesita cada zona. No hay un gran poder detrás de esto», señaló.

«Si se tuviera ese poder, se podría generar movimientos en políticas públicas. A un empresario minero, ni un congresista lo recibe en su despacho por temor del parlamentario a que le tomen una foto con él. Eso es poco poder, casi nada de poder. El dinero no es poder en una situación como esa».

«No queremos un Estado pro-minero, queremos un Estado que esté presente en un proyecto de desarrollo para el bien del país. No somos los señores de la película Avatar que dicen ‘destruyan el árbol’«, agregó.

Recordemos que, en la historia del conflicto por Las Bambas, resalta la cantidad de cambios que se han realizado al proyecto, modificaciones que las empresas solicitaron y que el Estado aprobó sin considerar que se podría afectar a la población local, como el descarte del mineroducto por una carretera sin asfaltar que pasaría por la propiedad de la comunidad Fuerabamba.

Por ello, para el economista José de Echave, resulta lejana de la realidad la afirmación de Quijandría.

«No sé si el diagnóstico sobre el poder de los mineros (de Quijandría) corresponda con la realidad. Por ejemplo, no me imagino que el alcalde de Lima construya la ampliación de la vía expresa, que esta funcione cinco años y recién luego se negocie con los propietarios. Eso es lo que ha pasado en el caso de Las Bambas. El corredor minero funciona desde el 2015, estamos 2019 y recién el Ministerio de Transportes comienza a conversar con los propietarios. Esa es solo una demostración del enorme poder de los mineros».

«O la norma antielusión que está congelada desde el 2012, ¿quién hace presión para que eso no salga? La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Yo sí creo que tienen un poder enorme. De eso hay evidencias. Que todo no salga como quieren, es otro asunto. Pero hoy en día la representación máxima del empresariado es el minero, la data y los hechos demuestran que es así», agregó de Echave, subdirector de CooperAcción.

En este sentido, el economista Juan Infante lamentó que en más de veinticinco años de «nueva minería» la situación no haya mejorado respecto a la relación con las comunidades de la zona en la que se realizan las actividades extractivas.

«Podemos decir ahora que es vergonzoso no haber resuelto esto. Es el colmo. Existe el poder del dinero y el poder minero. ¿Cómo es posible que los mineros, con tanto dinero y poder, no han podido evitar estos conflictos? Si tienen poder, deberían usarlo para que el Estado funcione de tal manera que no tengamos estos conflictos», afirmó.

«Hay demasiado dinero y está siendo mal utilizado. Las mineras tienen mucho poder y el único poder de las comunidades es bloquear las vías», agregó.

Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para modificar el proyecto a través de cambios a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en marzo del 2011, durante el gobierno de Alan García.

Las solicitudes para cambiar el EIA de Las Bambas se presentaron a través de tres modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Todas estas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta diciembre del 2015 como por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que entró en funciones esa fecha.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/30/las-bambas-mineria-poder-empresarial-opiniones-especialistas-economia-sociologia/jorgepaucar/