Chile

Cuestionado proyecto minero de tierras raras en el Gran Concepción presentó respuestas a observaciones ciudadanas


Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras

26/11/2020
[resumen.cl] En la comuna de Penco, justo en los cerros detrás de la ciudad y desde donde fluyen los esteros hacia la zona poblada, pretende instalarse una faena de extracción de minerales denominados «tierras raras». La empresa minera presentó el día 19 de noviembre la «ADENDA» de respuestas a las observaciones ciudadanas que realizó la comunidad ante la preocupación por la instalación de la empresa minera REE Uno SpA, propietaria del proyecto minero «Biolantánidos».

La adenda con las respuestas de la empresa son a propósito del proceso que se abrió en 2018, año en que la empresa generó su «Estudio de Impacto Ambiental» para realizar faenas mineras de extracción de «tierras raras» con impactos hídricos, sociales e incluso de contaminación radioactiva.

RESUMEN conversó con Cesar Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) sobre el proyecto minero de tierras raras en Penco, quien explicó que «en el territorio hay muchas zonas con concesiones mineras, lo que es indicio de que hay mineralización de tierras raras en parte importante de la región«.

Además, agregó que «las tierras raras son un elemento que por su poca disponibilidad para extracción, cuando se encuentra un yacimiento atractivo, existe gran interés por explotarlo«.

Esta es la planta piloto de la minera a pocos kilómetros de la población de la ciudad de Penco en el Gran Concepción.

Recientemente el arquitecto J. Antonio Zelada criticó el proyecto, ya que «podría significar el deterioro global del territorio, no solo de Penco sino del territorio costero y también interior de toda la intercomuna (las concesiones mineras ya otorgadas así lo dicen), y sin embargo nadie parece dimensionarlo así«.

Por su parte, el también arquitecto de la ciudad de Penco Oscar Carrillo, involucrado en organizaciones socioambientales, explicó mediante un video que la empresa minera apenas consideró las observaciones ciudadanas, ya que su propuesta cambio mínimamente respecto a la original, respetando poco los cursos de agua (Estero Penco y El Cabrito), y el bosque nativo con árboles de Queule en el sector.

Desde hace aproximadamente 5 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantánidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco en el Gran Concepción. Inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría decenas de miles de litros de agua por hora del Estero Penco y El Cabrito; y tendría una capacidad para procesar hasta cientos de toneladas por hora de mineral.

La planta piloto está en un proceso de experimentación para implementar un proyecto minero que se encuentra actualmente en evaluación ambiental, generando gran alarma en la población.

Las tierras raras son elementos indispensables para la actual cuarta y próxima quinta revolución industrial marcada por el desarrollo de internet, industria militar, aeroespacial, redes de datos, inteligencia artificial y la mayoría de las llamadas tecnologías «de punta».

En esta línea, Cesar Padilla expresó que «la gente tiende a asociar minería con desarrollo, pero no se da cuenta de que es hipotecar su futuro, hipotecarlo barato. Es lamentable que no miremos a países como El Salvador o Costa Rica que han puesto limites importantes a la minería. Chile podría generar otras alternativas para desarrollarse económicamente«.

Estas son las concesiones mineras adquiridas por la transnacional Hochschild en la región del Biobío. La empresa, además, tiene fuerte presencia en países de Latinoamérica como Perú | Fuente: www.hochschildmining.com

Cabe destacar que Chile, a pesar de ser un país con vocación minera, no ha estado exento de grandes problemas socioambientales vinculados a esta actividad. En este sentido, no tiene ningún tipo de experiencia en la extracción de este mineral, generando incertidumbre en Penco y el Gran Concepción, ya que las faenas se proyectan a pocos kilómetros de la población de la intercomuna.

Planta Piloto de minera en penco Fuente: Biolantánidos

Para ver las recientemente publicadas respuestas de la empresa a las observaciones ciudadanas e institucionales de su Estudio de Impacto Ambiental se puede visitar la Adenda en el siguiente link.
https://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=2149099359&fbclid=IwAR2pcF01TLbGRAtdDXC168gRlux5Ljs23flLqrow0G6xzQ79DWymG7OH91M

Puedes ver el video explicativo del arquitecto Oscar Carrillo de Penco sobre el proyecto minero Biolantánidos en el Gran Concepción y las respuestas de la empresa frente a las observaciones ciudadanas a continuación:https://youtu.be/DpW-Je0OU0A
https://resumen.cl/articulos/cuestionado-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-el-gran-concepcion-presento-respuestas-a-observaciones-ciudadanas

Argentina

Ofrecen seguridad jurídica con el nuevo Código Minero a inversores australianos

También se adelantó que se enviará al Congreso un proyecto por el conflicto limítrofe con la provincia de Salta.
24/11/2020
Mineria Invest Argentina Mining

En la participación del Invest Argentina Mining, evento organizado entre la secretaría de Minería de la Nación y la Embajada de Australia en el país, la Provincia destacó la seguridad jurídica que traerá aparejado el nuevo código de procedimientos mineros, proyecto que se encuentra en estudio en la cámara baja de la Legislatura.

En el evento y en representación de Catamarca, participó la ministra de Minería, Fernanda Ávila y la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado, quienes expusieron de manera virtual las potencialidades de la provincia sobre uno de los tres pilares de desarrollo local ante un grupo importante de inversores australianos. En el evento también participaron otras subjurisdicciones nacionales mineras como lo son Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz y los embajadores de Australia en Argentina, Brett Hackett y de Argentina en Australia, Hugo Javier Gobbi.

El encuentro virtual con los empresarios australianos sirvió para la presentación de proyectos y oportunidades de inversión en el sector. En este sentido, la provincia expuso, en primer término, un video institucional de la actividad minera local sobre los proyectos en ejecución, exploración y factibilidad.

Posteriormente hubo una ronda de consultas con los inversores de Australia que se interesaron en conocer la situación por el conflicto limítrofe con Salta, el avance de los proyectos mineros en Catamarca y la estabilidad jurídica.

La titular de la cartera minera local y su secretaria de Desarrollo Minero dieron certezas a los inversores del país oceánico explicando que “la Provincia actualizó su base de datos metalífera y no metalífera y cuenta con un portfolio de proyectos interesantes que esperan del capital privado para continuar desarrollándose”.

En cuanto a la seguridad jurídica, Ávila y Regalado comentaron el tratamiento que tiene el nuevo Código de Procedimientos Mineros en la Legislatura para acotar que ese instrumento aportará al inversor transparencia, seguridad y modernización en la gestión.

En relación al conflicto limítrofe entre Salta y Catamarca, las funcionarias recordaron que los gobernadores de ambas provincias (Raúl Jalil y Gustavo Sáenz) suscribieron un acuerdo para crear una comisión de análisis y elaborar un anteproyecto. En este sentido, remarcaron que se trabaja conjuntamente en comisiones de ambas provincias integrada por actores políticos, académicos y sociales, para enviar un proyecto al Congreso de la Nación.

Diálogo por el litio

Con la participación de especialistas en litio y relación con las comunidades de Catamarca, Salta y Jujuy, se realizó el primer conversatorio virtual “Hablemos de litio”, evento que fue organizado por el ministerio de Minería conjuntamente con la revista especializada Panorama Minero y la organización internacional WIM Argentina (mujeres en la minería) en el marco del IX Seminario Internacional Litio en la Región Sudamérica 2020.

En la apertura, la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado, destacó el trabajo que realiza el Estado provincial en el interior a través de los Centros de Control Minero Ambiental que mantienen una relación directa con las instituciones públicas y privadas y especialmente con las comunidades. “El desafío es continuar generando espacios de diálogos y encuentros entre todos los actores vinculados a la actividad minera-productiva y fundamentalmente con las comunidades”, resaltó la funcionaria.
Por su parte, el secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, solicitó continuar comunicando la actividad minera.
https://www.elesquiu.com/politica/2020/11/24/ofrecen-seguridad-juridica-con-el-nuevo-codigo-minero-inversores-australianos-378911.html

Mexico

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Por mineriaenlinea 25/11/2020
México pronto podría traer de regreso planes para crear una reserva natural en Zacatecas, el estado con mayor producción de plata del país, luego de que las autoridades locales pidieron al gobierno federal que aprobara un decreto de 2014 que protege la vida silvestre.

La propuesta, una vez descartada tras una fuerte oposición de la industria minera, pedía una reserva de biosfera desértica semiárida que cubriera 2,58Mha en ocho municipios de Zacatecas.

El plan, reintroducido en el congreso de Zacatecas en agosto , haría que el municipio de Mazapil, en el norte del estado, fuera declarado área natural protegida (ANP).

Las minas en Mazapil incluyen la mina Peñasquito de Newmont (NYSE: NEM), uno de los mayores productores de oro, plata, plomo y zinc de México, y el activo de cobre y zinc Tayahua de Minera Frisco (BMV: MFRISCOA-1).

Newmont y Frisco también se dedican a la exploración a través de un acuerdo de empresa conjunta en el valle de Mazapil.

Orla Mining es otra minera activa en el área con su proyecto de oro Camino Rojo , mientras que Fresnillo (LON: FRES) posee concesiones al norte de la propiedad.

La congresista estatal Alma Dávila dijo al periódico local La Jornada que la medida no buscaba prohibir la minería sino aumentar la regulación, los controles y la regulación ambiental.

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Honduras

El conflicto minero en Honduras que tiene atrás a Trump

© Foto : Pixabay / Jan-Mallander
24.11.2020
Hasta ahora estaba escondida la conexión entre el presidente de Estados Unidos y el conflicto socioambiental por la mina de Inversiones Los Pinares, en un parque nacional de Honduras, y su violenta represión empresarial y estatal. Gracias a una investigación periodística, salió a la luz. Te contamos de qué trata.

En Guapinol, noreste de Honduras, los habitantes resisten a la explotación de óxido de hierro. La mina Los Pinares está dentro de un parque natural, y ellos lo defienden. Ha sido una resistencia violenta: han habido muertos, heridos y varios encarcelados.

Ahora una alianza periodística transfronteriza reveló que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, no solo fue la «poderosa socia tras bambalinas» del proyecto minero hondureño, sino también fue uno de los importantes donantes a la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020.

Y el vínculo no termina en dinero. A lo largo de su mandato presidencial, Trump realizó reformas que terminaron favoreciendo a la empresa, según cita la investigación al diario The New York Times. «Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria», se lee en el texto.
¿Cómo puede una mina instalarse en una reserva ambiental?

La mina de Inversiones Los Pinares está en un área que hasta diciembre de 2013 era parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Allí nacen 34 ríos que riegan toda la región, señala la investigación. Los periodistas se preguntan cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable. La respuesta requiere un repaso cronológico:

En octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96.724 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro.
En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la «zona de amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades mineras, como la no metálica, entre las que está la extracción de óxido de hierro.
La medida del Congreso fue inicialmente cuestionada por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF determinó que no era factible el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras. Advirtió que su impacto sobre flora y fauna sería severo.
Poco después la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. Las concesiones ASP y ASP2 (solicitadas anteriormente por Emco Mining / Inversiones Los Pinares) delimitaron más de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, la empresa pagaría anualmente el equivalente a 50 centavos de dólar por hectárea para explorar, y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral.

«Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina», señalan los autores del reportaje.

Adicionalmente, ambas concesiones tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2,5% sobre el valor exportado o en planta, según sea el caso.

¿Cómo se desarrolla el conflicto ambiental?

Cuando la gente del pueblo de Guapinol se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. De acuerdo al reportaje, ellos temían que las minas les afectaran los ríos que los surten, y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, según la investigación periodística, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.

«Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo».

Según dijo a la alianza Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».

El dueño de la minera, Lenir Pérez, «ve las cosas de otra manera». Según dijo a la alianza, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a 1.000 personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto.

A finales de 2018 comenzó la represión empresarial y estatal grave. Según la alianza:

En septiembre varios pobladores resultaron golpeados y una persona herida de bala tras el bloqueo de una calle y el intento del personal de la mina por despejarla.
A fines de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento que habían armado en la calle. Los enfrentamientos continuaron varios días hasta que dos militares murieron por fuego cruzado.

No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con los altercados.

Los conflictos continuaron en 2019. Ese año la Fiscalía acusó a decenas de ambientalistas por usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. Según la alianza, la acusación fue basada en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.

Sin embargo, hay varias «incongruencias» en las acusaciones. Por ejemplo, la alianza refiere al caso de uno de los acusados, Juan López, que no había estado en uno de los altercados porque ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Además, señala que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.

Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.

Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente (Honduras) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dos de las organizaciones que junto a Univisión Investiga (Estados Unidos) conforman la alianza.
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011241093611387-el-conflicto-minero-en-honduras-que-tiene-atras-a-trump/

Chile

Universidad de Chile realiza encuentro LGBTIQ+ en Minería

24/11/2020
Un evento inédito y que convocó a diversos representantes de grupos de interés minero fue el que organizó recientemente el Centro de Alumnos de Minería de la Universidad de Chile (CAM), la Dirección de Diversidad y Género del Departamento de Ingeniería de Minas y la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería (RIEDMin), denominado “Encuentro LGBTIQ+ en Minería”.

Las palabras de bienvenida las dio Nicolás Rojas, presidente del CAM y María Cristina Vallejos, representante de la directiva electa de Alumni 2021, quienes agradecieron la convocatoria y valoraron que los/las asistentes estuvieran dispuestos/as a participar en discusiones que le hacen falta a la sociedad.

Luego participó Ziomara Gerdtzen, directora de la DIGEN de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, contando los avances que se han desarrollado a nivel de Facultad por la inclusión, el respeto y resguardo de la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, el Prof. Leandro Voisin, Jefe Docente del DIMin reconoció y agradeció la participación al evento y luego presentó a la directora de la Comisión de Diversidad y Género del Departamento, Prof. Kimie Suzuki, quien realizó una presentación amena, entregando detalles de las discusiones que ha llevado la comisión, su objetivo, visión y proyecciones en pos de generar un ambiente inclusivo al interior del DIMin.

A continuación, Dominique Viera, vicepresidenta de Operaciones en Metaproject expuso sobre la visión y los protocolos actuales en la empresa, con experiencias vividas al interior de ésta, así como el énfasis que tienen de valorar la inclusión y la diversidad y sus planes a futuro.

Luego, Patricio Maraboli, head of Human Resources en Pampa Norte de BHP, comentó acerca de Jaspe, organización pro-diversidad de la cual la empresa es parte y su iniciativa “Wear it Purple Day”, además de los amplios protocolos que se han establecido para la no discriminación y resguardo de la comunidad diversa.

Una vez terminadas las presentaciones formales, Monserrat Pineda, ex alumna de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad, compartió su visión sobre los desafíos que implica ser LGBTIQ+ en minería, abriendo así discusiones grupales entre los/las participantes acerca de los cambios que implican este tipo de eventos y la visibilización LGBTIQ+.

Finalmente fue nuevamente Nicolás Rojas, pero ahora bajo el rol de presidente de la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería, junto a Paulina Contreras, vicepresidenta de la misma organización y estudiante de Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de la Serena, quienes dieron por inaugurado oficialmente el funcionamiento de RIEDMin, entidad que busca ser una agrupación que visibilice a la comunidad LGBTIQ+ en Minería, mediante la comunicación entre pares y la educación a la industria, de modo de lograr una sana convivencia que elimine todo tipo de prejuicios, discriminaciones y brechas entre la comunidad LGBTIQ+ y el resto del ambiente laboral.

“Es realmente un honor estar en el tiempo y lugar adecuados para poder dar vida a esta red que tanta falta hacía en nuestra comunidad minera. Ya es tiempo de dejar el miedo y la discriminación atrás. Es tiempo de ser quien une quiera ser, expresarse y por sobre todo entender que las diversidades no somos diferentes, que merecemos el respeto y aceptación que cualquier otra persona merece”, concluyó Nicolás Rojas.

Universidad de Chile realiza encuentro LGBTIQ+ en Minería

Chile, Sin categoría

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

24/11/2020
En el marco de su Capital Markets Day, el CEO de la italiana, Francesco Starace, anunció que esperan movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años.

Desde Roma y vía telemática, la italiana Enel presentó esta mañana su Plan Estratégico 2021-2023, con la visión puesta en 2030, asumiendo que será una década de profunda transformación. El grupo, que puso en el centro de su estrategia la aceleración de la transición energética, anunció que espera movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años. Mientras, dentro de tres años, se planea invertir directamente alrededor de 40 mil millones de euros.

“Con este nuevo Plan Estratégico estamos marcando un rumbo para los próximos 10 años, movilizando 190 mil millones de euros en inversiones para perseguir nuestros objetivos en una década llena de oportunidades”, sostuvo el CEO del grupo italiano, Francesco Starace, quien además enfatizó que la regulación jugará un rol fundamental.

Con el foco puesto en triplicar la capacidad renovable al 2030, la italiana destacó el almacenamiento en baterías en medio de la necesidad de flexibilidad que impone el crecimiento de las energías renovables cuyo potencial -según indicó el grupo- se espera que alcance unos 20 TWh en 2030.

Pero también, Starace hizo especial mención al hidrógeno verde, el denominado combustible de futuro, donde ya tienen proyectos en desarrollo en Estados Unidos, España, Italia y Chile. En este último caso, junto a AME y los posibles socios ENAP, Siemens Energy y Porsche, para impulsar el primer piloto de producción de hidrógeno verde en el país a través de un electrolizador alumentado por energía eólica, en la Región de Magallanes.

Dijo esperar importantes oportunidades en el segmento del hidrógeno verde, por lo que el grupo prevé integrar electrolizadores con plantas renovables que produzcan electricidad para la venta directa o servicios auxiliares, vendiéndose también hidrógeno verde a clientes industriales. Así, anunciaron, que planean aumentar su capacidad de hidrógeno verde a más de 2 GW para 2030.

En el marco de su Capital Markets Day, Enel aseguró que se adelantará la fecha del fin del carbón desde el 2030 al 2027. “Como resultado, se espera que la producción libre de emisiones alcance alrededor del 85% en 2030 desde aproximadamente el 66% estimado en 2020”, precisaron.

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

Mexico

Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

24/11/2020
Posted by MARTÍN CATALÁN LERMA
Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Roberto de la Rosa, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo

Advierten que la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras

Roberto de la Rosa, representante de Salaverna, advierte que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas”

Durante un foro realizado este lunes sobre la industria minera en Zacatecas, organizado por la Legislatura en la entidad, diputados, académicos y activistas se pronunciaron contra ésta debido a las afectaciones y agravios que provoca en las comunidades; en contraparte, ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras, según advirtieron algunos asistentes al foro efectuado mediante la plataforma de videoconferencias de Telmex, lo que generó inconformidad en la diputada Gabriela Pinedo y en el académico Álvaro García Hernández.

Roberto de la Rosa Dávila, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso en su intervención que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no tenían antecedentes registrales y por lo tanto sus escrituras no tenían legalidad jurídica.

En 2010, recordó, “el gobierno de Miguel Alonso y los abogados de Tayahua ayudaron a convencer a la gente de que debía aceptar una reubicación, hasta que en el 2012 nos dijeron que el cambio era necesario porque había una falla geológica y que Salaverna podía colapsar. Después, en diciembre de ese mismo año provocaron un hundimiento y es un atentado que no ha sido castigado”.

Según relató, siguieron las presiones hasta que, con el uso de la fuerza pública, intentaron sacar de Salaverna a las 17 familias que quedaban e incluso tumbaron viviendas con maquinaria pesada, ello mediante contubernio entre el gobierno y la minera.

“Hoy seguimos resistiendo y a mi manera de pensar personal, y por experiencia de vida, creo firmemente que la minería no ha sido una buena actividad para nosotros, porque la región donde se asienta es depredada y acaba con formas de vida. Sólo nos deja enfermedades, contaminación y escasez de agua”, dijo.

De la Rosa Dávila expuso que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas, como Providencia, Aranzazú, que están convertidas en un montón de escombros, además de que son un foco de contaminación para el entorno”.

Manifestó que la legislación ambiental debería tener como objeto la protección, preservación y conservación de los ecosistemas y la salud pública, y las actividades económicas deben realizarse de una manera racional sin que se comprometa la supervivencia de esta y las futuras generaciones.

Propuso que se retome el proyecto para declarar como Área Natural Protegida un territorio de 2 millones de hectáreas de semidesierto zacatecano y que se emita una nueva legislación minera que sea respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades campesinas.
También propuso que se eleve a rango constitucional el derecho de las comunidades a decidir respecto a nuevos proyectos mineros, y que la Legislatura impulse una consulta ciudadana para avalar o prohibir la minería a cielo abierto en el estado.

La diputada Gabriela Pinedo Morales cuestionó que, en la primera edición del foro, se le dio la oportunidad de participación a los representantes de las mineras sin límite de tiempo para la defensa de sus intereses, pero en esta ocasión, en la que se suponía que se iba a hablar directamente con los afectados, se le dio más apertura a personas que fungieron como voceros de las empresas.

El caso concreto de Roberto de la Rosa, comentó la legisladora, se evidencia la manera en que las corporaciones mineras operan en el estado, al grado de que muchos lugares ya no son habitables por los daños que generaron las empresas mineras.

“Las empresas mineras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo muerte y destrucción para las futuras generaciones. La destrucción de pueblos enteros jamás se va a justificar por el interés económico de las empresas”, enfatizó.

En ese sentido, destacó el compromiso del actual Gobierno Federal de no otorgar más concesiones mineras, pues “el saqueo y el nivel de devastación ya no se puede permitir. Mucho tiempo se privilegió el interés económico antes que la vida de las personas y la autodeterminación de los pueblos y eso ya no se debe permitir”.

Pinedo Morales se refirió a la iniciativa que presentó, junto al diputado Jesús Padilla, para declarar como Área Natural Protegida a un polígono en el municipio de Mazapil, lo que impediría más proyectos mineros, y precisó que esa decisión no le corresponde a la Legislatura, pero es un exhorto para que las autoridades responsables lo consideren.

Reiteró que el foro tuvo un sesgo muy evidente, al grado que la lista de participantes original no se respetó, ya que tuvieron intervención más personas de las que se incluyeron en el programa, y todas ellas para dar posturas en favor de las empresas mineras.

“Hay cosas más importantes que toda la riqueza que se genera, que además no se queda en Zacatecas. Pero lo que sí se genera es despojo, afectaciones al medio ambiente, contaminación de mantos acuíferos con metales pesados que después generan muerte a todas las especies, generación de drenaje ácido, deforestación del suelo, entre otros”, agregó.

Álvaro García Hernández, docente de la Unidad Académica de Derecho, aseguró que la numerosa cantidad de personas que participa en estos foros, habitantes de las comunidades, es una estrategia que tiene la finalidad de crear una imagen positiva de las empresas mineras.

“Lo mismo pasó en Wirikuta, donde fueron concesionadas 70 mil hectáreas a empresas canadienses, Ahí se están utilizando indígenas y los están organizando en contra de quienes ya ganaron amparos para proteger la zona sagrada que también es un Área Natural Protegida. No me extraña que haya posturas aquí totalmente inciertas de lo que realmente pasa en Mazapil”, puntualizó.

Refirió que hay mucha evidencia sobre las afectaciones al agua, el suelo y salud de los pobladores a causa de las mineras; “¿Y ahora resulta que le vamos a prender veladoras a las empresas y a aceptar mentiras enormes de que nuestra economía se la debemos agradecer a las mineras?”.
Recordó que la riqueza que se obtiene a través de la minería no se queda en las comunidades, la región o el estado, sino que se acumula en los lugares de origen de las empresas.

García Hernández manifestó la necesidad de acudir a las comunidades para conocer los agravios y las afectaciones que las empresas han realizado, pues hay “agravios directos a los derechos humanos, se han pasado todas las declaraciones internacionales en materia de medio ambiente y en Zacatecas no se cumple un solo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, y aun así vienen a decirles que la minería es fabulosa”.

En el foro participaron otros habitantes de Mazapil, entre ellos Sonia Cervantes, quien expresó que “la minería vista desde el punto de vista satánico nos puede dar una visión muy diferente a la que nosotros tenemos como habitantes de Mazapil”.

“Si bien es cierto que toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, yo puedo hablar de un Mazapil antes y después de la minería. Por eso, nuestros diputados y nuestras autoridades deben legislar sobre la coexistencia entre la minería y medio ambiente. Nosotros no ponemos al recurso económico encima del medio ambiente, pero hablamos de que coexista”, expresó.

Aricela Zapata, por su parte, aseguró que la empresa concesionada para el proyecto de Camino Rojo “nos apoya en todo y nos da información de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. Entonces estamos contentos con el apoyo que nos dan, ayudan mucho y nos informan sobre respetar las reglas de tránsito y respetar al medio ambiente”.

Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, distrito Zacatecas, manifestó que la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a no otorgar más concesiones mineras, y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, “no es pertinente ni acertada”.

“Pareciera ser que la iniciativa pasa por alto el hecho completamente real de que, hoy en día, se hallen varias empresas mineras desplegando intensas faenas de exploración en esa región. Esto en estricto apego a la ley y, por lo tanto, intentar cambiar las reglas ahora, no sólo es un axioma de falta de certeza jurídica, sino que es también un claro mensaje que ahuyenta la inversión”, expresó.
http://www.remamx.org/2020/11/diputados-academicos-y-activistas-rechazan-a-la-industria-minera-por-afectaciones-y-agravios-a-comunidades/

Perú

SEÑOR MINISTRO: ACUERDO PREVIO NO ES IGUAL QUE CONSULTA PREVIA

Ana Leyva
24/11/2020
En su primera aparición como nuevo ministro de Energía y Minas, el economista Jaime Gálvez Delgado hizo suya la propuesta de reemplazar la aplicación de la consulta previa por el acuerdo previo para actividades de exploración con el propósito de reducir el proceso de diálogo, aproximadamente en 6 meses. Esta propuesta ya había sido planteada en el Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible publicado en febrero del presente año, y ha sido una de las propuestas presentadas por la CONFIEP en su Agenda de Reactivación 2020.

El ministro señaló que las consultas para proyectos de exploración vienen tomando 1 año de duración, sin señalar algún caso en particular donde la consulta haya durado ese tiempo. Según el ministro, con procesos tan prolongados todos pierden, incluso las comunidades campesinas y nativas. El propósito de esta medida sería apurar las inversiones mineras en exploración. La pregunta que nos hacemos es si esta propuesta puede o no afectar derechos colectivos de esas comunidades. El acuerdo previo y la consulta previa tienen sujetos, objeto y finalidades distintas. Para entender la trascendencia de lo que se está planteando, es necesario tener un marco conceptual claro. Es decir, determinar el significado de estos términos y la relación entre ellos.

Los términos Acuerdo Previo y Consulta Previa no son semejantes, y uno no se puede reducir al otro

La Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, introduce el término de acuerdo previo.

Según el artículo 7 de esta norma, el acuerdo previo es un requisito necesario para establecer derechos de explotación minera. Se trata de la celebración de un contrato entre el: (i) el titular del derecho minero y (ii) una persona natural o jurídica, esta última puede ser de una comunidad campesina o nativa que es titular de tierras, y el objeto de este acuerdo es la entrega de tierras en cesión en uso, alquiler, venta, etc., al titular minero, a cambio de una contraprestación.

Además de ello, el artículo 11 de esta norma señala que para “disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Es decir, en estos casos, donde el propietario es una comunidad, se requiere que una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros apruebe la cesión en uso, alquiler, venta, etc. de las tierras comunales.

La consulta previa respecto a la realización de proyectos de inversión es distinta, en la forma y en el fondo, del acuerdo previo. Se trata de un derecho colectivo que les asiste a las comunidades (campesinas y nativas) o pueblos indígenas u originarias, y que les permite participar en los procesos de toma de decisiones del Estado que los puede afectar.

¿A qué decisiones nos estamos refiriendo? Cuando se trata de proyectos de inversión, como en el caso de las actividades extractivas, las consultas podrían estar referidas a otorgamientos de derechos de uso, certificaciones o autorizaciones administrativas que las empresas deben obtener del Estado para comenzar a operar. Lamentablemente, en el Perú los decisiones o permisos más importantes no se consultan.

En la consulta previa se establece un diálogo entre el Estado y las comunidades o pueblos indígenas sobre las posibles afectaciones que pueden sufrir los derechos de estos últimos con la adopción de esas decisiones. La consulta previa debe garantizar, en tal sentido, que estas autorizaciones o permisos administrativos otorgados por el Estado minimicen los daños y si es posible, no afecten los derechos colectivos (identidad cultural, tierra y territorio, acceso a recursos naturales, etc. es decir, derechos que aseguran la existencia de la comunidad o pueblo).

En ese sentido, no resulta posible equiparar un acuerdo económico entre la comunidad y el titular minero sobre el uso de las tierras, con la consulta previa que constituye uno de los derechos colectivos más importantes de las comunidades o pueblos indígenas, que les da la posibilidad de tener voz e influir en las decisiones del Estado.

Además, el acuerdo previo sobre los terrenos superficiales debería realizarse después de la consulta. En la consulta, y en diálogo con el Estado, se deberían definir las afectaciones a los derechos colectivos y las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de esos daños. Con esa información la comunidad o pueblo podría estar en condiciones de negociar las tierras que serán afectadas.

Por lo tanto, el acuerdo previo no puede sustituir a la consulta. Tiene sujetos o partes, objeto y finalidad y tiempos distintos. Intentar sustituir uno con otro, puede significar dejar desprotegidos los derechos colectivos en los procesos de toma de decisión del Estado en relación a los proyectos de inversión.

Un tema que permite comprender mejor las consecuencias de la pretensión de sustitución de la consulta por acuerdo previo, tiene que ver con entender la diferencia de suelo, tierra y territorio.

Diferencias entre suelo, tierra y territorio

El suelo es definido como una porción de la parte continental del planeta. El término tierra, desde la perspectiva agrarista, es entendido como una porción de suelo con aptitud agrícola.

El territorio es mucho más que suelo o tierra, es el espacio de reproducción de la vida y de la cultura de un pueblo. Está cargado de significados para sus habitantes.

Para el Convenio 169 de la OIT que protege derechos de pueblos indígenas, el término tierra debe ser entendido como territorio. Esto se debe a que las tierras comunales, si bien son una propiedad, son mucho más que eso, es el espacio de reproducción de la vida y la cultura de las comunidades. En ellas, generalmente se llevan a cabo sus actividades económicas, sociales, acceden a recursos naturales, a servicios, establecen sus lazos afectivos, celebran sus festividades. Todas esas expresiones de vida y cultura se desenvuelven en ese espacio.

Por lo tanto, cuando se afectan tierras comunales, se puede estar cortando un conjunto de dinámicas que tienen que ver con la vida de una colectividad. En estas situaciones, el Estado no solo está llamado a velar para que las comunidades reciban el precio justo por la venta o uso de sus tierras, sino a garantizar la integridad de la comunidad y la reproducción de su vida y cultura.

En el Perú, generalmente cuando se dan las autorizaciones de los proyectos de inversión no se determina este tipo de afectaciones en la vida de las comunidades. Las consultas están ubicadas en autorizaciones finales, en cuyo proceso de aprobación ya no se discuten estos temas. Por esa razón, comunidades como las de la zona de Ampliación del Proyecto Coroccohuayco, continuación de la mina Tintaya-Antapaccay de la multinacional Glencore, vienen reclamando desde hace más de 2 años que se consulte el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para que en ese proceso de certificación ambiental se dialogue sobre las posibles formas de afectación a los derechos colectivos que se producirán con la realización del proyecto. La Defensoría del Pueblo también ha planteado esta posición, pero lamentablemente el Estado no quiere poner a consulta los EIA.

En este escenario es necesario mejorar las consultas, pues las negociaciones de tierras son transacciones que giran en torno a precios de mercado. Si la comunidad pierde el acceso al agua, a un camino, o lugares ceremoniales, o se dificulta el tránsito a la escuela, o se fragmenta, esas afectaciones no son parte de la negociación que se da en el marco del acuerdo previo; no tienen lugar en ella.

Por último, resulta irónico que en vez de avanzar en la implementación del Convenio 169, todavía existan planteamientos que busca desnaturalizar, ad portas de la celebración del Bicentenario, el ejercicio del derecho a la consulta, reduciéndolo a una negociación de un contrato privado. Al parecer en nuestro país, los poderes económicos y sus aliados, siguen viendo los derechos de los pueblos indígenas como un obstáculo para las inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando formas o maneras de conculcarlos. Hechos como este nos plantean el enorme desafío de construir como peruanos un país de iguales y un Estado intercultural, garante de derechos.

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Chile

Barrick busca revivir Pascua Lama e inicia campaña de sondajes


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

24/11/2020
La minera canadiense Barrick informó que tiene una nueva campaña de sondajes en la zona donde se encuentra su fallido proyecto de cobre y oro Pascua Lama, que iba a ser la primera iniciativa minera binacional del mundo, revelaron los principales ejecutivos de la compañía en el marco del día del inversionista, realizado el viernes pasado.

Barrick entregó detalles de los planes futuros de la empresa, donde los prospectos ubicados en la frontera entre Chile y Argentina, donde se encuentra Pascua Lama, tienen el protagonismo.

En el caso de la fallida iniciativa ubicada entre la Región de Atacama, del lado chileno, y la provincia argentina de San Juan, Barrick está llevando adelante un proceso de revisión de los aspectos geológicos y económicos, de manera de buscar una forma de extraer, con el menor daño ambiental y de manera rentable, el mineral de oro ubicado en esa zona de la alta cordillera.

“En Pascua estamos trabajando para analizar las diferencias entre el modelo que hemos analizado, y la geología de la zona. Para ello, hemos iniciado un proceso de perforación en ocho lugares”, reconoció Dennis Mark Bristow, CEO de la empresa.

A esto se suman las campañas y las revisiones de los datos de otros dos prospectos de la compañía en la zona: el proyecto Alturas y la zona El Indio Belt, que también muestran interesante información preliminar.
Nuevo EIA

En caso de buscar reflotar el proyecto Pascua Lama, Barrick deberá volver a ingresar un estudio de impacto ambiental (EIA).

La iniciativa sumaba un avance en torno al 70%, cuando el Primer Tribunal Ambiental decidiera, en setiembre pasado, la clausura total y definitiva de la iniciativa, además de mantener una multa impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Barrick aceptó el fallo y anunció que no apelaría.
Fuente: Pulso

Barrick busca revivir Pascua Lama e inicia campaña de sondajes

Mexico

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras

25/11/2020
Foto: Grupo México
Este 2020, México cerrará con 16.8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Es decir, las concesiones en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disminuyeron un 20.8 % en comparación con el cierre de 2018, cuando finalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y 45.3 % debajo de lo concesionado con el exmandatario Felipe Calderón.

Esto debido a la revisión de las licencias que inició la Secretaría de Economía desde hace dos años, lo cual se suma a la política del gobierno federal de no otorgar nuevos permisos, con excepción de los que ya estaban pactados por ley. Por ello, actualmente no hay nuevas concesiones mineras, ni siquiera para encontrar gas, cobre, plata o litio, materiales importantes para el sector energético, el médico, farmacéutico, electrónico y automotriz.

“El hecho de que nos den una concesión no nos están dando una mina, nos dan la posibilidad de explorarla para tener la probabilidad de encontrar algo, pero no es garantía de tener una mina (…) en el periodo de Calderón hay un aumento importante porque el Servicio Geológico Mexicano declaró una serie de designaciones importantes incluyendo zonas del mar para encontrar gas, pero actualmente no hay nuevas concesiones”, comentó en un seminario Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

Alanís detalló que solo 4 millones, de los 16.8 millones de hectáreas concesionadas, están produciendo y agregó que las áreas productivas de las minas ocupan 201 mil hectáreas; es decir, solo 0.1 % del territorio nacional.

“Hay un profundo desconocimiento de la industria minera (…) La minería es esencial para la vida, el progreso del ser humano y para el desarrollo económico de México”, explicó Alanís.

A pesar de las políticas del nuevo gobierno, las empresas mineras siguen considerando al país relevante para la inversión extractiva en las concesiones existentes y más ahora con la pandemia, comentó Douglas Coleman, presidente y CEO del México Mining Center, firma de consultoría e información de la industria en el país para capital foráneo.

“El incremento en el interés por México a largo plazo se está observando por la demanda de metales para manufacturas de industrias que se están recuperando muy rápido del Covid-19, un ejemplo es la industria energética donde necesitan plata y litio”, comentó el directivo.

La plata es un elemento importante en la manufactura de paneles solares, mientras que el litio es considerado un insumo importante para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de electricidad, como las baterías de los autos eléctricos.

Un ejemplo es que la firma china Ganfeng Lithium aprobó el viernes 13 de noviembre una resolución para aumentar su participación en el proyecto de litio en Sonora de la firma minera Bacanora Lithium del 22.5 % al 50 %.

“El proyecto de litio de Sonora ahora está bien situado para estar en producción en 2023 y entregar productos de litio de grado de batería en el mercado de almacenamiento de energía de rápido crecimiento”, dijo Peter Secker, director general de Bacanora.

Este proyecto representa una inversión de USD 420 millones en su primera etapa y generará más de mil empleos en el período de construcción; se tiene considerado que solo esta mina representa 5 % de la producción de litio mundial.
Fuente: El Financiero

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras