Colombia

Ponen fin a punto de minería y captación ilegal de agua en el río Tunjuelo

La Secretaría de Ambiente evidenció que las actividades de trituración y aprovechamiento de material pétreo causaron graves afectaciones sobre los recursos naturales. Por su parte, la CAR capturó cinco personas por arrojar escombros en la ronda del río Bogotá.

El río Tunjuelo también se ve afectado por actividades mineras en el sur de Bogotá. Foto: SDA. El río Tunjuelo también se ve afectado por actividades mineras en el sur de Bogotá. Foto: SDA.
* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Los más de ocho millones de habitantes de la capital del país son los mayores responsables del deterioro del río Bogotá, un afluente que en su paso por la ciudad recibe a diario 690 toneladas de carga contaminante, vertimientos, grasas, arenas y basuras que lo hacen agonizar.

En la cuenca media, los 90 kilómetros del río sagrado de los muiscas entran en estado de coma por las inyecciones contaminantes de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre, cuerpos de agua por donde fluyen las aguas residuales de los bogotanos.

En 2019, estos afluentes le aportaron 118.561 toneladas de sólidos suspendidos totales al río Bogotá, razón por la cual 73 por ciento del tramo de la cuenca media presenta una calidad hídrica catalogada como mala.

En las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, el río Tunjuelo se ve afectado por las actividades mineras ilegales. Foto: SDA.

El río Tunjuelo, el cuerpo de agua más extenso que atraviesa la capital del país, es el que más afecta al varón poderoso de la sabana. En sus 73 kilómetros recibe las aguas residuales e industriales de la población de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa, una mezcolanza de materia orgánica, basuras, fósforo, nitrógeno y coliformes fecales.

El año pasado, el Tunjuelo le entregó 66.101 toneladas de sólidos suspendidos al río Bogotá, la cifra más alta de afluentes urbanos. En 2018 esta cantidad fue de 33.042 toneladas de residuos, es decir que su afectación prácticamente se duplicó entre los dos periodos.

En su viaje por la capital, el río Tunjuelo atraviesa por sitios neurálgicos y altamente contaminantes como los frentes de explotación minera en Ciudad Bolívar y Usme, el sector de las curtiembres del barrio San Benito y los frigoríficos de la Autopista Sur, impactos que las autoridades ambientales y policivas tratan de poner en control.


La autoridad ambiental evidenció un frente de captación de agua en la localidad de Usme. Foto: SDA.

En el último operativo de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la localidad de Usme, la entidad evidenció un foco de contaminación por las actividades industriales de trituración y aprovechamiento de material pétreo, las cuales se adelantaban con agua captada ilegalmente del río Tunjuelo a través de electrobombas.

“También encontramos una ocupación ilegal del cauce del río Tunjuelo sin los respectivos permisos, una actividad que causó una grave afectación sobre los recursos naturales. El operativo contó con el apoyo de la Alcaldía Local de Usme, el grupo de Carabineros de la Policía y el Ejército Nacional”, dijo la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia.

Según Urrutia, en este punto del sur de la ciudad el agua del río Tunjuelo era utilizada para humedecer el material rocoso para la trituración y generación de agregados, acción que genera aguas residuales no domésticas con alto contenido de sólidos que producen cambios en la calidad físico-química y la dinámica del afluente.


Las actividades de trituración y aprovechamiento de material pétreo afectan la calidad hídrica del río Tunjuelo. Foto: SDA.

“Estas conductas también afectan y modifican el paisaje, el corredor ecológico de ronda y las condiciones ambientales del sur de la ciudad”, aseguró la funcionaria. Aunque en el operativo no fueron capturadas personas en flagrancia, la SDA decomisó las dos electrobombas que captaban agua ilegal del río Tunjuelo.

La secretaria de Ambiente aseguró que buscará detener todas las actividades que atenten contra el recurso hídrico, su calidad y pérdida de su biodiversidad. “Las personas o empresas que infrinjan la normatividad ambiental enfrentarán procesos sancionatorios como lo establece la Ley 1333 de 2009, cuyas multas pueden superar los 4.000 millones de pesos”.

Capturas en el río Bogotá

A través de varias cámaras instaladas a lo largo de la cuenca media del río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenció que varias máquinas estaban arrojando escombros en un predio ubicado en la vereda Las Mercedes de la localidad de Suba, sobre la margen izquierda del río Bogotá.

Las cámaras grabaron cómo las volquetas hacían el traslado de los residuos, los cuales luego eran aplanados con una excavadora oruga dentro de la ronda del río. Ante las evidencias, la CAR y la Policía Nacional adelantaron un operativo en el que fueron capturadas las cinco personas que operaban la maquinaria.


El río Bogotá es víctima de descargas de escombros en varias zonas de su ronda. Foto: CAR.

“Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Con esta actividad de disposición ilegal de residuos de demolición y construcción, se estaban afectando los recursos suelo, flora y fauna”, dijo Alberto Acero, director operativo de evaluación, seguimiento y control ambiental de la CAR.

En la cuenca media del río Bogotá, entre la Universidad de la Sabana en Chía y las compuertas de Alicachín en Soacha, 14 cámaras graban los atentados diarios que recibe el afluente más importante del centro del país, golpes que van desde escombros, basuras y vertimientos hasta tala de árboles y quemas a cielo abierto.


14 cámaras monitorean a diario al río Bogotá en su paso por la capital del país. Foto: CAR.

Se trata del sistema de monitoreo BochiCAR de la CAR, cámaras de última tecnología que cubren un radio de cinco kilómetros y las cuales cuentan con un alcance de hasta un kilómetro y medio.

BochiCAR permite identificar con detalle las placas de los vehículos que arrojan escombros en el afluente y los rostros de los malhechores que lo maltratan, imágenes que son enviadas de forma virtual a un centro de control ubicado en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre.
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/ponen-fin-a-punto-de-mineria-y-captacion-ilegal-de-agua-en-el-rio-tunjuelo/57702

Colombia

En área protegida Siberia Ceibas no está permitida la minería

CAM
La autoridad ambiental recordó que en los parques naturales que han sido reconocidos como tal, está prohibido cualquier tipo de intervención antrópica como actividades agrícolas o mineras.

Parque Natural Regional Siberia Ceibas. Foto: CAM Parque Natural Regional Siberia Ceibas. Foto: CAM
A pesar de que los Parques Naturales Regionales son áreas protegidas en las que no se debe desarrollar ningún tipo de actividad que afecte sus ecosistemas, no falta quienes tienen interés de intervenir en ellos violando las normas establecidas para su proteccióny conservación.

Esto precisamente sucede en el Parque Natural Regional Siberia Ceibas, en el departamento del Huila, en donde la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), llamó la atención frente a afirmaciones que indican que una empresa minera estaría interesada en realizar explotación, en zona rural del municipio de Algeciras.

Frente a este interés particular, la entidad afirmó que es imposible el desarrollo de cualquier tipo de actividad minera. Este parque es una joya natural e importante corredor de conectividad biológica de la cordillera Andina, así como un ecosistema estratégico para la región por los bienes y servicios ambientales que produce.

Cuenta con una extensión de 27.104 hectáreas con jurisdicción en los municipios de Algeciras, Campoalegre, Rivera, Neiva, Tello y Baraya y fue declarado como parque natural desde el año 2007 y este año se le incorporó el área de Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Las Ceibas.

Libre de intervenciones
“Lo primero que hay que decir es que el área de la Siberia Ceibas hoy está protegida. Este parque está dentro del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap) y es el elemento que nos da la no intervención de este territorio. Como Corporación y todo el Sistema Nacional Ambiental estamos en pro de la defensa de este sistema”, aseguró Camilo Augusto Agudelo, director de la CAM.


Las fuentes hídricas son parte fundamental de esta área protegida. Foto: CAM

Para la autoridad ambiental del Huila, es imposible que se esté desarrollando cualquier tipo de actividad minera en el ecosistema de Siberia Ceibas, debido a que esta área se encuentra declarada desde el año 2007 como Parque Natural Regional y cuenta con un blindaje que prohíbe este tipo de intervenciones.

“Las áreas protegidas del departamento no pueden tener ningún tipo de intervención antrópica (humana), por eso mismo están blindadas y no se permite que allí se desarrollen proyecto agrícolas, mineros ni energéticos, es decir, los Parque Naturales Regionales son zonas en estricto estado de conservación y protección”, explicó

Territorio conservado
El Huila cuenta hoy con más de 600.000 hectáreas entre área protegidas y estrategias de conservación entre Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrados, Parques Naturales Municipales y Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

De igual forma, este departamento cuenta con 120.000 hectáreas de páramo, las cuales se encuentran dentro de las áreas protegidas, es decir están blindadas de cualquier intervención del hombre.


El Parque Natural Regional Siberia Ceibas tiene más de 27.000 hectáreas. Foto: CAM

Dentro de los servicios ecosistémicos que ofrece el Parque Natural Regional Siberia Ceibas, se encuentra la riqueza hídrica, la biodiversidad y el hábitat de diversas especies de fauna y flora silvestre.

De las 27.104 hectáreas que componen este ecosistema, 12.502 hectáreas están destinadas a la preservación, donde se encuentran ecosistemas de bosque subandino, andino y alto andino, otras 9.080 hectáreas son para la restauración ecológica y 6.771 hectáreas son de uso productivo sostenible.

Ante la intención de generar allí algún tipo de intervención, el director de la CAM recordó que los Parques Naturales Regionales tienen el carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles y dada su especial importancia ecológica deben mantenerse incólumes e intangibles.

Adicionalmente, su destinación debe estar estrictamente ligada a la preservación, restauración, conocimiento y disfrute, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. Dice el directivo, que esta normatividad unida a la declaratoria del área, blinda este importante territorio de posibilidades actuales o futuras para el desarrollo de algún tipo de proyecto minero.
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/en-area-protegida-siberia-ceibas-no-se-permite-la-mineria-cam–colombia-hoy/57087

Chile, Ecuador

Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto al proyecto Llurimagua en Ecuador

23/11/2020
Proyecto minero Llurimagua Ecuador (El Ciudadano)
(Foto: El Ciudadano)
Enami EP no ha cumplido con los acuerdos de formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año, obligaciones que se arrastran desde el año 2016, por lo que la cuprífera chilena solicitó a Ecuador iniciar “conversaciones amistosas”, al amparo del convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre Chile y Ecuador.

Codelco notificó a Ecuador, a través de una carta enviada a la Procuraduría General del Estado de dicho país, la solicitud de inicio de conversaciones amistosas para el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua.

Cabe recordar que a partir de 2009 existen múltiples acuerdos suscritos entre la Corporación chilena y Enami EP, así como entre Ecuador y Chile. La relación de Enami EP con Codelco nació con el convenio para la exploración minera suscrito en 2011, actividades que se iniciaron en 2015 en varias áreas de interés, entre ellas, Llurimagua. A fines de 2015 ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los Presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto.

Codelco notificó a Enami EP en el año 2016 el cumplimiento de todos los hitos establecidos en el convenio, y luego de extensas negociaciones, en 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación. A la fecha, Codelco ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo.

Desde el origen de los acuerdos, Codelco ha realizado relevantes inversiones en beneficio del proyecto y de Ecuador. Para proteger estas inversiones y el proyecto, Codelco notificó hoy al Estado ecuatoriano, dueño de Enami EP, la solicitud oficial para iniciar conversaciones amistosas, al amparo del convenio firmado entre Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Codelco espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como promover una solución en beneficio de las partes y del proyecto Llurimagua.

Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto al proyecto Llurimagua en Ecuador

Perú

¿CIENTOS DE HECHOS AISLADOS?

Paul E. Maquet
23/11/2020
Foto: La República
La muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas por la democracia ha causado la indignación nacional. Los familiares de los dos jóvenes asesinados, así como de las decenas de heridos, exigen justicia y sanción para los responsables. Pero además, se ha puesto en agenda la necesidad una reforma policial para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.
Pese a ello, ya el presidente Francisco Sagasti y la premier Violeta Bermúdez han dicho que no consideran necesaria una reforma policial y que solo se trata de algunos malos elementos que hay que identificar. “Yo creo que más que reformarla hay que fortalecerla”, ha dicho el presidente Sagasti, “no pensemos que hay que reformarla por el actuar de unos malos elementos”.
Sin embargo, hay que decir con claridad que la actuación de la Policía en las protestas en Lima la semana pasada no es un hecho aislado.

Según la Defensoría del Pueblo, entre marzo del 2006 y mayo del 2018 se contabilizaban 279 personas muertas en conflictos sociales.
Néstor Cerezo Patana (31 años), Aurelio Huacarpuma Clemente (40), Andrés Taype Choquepuma (22), Victoriano Huayna Nina (61), Jerry Humberto Checya Chura (35), Ramón Colque Vilca (55), son los nombres de los civiles muertos por la represión policial en las protestas contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa, entre 2011 y 2015.

Además, en este conflicto es inolvidable la foto armada del ciudadano Antonio Coasaca Mamani con un objeto de fierro “sembrado” por un efectivo de la Policía para incriminarlo. Más aún, es imposible olvidar que ese agente policial había ocultado su apellido, que debiera estar consignado en su uniforme, con el seudónimo de “FILOSOFEXXX”, de manera que no pudiera ser identificado ni sancionado.

2015: «Filosofexxx» le siembra un arma a campesino Antonio Coasaca (Foto: Correo)
José Faustino Silva Sánchez (35), Eusebio García Rojas (48) y Marcial Medina Aguilar (15), Joselito Vásquez Jambo, son los nombres de los ciudadanos asesinados en Celendín y Bambamarca durante el conflicto por el proyecto minero Conga el 2012. Además, en la represión policial quedó parapléjico Elmer Campos tras recibir dos impactos de municiones cerca al pulmón y la columna.

Exaltación Huamaní Mío (32), Alberto Cárdenas Challco (24), Beto Chahuayllo Huillca (39), Uriel Helguera Chiclla, Quintino Cereceda (43), son los nombres de los muertos en protestas contra la empresa Las Bambas, en Apurímac, entre 2015 y 2016.

Es imposible recuperar aquí los nombres de todas las víctimas, del Baguazo, de Majaz / Río Blanco y de decenas de protestas a lo largo de los últimos años. Pero debe quedar claro que la violencia policial y el uso de municiones mortales no ha sido la excepción, sino la regla durante los conflictos sociales. Además de causar la muerte de ciudadanos, las fuerzas policiales se han visto involucradas en el uso de tortura y secuestro, como está claramente documentado en el caso de Río Blanco en Piura.

Además, cabe anotar que la lista de la Defensoría (entre 2006 y 2018) queda corta. Antes de esas fechas ya se registraban muertos por protestar en el Perú post-dictadura y post-terrorismo. En el primer quinquenio de la transición democrática mataron a Eddy Quilca Cruz (en el año 2003) en protestas universitarias en Puno; y a Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto, durante el “arequipazo” de 2002. En los últimos dos años se han seguido produciendo hechos lamentables de este tipo, como la muerte de dos ciudadanos indígenas este mismo año en una protesta en Bretaña (Loreto) contra la empresa PetroTal.

A la actuación policial debe agregarse un andamiaje legal que se ha ido construyendo en los últimos lustros para asegurar la impunidad policial. La más reciente de estas normas es la Ley Nº 31012 de Protección Policial, promulgada por Manuel Merino cuando fue presidente del Congreso. Pero ya antes se han dictado innumerables normas en el mismo sentido. La ley 30151, firmada por Humala, exonera de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. El D.L. 1095, dictado por Alan García, también posibilitaba el uso excesivo de la fuerza en las protestas.

A esto hay que sumar otra estrategia del Estado: la criminalización de la protesta. En estas últimas dos décadas, es una constante que la actuación de los procuradores del Estado y la Fiscalía tras las protestas busca “empapelar” a los dirigentes sociales y mantenerlos ocupados en juicios que duran años y que consumen recursos legales, económicos y personales.

No podemos hablar de cientos de “casos aislados”. La Policía Nacional requiere una reforma urgente que ponga por delante los derechos humanos. Y el Estado debe garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional. Salir a protestar no puede significar que los ciudadanos se arriesguen a la muerte.

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Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Mexico

Se reanuda bloqueo en mina Los Filos de Equinox Gold

23/11/2020
Foto: Equinox Gold
Los esfuerzos de Equinox Gold para reiniciar su mina Los Filos en México, detenidos desde el 3 de setiembre, se han retrasado después de que miembros de la cercana comunidad de Carrizalillo reanudaran el viernes 20 de noviembre el bloqueo de la mina.

La canadiense Equinox Gold había suspendido las actividades en la mina, en el Cinturón de Oro de Guerrero, luego de que los locales bloquearon el acceso a la misma, alegando que la empresa no había cumplido con el acuerdo de colaboración social comunitario firmado en 2019.

Según noticias mexicanas, miembros de la comunidad de Carrizalillo dijeron que Equinox no había cumplido con aproximadamente el 70% de las cláusulas establecidas en el documento que permitía a la empresa explotar Los Filos hasta 2025.

Equinox dijo la semana pasada que el bloqueo se había levantado mientras que las “negociaciones de buena fe” continuaban para llegar a un acuerdo final relacionado principalmente con los beneficios para la comunidad. El objetivo de la empresa era alcanzar la plena operatividad en diciembre.

Sin embargo, hubo que suspender los preparativos para reiniciar las actividades mineras.

“Equinox Gold continúa comunicándose con estas personas y espera lograr una solución a largo plazo que permita que la mina opere de manera efectiva y continúe brindando beneficios a sus empleados, contratistas, proveedores y socios comunitarios”, dijo la compañía.

El Consejo Agrario de Carrizalillo dijo que la nueva acción fue una respuesta directa a la decisión de la empresa de comenzar a llamar a los trabajadores y contratistas al sitio antes de llegar a un acuerdo final con la comunidad. Señalaron que vieron la acción de Equinox como una provocación, lo que generó serias preocupaciones sobre posibles enfrentamientos.

“Continuamos vigilando las puertas de la mina para evitar un reinicio, limitando el acceso al personal responsable de las medidas de seguridad durante el cierre”, dijo el consejo en un comunicado de prensa.
Minería limitada en 2020

Equinox también había suspendido las operaciones en Los Filos durante la mayor parte del trimestre de junio debido a las restricciones covid-19 impuestas por el gobierno.
Recientemente, la compañía retiró la guía de producción y costos de 2020 para la mina, que se esperaba que produjera 90.000-110.000 onzas de las 470.000-530.000 onzas de la compañía este año.
Los Filos fue una de las cuatro minas que Equinox ganó a través de su fusión con Leagold Mining a principios de este año.
El complejo minero Los Filos inició su producción comercial en 2008. La operación consta de dos grandes tajos abiertos (Los Filos y Bermejal) y una mina subterránea (Los Filos).
Fuente: Equinox Gold y Mining.com

México: Se reanuda bloqueo en mina Los Filos de Equinox Gold

Chile

Rajo Inca: Codelco compromete medidas en acuerdo con CDE por más de US$21 millones

Ayer el Tribunal Ambiental conoció detalles del pacto, con el que la estatal asegura que cumple “holgadamente” el posible daño provocado en la división Salvador.
18/11/2020
(El Mercurio) El Tribunal Ambiental de Antofagasta conoció ayer los detalles del confidencial acuerdo mediante el cual Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) buscan dejar sin efecto la demanda interpuesta por este último organismo en contra de la minera por el supuesto daño ambiental producido en la división Salvador y que tiene en vilo el futuro de dicho centro de trabajo.

El acuerdo, del cual no se conocían detalles hasta ahora, es clave para viabilizar uno de los proyectos estructurales de Codelco, Rajo Inca, cuya inversión supera los US$1.200 millones, y que busca extender en 40 años la vida útil del yacimiento, ubicado en la Región de Atacama.

En cuanto al documento, se trata de más de una decena de compromisos adoptados por la Corporación, los cuales están respaldados por una boleta de garantías sobre los US$21 millones, que están destinados a reparar los daños que acusa el CDE y restablecer las condiciones de base del salar de Pedernales.

Este grupo de acciones incluye estudios de seguimientos, estudios de bioecología, planes de monitoreo y compensaciones ante la pérdida de ecosistemas en la zona, además de la cesión de derechos de agua.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]https://digital.elmercurio.com/2020/11/18/B/FE3SMC2G#zoom=page-width

Chile

Comunidad Colla asegura que aprobación de proyecto Norte Abierto debe considerar consulta indígena

Controversia de la causa se basa en el hecho de que el SEA para otorgar la RCA del proyecto -que contempla plataformas de sondaje y construcción de un campamento- consideró que no genera impactos significativos al medioambiente y no afectaría al pueblo indígena Colla.
20/11/2020
Minería Chilena
En estudio quedó la reclamación de la comunidad indígena Colla y sus Afluentes en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por la calificación favorable del proyecto “Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche” de la Compañía Norte Abierto.

La determinación fue tomada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Jasna Pavlich del Primer Tribunal Ambiental, luego de escuchar los alegatos de los abogados Nancy Yañez, en representación de la comunidad; Ignacio Garrido, representando al SEA, y Patricio Leyton, abogado de la empresa.

La controversia de la causa se basa fundamentalmente en el hecho que el SEA para otorgar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto -que contempla plataformas de sondaje y construcción de un campamento– consideró que no genera impactos significativos al medioambiente y no afectaría al pueblo indígena Colla, por lo cual no corresponde iniciar una consulta indígena.

Entre los fundamentos, entregados por la abogada Nancy Yañez para solicitar se deje sin efecto la resolución que aprobó el proyecto, estuvo fundamentalmente la vulneración de derechos indígenas, el procedimiento administrativo de la evaluación y la normativa ambiental aplicable.

La abogada solicitó dejar sin efecto la resolución que aprueba la RCA ya que dijo “se intenta minimizar el impacto señalando que alcanza 1,65 hectáreas, no dimensiona que en esas 1,5 hectáreas y en el campamento van a habitar 200 personas. Tampoco se hace cargo que en el territorio no solo van a estar el campamento, sino que se van a perforar 322 pozos, se van a habilitar 322 plataformas de prospección con sus obras anexas, huellas de penetración para acceso a las plataformas y van a transitar vehículos pesados en los caminos de usos de la comunidad indígena”.
https://www.mch.cl/2020/11/20/comunidad-colla-asegura-que-aprobacion-de-proyecto-norte-abierto-debe-considerar-consulta-indigena/

Chile, Internacional, Litio

SQM avanza en aumento producción de litio en vista a más demanda

James Attwood
19/11/2020
(Bloomberg) — SQM, el mayor productor de litio del mundo después de Albemarle Corp., está avanzando con sus planes de aumentar su capacidad en más del doble en una apuesta a que la aceleración de la demanda de vehículos eléctricos ajustará un mercado actualmente sobreabastecido del metal para baterías.

Al informar resultados para el tercer trimestre inferiores a los esperados, la compañía con sede en Santiago dijo que su directorio aprobó una expansión como parte de un plan de inversión de US$1.300 millones hasta 2024. Señales de China indican que los precios pueden haber tocado fondo y que mejorarán el próximo año, dijo Pablo Altimiras, vicepresidente de negocios senior de litio y yodo, en una llamada con analistas.

SQM está mirando más allá del actual exceso de oferta de litio que ha hecho bajar los precios. En lo que BMO Capital Markets llama una estrategia de volumen sobre precio, la compañía quiere aumentar su participación de mercado y capitalizar una recuperación cuando el crecimiento de la demanda supere la oferta del ingrediente clave para las baterías recargables como parte de una transformación energética global.

Soc. Química & Minera de Chile SA, como se conoce formalmente a la compañía, espera que las ventas de litio de 60.000 toneladas métricas de este año aumenten en un 30% el próximo año, dijo en un estado de resultados el miércoles por la noche.

En términos de capacidad de carbonato de litio, SQM expandirá su producción de 70.000 toneladas a 120.000 toneladas a fines del próximo año, mientras que su capacidad de hidróxido se aumentará a 21.500 toneladas. Su junta aprobó elevar la producción de carbonato a 180.000 toneladas y la de hidróxido a 30.000 toneladas para 2023. En este momento, está produciendo a un ritmo de 75.000 toneladas al año.

Como parte del plan de inversión hasta 2024, SQM también potenciará la capacidad de extracción de nitratos de yodo, desarrollará una tubería de agua de mar e introducirá medidas de sostenibilidad para reducir a la mitad el uso de salmuera y reducir el uso de agua en un 40% para 2030.

Las acciones de la compañía subieron un 2,3% en Nueva York el jueves, extendiendo su ganancia anual hasta la fecha a un 73%.

Nota Original:SQM Pulls Trigger on Lithium Growth in Volume-Over-Price Bet (1)

©2020 Bloomberg L.P.

https://es.finance.yahoo.com/news/sqm-avanza-aumento-producci%c3%b3n-litio-172226167.html

Chile, Internacional

Coalición Internacional llama a gobierno y parlamento chileno a apoyar moratoria a la minería submarina


Matthew Gianni, fundador y asesor de la Coalición para la Defensa de los Fondos Marinos (DSCC, por sus siglas en inglés), dio una entrevista a Ecoceanos.cl donde señaló que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) afirma que el inicio de la minería submarina tendría serios efectos en las economías de 13 países mineros terrestres, incluido Chile, ya que impactaría sobre los precios internacionales del cobre, cobalto y varios otros minerales.
Por: Patricio Igor Melillanca
Santiago de Chile, 18 de noviembre de 2020 (Ecoceanos News)– Una de las últimas fronteras para la exploración científica lo constituyen la observación astronómica y el conocimiento de los fondos marinos del planeta. Recientes investigaciones señalan que en las aguas profundas existe una mayor biodiversidad de la que se estimaba hasta ahora. Junto a la enorme variedad de fauna y flora existente en los vulnerables ecosistemas abisales, existen grandes depósitos de minerales sobre los cuales compañías transnacionales y algunos Estados tienen puesto sus intereses extractivistas.

En momentos en que los países revisan su presencia e intereses geo-políticos en las aguas internacionales, la discusión sobre la entrega de concesiones y prospecciones para dar inicio al extractivismo minero submarino se está incrementando en los foros nacionales e internacionales.

La cancillería chilena anunció hace algunas semanas la entrega de un primer informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, donde se señala que la plataforma continental extendida del territorio insular comprendido entre las islas de Rapa Nui (Isla de Pascua / Easter Island) y la de Salas y Gómez, incrementarán la superficie de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena desde 350 a 700 millas náuticas en el Océano Pacífico Suroriental. El reporte indica que en esta área existen yacimientos de minerales y tierras raras que podrían ser potencialmente explotados.
Matthew Gianni: Gobierno chileno debe respaldar moratoria internacional para la minería submarina

Frente a la emergente amenaza para los bio-diversos y poco conocidos ecosistemas de aguas profundas del planeta, Matthew Gianni, uno de los fundadores y asesor político de la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (Deep Sea Conservation Coalition / DSCC), red internacional de 80 organizaciones ciudadanas y de científicos preocupados de la protección de los vulnerables ecosistemas de aguas profundas a nivel global, realiza un llamado al gobierno y parlamento chileno para que apoye el establecimiento de una moratoria internacional para la minería submarina.

Gianni, quien durante mas de tres décadas ha desarrollado un exitoso trabajo internacional de conservación de los ecosistemas costeros y océanicos a nivel global, mediante campañas caracterizadas por una activa participación de la ciudadanía organizada, científicos, comunidades locales, pescadores y trabajadores del mar, concedió una entrevista a los medios chilenos ecocéanos.cl y radiodelmar.cl, donde entrega su visión sobre la carrera de algunos Estados y compañías transnacionales por acceder a las depósitos de minerales existentes en los fondos marinos del planeta.

Matthew, ¿Cuál es tu percepción sobre los potenciales impactos que provocaría la minería submarina en los fondos marinos del Pacífico Suroriental Latinoamericano?

Esta es una nueva industria, la que aún no se desarrolla como tal. Se encuentra en la etapa de exploración, especialmente en las aguas profundas internacionales de los diversos océanos, particularmente en el Pacífico Oriental. Allí está a la búsqueda de cobre, cobalto, manganeso y níquel. El área de prospección se extiende entre Ecuador y México. En Hawai una compañía de Estados Unidos busca realizar operaciones mineras en el área llamada Clarion-Clipperton, la cual posee profundidades que van desde los 4 mil a 6 mil metros de profundidad.

Las iniciativas de algunos países de extender sus ZEEs precipitó las negociaciones de la ley del mar en los años 70´s. Sin embargo, la minería submarina que no había sido técnicamente viable, recibió grandes inversiones en tecnología para su realización, mientras la Convención del Mar de las Naciones Unidas (Convemar) estableció un régimen para la minería en aguas profundas, el cual es administrado por la denominada Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés) , que está integrada por 167 países miembros, incluido Chile.

Sin embargo, sólo la mitad de los países participa en sus discusiones y negociaciones, mientras un pequeño número de países que tienen gran influencia se encuentran promoviendo activamente la apertura a la explotación de recursos minerales en las vulnerables áreas de fondos marinos internacionales.

¿Quién regula las actividades en las áreas de fondos marinos internacionales?

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos constituye el ente regulador establecido por la Convemar de Naciones Unidas. Esta organización multilateral ha entregado aproximadamente 30 permisos de exploración para minerales, abarcando un área de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de fondo marino.

Existen tres áreas principales de actividades: Los planos abisales existentes en lo más profundo del mar; los bosques submarinos, principalmente en el Pacífico Nor-Occidental fuera de la ZEE de Japón, y las zonas de recurso minerales que contienen sulfitos polimetálicos asociados a los bentos hidrotérmicos del mar profundo. Estos se ubican de manera preferente en las denominadas dorsales oceánicas, sectores donde las placas tectónicas de los continentes se abren permitiendo que aguas con alta temperatura (300 a 400 grados Celsius) salga desde el fondo, permitiendo la acumulación de minerales en estos sitios.

¿Es competitiva la minería submarina al compararse con las rentabilidades de la minería terrestre, como es el caso de Chile?

Las grandes compañías que desean explotar estas zonas submarinas creen que serían rentables y obtendrán grandes ganancias. Es interesante señalar que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos realizó una evaluación sobre los impactos que provocaría la minería submarina en las economías de los países productores de estos mismos minerales a nivel terrestre. Allí concluyó que existen 13 países que serían los más afectados, incluido Chile, ya que la extracción minera submarina impactaría sobre los precios internacionales del cobre, cobalto y varios otros metales, dañando severamente las economías de estos países.

¿Qué otros impactos provocaría la minería submarina?

Como DSCC estamos evaluando estos aspectos. Además del gran impacto económico en los países en desarrollo, el daño ambiental sería de gran magnitud. Las primeras operaciones de minería que la Autoridad para los Fondos Marinos va a permitir en el océano Pacífico Oriental, mediante la entrega de licencias por 30 años para realizar operaciones en un área aproximada de 10 mil kilometros cuadrados, tendrá un impacto adicional en una zona adyacente de 20 mil a 30 mil kilómetros cuadrados del fondos marinos. Ahora sabemos que la biodiversidad existente en esta área es mucho mayor que la que se estimaba hace 10 ó 20 años atrás.

Esta información está saliendo a la luz pública, luego de la realización de diversas investigaciones y evaluaciones de expediciones y campañas científicas en los ecosistemas del mar profundo, las cuales han dado cuenta que en esos lugares existen ambientes con una diversidad mayor a lo que se sabía hace 40 o 50 años atrás, cuando se estaba negociando el Tratado para las actividades minera en las aguas profundas.

¿Qué aspectos deben mejorarse en el accionar de la Autoridad para los Fondos Marinos (ISA)?

La Autoridad para los Fondos Marinos es autónoma del sistema de los Naciones Unidas, de manera similar a la FAO. Tiene su propio consejo y directiva. Entre los 167 países que la componen, cualquiera que haya ratificado la Convemar, automáticamente es parte de la Autoridad de Fondos Marinos. Sin embargo, como señalé anteriormente, menos de la mitad de los países miembros participa de las reuniones anuales, especialmente en las actuales negociaciones que buscan poner en vigor el sistema de regulación que permite entregar licencias para la explotación minera en el mar profundo.

En la DSCC buscamos convencer a una buena parte de los países para que participen en estas reuniones. A ello les decimos, “esperen, no pueden hacer esto ahora (la minería submarina). No sabemos lo suficiente respecto a los impactos que provocará esta actividad”. Estamos arriesgando abrir una nueva frontera de explotación minera en un área del planeta que hasta ahora no había sido impactada por el extractivismo industrial. No podemos cometer los mismos errores, especialmente con países que administran recursos internacionales que son bienes comunes.

A los diversos países les señalamos “miren lo que están a punto de hacer. No sabemos mucho sobre lo que existe allí”. No debemos repetir los errores de los últimos 300 años de industrialización. Crear una dependencia de los metales del mar profundo, para después de 10 o 20 años tomar conciencia que fue un gran error. No hay necesidad de hacer esto.

Hace unas semanas, más de 60 países declararon en la Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas que van fortalecer sus esfuerzos para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad a nivel planetario, ya que constituye una amenaza significativa para todos. Además, existen otros consideraciones, ya que una investigación científica de la Universidad de Hawaii concluyó que los desechos que llegarán a la superficie producto de las operaciones de minería en el mar profundo, podrían entrar en la cadena trófica marina, impactando en los peces, especialmente a los de mayor valor comercial, como son los atunes o pez espada, afectando también a especies migratorias, tales como ballenas, tortugas y otras especies que se alimentan a grandes profundidades.

¿Existen en la actualidad países con políticas respecto a los fondos marino en sus aguas jurisdiccionales?

En algunos sí, tales como Japón que se encuentra experimentando en sus aguas nacionales con esta minería. Anteriormente, Portugal también había pensado en esta forma, pero ahora el Ministro del Mar ha declarado públicamente que apoya una moratoria por 20 años hasta que sepamos más sobre estos ecosistemas donde la industria operaría. Papua Guinea casi comenzó las operaciones al final de la década pasada. Sin embargo, se generó mucha resistencia comunitaria contra la minería de mar profundo, impulsada por una compañía canadiense que quería operar a 1.500 metros de profundidad. Luego del rechazo gubernamental, la compañía abandonó el país dejando al Estado con una deuda de más de cien millones de dólares.

Algunas de las áreas más bio-diversas se encuentran en aguas profundas internacionales. Allí las compañías mineras tienen puestos sus ojos. Lo interesante es que la Autoridad Internacional ya ha entregado 30 licencias para la exploración minera. 18 de estas se encuentran en los manos de 7 países y sus agencias de investigación asociadas. Estos países son Japón, China, Corea del Sur, Rusia, Alemania, Francia e India.

¿Qué actores están promoviendo la minería submarina?

Quienes están empujan fuertemente para la explotación de minerales en los fondos marinos son las compañías belga Global Sea Mineral Resources NV (GSR), la canadiense Deep Green, la cual posee tres licencias de exploración, y una compañía norteamericana de venta de armamento, aviones, bombas y equipamiento militar. Entre estas tres compañías suman siete licencias de exploración. En la actualidad, Deep Green está presionando fuertemente para conseguir una licencia comercial, para lo cual está trabajando con tres gobiernos del Pacífico Sur que patrocinan sus intereses: Nauru, Kiribati y Tonga. A su vez, existen personas, incluyendo el Secretario General de la Autoridad de Fondos Marinos, que están muy a favor de concluir las negociaciones, poner en vigor las regulaciones, y comenzar la entrega de licencias.

Como Deep Sea Conservation Coalition vemos que esta organización (ISA), está construida políticamente en relación a su estructura y leyes. Opino que cuando se inicie esta actividad extractiva industrial y sea económicamente viable, cualquier país que quiera conseguir una licencia, la va a obtener, ya que la Autoridad para los Fondos Marinos es una organización que no va a tener la capacidad para decir que no se puede obtener una licencia. Si la minería submarina resulta lucrativa, se va a desarrollar sin muchos controles.

¿Cuáles son las propuestas de la DSCC para la autoridad internacional de los fondos marinos?

Para generar un cambio de actitud, dirección, y poner freno a este proceso, hay que convencer a un número suficiente de países, incluido a Chile, para que se establezca una moratoria. Primero hay que generar ciencia para comprender y prevenir los daños a los ecosistemas de fondo marino, pesquerías comerciales, y a las capacidades de los ecosistemas del mar profundo para capturar carbono. Segundo, hay que reformar la Autoridad para los Fondos Marinos, ya que no es capaz de controlar a esta industria.

Un tercer elemento es que en vez de abrir una enorme y muy diversa área del planeta para la minería, se debería ver la posibilidad de utilizar los metales ya extraídos de una manera más responsable. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima en su último reporte que menos del 20% de los desechos electrónicos (computadoras televisores, etc) son reciclados. Esto significa que más de 80% se destina a la basura. Se debe reconocer que estos metales tienen valor como cualquier otro recurso, inclusive la pesca. Tenemos que cuidar mejor estos recursos, y utilizarlos de manera inteligente y responsable, en vez de seguir derrochando lo que el planeta nos ha dado.

Chile está solicitando ampliar su jurisdicción sobre la plataforma marina de sus islas oceánicas donde existen minerales ¿Cuál sería la recomendación de la DSCC al gobierno y parlamento chileno?

Bajo la Convención del Mar, Chile tiene el derecho de extender su jurisdicción sobre la plataforma continental. Existen más de 80 países que ya lo han hecho. Frente a la actividad mineras en aguas profundas, nuestra recomendación es que si Chile abre espacios en su plataforma marina para la minería submarina, esto podría constituir un gran error.

Si Chile abre unilateralmente su mar profundo para la minería industrial, no sólo puede generar un gran problema ecológico en esta área, lo que incluirá a las valiosas especies pesqueras comerciales para el consumo humano-, sino que también provocaría un gran problema económico y social para la minería terrestre. Si todos los países ribereños hicieran lo mismo, esto tendría un gran impacto sobre los precios del cobre y otros metales, por lo que varios países sufrirían como resultado de esto, confirmando lo que ya ha señalado la Autoridad para los Fondos Marinos.*****FIN*****

Coalición Internacional llama a gobierno y parlamento chileno a apoyar moratoria a la minería submarina

Chile

Los detalles del acuerdo entre Codelco y el CDE por el Salar de Pedernales

18/11/2020
Salar pedernales
Medidas para resguardar los recursos hídricos y diversos estudios sobre la zona son parte de las acciones que deberá ejecutar la estatal.
Cuando los plazos están cada vez más ajustados para darle el vamos al proyecto que permitirá extender la vida útil de la División Salvador en al menos 40 años, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sellaron un acuerdo para poner fin al conflicto que mantenían desde el 15 de julio, luego de que el organismo presentara una demanda por un eventual daño ambiental en el Salar de Pedernales, el que contempla diversas medidas.

En un escrito de 25 páginas, presentado al Primer Tribunal Ambiental acompañado de anexos y otros extensos documentos, las partes zanjan los compromisos -que hasta el momento se discutían en completa reserva- que permitieron poner fin al conflicto, el que de todas formas debe esperar la luz verde del Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.

Uno de los componentes clave del acuerdo apunta directamente a medidas asociadas a recursos hídricos que buscan generar condiciones de recarga adicionales al acuífero que no existían hasta la fecha, por la vía de dejar escurrir cierto caudal desde el tranque la Ola hacia aguas abajo y mediante el cierre de un Dren construido durante la década del 20 del siglo pasado. Esto, de manera de aumentar la recarga del acuífero del Salar de Pedernales.

En este aspecto, también se considera que la estatal presente un complemento al Plan de Seguimiento Ambiental Voluntario (PSAV) del proyecto Rajo Inca para incorporar el objetivo de recuperación de los niveles del acuífero del Salar de Pedernales.

Este ejercicio considera la incorporación de 19 pozos y piezómetros para monitorear sectores de la cuenca de Pedernales que actualmente no cuentan con puntos de monitoreo y complementar el plan de control del sector a través de la suma de dos nuevos puntos de control y la definición de valores umbrales para ellos.

Entre otras medidas, se fija que la cuprífera desarrollará una investigación para generar información de carácter público sobre nuevas fuentes de agua en las cuencas. Esto involucra la adjudicación de una licitación para ejecutar las actividades de investigación, permitiendo su desarrollo por un período estimado entre cuatro y seis años y cuyo producto final será entregado al CDE.

En esa línea, también la minera deberá encargar la elaboración de un estudio de bioecología en el área activa del sistema vegetacional azonal hídrico terrestre que se emplaza en el Salar de Pedernales.

En cuanto a los plazos implicados en el cumplimiento del acuerdo, en el documento se deja constancia que en el mes de junio de cada año, a partir de la fecha en que la resolución que aprueba este avenimiento se encuentra firme y ejecutoriada, Codelco enviará un informe de avance respecto de la totalidad de las medidas convenidas.

Boleta de garantía y cláusulas penales
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, Codelco entregará al CDE garantías financieras. Esta se calculará a partir de la estimación de los costos de ejecución de todas las medidas -con excepción de la que se refiere al reestablecimiento de escorrentía superficial desde Río La Ola-, cuyo monto asciende a $ 16.310 millones.

Asimismo, las partes acordaron una cláusula penal respecto a la obligación de mantener un caudal promedio mensual de 30 l/s en el tranque La Ola, la que se cumplirá de inmediato y a todo evento con cargo a la disponibilidad hídrica de División Salvador, y que no se hace depender de la ejecución de las inversiones que Codelco deberá realizar gradualmente para suplir este caudal en sus operaciones.

De esta forma, si bien se reconoce que la minera debe realizar inversiones del orden de US$ 35 millones para lograr reducciones en el consumo de agua del proyecto Rajo Inca en un caudal equivalente al comprometido, la medida en definitiva constituye una obligación de hacer, consistente en dejar pasar a todo evento el caudal indicado desde dicho tranque.

Esta cláusula se regulará, detalla el escrito, estableciendo que la cuprífera constituirá una garantía financiera por un total de 30.000 UF y la pondrá a disposición del CDE dentro de los 60 días siguientes a que la resolución del Tribunal Ambiental quede firme y ejecutoriada.
Fuente: Diario Financiero

Los detalles del acuerdo entre Codelco y el CDE por el Salar de Pedernales