Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación.
La presencia de estos proyectos paso desapercibida por años, pues sus visitas coincidieron con el contexto de turismo sicodélico en la zona. Pero en años recientes, las exploraciones subterráneas se transformaron en mega-proyectos con varios y crecientes intereses sobre estos territorios.
Actualmente las expediciones a las cuevas son lideradas por el United States Deep Caving Team (USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, dirigido por William “Bill” Stone y William “Bill” Steele. Dicha organización tiene dos grandes proyectos de investigación en la región: el Huautla Cave Diving Expeditions y el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH). Nos enfocaremos en el conflicto que ha generado este último.
Los proyectos del USDCT tienen varios intereses e indagaciones que no han transparentado ante los pueblos mazatecos. Sus expediciones han servido para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes. Han mapeado a detalle los flujos del agua regional, explorando acuíferos que consideran una “mina de oro”, que han planeado extraer para abastecer a la región. Han realizado prospección biológica y extraido especímenes de las cuevas, buscando hoy la posibilidad de desarrollar medicamentos con éstos, mediante un participante relacionado a la industria farmacéutica. Recientemente promocionan la transformación de las cuevas sagradas en sitios turísticos de interés especial.
El PESH inició exploraciones el año 2014, sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto. Los organizadores extranjeros se atribuyeron el objetivo de explorar, mapear y estudiar todo el sistema de cuevas de la región, con investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo, durante diez años seguidos, y contando anualmente con decenas de expedicionarios en terreno. Es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), que tiene como política el compartir la información recabada en sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos.
Según han referido algunos habitantes de la región, el PESH se ha presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han dicho poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[1], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[2], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[3], y también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[4], estas dependencias gubernamentales estatales y federales no cuentan con información sobre el USDCT, el PESH y sus proyectos en territorios mazatecos.
La gente ha manifestado desconfianza y enojo con el quehacer de los proyectos de exploración en sus cuevas y tierras. Las cuevas son muy importantes en el ser colectivo de los pueblos mazatecos, son lugares sagrados de gran respeto y es delicado ingresar a ellas. A esto se suma la falta de transparencia, ética y de resultados de los proyectos, que ha llevado a varias comunidades en distintos municipios a negar el acceso a sus territorios.
Ejemplo de esto, es que en el año 2015 la asamblea comunitaria de San Agustín de Zaragoza asentara en un acta de acuerdos, con fecha del 6 de abril del 2015, que se oponía a la presencia de espeleólogos extranjeros. El acta dejó en claro que no han visto ningún beneficio tras cincuenta años de exploración, aunado a que no les han sido presentados los proyectos y resultados de cada expedición durante todo ese tiempo, violando así su derecho a la información y a la libre determinación. Esta acta fue ratificada el 26 de enero de 2019.
El PESH no respetó la decisión de la máxima autoridad comunitaria y continuó con las exploraciones, evitando ser notados en sus traslados subterráneos, repitiendo así el patrón de años atrás cuando el USDCT no dio aviso al transportar explosivos hacia las cuevas. Posteriormente han justificado sus expediciones con el hallazgo de restos paleontológicos, mediante una vinculación con el INAH. Además, han recurrido a espectacularización de los rituales mazatecos para simular respeto. Ahora se encuentran organizando, junto a la Sociedad Nacional de Exploradores, un Festival de las Cuevas a realizarse en Huautla en octubre del presente año, para buscar legitimidad y reforzar sus proyectos e intereses regionales.
Con todas estas acciones el PESH violenta el derecho a la libre determinación sobre las tierras y territorios de los pueblos mazatecos establecidos en tratados y declaraciones internacionales ratificados y adheridos por México: la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT).
Entre los derechos vulnerados se encuentran los siguientes: aprovecharse de las costumbres y desconocimiento de leyes para arrogarse el uso de tierras indígenas (Artículo 17.3 del Convenio 169); al persuadir actividades que inciden en los planes de desarrollo municipal, lo cual vulnera el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en sus procesos de desarrollo (Artículo 7° del Convenio 169); al intrusarse sin permiso a las tierras indígenas y hacer usos no autorizados en éstas, son sujetos a ciertas sanciones por parte de los gobiernos (Artículo 18 del Convenio 169); vulneran el artículo 29.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al introducir explosivos en las tierras y cuevas mazatecas.
* Este artículo se basa en la investigación “Espeleología y Neo-colonialismo en la Sierra Mazateca” de Saraí Piña y Federico Valdés, disponible en: https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?frame-nonce=ef01668164
/
[1] Solicitud con folio 00803418 con fecha de respuesta el 12 de octubre de 2018.
[2] Solicitud con folio 00803718 con fecha de respuesta el 5 de octubre de 2018.
[3] Solicitud con folio 00803618 con fecha de respuesta del 5 de octubre de 2018.
[4] Solicitud con folio 0062500044618 con fecha de respuesta 13 diciembre de 2018.
Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.
Solo en un año, 600 hectáreas de vegetación en zona rural de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, quedaron destruidas por la minería ilegal.
«Estamos transitando momentos decisivos para el futuro de los pueblos. Observamos intereses contrapuestos, por un lado empresas y gobiernos con una mirada cortoplacista interesados en explotar nuestros recursos naturales y por el otro, los pueblos latinoamericanos uniéndose para proteger el agua de las futuras generaciones», arrancó el comunicado de la asamblea del No a la Mina de Esquel, leído por Viviana Moreno, poco antes de la tradicional marcha de los días 4, que ayer a la tarde tuvo lugar en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó hoy la ley de preservación de los glaciares, al rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la misma realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold. La decisión fue por unanimidad y así, entre otros puntos, los magistrados consideraron que los demandantes no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera. La decisión era esperada desde hace semanas, ya que estaba dentro del cronograma de fallos del máximo tribunal y tiene un fuerte impacto en la explotación de las empresas y de las provincias.
Este paro es en rechazo al proyecto minero Río Blanco.
Los ambientalistas en Quindío expresaron su preocupación tras conocer el fallo que invalida acuerdo que buscaba frenar la minería en el municipio de Salento.
La determinación implica una derrota de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y la provincia de San Juan.
Tras cumplir 17 años de consulta vecinal donde dijeron NO al proyecto minero Manhattan.