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Espinar: Comunidades originarias rechazan proyecto minero de transnacional Glencore

Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar
Tal como lo anunciaron a través de un pronunciamiento, los distritos de la provincia cusqueña de Espinar: Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua, realizaron el 09 de enero una protesta para exigir la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que sería ejecutado por la transnacional Glencore. Las principales comunidades originarias que acataron la medida de lucha fueron Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.

El paro iniciado desde tempranas horas de la mañana, y que concluyó al promediar las 6:00 p.m., consistió en una marcha sobre las y un tramo del corredor minero del sur, por donde transitan hasta más de 500 vehículos encapsulados transportando minerales o material tóxico.

Cabe señalar que SENACE, el pasado 17 de diciembre del 2019, emitió una resolución aprobando el MEIA, sin haber considerado a las comunidades y distritos de influencia directa e indirecta del proyecto minero en mención. Además, como lo señalan los dirigentes, es totalmente contradictorio, que se dé la aprobación días después de que el el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se comprometa a promover un proceso de consulta previa.

Por otro lado, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, que llegó formalmente hoy, solicitando una reunión para el 20 de enero, en la cual funcionarios del SENACE sustentarían la razón de la aprobación del MEIA. Según información de funcionarios de la Municipalidad de Pallpata, el lunes 13 del presente mes, dirigentes y autoridades sostendrán una reunión para evaluar condiciones mínimas para que el espacio de diálogo se realice.

 

Pero lo que las comunidades están exigiendo es la nulidad de la MEIA que fue aprobado el 17 de diciembre. Al respecto, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que levantaron el paro para dar una tregua al gobierno y den respuesta a la impugnación que estaban presentando junto al alcalde de Pallpata en rechazo a la aprobación de la MEIA. Precisó que la carta enviada por el MINAM hasta ahora no llega formalmente y que evaluarán junto a los presidentes de las comunidades si acuden o no a esa reunión.

Datos.

*La Municipalidad distrital de Pallpata y las comunidades que protestaron, presentaron formalmente hoy, 10 de enero, un recurso de impugnación ante SENACE, para que deje sin efecto la resolución N°00196-2019 que aprueba el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco.

*Las comunidades han decidido dar una tregua de diez días al gobierno, para que se pronuncien sobre el pedido de nulidad.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-rechazan-proyecto-minero-de-transnacional-glencore/

Chile

Pascua Lama sigue clausurada: ambientalistas aterrizan el fallo de la Corte Suprema a favor del polémico proyecto


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de rechazar los recursos de casación presentados por la comunidad indígena diaguita Patay y otros contra Pascua Lama, en ningún caso significa que el proyecto de la canadiense Barrick Gold tenga luz verde para operar en la Región de Atacama, advirtieron dirigentes del mundo ambientalista a El Mostrador.

Aún hay recursos pendientes, como la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que podría derivar en la clausura definitiva del ambicioso proyecto binacional, y una demanda de daño ambiental, que también se encuentra en trámite en la misma instancia.

Según explicó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, “no es efectivo que con la resolución del máximo tribunal se valide el proyecto Pascua Lama”, y enfatizó que la “construcción de la minera sigue paralizada completamente”.

En la misma línea, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, señaló que el fallo de la Tercera Sala “no tiene ningún efecto mayor, puesto que todos los procesos sancionatorios y que determinan la clausura de Pascua Lama van por otro carril y no han sufrido modificaciones, este es un proceso anexo de solo una parte, y no afecta el hecho de que la empresa tiene que cerrar sus faenas”.

Sara Larraín comentó que “efectivamente la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la comunidad que exigía la anulación de una resolución que modificaba algunos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Pero, sigue vigente la sanción de Clausura Definitiva de la construcción de Pascua Lama decretada por la Superintendencia de Medio Ambiente y que las organizaciones del valle apoyan”.

La decisión del Tribunal Ambiental debería conocerse en marzo de este año. “La reclamación efectuada por Barrick ante el Tribunal Ambiental aún no se falla, y estamos esperando una sentencia que confirme la clausura definitiva del proyecto”, insistió Larraín.

Ezio Costa, de la ONG Fima, también relativizó lo resuelto en la Tercera Sala del máximo tribunal. «Lo que resuelve la Corte es sobre un procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, que fue iniciado por orden de la propia corte y donde el SEA terminó aceptando un cambio en la RCA. Contra eso habían reclamado las comunidades, pero la Corte Suprema consideró que el procedimiento administrativo estuvo bien”.

Costa confirma que “esto no tiene ninguna relación con las causas por la clausura de Pascua Lama, que sigue clausurada y cuyo juicio aún está pendiente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta ni tampoco con la demanda de Daño Ambiental, que también se encuentra en trámite en el Primer Tribunal Ambiental».

Según Sara Larraín, la resolución que está pendiente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta es emblemática por cuanto podría transformarse en el primer caso de caducidad de RCA por incumplimientos. “Lo más importante es la caducidad de la RCA por reiteración de incumplimientos y reiteración de sanciones graves como intervención de glaciares y no monitorearlos como se comprometió la empresa y contaminación reiterada de las aguas en los afluentes en la cabecera de la cuenca del río Huasco”.

Más allá de los trámites pendientes, Rodrigo Mundaca advierte que resoluciones como la de la Suprema son reflejo de “un esfuerzo serio por reponer algunos emblemáticos proyectos degradantes del medio natural, particularmente ahora que se relajan los sistemas de evaluación de impacto ambiental, a propósito de la política de Sebastián Piñera de destrabar la ‘inversión’ privada”, explica el dirigente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

 

Fuente:https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/08/pascua-lama-sigue-clausurada-ambientalistas-aterrizan-el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-del-polemico-proyecto/

Perú

‘‘Todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos’’ – Entrevista a Yolanda Zurita, Vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos

Autor: DSHF.pe

Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.

Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?

Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados confirmo que tengo metales en mi sangre.

La iglesia ha cumplido un rol importante frente a la afectación de la salud humana por metales tóxicos…

En Huancayo han cumplido un rol importante. En el 2000 se realizó un encuentro de la Arquidiócesis, y empezaron a conformar pastorales específicas con énfasis en los derechos, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, merecemos una vida digna, y esto implica que respeten todos nuestros derechos. Desde entonces, en mi parroquia hicimos una evaluación del contexto que vivíamos, nosotros ya sentíamos efectos a nuestra salud, pero no todos sabían si era consecuencia de la actividad del complejo metalúrgico, por ello decidimos conformar una pastoral que aborde los temas de salud, y conformamos el Comité de Derechos Humanos – Eje Ecología y Medio Ambiente de la Pastoral Social

Supongo que el proceso no ha sido fácil, más cuando es la iglesia quien se involucra…

Sabíamos que no iba a ser fácil, porque al comienzo no sabíamos nada, afortunadamente CEAS nos ayudó con capacitaciones. Después reflexionamos que de nada serviría que solo la Pastoral esté informada, así que empezamos a invitar a juntas vecinales, comunidades, frentes de defensa y organizaciones. Muchas ONG’s nacionales e internacionales nos visitaban permanentemente. Doe Run ya administraba el complejo metalúrgico, y gracias a estas instituciones vinculadas a iglesia nos enteramos de los antecedentes que tenía esta empresa.

¿Y qué acciones empezaron a realizar?

Después de la experiencia de la pastoral, en el 2001 se conforma el Movimiento por la Salud de La Oroya, donde varias organizaciones se suman. El espacio se fortaleció aún más cuando se hacen públicos los resultados de un estudio que la elaboró la Comisión Ambiental Municipal, que determinó que el aire de La Oroya estaba contaminado a un 99 % a consecuencia de la actividad de Doe Run.

¿Es en este momento cuando deciden tomar acciones legales?

Decidimos denunciar al Ministerio de Salud, y afortunadamente, en el 2007, la sentencia sale a nuestro favor, le ordenan al Ministerio iniciar una atención especializada y gratuita a las personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, pasan los años y el Estado no cumple la sentencia, por eso fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 deciden atender nuestras denuncias, y hemos asistido a muchas audiencias más de 60 afectados, ahora estamos esperando el informe que la Comisión debe enviar al Estado Peruano.

¿Y Qué ha hecho el gobierno regional frente a esta situación?

En el 2012, el gobierno regional emitió una ordenanza para crear un registro de afectados, promover atención integral e implementar un programa de prevención, pero solo han sido buenas intenciones, no han destinado prepuesto, y cuando han venido profesionales, ninguno ha sido especialista. Esto nos empujó a formar la Plataforma Regional de Salud Ambiental y Humana, donde se articulan representantes de Junín, Yauli, La Oroya, Parroquias, La Pastoral Social de Arquidiócesis; organizaciones de Jauja, Concepción y Huancayo.

Se convirtió en una preocupación regional…

Es que se realizó un estudio para evaluar la contaminación del aire, y se determinó que la contaminación de Doe Run llega a 180 Km a la redonda, dependiendo de la velocidad del viento, porque puede ser más, entonces las otras provincias entendieron que también se estaban afectando. Además, Doe Run tiene su depósito de dióxido de arsénico que afecta al río Mantaro, y existen otras empresas como Volcan o Chinalco que contaminan nuestro suelo y agua, así que la problemática se empezó asumir como regional.

Es una situación que enfrentan varias regiones, por eso ahora se articulan en una plataforma nacional…

La Plataforma Regional de Junín, es acompañada por la Red Uniendo Manos contra la Pobreza y CEAS, que a su vez articulan a la Red Muqui, así que en noviembre del 2017 nos invitaron a un encuentro para presentar la experiencia de nuestra plataforma. Al reconocer que somos varios lugares con las mismas exigencias, nace la Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos, y me escogen como una de sus representantes, en mi caso soy la vocera de la zona andina.

¿Qué acciones han realizando en este tiempo?

Principalmente acciones de incidencia para exigir la implementación de una política especializada, multisectorial e integral que atienda a todas las personas afectadas. Exigimos la creación de una Comisión Multisectorial permanente. El Ejecutivo nos afirmó que en noviembre se creaba esta comisión, pero es una mentira más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, del Ambiente, de Energía y Minas y con la PCM, porque todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos. De qué sirve que el Ministerio de Salud nos atienda, si el Ministerio de Minas no fiscaliza las actividades extractivas.

La Plataforma Nacional les ha ayudado también a acompañarse entre mujeres…

Eso es cierto, porque tenemos afectaciones particulares, incluso más, tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a pesar que también estamos enfermas. En mi caso, y de otras compañeras, hemos sufrido acoso y amenazas de los trabajadores de las empresas, estas cosas que te comento, han sido compartidas en un encuentro que tuvimos solo las mujeres que pertenecemos a la plataforma.

¿Cuál es la apuesta a largo plazo de la Plataforma Nacional?

Vamos a insistir en que se cree la Comisión Multisectorial, pero vamos a exigir que nos incluyan a las personas afectadas para elaborar juntos el programa de atención, de lo contrario no tendría sentido tener una comisión que no incluya a quienes viven día a día las consecuencias de la contaminación. Es tiempo de que las autoridades sean coherentes, no podemos hablar de desarrollo sostenible, si nuestra salud está siendo seriamente afectada, solo por darle prioridad a las actividades extractivas y empresas transnacionales•

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/todos-los-ministerios-son-responsables-de-nuestra-afectacion-por-metales-toxicos-entrevista-a-yolanda-zurita-vocera-de-la-plataforma-nacional-de-afectados-y-afec/

Perú

Cusco: Conforman Comisión para analizar resolución que clasifica como vía nacional el corredor minero del sur

Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.

Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras comunales, del mismo modo se hará entrega de un ejemplar del expediente administrativo a cada presidente comunal.

En la próxima reunión tendrá lugar la exposición del Gobierno Regional sobre el procedimiento administrativo seguido en el año 2018 para solicitar la reclasificación de rutas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, las organizaciones sociales plantearan los argumentos y procedimientos para plantear quede sin efecto Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-conforman-comision-para-analizar-resolucion-que-clasifica-como-via-nacional-el-corredor-minero-del-sur/

Perú

Los DD.HH. en el corredor minero: entre vulneración, garantía limitada y restricciones permanentes

Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia , Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.

1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa

En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.

2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos

En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.

3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza

Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.

Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”4. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”5. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.

Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”6.

Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•

1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk

Mexico

Corte mexicana decidirá sobre reparaciones a afectados por Grupo México en cuenca del Sonora

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: San Martín-Grupo México-derrame

El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora,  tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.

Las medidas de amparo

La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó el fideicomiso desarrollado por la empresa y funcionarios mexicanos (amparo en revisión 384/2018); la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018); y la finalización intempestiva del Fideicomiso Río Sonora, junto a la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).

El Fideicomiso

La creación del Fideicomiso se dio meses después del derrame tras un acuerdo entre el Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre del que el Grupo México es dueño, sin la participación de los afectados, y sin un debate público sobre cómo debía darse la reparación integral. El Grupo México puso el dinero para “reparar” el daño que había generado y no le quiten la concesión, entre otras sanciones. Para la implementación del dinero del Fideicomiso se creó una Comisión Técnica que la presidió el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, junto a otros 4 miembros; la mayoría colocados por la empresa, sin la participación de ningún representante de los afectados por el derrame.

En los años siguientes, el Grupo México siempre señaló que como el origen de los fondos eran privados, dado que provienen de las empresas que provocaron el derrame, el fideicomiso era privado, y como consecuencia no tendrían que rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, es materia de la sentencia establecer si el fideicomiso tuvo carácter público o privado y señalar el cumplimiento o no con lo estipulado en el contrato del fideicomiso entre la empresa y el Estado mexicano, estableciendo responsabilidades de los actos y omisiones.

Exigencia de afectados

La exigencia central de los afectados de los Comités de la Cuenca del Río Sonora a la Corte es que ese Fideicomiso con el comité técnico sea considerado autoridad responsable equivalente a una secretaría u otra autoridad federal, y que el Fideicomiso se reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con la participación de los afectados.

Informe revelador

De acuerdo a la investigación mencionada, “Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado”, y la última nota informativa emitida por Poder; señalan que “entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Entre las irregularidades que señala el informe se encuentran los recursos asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la compra de los tinacos a la empresa Rotoplas, debido a que el dueño de la empresa es familiar del dueño del Grupo México, Germán Larrea.

Por estas razones, el día de hoy es fundamental porque se sentaría un precedente en la lucha contra la impunidad de las empresas mineras mexicanas, que tendrán que rendir cuentas respecto a sus acciones; y el Estado, asumir su rol garante de derechos de las poblaciones, comunidades y ciudadanos. Tal como ocurre en nuestro país, Perú, en que el Estado ha olvidado su rol de representación de las poblaciones; y es facilitador de la inversión privada minera, sin garantizar los derechos de las poblaciones a un ambiente saludable con desarrollo sostenible.

Dato: Los Comités de Cuenca Río Sonora, Poder, y otras organizaciones mexicanas enviaron una carta al presidente Vizcarra en la víspera de la decisión del Consejo de Minería respecto a la ratificación de la licencia de construcción del proyecto Tía María; señalando los atropellos que estaba cometiendo el Grupo México en su país, que es la empresa mexicana que tiene la mayoría de acciones de Southern Copper Corporation.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/corte-mexicana-decidira-sobre-reparaciones-a-afectados-por-grupo-mexico-en-cuenca-del-sonora/

Perú

Cusco: Más de 12 comunidades de Espinar exigen nulidad de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Glencore aprobado por SENACE

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.

¿Por qué exigen la anulación?

Las comunidades en protesta no han sido consideradas dentro de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero, por lo que no existen medidas de mitigación de los impactos ambientales, económicos, sociales y en materia de salud, que sufrirían cuando se desarrolle el proyecto minero, que se desarrollará en los territorios que se encuentran frente a ellos, cruzando el río salado. El río salado divide a estas comunidades de las otras comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la mina. ¿Por qué estas comunidades no han sido consideradas parte del área de influencia indirecta? No hay una respuesta clara de la empresa Glencore y de SENACE.

En comunicación con el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que, en anteriores mesas de diálogo con el Estado en Espinar, las comunidades habían presentado estudios técnicos que mostraban que también serían afectados por la actividad minera.

Por estos motivos, las 12 comunidades mencionadas iniciaron protestas en rechazo a la aprobación de la MEIA y de la consulta previa que pretende realizar el gobierno a las otras 13 comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la ampliación del proyecto minero; que tampoco conocen las implicancias de la MEIA, al no haberse realizado audiencias públicas por el SENACE para dar a conocer el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco, tal como lo mandata la ley, y finalmente se puedan hacer objeciones y correcciones.

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

El 8 de enero, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, haciéndose enterado del paro del día de hoy, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, planteándole una reunión técnica en la que el SENACE daría a conocer el resultado de la evaluación del MEIA del proyecto minero Coroccohuayco para el lunes 20 de enero.

Pero lo que las comunidades están exigiendo es la nulidad de la MEIA que fue aprobado el 17 de diciembre. Al respecto, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que levantaron el paro para dar una tregua al gobierno y den respuesta a la impugnación que estaban presentando junto al alcalde de Pallpata en rechazo a la aprobación de la MEIA. Precisó que la carta enviada por el MINAM hasta ahora no llega formalmente y que evaluarán junto a los presidentes de las comunidades si acuden o no a esa reunión.

Consulta previa en cuestión

A la par que el gobierno ya tenía conocimiento del reclamo de estas comunidades que rechazan el MEIA aprobado por SENACE; el gobierno está ya desarrollando reuniones con las otras 13 comunidades para implementar la consulta previa sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Coroccohuayco.

El próximo 29, 30 y 31 de enero, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostendrá una reunión con representantes de las 13 comunidades consideradas como parte del área de influencia directa e indirecta en la que se presentarán propuestas de planes de consulta y luego se consensuará y aprobará el plan de consulta previa.

Lo llamativo del acta aprobada el 19 de diciembre para sostener esta reunión, es que en el acta se menciona la resolución ministerial emitida ese mismo día, RM 403-2019 MINEM, que precisa en el artículo N°3 Oportunidad de la Consulta Previa: “el proceso de consulta previa puede ser iniciado luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental necesario para los procedimientos identificados (..)” en los que corresponde realizar el proceso de consulta previa, en la que se incluye la autorización de las actividades de explotación.

Ello quiere decir, tal como ya lo han denunciado varias instituciones, que se restringe el derecho a la consulta previa al imposibilitar que las comunidades puedan ser consultadas antes del otorgamiento de una concesión minera, antes de la exploración minera y respecto a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobados.

 

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/cusco-mas-de-12-comunidades-de-espinar-inician-paro-en-rechazo-a-estudio-de-impacto-ambiental-meia-de-glencore-aprobado-por-senace/

Ecuador

Prefecto del Azuay insiste en Consulta Popular sobre minería

Autor: El Universo.com

Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.

Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.

Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?

Señaló que no son preguntas ni inducidas, ni confusas, ni genéricas.

«Ya no hay pretexto para que nos nieguen, esta vez estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una Consulta Popular para que no sea un ministro de Estado, o presidente de la República sino sea el soberano del Azuay, quien se pronuncie por el futuro…», agregó.

Unos 20 policías antimotines custodiaron la CC para evitar incidentes.

El funcionario había ya planteado una Consulta Popular a la CC pero la negó en septiembre de 2019. El organismo consideró que la pregunta era inducida y preguntó qué iba a pasar con las concesiones ya otorgadas.

Ahora Pérez cree que se la podría realizar antes de las elecciones de febrero del 2021. Incluso considera que podría haber una Consulta Popular a nivel nacional. (I)

 

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7679517/prefecto-azuay-insiste-consulta-popular-sobre-mineria#cxrecs_s

Chile

En Peine celebran cese de extracción de Escondida en Acuífero de Monturaqui

Autor: Termómetro.cl
Conflicto Relacionado: Peine Pampa colorada- BHP BILLINTON

Comunidad Atacameña de Peine constató en terreno la desconexión de las bombas y celebró el cese de la extracción del vital elemento.

El pasado 31 de diciembre la empresa Minera Escondida, operada por BHP Billiton, cesó la extracción de los 24 pozos de agua dulce que se ubican en el acuífero de Monturaqui, los primeros días de enero comenzó la desconexión eléctrica de las bombas, una por una.

El día 2 de enero, según señaló Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad Atacameña de Peine, la directiva y cerca de una treintena de vecinos, acompañados de un notario público, pudieron constatar la veracidad del cierre de los pozos. “Por parte nuestra, fue también personal técnico que se aseguró de que se cumpliera con el procedimiento. Pedimos a la empresa, para tener la absoluta certeza del fin de la extracción, poder poner un candado en la sala de control eléctrico pero esa petición no fue aceptada, ya que hay ciertas mantenciones que debe ejecutar la empresa y porque dejan personal en el campamento y necesitan mantener electrificada algunas instalaciones. Pedimos entonces poner un candado en las llaves de cierre de los pozos y ellos quedaron de analizarlo”, señaló.

Desde Minera Escondida, afirmaron que el proceso de desconexión se realizó de conformidad a lo establecido en la RCA Nº001/1997: “Actualmente mantenemos en tramitación el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Monturaqui, el cual nos permite seguir avanzando en la transición hacia una matriz de agua más eficiente basada en agua desalinizada y su reutilización, con el objetivo de cumplir nuestro compromiso de cesar la extracción de agua continental en 2030”.

Como parte de dicho EIA en tramitación, la comunidad de Peine desarrollará el proceso deliberativo de la respectiva consulta indígena el próximo 9 y 10 de enero, del cual emanará su postura: permitir la continuidad de la extracción o desmantelar definitivamente las estructuras. “La decisión final está en manos del Servicio de Evaluación Ambiental, nuestra gente quiere recuperar su agricultura, la ganadería. Hoy Peine cuenta con abastecimiento de agua dulce para el consumo humano, pero el día de mañana vamos a necesitarla para estas actividades que forman parte de nuestra esencia ancestral como Pueblo Atacameño”, afirmó la presidenta de la comunidad ubicada en el extremo sur del Salar.

En su calidad de presidente del Consejo de Pueblos, Sergio Cubillos manifestó su deseo de avanzar hacia el cierre definitivo de los campos de extracción en los acuíferos emplazados en territorio atacameño. “En un reciente fallo unánime del Tribunal Ambiental se hace mención a la fragilidad ecosistémica del Salar y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico. Como CPA hemos presentado observaciones al proyecto de la empresa, que ahora pretende seguir extrayendo 412 litros por segundo, en uno de los acuíferos que alimenta a un sobre explotado Salar de Atacama. ¿No sería acaso este una buena razón para que las autoridades ambientales de una buena vez cumplan su rol a la hora de votar y se dediquen a proteger el medioambiente en lugar de velar por los intereses de la mega minería y la inversión privada? Sinceramente, esperamos que la decisión final vaya en esa línea, es el deseo de nuestras comunidades, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos e hijas y estoy seguro que también es el deseo de muchos ciudadanos que no necesariamente son atacameños, pero que viven y han elegido esta tierra para echar raíces, conviviendo armónicamente con nuestro pueblo y que comparten el anhelo por preservar estos paisajes y ecosistemas”, concluyó.

 

Fuente:https://termometro.cl/index.php/2020/01/07/en-peine-celebran-cese-de-extraccion-de-escondida-en-acuifero-de-monturaqui/?fbclid=IwAR3Zn8Q6OK2KPnD0sxuwCuUVp_IPfLEqcpPJINu9hd1180tpaM1AaAT1W4g

Perú

Candidatos al Congreso por Lima suscriben pacto en defensa del AGUA frente a intento de privatización y amenaza de actividades mineras y relaves

Autor: Red Muqui.org

El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso.  El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.

Compromiso de los candidatos

En la presentación, los candidatos tuvieron 4 minutos para expresar su compromiso con la agenda de la defensa del agua, debido a que actualmente existe el peligro de la privatización de Sedapal a través del Decreto Supremo 214-2019-EF, emitido por el presidente Vizcarra en julio del año pasado, que promueve la venta de hasta 100% de las acciones de la empresa pública.

Asimismo, algunos candidatos señalaron su compromiso en la lucha por la remediación de pasivos ambientales, debido a que en la cuenca alta del río Rímac, existen relaves mineros en Tamboraque, Chinchán, y San Mateo, que aún no han sido remediados y son un peligro para el agua que toman los limeños.

Posteriormente, se realizaron preguntas y comentarios del público dirigido a los partidos políticos presentes en el debate. Entre los candidatos más conocidos y que pudieron contestar las preguntas en representación del partido, estaban la ex congresista aprista Nidia Vilchez, el ex congresista Manuel Dammert por Juntos por el Perú y Samuel Yáñez del Frente Amplio. También contestaron los candidatos de Perú Libre, Podemos Perú, RUNA, y Unión por el Perú

Firma del pacto

El Foro culminó con la firma del pacto por los candidatos, en defensa del agua, de Sedapal, y EPS como bien común y de servicio público, que entre los 11 puntos resalta el compromiso en “defender el agua como derecho humano y bien público, en que el Estado tiene la obligación de resguardad el derecho a la vida y la salud de millones de peruanos, mediante el fortalecimiento de políticas públicas de saneamiento en donde el eje principal sea el factor humano, la vida”; y, que “a la fecha la ciudad de Lima y Callao cuentan con serias amenazadas de contaminación de las cuencas y ríos por implementación de operaciones mineras”, en referencia al proyecto minero Ariana que pone en peligro el agua para Lima; y, agrega, “así como la presencia de relaves mineros que afectarían las cuencas y ríos que abastecen de agua en la capital, poniendo en serio riesgo la vida de millones de personas”.

Como se recuerda, durante los últimos meses se ha presenciado en lima grandes movilizaciones en defensa del agua frente a la posibilidad de privatización de Sedapal, y por consiguiente del agua. Asimismo, parte de la plataforma de las movilizaciones ha sido el rechazo al proyecto minero Ariana, que se ubicará a pocos metros del Túnel Trasandino Cuevas Milloc, que transporta el agua de la laguna Marcapomacocha hacia la cuenca del Rímac, para finalmente abastecer de agua a las y los limeños.

Pacto por el agua

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/candidatos-al-congreso-por-lima-suscriben-pacto-en-defensa-del-agua-frente-a-intento-de-privatizacion-y-amenaza-de-actividades-mineras-y-relaves/