La Sierra Norte de Puebla es históricamente territorio ocupado por comunidades indígenas, principalmente nahuas o maseuales, tutunakus, ñhañhus u otomíes, hamaispini o tepehuas entre otros grupos originarios y también por comunidades mestizas. Todos hemos convivido, sobrevivido y desarrollado bajo el manto de recursos que la Sierra y el bosque de niebla nos brindan. Cabe señalar que el estado de Puebla es el sexto estado con mayor diversidad bilógica a nivel nacional y cuarto con mayor diversidad cultural. Es por lo que, en las últimas décadas, ha estado en la mira del Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales para ser explotada y vendida al mejor postor.
Las políticas económicas del sistema capitalista y el neoliberalismo rapaz han vuelto la cara, nuevamente, hacia los territorios pertenecientes a los pueblos originarios con el visto bueno del gobierno mexicano, para ser explotados y saqueados. Así, la Sierra Norte de Puebla y sus comunidades hemos emprendido una guerra contra cientos de megaproyectos que son promocionados y autorizados con la idea de llevar progreso, desarrollo, modernidad y un supuesto crecimiento económico, nunca reflejado en el bienestar o vivir de las poblaciones, pero que en realidad han traído destrucción, exterminio, saqueo y muerte. Megaproyectos de muerte se les denomina correctamente, de acuerdo con la sabiduría de los pueblos en resistencia. La reforma energética Peña Nietista ha acelerado este proceso y por lo tanto la guerra se ha intensificado.
Desde Pahuatlán y Tlacuilotepec, hasta Cuetzalan y Tlatlauquitepec, pasando por Libres e Ixtacamaxtitlan, el territorio y sus recursos están siendo concesionados: las mineras Grupo Frisco, la cavernaria Almaden Minerals, Minera Autlán, JDC Minerales, Grupo México, Trans – Canadá, Gaya S. A. de C.V son, entre otras, los grandes beneficiarios.
Algunos de los grandes proyectos en ejecución o en proceso de autorización en territorio poblano son:
• 6 gasoductos en todo el territorio poblano, particularmente en la Sierra Norte, entre ellos se encuentra el gasoducto Tuxpan – Tula que afecta los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlan y Huauchinango.
• 1,444 pozos de fracking para extraer gas shale o gas de esquisto, aceite e hidrocarburos. Esta exploración y explotación impactará en 32 municipios de la Sierra con una gran presencia de población originaria
• 310 concesiones mineras al ejercicio 2017, lo que impacta en 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano de 48 municipios.
• Aproximadamente 10 presas y unas 16 mini hidroeléctricas a lo largo de los ríos Zempoala, Ajajalpan y Apulco.
• 1 subestación eléctrica en el municipio de Cuetzalan, encargada de recolectar la energía de las hidroeléctricas para alimentar los procesos mineros y de fracking.
Las consecuencias para las comunidades y para el territorio serán graves y de magnitudes inimaginables: destrucción de los ecosistemas, extinción de varias especies endémicas únicas en la región, desabasto de agua para las poblaciones y los pequeños agricultores, problemas a la salud como consecuencia de los químicos que son utilizados para la minería y el fracking que invaden y contaminan los mantos acuíferos y el terreno, etc.
Ante este embate de destrucción los pueblos y las comunidades están resistiendo con organización y movilización, también con recursos legales, pero principalmente alzando la voz por la defensa de la Sierra, de la tierra, del agua y de la vida. Diferentes colectivos y organizaciones han agrupado la inconformidad de las comunidades originarias y mestizas para dar batalla al estado y a las grandes empresas, entre ellas, el Colectivo Tiyat Tlalli, el Comité de Ordenamiento Territorial Indígena de Cuetzalan (COTIC), el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), el Consejo Indígena Puebla – Hidalgo, Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra (MODAT), Grupo Cívitas, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, etc. algunos otros compañeros y compañeras se organizan en diferentes asambleas o comités locales dentro de las pequeñas comunidades afectadas para resistir y ampliar el trabajo de concientización con los pobladores. A la fecha, varios de los ayuntamientos de la zona han sido obligados por los pobladores para declarar en sesión de cabildo a los diferentes municipios como territorios libres de megaproyectos.
“Nos están cazando, sólo es la muestra de que van contra los activistas opositores a los proyectos de muerte” Adrián Tilihuit, (asesinado el pasado 31 de mayo-2018)
Así, la resistencia avanza y ello ha traído como consecuencia un incremento de la represión, intimidación y criminalización hacia activistas ambientales y defensores de derechos humanos. La fuerza y poder del estado son utilizados para eliminar a los opositores y dejar libre el camino a las grandes empresas. Como ejemplo se encuentra el proceso legal que la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado contra los integrantes del COTIC y del MIOCUP-CNPA-MN por la recuperación del predio en el que se instalaría una subestación eléctrica en ese municipio, declarado como territorio libre de proyectos de muerte en sesión de cabildo a petición expresa, vía la movilización, de los ciudadanos. Algunas de estas agresiones son mucho más violentas y han culminado con el asesinato de diferentes compañeros. Hace 4 años, en junio del 2014, fue asesinado el compañero Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), férreo opositor a la instalación de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan y a estos megaproyectos de muerte. Recientemente, el asesinato de 3 compañeros en la región nororiental en los municipios de Cuetzalan y Zacapoaxtla ha encendido las alarmas de todas las organizaciones opositoras, algunos declaran de manera literal que los activistas están siendo casados para ser eliminados.
• El 14 de mayo de 2018. Manuel Gaspar Rodriguez, originario del municipio de Ayotoxco, Puebla, también integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), fue asesinado en el centro de Cuetzalan, Manuel era parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y uno de los indiciados por la CFE ante la PGR.
• El 30 de mayo de 2018. Adrián Tilihuit, originario de la comunidad de San Juan Tahictic del municipio de Zacapoaxtla, fue asesinado y tirado en una barranca cercana a la comunidad. Adrián era uno de los opositores, junto con otros pobladores, a la construcción de la hidroeléctrica de la empresa Gaya S.A. de C.V. en el flujo del rio Apulco que afectará la comunidad y el ecosistema de la región.
• El pasado 23 de junio de 2018. Artemio Hernández Parra, juez de paz de la misma comunidad de San Juan Tahictic, fue asesinado de un disparo durante la fiesta patronal. Artemio participaba y apoyaba la lucha de los compañeros para impedir la construcción de la hidroeléctrica Gaya S.A de C.V.
La violencia y delincuencia se han incremento a la par que se emprenden las acciones de defensa con el fin de intimidar y desincentivar la movilización de los pueblos, todo ello con la inacción de las autoridades para hacerle frente, mientras, los muertos, los detenidos, los seguimos poniendo nosotros, los sigue poniendo el pueblo.
Difundir las acciones que se emprenden en la Sierra Norte de Puebla para defenderla es importante, sumarse y emprender acciones que hagan visible y ejerzan presión sobre las autoridades para impedir el avance del despojo, pero, sobre todo, impedir que nos arrebaten a más compañeras y compañeros cuyo único fin es pelear por su gente y proteger la tierra. Desde las ciudades debemos tomar conciencia y actuar sobre los modos de vida que el capitalismo nos ha impuesto, porque su preservación y continuidad nos está costando la vida de las comunidades y la destrucción del ambiente, al final nuestra propia destrucción. Actuar en conjunto con las comunidades, emprender acciones desde cada trinchera para hacer un frente único, sumar las diferentes luchas es no sólo necesario sino urgente.
“El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona: rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso; rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida; la sumisión es la muerte.”
Fuente:http://terceravia.mx/2018/08/el-despojo-y-destruccion-de-la-sierra-norte-de-puebla/?fbclid=IwAR2JPELTrlGjk9-GhCRoUjvpC704_75Q6uprnpEXpCKhZibHeQNwVbcxcOU
El 14 de agosto de 2019 se cumplieron 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica.
¿Pueden las empresas afectar los derechos humanos de las personas? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer frente a ello?
Líderes y lideresas de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Paruro (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) firmaron una carta en la que solicitan al señor Vicente Antonio Zeballos Salinas, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se les incorpore dentro del proceso del Plan Nacional de Acción. Las y los dirigentes de las cuatro provincias señalaron la importancia de participar en este espacio ante la continua afectación a sus derechos humanos por parte de las empresas mineras transnacionales que operan en el corredor minero. Así mismo, solicitaron que este proceso participativo sea llevado a cabo en las regiones de Cusco y Apurímac.
Al menos cuatro empresas mineras plagiaron estudios de impacto ambiental de otros estados para operar en Guanajuato capital, por lo que les fueron negados los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.
El fin de semana se realizó el II Encuentro Macro Regional del sur en el distrito de Cocachacra, en Islay, Arequipa. En el evento se dieron cita, diversos representantes y delegaciones de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios, quienes acordaron exigir la cancelación del proyecto minero Tía María de la empresa Southern.
Han pasado más de 50 días desde el inicio del paro indefinido en el Valle de Tambo. En la localidad siguen las protestas y se anuncian nuevas medidas de fuerza en contra de la criminalización por parte de la Policía Nacional. Los episodios de enfrentamiento continúan dándose en todo Islay, fuera de Cocachacra, en Mollendo y la Joya, donde protestan por la cancelación del proyecto minero. Solamente la última semana se dieron ocho detenciones nuevas contra manifestantes que protestaban contra el proyecto Tía María. Además, los manifestantes señalan que por la criminalización que se da en su contra, prefieren no acudir a los servicios de salud a atender a sus heridos.
Tras una larga discusión en la que se escucharon posturas de los profesores de Derecho Constitucional como Jorge Correa Sutil, Arturo Fernandois y Jaime Bassa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados votó hoy el informe que declara inconstitucional la iniciativa que buscaba expropiar el litio.
