05/12/2020
Carta de lectores firmada por Maristella Svampa y Enrique Viale publicada en Diario El Chubut en respuesta a Eduardo Arziani, Ministro de ¿Ambiente? de la provincia

El pasado 25 de noviembre en el programa televisivo «Sin Hilo», que se emite en el Canal 12 de la provincia de Chubut, el Ministro de Ambiente provincial, Eduardo Arziani, nos citó maliciosamente al utilizar de modo inexacto el concepto de «extractivismo sensato», que nosotros retomamos del investigador Eduardo Gudynas.

No nos sorprende porque es evidente que frente a la falta de licencia social y las crecientes movilizaciones, en su desesperación, el Gobierno de la provincia de Chubut hoy pretende engañar a la población tergiversando información y falseando argumentos, tal como sucedió recientemente con la investigación del geógrafo Guillermo Velázquez, y ahora con nosotros.

El concepto de «extractivismo sensato» sólo puede darse en un contexto de transición socioecológica, jamás de avance de la frontera extractivista como está ocurriendo en estos días en la provincia de Chubut con la nueva embestida de la megaminería.

Además, la megaminería jamás podrá ser «extractivismo sensato» atento que se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (enorme) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar.

En la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país -La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica- concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).

Asimismo no existe en el mundo ninguna región que haya logrado desarrollo socioeconómico con la gran minería (por el contrario). Pese a las reiteradas promesas, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, país minero, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% agricultura, el 16% comercio y 10% manufactura. Después de más de 20 años de explotación de la mina La Alumbrera, el paisaje socioeconómico de Catamarca es desolador: Los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza es de los más altos nacionales y con la mayor cantidad de población asistida por planes sociales. En Catamarca, con 25 años de megaminería en la provincia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia de San Juan.

Las regalías mineras en San Juan generan menos del 1% del presupuesto provincial. Las regalías del proyecto minero Navidad solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia de Chubut. Es así en todas las partes del mundo: donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico.
Maristella Svampa y Enrique Viale.

La gran minería jamás puede ser extractivismo sensato

02/12/2020
El proyecto de zonificación minera no obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y no será tratado en la sesión de este jueves
Con el pueblo movilizado en cada lugar de la provincia y las sospechas que recaen en el cuerpo legislativo sobre la comisión de un delito penal, los 8 diputados de la única comisión que tiene el proyecto de zonificación enviado por el Ejecutivo provincial no pudieron dar dictamen positivo. Se reunieron este miércoles por la tarde pero no se logró la mayoría para sacar un despacho que se pueda tratar en la sesión de este jueves, por lo que deberá esperar al menos hasta el 10 de diciembre.
Fuente: ADNSUR
Este miércoles por la tarde se realizó la reunión de la comisión de Recursos Naturales, la única que tiene para su análisis el proyecto de zonificación minera en la meseta y de Iniciativa Popular. Según pudo saber ADNSUR, los diputados que se conectaron de manera virtual expusieron brevemente su postura y en la mayoría de los casos afirmaron que el proyecto del Ejecutivo que lleva el 128/20, necesita más análisis y que debe ser debatido más a fondo.

La noticia no fue buena para el oficialismo, que tenía la expectativa de lograr al menos cinco votos para conseguir una mayoría que le permitiera poner en la sesión de mañana el tema a consideración del pleno de la Cámara. Esto quiere decir que, dentro del periodo ordinario, solo quedaría la reunión de comisión del próximo miércoles para ver si algún diputado cambia de parecer y se logra una mayoría mínima como para que el tema se pueda tratar en la sesión del 10 de diciembre.

Si bien hay mucha reserva y los legisladores mantienen sus teléfonos cerrados, esta agencia pudo saber que entre los planteos de esta tarde, hubo coincidencia en que el tema está aún muy «verde», y que por la magnitud y relevancia del asunto, se necesita un debate mucho mayor con más actores y muchas reformas al proyecto original para que tenga más posibilidades de ser tratado.
La comisión es presidida por el justicialista Carlos Eliceche y cuenta con otros dos integrantes del Frente de Todos, que son Tatiana Goic y Mario Mansilla; luego hay dos diputados de Juntos por el Cambio, que son Andrea Aguilera y Sebastián López; y finalmente cuatro diputados de Chubut al Frente, que son Carlos Gómez, Roddy Ingram, Mariela Williams y Rossana Artero.

Sin dictamen para el proyecto de traición al pueblo

03/12/2020
Hablar sobre desaparecidos en nuestro país, es abrir el telón de la tragedia que hemos vivido. Sostener la palabra, los ideales y los sueños a una generación le valió su propio destino en esa resistencia durante los años más oscuros que haya vivido Argentina bajo una dictadura cívico-militar. Dejamos atrás aquel Estado totalitario, represor, asesino ¿Qué Estado construimos? El actual Estado chubutense en el que no hay costos políticos no puede ser el modelo.

Transcribimos una nota de Pablo Quintana para El extremo sur

Hablar sobre desaparecidos en nuestro país, es abrir el telón de la tragedia que hemos vivido. Sostener la palabra, los ideales y los sueños a una generación le valió su propio destino en esa resistencia durante los años más oscuros que haya vivido Argentina bajo una dictadura cívico-militar.

Esas atrocidades suponen que estuvieron contempladas fuera de cualquier orden normal o democrático. Aunque, a esta altura de los tiempos, ese orden institucional que supimos conseguir se fue deshilachando con el correr de los años y lejos de esa fuerza que parecía cobrar, una vez retirada la dictadura, hoy ese mandato democrático representativo se ha vuelto un sistema delegativo que cada vez está más lejos de satisfacer nuestros propios intereses.

Si bien el sistema republicano en un juego de contraste y de oposición con ese pasado, persiste como la mejor opción, las barbaries siguen ocurriendo, aunque de manera más sesgada.

Soslayar e invisibilizar un proyecto de ley que cuenta con el acompañamiento de más de 30 mil firmas, es desaparecerlo. El dictador Rafael Videla disparó allá en 1979: «Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad». Así pareciera estar hoy la IP en el seno de la legislatura que dice albergar a quienes representan a la comunidad.

De aquel escenario de represión ilegal, asesinato, torturas atroces pasando por esa imagen apocalíptica del desaparecido que se vivieron en los años de plomo de la Argentina de los ‘70/’80 pasamos a construir lo que creíamos un Estado pleno de Derecho. Pero, al menos en Chubut pareciera que estamos lejos de vivir en esa etapa. Si entendemos ese Estado como una sociedad más abierta, en busca de un mayor pluralismo y sometiendo a una libre y verdadera discusión todos los temas que interesan a la sociedad.

Chubut desde hace algunos años se asemeja más a un Estado totalitario si comprendemos a este como la construcción de una sociedad cerrada, sojuzgada, asfixiada por el discurso oficial que no escucha y que los medios comerciales repiten con gacetillas de prensa. Un gobierno que evapora todo reclamo popular o de la clase trabajadora. Es cierto que el Estado totalitario de los años ’70, como señalamos, reprimía, torturaba y desaparecía. Pero hoy, el presunto Estado de Derecho chubutense, reprime y subestima cualquier expresión o pensamiento que se manifieste por propia conciencia, con análisis crítico y autodeterminación.

En el pasado, el Estado en mano de los genocidas, redujo a sus víctimas lo encapuchó, los asesinó y, entre otras bestialidades, los arrojó al vacío desde aviones. En este presente de la provincia patagónica los sometió a un empobrecimiento atroz, instrumenta medidas de represión y pretende desaparecer una Iniciativa Popular con más de 30 mil firmas, intentado llevar toda la discusión por la megaminería en torno a la pretendida zonificación.

Suele escucharse con frecuencia en los últimos días a políticos lamentar las manifestaciones que en sus viviendas particulares tuvieron que soportar. Hablan de escraches, intolerancia o expresiones tales como: «pareciera que no estamos en democracia». Hace tiempo que viejas estructuras como los partidos políticos, que alguna vez intentaron cimentar esta forma de organización social, en el que se supone el poder lo tiene el conjunto de la ciudadanía, no funcionan. Las demandas empiezan a ser en términos personales, porque los costos políticos ya no tienen cabida.

Con la minería a gran escala instalada en los territorios los niveles democráticos disminuyen, así lo advierte el abogado ambientalista Enrique Viale. Chubut padece algo similar a pesar que el modelo no se puso en marcha todavía. Pan American Silver Corporation, desde que le compró a Aquiline Resources los derechos para explotar el proyecto Navidad, actúa como un estado paralelo desde hace diez años en la meseta con el visto de bueno del Estado. La compra de voluntades suele ser una moneda corriente en estos conflictos.

Desde que en este país tuvimos un presidente que en un acto público nos habló de ir hasta la estratosfera y de ahí a Japón, está permitido decir y prometer cualquier barbaridad en la función pública. Sin que eso implique la imposibilidad de seguir cumpliendo funciones en cargos públicos (hoy es senador). Vivimos en una provincia donde el actual gobernador acordó aumentos salariales en paritarias. Una instancia que tiene un largo historial en términos de conquista de derechos de negociación colectiva. Pero Mariano Arcioni la incumplió. Se pronunció en contra del extractivismo hace sólo tres años y hoy hace hasta lo imposible por desarrollar la minería a gran escala. Una forma de violentar que tiene el Estado por estos tiempos.

La desaparición forzada de personas es un destino que aún pesa sobre nuestras espaldas. Una sociedad que aún busca entre sus escombros del pasado el reencuentro. Quizás nos explique también porque nos cuesta tanto construir un mejor lugar donde vivir, teniendo en cuenta que no contamos con casi toda una generación que no está entre nosotros.

El ensayista Alejandro Kaufman sostiene que la desaparición es imperdonable, «porque suspende el tiempo. Sus efectos son prolongados y se destinaron a mantener lo irreparable de la pérdida». Por lo tanto, así como ese crimen de la desaparición es imperdonable, inexcusable será para quienes permitan que las futuras generaciones sobrelleven los impactos ambientales que generará el proceso de explotación de minerales.

«En el acto de producción está implicada una permanencia irreversible. Esta es la especificidad del crimen de la desaparición», agrega Kaufman y, podríamos parafrasear, el impacto inalterable que generan diques de cola, drenajes ácidos y químicos utilizados en la meseta chubutense (para luego expandirse por todo el territorio provincial) serán ese crimen perfecto para nuestros hijos y nietos.

«La inmensa operación, sutil y refinadamente perversa de las desapariciones es imperdonable, diríamos, ontológicamente, porque fue concebida para hacerse imperdonable», finaliza el crítico cultural. De la misma manera, podríamos decir que los negociados que teje el poder económico junto al político sólo son concebidos por la avaricia y la ambición. Por ello el voto en favor de la zonificación minera será imperdonable.

Chubut, totalitarismo y democracia