Argentina

Crece el conflicto por la megaminería en Chubut

29/11/2020
El gobierno provincial quiere habilitar la actividad extractivista
Movilización de las asambleas del No a la Mina
El gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis financiera que transita la provincia desde 2016, presentó un proyecto de ley para habilitar la megaminería en el territorio, por más que esta actividad está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5001. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y, el mismo día que el gobernador presentó la iniciativa de zonificación, ingresaron a la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar los “baches” de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras. La mesa de unidad sindical, en tanto, sigue reclamando por los salarios de los trabajadores estatales que tienen un atraso de dos meses en el pago y no cobraron el aguinaldo de julio, aseguran que la minería “es una falsa salida” y proponen una Ley tributaria de emergencia para paliar la crisis.

El 20 de noviembre el gobernador Mariano Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto denominado “desarrollo industrial minero metalífero sustentable”, que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, exceptuar zonas de la provincia de la prohibición que rige por la ley 5001. Eso podía ser factible, según dicha ley, solo durante los 120 días posteriores a su promulgación. Arcioni quiere hacerlo 17 años después, y luego de haber ganado las elecciones con una campaña antiminera. La punta de lanza del extractivismo en Chubut sería permitir la explotación en la meseta, en en el marco del denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional Panamerican Silver, que extraería plata, plomo y cobre a cielo abierto.

En declaraciones recientes, el gobernador expresó que “somos una provincia minera por excelencia”, y puntualizó que “tenemos la obligación, quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas y de escuchar esas miles de voces que están en silencio. A mi no me van a callar los ruidosos”.

El proyecto del gobernador para permitir la zonificación deberá tratarse en una comisión parlamentaria, mientras que el de iniciativa popular, en tres. “Es paradójico porque el gobierno dice que está abierto al diálogo, pero festejó cuando se anunció que su proyecto iba a tratarse en una sola comisión”, aseguró Pablo Lada, Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Luego explicó que el proyecto de iniciativa popular pretende completar a la ley 5001 para prohibir otros químicos tóxicos además del cianuro y otras etapas previas a la explotación». Estiman que el gobierno tiene el objetivo de que el proyecto de zonificación sea tratado antes de fin de año en una de las tres sesiones que quedan. Este diario intentó comunicarse con el gobierno provincial para consultarle sobre esta y otras cuestiones, pero no obtuvo respuestas.

La crisis en la provincia es de larga data. En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno de Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda con acreedores extranjeros. En ese entonces, el ex gobernador, Mario Das Neves, emitió un bono por 650 millones de dólares para ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública. Sin embargo, a mediados de 2018, con Arcioni como gobernador, la provincia comenzó a tener problemas para pagar los salarios a los estatales. Marcela Capón, Secretaria de Hacienda de Atech, aseguró que actualmente “la provincia está muy complicada. Tenemos dos meses de atraso en los pagos y nunca cobramos el aguinaldo. Las familias están endeudadas, los chicos sin clases y los hospitales colapsados, con médicos que no cobran”.

La propuesta de la mesa de Unidad Sindical es frenar el pago de la deuda y realizar una auditoría, porque no saben a dónde fue el dinero. Además, presentaron en la legislatura un proyecto de ley tributaria de emergencia: “hace más de tres años que estamos peleando por eso. En la provincia hay grandes terratenientes que no pagan el impuesto rural inmobiliario, no se cobra el canon pesquero, tampoco pagan impuestos las mineras o las grandes empresas como Aluar”, aseguró Capón. “En vez de apuntar a esos sectores poderosos, desde el gobierno proponen cómo salida la megaminería que traerá aún más miseria”, apuntó.

Capón expresó que tuvieron una reunión virtual con legisladores provinciales y nacionales. De los provinciales no obtuvieron respuesta, pero los diputados nacionales del FdT –Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz– se posicionaron en contra de la megaminería. «Además tuvimos el compromiso de ellos de avanzar con los proyectos de la mesa de unidad sindical», expresó y detalló que «los que no se posicionaron fueron Ignacio Torres y Gustavo Menna de JxC».

Lada agregó que «desde el gobierno provincial argumentan que la minería es necesaria para la gente de la meseta, cuando el propio Estado abandonó esa zona hace años y la ha dejado en manos de Panamerican, que lleva más de diez años allí. Se ha convertido en una suerte de estado paralelo: provee a los pobladores telefonía, leña, generadores eléctricos”. Luego detalló que “argumentan que hay que generar dólares, pero Chubut es la cuarta exportadora del país y tenemos solo 600 mil habitantes».

El representante de las asambleas puntualizó que «el gobierno nos ha endeudado y ahora propone que nos abracemos al ancla de la minería. Pero la población está informada y ve lo que pasa en provincias donde se desarrolló la actividad. En Catamarca, que tuvo el yacimiento más grande del país, el 67 por ciento de la población recibió el IFE, y los índices de pobreza son de los más altos del país. Estos datos no se pueden ignorar”.

Además de las masivas movilizaciones, distintos sectores se han posicionado en contra de la mina. En una carta firmada por representantes de la la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el Conicet y el INTA, dirigida al presidente de la legislatura, indicaron que «no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley», y que «los avances en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas indican de manera categórica que no hay procesos que logren el desarrollo sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva».
Informe: Melisa Molina.
https://www.pagina12.com.ar/308754-crece-el-conflicto-por-la-megamineria-en-chubut

Perú

«COOPERACCIÓN PRESENTÓ EL GEOPORTAL «GEOGRAFÍAS EN CONFLICTO»

Imagen: Plataforma Geoportal
Hoy lunes 30 de noviembre de 2020 CooperAcción presentó en un evento público a través de la plataforma Zoom, el geoportal Geografías en Conflicto, cuyo objetivo es “Contribuir al acceso a información geográfica de calidad para la toma de decisiones, la investigación, la incidencia y la defensa de derechos colectivos y el bien común”.
José De Echave, investigador de CooperAcción, recordó en la presentación que desde finales de la década del 90, a pocos años de la fundación de CooperAcción, se comenzó a utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como una herramienta de producción de información para las poblaciones con las que se trabajaba.

De Echave agregó que los mapas más conocidos y utilizados en todo este tiempo han sido los de concesiones mineras, elogiados y muy bien recibidos por comunidades y pueblos indígenas y aliados y criticados por algunos sectores que, al parecer, prefieren que la información no llegue a todos y todas.

Durante la presentación del geoportal, el geógrafo Anthony Bebbington resaltó que esta herramienta de información de libre acceso es “clave para construir relaciones menos asimétricas” y que “permite que los diversos actores puedan hacer sus análisis de lo que está pasando en el país, aumenta la posibilidad de participación social en la gobernanza de los recursos naturales y los procesos de desarrollo”.

Por su parte el geógrafo Dionel Martínez, encargado de liderar la implementación del geoportal, mencionó que dicha herramienta tiene alrededor de 30 capas de información y 7 páginas de gráficos y estadísticas que permiten visualizar, analizar y consultar los diferentes intereses que se encuentran superpuestos en el territorio, desde el nivel nacional hasta el comunal o de centro poblado.

Martínez señaló que el aporte del geoportal se enmarca dentro de la superación de la enorme brecha que existe en la sociedad civil respecto al desarrollo de herramientas que permitan avanzar hacia un acceso libre y gratuito a información georeferenciada para la toma de decisiones de los distintos actores en los territorios. “Nuestro aporte ha consistido en juntar toda la información geográfica que desde la mirada de las geografías en conflicto, nos permite dar luces sobre la conflictividad territorial, con información del mismo Estado”, agregó.

Como ejemplo de lo que es posible visualizar y analizar en el geoportal, el geógrafo mencionó que hay 110 Áreas Naturales Protegidas que presentan concesiones mineras en sus superficies, así como 1589 comunidades campesinas y 108 comunidades nativas que tienen este tipo de concesiones en sus territorios ancestrales.

Para Martínez, el geoportal permite evidenciar la necesidad de la implementación de políticas de planificación territorial a distintos niveles, como el ordenamiento territorial, para concertar intereses, donde las organizaciones de base y ciudadanos de a pie tengan la capacidad de decidir cómo quieren usar su territorio y qué proyectos (inversiones) necesitan.

El geoportal Geografías en Conflicto se encuentra accesible en la página institucional de CooperAcción (http://cooperaccion.org.pe/geoportal/) o entrando directamente a través del siguiente link: https://cooperaccion.giscloud.com/.
www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

Consumo energético de la industria minera creció 33% en la última década

El sector es responsable del 14% del gasto de energía del país, y en el caso de la electricidad, es líder indiscutido con 34%.
30/11/2020
(El Mercurio) El sector minero es uno de los principales responsables del consumo energético del país. Así lo refleja el último informe presentado por Cochilco con cifras a 2019 -las últimas disponibles-, en el que, sin embargo, se vislumbra un leve retroceso, menor que 1%, respecto del ejercicio anterior, pero que está en línea con la menor producción de cobre que se registró.

Elevando la muestra, el crecimiento del consumo en la última década ha sido de hasta 33%, lo que no necesariamente se ha traducido en un crecimiento similar a la producción de obre, lo que solamente ha aumentado en un 7%.

Entre las razones que explican esta tendencia hay algunas que son estructurales, como el envejecimiento de las minas; por lo tanto, existen menores leyes de mineral y mayores distancias de acarreo, situación que en su conjunto aumenta los requerimientos energéticos, especialmente de combustibles.
Restricciones a extracción de agua y desalación

En paralelo, durante los últimos años han aumentado las restricciones a la extracción de agua continental. Esto último ha impulsado a varias faenas a instalar plantas de desalación e impulsión de agua marítima hacia las operaciones mineras, lo que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica.

A esto se suma la sucesiva mayor producción de concentrados de cobre, lo que incrementa la necesidad de energía, mediante el proceso mismo de concentración de mineral, y por el mayor uso de agua en este proceso. Lo anterior, a su vez, refuerza la tendencia al uso de agua de mar.

Es en este entorno que la energía proveniente de centrales que funcionan con fuentes renovables tomará protagonismo.

Según explica el ministro de Minería, Baldo Prokurica, a 2023 la mitad de la industria minera usará el 100% de energías renovables, “lo que significa un gran avance y compromiso con el medio ambiente, dado que hace cinco años toda la minería usaba energía producida con carbón y diésel. Además, a ese año las mineras incorporarán 13 TWh/ año, y en 2021 Enami será la primera minera del país en usar el 100% de energía renovable”, sostiene la autoridad.

Pero además en la industria minera también se fe con buenos ojos el potencial del hidrógeno verde y sus posibles usos en la minería como una fuente limpia de abastecimiento de energía.

El vicepresidente de Cochilco, Marco Riveros, apunta a que, a medida que se desarrolle el marco legal necesario para el uso de este combustible, y los incentivos del mercado, se irá masificando la producción.

“Tendrá un gran impacto, como, por ejemplo, en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo energético. Hasta ahora, los potenciales usos del hidrógeno en la minería están asociados al transporte de carga, en sistemas de respaldo para telecomunicaciones, y en celdas de combustibles sin emisiones dentro de los túneles”, añade Riveros.
Costos podrían aumentar

Con todo, el aspecto energético es fundamental para la industria, pues el consumo eléctrico constituye la principal fuente de gasto para el sector. Así, durante el último ejercicio catastrado, este ítem representó US$.2339 millones frente a los US$1.031 millones del costo asociado al consumo de combustible, es decir, más de dos veces.

En suma, se estima que el consumo energético representa un 14% (electricidad 9% y combustibles 5%) de los costos de la minería del cobre en nuestro país, lo que podría seguir aumentando por los crecientes requerimientos energéticos de la industria de extracción de mineral.
https://www.mch.cl/2020/11/30/consumo-energetico-de-la-industria-minera-crecio-33-en-la-ultima-decada/

Perú

POR UNA URGENTE REFORMA POLICIAL EN DEMOCRACIA

Luis Gárate – 28/11/2020
Imagen: Leonardo Leo Rios
En los días recientes hemos visto que la ola de protestas ciudadana generadas por el golpe parlamentario que impuso a Manuel Merino en la presidencia, fue reprimida con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que provocó 2 muertos y varios heridos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha salido a dar su versión, señalando que ellos no usaron los perdigones de plomo y las canicas que fueron denunciados por los heridos y participantes de las movilizaciones. Asimismo han señalando que el tema se encuentra en investigación y que se trataría de hechos aislados y no de un comportamiento institucional.

Sin embargo diversos reportajes periodísticos han mostrado que se usaron canicas en la represión, lo que no es nuevo pues se ha visto su uso en fuerzas policiales de otros países. Asimismo, ha llamado la atención el uso de agentes del grupo Terna, creado hace unos años cuando el militar en retiro Daniel Urresti fue Ministro del interior. Este grupo que viste de civil, fue creado para una labor más efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, desde hace algunos años también se les ha visto participando de las acciones represivas frente a movilizaciones sociales.

Algunos de los heridos han recibido disparos de perdigones y de bombas lacrimógenas que fueron dirigidas al cuerpo y al rostro. Precisamente el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado se dio por perdigones de plomo que les fueron disparados en el cuerpo y cabeza. Asimismo se ha denunciado el secuestro por 3 días del joven Luis Araujo, que habría sido cometido por agentes del grupo Terna y que aún no ha sido esclarecido

Esto nos recuerda a las recientes manifestaciones sociales en Chile, donde los carabineros dispararon de manera sistemática contra los manifestantes, dejando cientos de heridos y personas que han perdido uno de sus ojos. Esto ha sido denunciado como el uso del supuesto de un “enemigo interno” por parte de la fuerza pública en la sociedad, por lo que se actúa con una lógica casi de guerra.

Las versiones que han salido de la policía peruana y de algunos voceros interesados en desvirtuar las movilizaciones, es que cabe la posibilidad que se hayan usado armas artesanales por parte de “infiltrados”. Además han buscado desprestigiar a los fallecidos, pretendiendo decir que tendrían “antecedentes policiales”. Incluso los familiares de los 2 jóvenes caídos, han denunciado que han sido víctima de sospechosos reglajes.

Estas prácticas policiales resultan inaceptables y no son propias de un estado de derecho y de una democracia representativa como la que nos preciamos tener. Otro elemento que debemos recordar es que los agentes policiales no actúan solos o por iniciativa propia. Claro que pueden cometer excesos como parte de sus intervenciones, pero actúan siempre siguiendo órdenes superiores y determinados procedimientos. En ese entendido, son los miembros del Poder Ejecutivo, es decir el Presidente y el Ministro del interior, así como los mandos policiales, los que toman las decisiones y emiten las órdenes para su ejecución.

Asimismo, es conocido por los organismos defensores de derechos humanos que estas prácticas de disparos al cuerpo, siembra de pruebas, intimidación, entre otros, vienen siendo denunciados desde años atrás en relación a la actuación policial frente a las protestas sociales de comunidades en regiones donde hay conflictos socioambientales (casos conocidos como el conflicto en Apurímac con la minera Las Bambas; el conflicto con la minera Antapaccay en Espinar, Cusco; el conflicto en Arequipa contra la minera Southern por el proyecto Tía María).

El presidente Francisco Sagasti anunció hace unos días algunas medidas, como el cambio del alto mando policial, la creación de una comisión especial para recomendar reformas en la PNP, que un grupo de gerentes del SERVIR se haría cargo de las compras policiales, entre otras. Sin duda medidas saludables en el camino para que esta institución tan importante inicie un camino de moralización y mejora de su actuación en la sociedad.

Esperemos que estas iniciativas avancen. Resulta muy preocupante el sentir que ha calado en la sociedad con la represión vista en los días anteriores. Podría entenderse como un mensaje entre líneas, de advertencia frente a lo que puede venir si la ciudadanía quiere ejercer su derecho ciudadano a la protesta frente a la corrupción y a las autoridades que actúan de espaldas a la realidad. Esperemos que la institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Argentina

Nueva movilización contra la minería

Una vez más se registró en Rawson una importante concentración de personas que se expresaron en contra de la posibilidad de una zonificación para la actividad minera en Chubut.
Por REDACCIÓN CHUBUT
27/11/2020
Aunque la sesión legislativa se desarrolló de manera virtual, como ocurrirán todas las que restan hasta el 10 de diciembre de éste año, la movilización volvió a concentrarse frente a la Legislatura. Además, tampoco estaba previsto que los diputados trataran ayer ningún tema vinculado con la posibilidad de la minería.
Cabe recordar que el martes de esta semana sí tuvo ingreso el proyecto de zonificación enviado por el Ejecutivo Provincial, que completa lo establecido por la Ley 5001.
El mismo martes, luego de una movilización también contra la minería, se registraron algunos incidentes con la detención de algunos manifestantes en la ruta. Ayer la protesta se realizó sin mayores inconvenientes.
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-26-22-8-0-nueva-movilizacion-contra-la-mineria

Brasil, Litio

Hidrocarburos posesiona a dos viceministros para consolidar la industrialización del litio

27/11/2020
La posesión de los dos viceministros de Hidrocarburos. ABI
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, posesionó este viernes a Luis Alberto Poma como viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y a Álvaro Arnez como viceministro de Altas Tecnologías Energéticas.

Tras el juramento, el nuevo viceministro de Altas Tecnologías Energéticas aseguró que los dos desafíos más importantes de su gestión se centrarán en consolidar la industrialización del litio y concretar los proyectos nucleares en ejecución, para fortalecer el sector de salud.

«Se avanzó y, ahora, hay que afinar el tema y tratar de consolidar este proceso de consolidación (de industrialización del litio). En el tema de la Agencia Nuclear, es un fortalecimiento al tema de salud, con la pandemia estamos focalizados en que siempre es prioridad la salud», remarcó Arnez.

Entretanto, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos indicó que su gestión priorizará la reactivación y reconducción de la exploración de los hidrocarburos en el país, a través de una estrategia que permita transformar los recursos en reservas.

«Nuestra prioridad se centrará en la reactivación de la exploración y la reconducción de la exploración, a través de una estrategia que nos permita, con mayor eficiencia, transformar los recursos en reservas, que es nuestro principal objetivo», remarcó.

También dijo que se trabajará en la concreción de mercados estables para que la exportación de hidrocarburos se constituya en un catalizador que permita explorar nuevas reservas.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos destacó la importancia de ambos viceministerios, ya que consolidar la industrialización de los recursos evaporíticos, hasta producir baterías de litio, «no es un desafío menor».

«Bolivia cuenta con una de las reservas más importantes del litio y el desafío de lograr esta anhelada industrialización, es un reto para el país», subrayó.

Además, señaló que, el gobierno es consciente de que el sector de los hidrocarburos «no está en su mejor momento», por lo que la reposición e incremento de las reservas de gas, es vital para fortalecer la producción de líquidos y condensados.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hidrocarburos-posesiona-viceministros-encargados-consolidar-industrializacion-litio-fortalecer-exploracion/20201127212120797601.html

Bolivia

Policía confirma dos detenidos por portar armas de fuego en conflicto de Arcopongo

Foto: ERBOL, vía L. Cuba.
27/11/2020
La Policía confirmó este viernes que dos personas fueron detenidas portando armas de fuego, en el marco del conflicto por concesiones mineras auríferas en la región de Arcopongo del departamento de La Paz.

La versión ya había sido anticipada a ERBOL la noche del jueves por el dirigente Leandro Cuba, quien indicó que los dos detenidos formaban parte de los del bando cooperativista que presuntamente irrumpió en la zona de Valle Hermoso, provincia Inquisivi, originando el conflicto.

El Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Augusto Russo, informó que “han sido detenidas dos personas de sexo masculino por portación de un arma de fuego, quienes han sido remitidos a conocimiento del Ministerio Público”.

El coronel Russo especificó que la Policía ahora resguarda el lugar con al menos 30 efectivos y que el operativo para detener a las dos personas fue realizado por personal policial de La Asunta, tras la denuncia de los pobladores de Valle Hermoso Alto, quienes realizaban una especie de control a toda la gente extraña al lugar.

De su lado, el coronel Douglas Uzquiano, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, detalló que los dos jóvenes detenidos transitaban en motocicletas cuando fueron detenidos portando las armas de fuego.

Ambos jefes policiales afirmaron que coordinarán con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a fin de sostener reuniones con los presidentes de las cooperativas para “apaciguar” la zona y analizar el mejor derecho sobre las concesiones mineras en pugna.

En el marco del conflicto, se registró enfrenamientos, destrozos, heridos, denuncias de desaparecidos y varios vehículos quemados.
http://www.erbol.com.bo/seguridad/polic%C3%ADa-confirma-dos-detenidos-por-portar-armas-de-fuego-en-conflicto-de-arcopongo

Colombia

Explotación minera genera conflicto entre comunidades en Toledo

27/11/2020
El alcalde y la personera del municipio de Toledo buscan llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades frente a la explotación minera.

La situación que tiene en conflicto a las veredas de Buena Vista y Valegrá en zona rural del corregimiento de San Bernardo de Bata, se presenta por los inicios de explotación de una mina en la vereda Buena Vista.

La comunidad de Valegrá tiene una cruzada por la defensa del agua pues en la vereda hay varios yacimientos del preciado líquido, que beneficia a los acueductos de varias poblaciones, incluyendo una parte de la zona urbana del corregimiento. Ellos dicen que falta el estudio hidrográfico que exige Ecopetrol al titular minero por eso no están de acuerdo que en el momento se adelanten trabajos en la mina. Eso llevo a la comunidad a levantar una estructura para evitar el paso de volquetas o maquinaria hacia la mina. Esta iniciativa de la comunidad de Valegrá afecta a la comunidad de Buena Vista porque dicen ellos que no pueden utilizar la vía para su servicio particular.

Ante las constantes dificultades el alcalde, la inspectora de Policía de San Bernardo de Bata, la personera y un delegado de Corponor, atendieron el llamado de la comunidad y lograron algunos acuerdos.

Solicitaron a Corponor la información del proceso de explotación minera y el avance en los estudios hídricos necesarios para iniciar la explotación de ésta mina.

Exigir al titular minero la suspensión de cualquier trabajo en la mina, hasta que se tenga la documentación en regla y retirar la maquinaria como requisito de la comunidad de Valegrá para retirar el portón ubicado sobre la vía y que afecta a la comunidad de la vereda Buena Vista.

La notificación se le hizo llegar al titular minero quien no asistió a la reunión y se espera en los próximos días poder concretar los acuerdos. Para la Personería el diálogo entre comunidades es necesario y esta situación de explotación minera no les debe generar conflictos.
Periodista: Jairo Alonso Leal
https://noticias.canaltro.com/explotacion-minera-genera-conflicto-entre-comunidades-en-toledo/

Perú

Perú plantea reducir plazo de consulta previa en etapa de exploración minera

25/11/2020
Foto: Anglo American
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú planteará agilizar el proceso de la consulta previa en la etapa de exploración minera de un año a seis meses a través de la prepublicación del documento “Acuerdo Previo” en enero próximo.

Según el titular del sector, Jaime Gálvez, se busca una mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades originarias a fin de cumplir con el marco normativo vigente.

Gálvez dijo que se está trabajando para agilizar las autorizaciones de permisos para los proyectos mineros y destacó que recientemente se aprobó un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros que contempla una mayor aplicación del silencio administrativo positivo.

Asimismo, adelantó que impulsará cambios normativos que fortalecerán el atractivo del sector hidrocarburos, al igual que la remediación de los pasivos ambientales y la ejecución del Plan de Cierre de Brechas en el ámbito petrolero de la selva peruana.

Este año, se estima que la inversión minera en el país alcanzará los USD 4.200 millones y el 2021 se espera llegue hasta los USD 5.400 millones.

El funcionario detalló que la cartera de proyectos mineros es de unos USD 56.000 millones, incluyendo Tía María, pero muchos de estos proyectos están en proceso de exploración, de elaboración de los expedientes técnicos o tienen complicaciones por temas sociales.

Asimismo, señaló que todos los años se realiza una “inversión base” en la minería para reponer reservas y realizar mantenimiento a los equipos, que usualmente está en los USD 3.000 millones, pero por el contexto de la pandemia bajará a los USD 2,000 millones.

Explicó que a esa inversión base se agregan los nuevos proyectos de construcción de minas que ahora son tres: Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
Fuente: Gestión

Perú plantea reducir plazo de consulta previa en etapa de exploración minera

Perú

SOSTENIBILIDAD MINERA Y LOS MUERTOS Y HERIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES FRENTE AL BICENTENARIO

César Flores Unzaga
26/11/2020 Imagen: Vidal Merma
La reacción atentatoria de la policía nacional trajo como desenlace dos muertos, más de doscientos heridos -muchos de gravedad-, ciudadanos desaparecidos por “fuerzas del orden” no identificadas, torturas sexuales durante las detenciones, todos cargos que atentan contra los derechos humanos, así como un continuo amedrentamiento a la ciudadanía en general y especialmente a las víctimas de la represión y sus familiares. La gravedad de estos hechos ha conmocionado al país.

Estas violaciones de derechos humanos se han focalizado sobre todo en el Perú urbano, pues ahí se realizaron la mayor cantidad de estas marchas, sin embargo, la represión sistemática a la ciudadanía frente a la protesta social no es en absoluto reciente. La Defensoría del Pueblo que lleva un registro mensual de los conflictos sociales en el país ha contabilizado 289 fallecidos entre los años 2006 y 2020, así como 5098 heridos, la mayoría civiles.

Asimismo, la Defensoría ha determinado que el 65% de los conflictos sociales en el país son de tipo socioambiental y 40% están relacionados a las actividades mineras -78 conflictos en total de acuerdo al último registro de octubre-.

Muchas de estas violaciones de derechos, efectivamente, se producen hacia peruanos y peruanas que discrepan con las reglas de juego que les imponen actividades mineras a través de las empresas y el Estado y, por ello, hacen un uso legítimo de la protesta social, especialmente, frente a la carencia de canales institucionales efectivos para la resolución de estos conflictos. Asimismo, muchas veces la ciudadanía siente “oídos sordos” por parte del Estado, es decir, que las autoridades e instituciones gubernamentales inclinan sus decisiones a favor de actores con más poder.

Un caso reciente fue el de las protestas en julio y agosto de este año en la provincia de Espinar, Cusco, en donde opera la mina Antapaccay, de la empresa Glencore de capitales suizos. La población pedía un bono de 1000 soles, por única vez, para cada persona (elector/a) de la provincia con el fin de afrontar la crisis provocada por el COVID 19, el cual se financiaría con recursos del fondo social constituido en el Convenio Marco entre el gobierno provincial y la minera y que opera desde el 2004. Las protestas se desencadenaron cuando de los ocho integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco únicamente el representante de Antapaccay votó en contra de esta propuesta y la bloqueó.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros, el paro provincial en Espinar condujo a protestas y enfrentamientos con la policía lo que dejó a varios heridos de gravedad y a comienzos de agosto se reportaban los siguientes casos: Oscar Vicente Suca Laucata (17 años) herido de bala; Rony Pacco Ollachica (19) con dos heridas en el pulmón; Yorlin Wilmer Ilachoque Colqque; Rolando Puma Vargas, herido en el brazo derecho; Wily Olger Flores Merma (19) herido en la cabeza; Brayan Carlos Chancayauri (23) herido en cuatros disparos en la espalda; José Amilcar Chuco Mollo, Jack Hacha Fernandez herdidos con perdigones y Juana Apaza Inca Puma, herida con bomba lacrimógena y perdigones[1]. Los pobladores de Espinar heridos de balas, perdigones y bombas lacrimógenas presentaron su denuncia por lesiones ante la Fiscalía de la Nación los días 24, 25, 27 28 de julio, entre los denunciantes se encuentran 3 menores de edad.

Los testimonios de algunas de estas víctimas reflejan la gravedad y secuelas de estos ataques:

“El 20 de julio, Juana Apaza de 35 años fue afectada por una bomba lacrimógena que casi le destroza el tobillo del pie izquierdo, la consecuencia es que cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. Ella es el sustento de hogar, es madre soltera y comerciante: vende verduras y pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos”.

“El 22 de julio, Wilmer Ilachoque Ccolqque de 27 años junto a otros jóvenes llegó a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. Él recibió un disparo de bala de la Policía que perforó su pierna derecha. Por suerte la bala entro y salió, afectando únicamente a su muslo sin comprometer al hueso. Sin embargo, ahora está herido, no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores”[2].

Este tipo de consecuencias en la vida de estos ciudadanos a raíz del conflicto de Espinar se explican por un andamiaje institucional del Estado peruano que se viene aplicando sistemáticamente y responde a tres componentes: 1) la existencia de convenios entre empresas mineras y la policía -que fomenta una acción de la policía de manera no imparcial-, 2) los estados de emergencia preventivos -aplicados sucesivamente desde hace varios años en zonas rurales- sin acreditar que haya una grave afectación al orden interno, y 3) la existencia de normas penales que criminalizan la protesta social, las cuales atentan contra esta vía de expresión ciudadana y, asimismo, amedrentan a líderes y lideresas con procesos judiciales durante años. Este comportamiento del Estado no debe pasar desapercibido en la ciudadanía peruana de cara a nuestro bicentenario. Claramente, la sostenibilidad de nuestra democracia y, de la minería en particular, encontrará bases más consistentes y dignas cuando se cambien estas reglas de juego que han dejado tantos muertos y heridos.

[1]http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/01/cusco-heridos-por-conflicto-en-espinar-esperan-investigaciones-sobre-actos-de-represion/

[2]https://derechosinfronteras.pe/heridos-de-bala-de-espinar-denuncian-a-pnp-por-lesiones-durante-protesta/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe