CooperAcción 16/03/2022
Los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo el primer Congreso de la Plataforma de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. En este importante congreso, líderes y lideresas de 14 regiones compartieron la realidad de la contaminación que sufren en sus territorios y consensuaron estrategias para exigir que el Estado atienda sus demandas.

Además, la Plataforma eligió una nueva junta directiva, conformada por cuatro dirigentes de distintas regiones, quienes los representarán por los siguientes dos años. La junta es presidida por Félix Suasaca, de Puno, y es integrada también por Elsa Benavente, de Huancavelica, Paulina Valdiviezo, de Cajamarca y Milton Saquiray, de Loreto.

Este congreso se organizó con el objetivo de fortalecer y empoderar a la plataforma, teniendo en cuenta los procesos locales y regionales y las normas nacionales que han logrado, tales como el Plan Nacional Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, y la Ley 31189 (Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados). Todo ello con el fin de garantizar una adecuada implementación para atender los efectos de la contaminación como problemática de salud pública de la población nacional.

Este primer Congreso contó con la presencia de dirigentes, voceros y voceras de los departamentos de: Amazonas, Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincia, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.

Durante estos dos días de Congreso, se realizó la presentación de la situación que viven actualmente los afectados y las afectadas de cada región. Cada defensor expuso los avances, dificultades y desafíos que presentan actualmente sus zonas.

Asimismo, la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, grupo de instituciones de la sociedad civil que brinda apoyo técnico a la Plataforma, dio cuenta de los logros y avances en materia de salud ambiental y humana referida al Plan Especial Multisectorial.

El Congreso tuvo como invitada a la expremier Mirtha Vásquez, quién destacó la aprobación del Plan Especial Multisectorial (PEM), y del presupuesto aprobado de 50 millones para este año 2022 para la atención de los afectados por metales tóxicos. Así mismo se comprometió en acompañar a la plataforma en la lucha para seguir avanzando por un país sin contaminación.

El Congreso Nacional también contó con la presencia de representantes de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Ambiente. Así mismo, de la Defensoría del Pueblo.

La congresista Ruth Luque también asistió al evento y en una breve exposición a los participantes del Congreso Nacional, indicó: «Hemos solicitado información al Ministerio de Salud sobre cómo se está implementando los 50 millones que se aprobaron para este 2022 para lograr la atención descentralizada a las y los afectados por metales tóxicos”.

Las defensoras y defensores representantes de 14 regiones del Perú culminaron el I Congreso Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos con un principal desafío: que el gobierno implemente el Plan Especial Multisectorial de manera participativa y descentralizada con la organización de los afectados y afectadas por metales tóxicos.

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Imagen: CooperAcción    22/03/2022
Hoy, en el día mundial del agua, siguen en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao a causa del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín. La concesión de este proyecto se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa el 60% del agua que abastece a la capital. El Poder Judicial, hasta el momento, no ha dictado sentencia sobre la demanda presentada por ciudadanos de Lima en el año 2019 en contra de dicho proyecto.

Colectivos realizaron un banderolazo por el Día Mundial del Agua y exigieron al Poder Judicial una pronta sentencia en el caso Ariana. (Foto: CooperAcción)

La mina Ariana es un riesgo para la población de Lima y Callao. La posibilidad de que un evento imprevisto -como un sismo, lluvias intensas o un accidente- cause el colapso de la presa de relaves tóxicos significaría, muy probablemente, un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes. Debido a que las presas donde se acumulan los relaves quedan emplazados en el lugar, el riesgo permanecerá por generaciones aún cuando la empresa minera ya se haya ido del país. Los informes de Sedapal, la empresa de agua potable de Lima y Callao, así como el informe técnico independiente presentado por el especialista internacional Steve Emerman (disponible aquí), demuestran que el riesgo existe.

Entérate más en el suplemento: ¿Lima sin agua? https://cooperaccion.org.pe/SUPLEMENTOARIANA.pdf

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), y finalmente, cuando se acercaba el momento de cierre de operaciones, la mina fue vendida y luego abandonada por los nuevos propietarios, lo que ha causado que el río Moche sea declarado en emergencia ambiental por la contaminación con aguas ácidas provenientes de los relaves de Quirivulca. “El proyecto Ariana preocupa aún más cuando uno ve los antecedentes de la empresa”, puntaliza Jose De Echave, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción.

El 2019, un grupo de ciudadanos de Lima, junto con el acompañamiento técnico y legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda de amparo ante el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima Centro. El año 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital. Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Este caso muestra las persistentes amenazas al derecho al agua a causa de la expansión ilimitada del extractivismo, consideró De Echave. Frente a ello, es urgente avanzar en instrumentos pendientes para la protección de las fuentes hídricas, tales como la tantas veces postergada Ley de Ordenamiento Territorial y la delimitación de cabeceras de cuenca, consideró.

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José De Echave C. 17/03/2022
He dejado pasar unos días para escribir unas líneas sobre Oscar Mollohuanca. No ha sido fácil procesar la noticia de su muerte y en lo personal me ha costado encontrar el momento adecuado para dedicarle unos párrafos a su trayectoria y al mismo tiempo recordar los espacios y momentos compartidos.

A Oscar lo conocí a inicios de la década del 90. Llegó a la oficina con un grupo de dirigentes de Espinar que estaban preocupados por las noticias de una posible venta de la mina de Tintaya al sector privado. Para entonces ya había ocurrido la primera toma de la mina, un 21 de mayo de 1990 y luego del golpe del 5 de abril de 1992 se hablaba de privatizaciones, del interés de empresas extranjeras por Tintaya, de posibles ampliaciones y de nuevos proyectos. Todo eso ocurría al margen de la población, sin que se tome en cuenta sus demandas y sin que se reconozcan los impactos generados por la minería en Espinar y la afectación a comunidades enteras.

Por esos años visité por primera vez Espinar invitado por sus dirigentes. Oscar formaba parte de una nueva generación de líderes de Espinar, entre los que también destacaban Lorenzo Ccapa, que llegó a ocupar el puesto de secretario general de la Confederación Campesina del Perú; Esteban Chacón y Fredy Arenas, por ese entonces dirigentes estudiantiles del Instituto Público de Espinar y varios más. Oscar había estudiado la carrera de Economía en la ciudad del Cusco y, al concluir sus estudios, decidió retornar a su tierra. En los años previos se había dado un proceso de acumulación social y política, con un movimiento campesino, sobre todo en el sur del país, que había crecido notablemente en organización y capacidad de movilización: organizaciones como la Confederación Campesina del Perú a nivel nacional, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) -que se había terminado de constituir el 17 de septiembre de 1980- estaban en su mejor momento y había un contingente de dirigentes sociales y asesores, entre los que destacaba Oscar, que expresaban con claridad la demanda de las comunidades.

Por eso no fue sorpresa que Oscar sea elegido por primera vez alcalde provincial de Espinar, en noviembre de 1999. Su elección representó un nuevo momento de protagonismo y articulación de las demandas de la población. El flamante alcalde convocó a las organizaciones más representativas de la provincia, asesores e instituciones para trabajar y, sobre todo, definir un acuerdo marco con la empresa minera: el 5 de septiembre del año 2000, el alcalde y diversas organizaciones sociales de la provincia organizaron una movilización a la ciudad del Cusco y en plena Plaza de Armas de la capital regional realizaron una “Sesión Solemne del Municipio de Espinar”. Como me lo comentó luego Oscar, el objetivo de la marcha fue hacer visible a nivel regional y nacional, el conflicto con la minería y las demandas de las autoridades y de toda la población de Espinar. Como consecuencia de esta acción pública, se inició el proceso de negociación de lo que posteriormente se conoció como el Convenio Marco de Espinar. A pesar de que fue la gestión del alcalde Mollohuanca la que inició e impulsó el proceso de negociación del convenio marco, fue su sucesor quien finalmente lo suscribió en septiembre de 2003.

Su segundo período se inició el año 2011 y coincidió con el embalse de un conjunto de demandas de la población: se exigía la solución a los problemas de contaminación; se pedía mitigación, remediación, reubicación e indemnización por los daños ocasionados; restitución de fuentes de agua. Además, el tema de los impactos de la contaminación en la salud humana ya formaba parte de las preocupaciones de la población. En la segunda mitad del año 2011, yo estaba en el Ministerio del Ambiente y Oscar me pidió apoyo para canalizar las demandas de Espinar por vías institucionales y de diálogo. Soy testigo de los enormes esfuerzos que desplegó para que las autoridades nacionales responsables atendiesen las demandas de la población y evitar un estallido social. Lamentablemente, luego de varios meses de intentos, finalmente en mayo de 2012 estalló un nuevo conflicto en Espinar.

La paralización promovida por las organizaciones más representativas de Espinar fue respaldada por el alcalde Mollohuanca y rápidamente alcanzó niveles de movilización y enfrentamientos con las fuerzas policiales, que provocaron un saldo de varios heridos, detenidos y dos personas fallecidas. El gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia, inmediatamente se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica. Se les imputó los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo una fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelarlo e instalar una nueva mesa de diálogo. Oscar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar el conflicto a un proceso de diálogo.

Desde entonces, Oscar tuvo que atender un larguísimo proceso judicial. Cuando en julio del año 2017 fue declarado inocente y se pensó que toda la pesadilla judicial había terminado, la Procuraduría y la Fiscalía apelaron y en el 2018, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ica declaró la nulidad de la sentencia, ordenando que todo debía regresar a fojas cero e iniciarse un nuevo juicio. De hecho, una de las últimas comunicaciones que tuve con Oscar, hace apenas unos meses, fue para entregarle por escrito una suerte de testimonio de nuestras coordinaciones del año 2011 para atender las demandas de la población de Espinar antes del estallido. La preocupación del juicio lo acompañó hasta el último de sus días y es un claro ejemplo de cómo se sigue criminalizando a los defensores ambientales en el país.

Oscar representa una parte importante de la historia reciente de las luchas que despliegan los pueblos para que sus derechos sean reconocidos y que los territorios sean protegidos. Estoy seguro que la figura de Oscar Mollohuanca seguirá creciendo en la memoria de los kanarunas y en general de todos los defensores de la tierra. Su serenidad, ese hablar pausado y la firmeza de sus convicciones, nos seguirán acompañando. Difícil olvidar a una persona como él. Descansa en paz Oscar.
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Takeshi Chacon
Magaly Bardales: «Cuajone representa el 7% de la producción de cobre y Las Bambas, el 13%». (Foto referencial)
La presidenta del Comité Minero de la SNMPE, Magaly Bardales, indicó que las empresas tienen disposición a dialogar con las comunidades y encontrar soluciones a sus reclamos justos.

Para Magaly Bardales, presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) la conflictividad social ha aumentado en los últimos años.

Así, mencionó que en el segundo semestre de 2021 se incendió un campamento minero.

“No hubo sanción a esa actuación delictiva y como ese caso, han ocurrido en varias regiones y contra diferentes empresas del sector”, declaró.

En Rumbo Minero TV, la representante del gremio minero también enumeró los impactos de la conflictividad social contra Las Bambas, ubicado en Apurímac.

“Si sumamos las suspensiones de las operaciones en los últimos 5 años superamos los 400 días de paralización de la producción por conflictividad social”, indicó.

También comentó que en el caso de la mina Cuajone, de Southern Perú, ya van 15 días sin operación minera e incluso se ha afectado el derecho al agua de más de 5,000 personas.

“Lamentablemente lo que vemos es que hay una falta de actuación del Estado y de las autoridades competentes dentro del marco de sus funciones”, afirmó.

Sobre el impacto de la producción minera, Magaly Bardales resaltó que hay comprometida un 20% de la producción nacional de cobre.

“Cuajone representa el 7% de la producción de cobre y Las Bambas, el 13%; con lo cual estamos comprometiendo cerca del 20% de la producción de cobre a nivel nacional”, determinó.

Respeto al Estado de Derecho

La presidenta del Comité Minero de la SNMPE enfatizó que las empresas tienen disposición al diálogo y a encontrar soluciones a reclamos justos.

En esa línea, recalcó que el diálogo debe realizarse bajo el estricto respeto al Estado de Derecho.

“No es posible comenzar a dialogar o llegar a entendimientos si estamos frente a situaciones de coacción. Frente a esos casos la participación del Estado y de las autoridades competentes es fundamental”, expuso.

Acciones legales

En otro momento, Magaly Bardales cuestionó la ley de tercerización dado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Así, sostuvo que esa norma se suma a una serie de medidas negativas tomadas por el actual gobierno.

En ese sentido, recordó el cierre ilegal de cuatro minas por parte de la expremier Mirtha Vásquez.

Así como el intento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para modificar el esquema tributario en el sector minero.

“Todos estos aspectos en realidad atentan contra la seguridad jurídica de las inversiones”, opinó.

Asimismo, señaló que una consecuencia básica es retraer el desarrollo de las inversiones mineras que tiene el Perú en un corto como en un largo plazo.

De igual manera, mencionó que en el caso específico del sector minero, la Ley General de Minería se establece como derecho del titular minero la contratación de empresas especializadas que se encuentra en el Registro Especializado del Ministerio de Energía y Minas.

“Aquí lo que corresponde no solo insistir con el gobierno sobre las consecuencias negativas de esta norma que lo único que logrará será reducir el empleo formal y aumentar la informalidad”, puntualizó.

“Sino también tomar las acciones legales que corresponde porque si tenemos un gobierno que emite este tipo de normas vamos a tener que actuar en consecuencia con la defensa legal que correspondiente”, agregó.
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