21/01/Chubut
La relación entre universidades y empresas mineras no es nueva. En este caso se manifestó en la publicación de una nota en el diario La Nación. La respuesta de nuestra Asamblea no se hizo esperar. Pasados varios días del envío, no perdemos la expectativa de que la misma se publique, pero adelantamos aquí la respuesta enviada, así como algunos detalles del vínculo entre la Universidad de Belgrano y los intereses de las transnacionales mineras.
Fuente: noalamina.org

Ante la publicación de una nota de opinión en el diario La Nación donde docentes de la Universidad de Belgrano afirman que es posible “conciliar minería y cuidado del ambiente”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel envió al diario un texto a fin de ejercer un justo derecho a réplica. Como un dato de contexto, resulta relevante conocer que la mencionada universidad lanzó en 2017 el “primer observatorio pyme minero”, con lo cual consideramos que su neutralidad académica frente el tema queda seriamente condicionada. En el dossier de dicha presentación la UB declara que ese aporte “pretende ser estratégico, como fuente de apoyo a la industria minera y a toda la red proveedora.”

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

Desde la Asamblea de Vecinos de Esquel deseamos compartir algunas precisiones en relación a conceptos vertidos en la nota publicada el día 9 de enero de 2021, firmada por los señores Fritzsche, De Castro y Corcuera.

Hace 20 años debatimos y rebatimos en Esquel los argumentos publicados. Sería imposible volcar en pocas líneas todo lo aprendido en estos años.

El artículo “Conciliar minería y cuidado ambiental es posible” aborda muchos de los puntos que las asambleas de Chubut denunciamos sobre la megaminería. El título sostiene que es posible “conciliar” una actividad absolutamente extractiva con el cuidado del ambiente y ser realizada de forma sustentable. Pero no presentan ningún ejemplo real, … sencillamente porque no existe. La megaminería consiste en extraer un bien común no renovable, por lo que es imposible que sea sustentable, ya que el mineral extraído no se regenera. Es altamente destructiva en el propio ambiente del “yacimiento”, pero genera también impactos negativos a largo plazo y en zonas tan amplias que son de difícil o imposible previsión. La pulverización de millones de toneladas de rocas libera minerales naturalmente retenidos en su interior, que pasan así a ser tóxicos a través de los drenajes ácidos y de las inevitables filtraciones desde escombreras o diques de colas, o esparcidas por los fuertes vientos. A lo que se suman los riesgos vinculados al colapso de esos depósitos, así como al transporte de sustancias químicas peligrosas por tierra y agua. Todo ello verificable en innumerables casos alrededor del mundo, con Jáchal, Mariana y Brumadinho entre los más recientes.

Pero es el altísimo consumo de agua en megaminería el aspecto más alarmante para toda la población, en un contexto de sequía. La minería metalífera no puede funcionar sin ingentes cantidades de agua dulce, a razón de 8 millones de litros por día sólo para el proyecto Navidad. La escasez de agua es motivo de reclamos en varias ciudades de la provincia. Y un claro indicio de la incompatibilidad con el cuidado del ambiente. Es tal la creciente escasez en el mundo, que en diciembre del 2020 el agua comenzó a cotizar en Wall Street así como el petróleo, el oro o la soja.

El impacto negativo no sólo se restringe a la naturaleza: en lo social y en lo político es abrumador. Sin que ninguna empresa esté en etapa de explotación en la provincia, hemos visto al diputado Muñiz recibiendo en su celular órdenes de empresas mineras durante una sesión legislativa (2014), hemos escuchado al gerente de comunicaciones de Minas Argentinas S.A Ricardo Bustos, solicitar “que presionen” a la presidenta de la UCR provincial para que sus dos diputados voten a favor de la zonificación; o al propio gobernador chubutense Arcioni “confundiendo” el proyecto de Ley con un “convenio” con las empresas, entre otros numerosos ejemplos. El gobierno está tan comprometido con las mineras, que desconoce Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa al mundo indígena cuando se afectan sus territorios, o el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Se ha convertido a la meseta chubutense en una zona altamente vulnerada, con agravios a culturas originarias al punto de trasladar un enterratorio de miles de años. El proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo provincial fue redactado a espaldas del Pueblo y sin consulta a instituciones científicas como el Conicet, el INTA, la UNPSJB, que han denunciado esta situación, e incluso han señalado las amenazas y engaños implícitos en tal proyecto.

Junto a esto, el gobierno ha creado una crisis provincial que lleva varios años, donde, por ejemplo, los empleados estatales no han cobrado dos sueldos y un aguinaldo de 2020. Todo en busca de la “licencia social” que no tienen. Así ha privado además a la población de servicios esenciales como Educación y Salud, entre muchos otros.

De forma particularmente extraña, los profesionales firmantes de la nota confunden Consulta Popular con Iniciativa Popular y ponen en duda los arrestos, allanamientos y judicialización que sufrimos los asambleístas. Las Asambleas de Chubut no hemos pedido una consulta, donde ganaría el rechazo a la megaminería, sino que presentamos un proyecto de Ley a través del mecanismo de Iniciativa Popular. Si confunden dos conceptos tan diferentes ¿qué más estarán confundiendo? Si ponen en duda una realidad publicada por todos los medios ¿qué otras mentiras pueden decir?

En cuanto a lo laboral, rechazando el gobierno cualquier alternativa a la minería, y dejando sin incentivos estatales a las actuales actividades, resultan una estafa las promesas de generación de empleos locales. La capacitación requerida por la megaminería imposibilita la contratación de la población local. Y los propios firmantes son ejemplo: ninguno de ellos, reside en Gastre o Telsen. Todos están cómodamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Catamarca, San Juan y Santa Cruz las evidencias son abrumadoras: las empresas contratan operarios de regiones lejanas, a fin de eludir juicios de las familias ante accidentes u otros conflictos.

Aclaramos también que en los 20 años que no pudieron extraer oro del Cordón Esquel, ningún chico se quedó sin bicicletas, como afirman en la nota publicada. El proyecto Esquel -rebautizado Suyai para esquivar la información sobre el rechazo masivo desde 2003- pretende extraer oro (1500 millones de dólares) y Navidad extraería plata y plomo (11000 millones de dólares). Ninguno de ellos es indispensable para la vida cotidiana de la población, sólo son necesarios para la especulación y el atesoramiento de unos pocos.

Para no extender más: la megaminería saquea los recursos y al país, llevándose los minerales y dejando ínfimas regalías (menos del 3%), deja profundos daños ambientales y destruye actividades económicas que existen actualmente o podrían existir con incentivo estatal. La megaminería contamina el ambiente, contamina la sociedad y el gobierno. Desde Chubut, seguiremos diciendo que NO es NO.

Atte,

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina

noalamina.org

Esquel, 14 de Enero, 2021

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

24/01/2021
El supuesto “inicio del debate” sólo fue una puesta en escena para poner punto final y cumplir el capricho de Nación de imponer la megaminería trasnacional en Chubut, sin licencia social y en contra de lo que indican los sectores científicos y académicos. Mientras los aliados hacían la pantomima, Arcioni, Sastre y Eliceche se fotografiaban con Alberto Fernández y Sergio Massa en Buenos Aires. El verano y la pandemia como última chance de los promineros para imponer la zonificación antes de que lleguen las elecciones y antes de que se cumpla el plazo legal para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular.
Por Noalamina.org

Alberto Fernández está obsesionado con cumplir el fallido que en diciembre de 2019 manifestaba frente a empresarios del extractivismo cuando anunciaba que “en Chubut hemos logrado explotar plata en la meseta”. También indicaba en ese entonces que había logrado modificar la ley en Mendoza, pese a que todavía no había sido la sesión que volteó la 7722 ni la pueblada que la volvió a colocar en su lugar, haciendo recular al gobierno provincial de Suárez, legisladores de Cambiemos, el PJ y al propio Fernández.

Según Mariano Arcioni, el presidente se mostró sorprendido porque aún no se haya modificado la ley que hace 18 años prohíbe la megaminería en Chubut. Lo que hasta ahora ha logrado el Alberto Fernández fue imponer el cambio de postura del vicegobernador Ricardo Sastre (hace un año, con Mendoza en los medios nacionales y distanciado de Arcioni decía haber comprendido la voluntad del pueblo y reafirmaba su “No es No”); en diciembre del 2020 y tras una reunión con Pablo Moyano logró que Camioneros-Chubut pegue un volantazo y su dirigencia se olvide de las actividades y declaraciones contra la megaminería; hoy busca apretar al sector del PJ que sigue en contra de la zonificación, más por responder a la presión desde abajo y por su pelea política con Arcioni que por convicción propia, salvo contados casos.

Según indicaron medios como Jornada y Metadata, el gobierno buscaría aprobar la zonificación este jueves 28 de enero. Si bien hasta que no esté convocada no se puede esperar nada confiable de políticos operadores de las mineras, existe la posibilidad de que reuniendo 14 bancas, se convoque a una sesión extraordinaria. En pocos meses se cumple el plazo legal para que la Legislatura deba tratar un proyecto presentado por iniciativa popular avalado por 30.916 firmas (el doble del porcentaje mínimo que estipula la Constitución Provincial). En lugar de respetar el proyecto popular, gobierno nacional, provincial y mineras buscarían aprobar un proyecto completamente opuesto: en enero, con una sesión extraordinaria, en plena pandemia y de manera virtual. Si a esto le agregamos que gran parte de quienes lo llevarían a cabo, en elecciones prometieron lo opuesto, podemos comprobar que de democracia sólo ha quedado el nombre. Mientras tanto en Canadá, siguen de cerca la política chubutense y Pan American Silver le indica a sus accionistas que con la zonificación, a más tardar en un año comenzaría la construcción del Proyecto Navidad.

El debate que no fue

Finalizó la semana de “mesas de trabajo” en donde se suponía que distintos sectores sociales participarían de un “debate” sobre el proyecto de ley del ejecutivo. Nunca se puso en discusión el proyecto, sino que desde el principio estaba convocado para “buscar aportes para mejorar el proyecto”. Así fue que se ignoró la Iniciativa Popular y a quienes la impulsaron, se bajaron todos los sectores que no son promineros, fueron exposiciones cerradas con preguntas al final (por parte de quienes ya de antemano buscan imponer la megaminería) y los únicos medios que “la cubrieron” son quienes se dedican a reproducir gacetillas oficiales, recibir pauta del gobierno y plata de las mineras. El resto, no pudo acceder y se dedicó a mostrar la otra cara, la de los actores sociales, políticos, académicos y científicos que se diferenciaban de la convocatoria denunciando la truchada.

La semana pasada, tras enterarse por los medios de que eran parte de las jornadas, distintos sectores se posicionaban o adelantaban sus probables posturas (leer más acá). La sorpresiva convocatoria, cerrando la primera quincena de enero, imposibilitaba una participación genuina de sectores que podrían haber acudido a manifestar una posición sobre un tema que se debate en la provincia hace más de 18 años.

Esta semana, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco le respondió a Arcioni que este tipo de convocatorias deberían ser el inicio de un proceso de debate, y que este primer llamado formal que se le hace a la universidad requerirá un tiempo prudencial para poder remitirle una opinión institucional,dado que el funcionamiento interno de una universidad nacional requiere la deliberación y el debate de los distintos claustros en los órganos de cogobierno. Pese a ello, en el comunicado le recuerdan al gobernador que “la UNPSJB se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera, manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a estrategias para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut también respondió a la convocatoria de Arcioni. En un comunicado con la firma de su decana, la ingeniera Diana Bohn, indican que “la participación colaborativa que requiere este tipo de proyectos debe ser planteada desde el inicio del proceso, y no sólo a fin de emitir opiniones sobre proyecto ya definidos”. La institución decidió no participar de la jornada y se mostró a disposición para trabajar en políticas públicas provinciales de desarrollo integral con el agua como punto de partida, para garantizar un futuro próspero para toda la provincia.

También desde el IPCSH-CONICET decidieron a través de su Consejo Directivo declinar la convocatori a participar “en concordancia con otras instituciones científicas […] en virtud de la celeridad que se le busca imprimir a un debate que, por su relevancia, requiere mayores plazos de tiempo y una convocatoria amplia a otros sectores de la comunidad. La invitación al sector científico se da en un proceso avanzado del tratamiento legislativo, y no en sus fases iniciales” indican, y agregan: “Esta convocatoria es informativa, con una modalidad que solamente permite la realización de preguntas sobre aspectos de una decisión que, a nuestro entender, ya ha sido tomada”.

Trabajadorxs de Ciencia Chubut volvieron a expresarse con un comunicado en el que solicitaron un derecho a réplica y una rectificación a distintos medios provinciales (El Chubut, El Patagónico, ADN Sur) quienes habían indicado que el gobierno se reunió con representantes académicos y científicos de Chubut. “Todas las instituciones universitarias y científico-tecnológicas de la provincia objetaron el PL 128/20 y pidieron que sea retirado de la legislatura provincial” expresan en el comunicado, y agregan: “aclaramos que a pesar de que un grupo reducido de profesionales del sector asistió a la mesa a título personal, las instituciones científicas de Chubut no avalan el proyecto de zonificación minera”.

En contraposición a lo que indican los medios de comunicación sostenidos por la criminal pauta oficial del gobierno provincial, quienes trabajan en espacios académicos y de ciencia se han reunido desde abajo y han reafirmado su negación a la imposición de la megaminería. Se trata de un grupo constituido a partir de la nota consensuada y presentada en la Legislatura Provincial en noviembre del 2020, cuyos contenidos y avales están plasmados en este enlace: bit.ly/3p72fBP. Quienes sí participaron, son investigadores y técnicos ligados a la actividad megaminera, sobre los cuales se puede conocer más en esta nota de Con Sello Patagónico.

Comunidades originarias de la meseta centro norte (el territorio a sacrificar según el proyecto de zonificación) reafirmaron su posición, reclamaron la Consulta Previa, Libre e Informada y repudiaron las “mesas de trabajo”. Son las comunidades Mallín de los Cual, Los Pino, Ñuke Mapu de El Escorial, Laguna Fría – Chacay Oeste y Yalalaubat quienes también exigieron que se retire el proyecto de ley 128/20 y que se trate y apruebe sin modificaciones la Segunda Iniciativa Popular.

Desde Greenpeace Argentina acusaron a Arcioni de armar un debate falso: “Los chubutenses no van a dejar que Arcioni Mariano siga poniendo presión para obligarlos a exponer su agua. El debate estuvo caracterizado por reunir sectores afines a la minería” expresaron, y agregaron:”el río Chubut está en juego, en una provincia donde ya falta el agua y se hacen cortes en varias localidades”.

La UCR , a través de su presidenta Jacqueline Caminoa, rechazó el llamado a las “mesas de trabajo” y reclamó que se les llame para discutir otros temas más importantes para la provincia. La Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Chubut expresó que “no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una Ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de todos en beneficio de pocos”. El Bloque de Diputados, Intendentes, Legisladores Municipales y Nacionales de dicho espacio no participó de las jornadas, con la excepción del diputado Carlos Eliceche, que estuvo junto a Arcioni y Sastre en la gira por la capital nacional pese a representarse a sí mismo, dado que ni siquiera es presidente de su bloque en la Legislatura Provincial.

Nuevamente Alberto Fernández confunde el logrado apoyo político con licencia social. El llamado a aprobar la zonificación cuanto antes sumirá a Chubut nuevamente en movilizaciones masivas en medio de una pandemia de la que el gobierno provincial lejos de ocuparse, busca utilizar para imponer la rechazada megaminería. Si los gobernantes no comprenden la firme decisión del pueblo chubutense, impondrán un escenario de alto conflicto como lo fue la imposición del Pacto YPF-Chevron en Neuquén en 2013 y la modificación de la Ley 7722 en Mendoza a fines de 2019. A ello hay que sumar la pandemia y la crisis en la que sumergieron a Chubut desde hace ya tres años y se profundiza día a día. Lejos de poder esperar algo de representantes que ya dinamitaron todo su capital político, otra vez se vislumbra que sólo el pueblo salvará al pueblo.

El debate que no fue y el apriete de Nación