Perú

Cusco: ¿Por qué hay un nuevo bloqueo en el corredor minero del sur contra MMG Las Bambas?


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Los pobladores del distrito de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, región Cusco, decidieron emprender una nueva medida de fuerza para exigir el cumplimiento de sus compromisos. Las comunidades no son consideradas área de influencia directa de la minera por no encontrarse en la zona de extracción de recursos.
31/01/2022
Redacción RPP
Bloqueo del corredor minero del sur
La medida persiste en el sector denominado «la curva» donde un promedio de 30 personas evitan el paso de vehículos de la empresa minera. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía.

El corredor minero del sur está bloqueado otra vez. Hace cinco días, un grupo de pobladores de las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tomaron la medida de fuerza para protestar contra la minera MMG Las Bambas y así, reclamarle al gobierno central que intermedie por beneficios.

El bloqueo impide el paso de vehículos de la empresa MMG Las Bambas, así como otros particulares. Los manifestantes exigen la presencia del presidente, Pedro Castillo, para solucionar sus demandas.
Origen del conflicto

El 30 de diciembre de 2021, los comuneros de Chumbivilcas levantaron un paro (que había sido el último en la zona y había durado poco más de un mes) luego de llegar a un acuerdo con el gobierno y la compañía que, hasta ese momento, suspendió sus operaciones.

El pedido inicial, y el de la mayoría de las comunidades en conflicto, fue ser parte de la cadena de valor de MMG Las Bambas, es decir, hacer que las comunidades ofrezcan bienes y servicios mediante empresas comunales. El día de la reunión, a finales de diciembre, cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca se retiraron y no firmaron el acuerdo.

Semanas después, esas mismas cuatro comunidades: Sayhua, Tahuay, Huascabambas y Ccapacmarca, solicitaron la presencia de la premier, Mirtha Vásquez en su territorio. Esto se concretó el 17 de enero, sin embargo, no llegaron a acuerdos y los comuneros dieron 15 días de plazo para solucionar sus exigencias.

El pasado 27 de enero, y sin haberse cumplido el plazo de la tregua, los comuneros decidieron bloquear el corredor minero del sur. Cayo Huaytani, dirigente del distrito de Ccapacmarca, advirtió en RPP que “no permitirán el paso ni de una sola bicicleta”.

Según Judith Cjuno, quien renunció ayer a la presidencia del Frente de Defensa de la comunidad de Ccapacmarca, la Presidencia del Consejo de Ministros, no atendió las demandas de su población y continuó el diálogo con el resto de comunidades. Eso originó el nuevo conflicto, indicó mediante un pronunciamiento.

Bloqueo del corredor minero Cusco
El corredor minero del sur permanece bloqueado desde hace 5 días por comeros del distrito de Ccapacmarca. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía
¿Qué piden las comunidades?

Las comunidades campesinas del distrito de Ccapacmarca, tienen una plataforma similar a los pedidos planteados por otras comunidades en reuniones anteriores. Ellos solicitan ser considerados como zona de influencia directa ambiental y social.

Además, piden la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018-MTC que contempla la recategorización de la vía comunal en nacional. Según el dirigente, Cayo Huaytani, este proceso se efectuó sin previo aviso y genera perjuicio a más de 8 mil comuneros de la zona.

A esto también se suma el pedido sobre la emisión de sentencias sobre proceso judiciales iniciados por las comunidades como acciones de amparo y otros con respecto a su territorio y rechazar la criminalización de la protesta.

Al respecto, Víctor Villa, abogado de parte de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, la evidente división en Chumbivilcas, ocasiona perjuicios y podría repercutir en las conversaciones avanzadas con pobladores de otras zonas.

Debemos señalar que 10 comunidades lograron encaminar el diálogo, recientemente consiguieron que la empresa minera MMG Las Bambas los considere como parte de su cadena de valor, además el Gobierno los considerará en los trabajos de mantenimientos de vías. También son considerados en la Zona de Atención Especial, en la que aún no se especifican los beneficios.
Conflictos en Chumbivilcas Cusco
Los dirigentes convocaron a la PCM a una nueva reunión el próximo 3 de febrero. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía
Piden nuevo diálogo

La Fiscalía y Policía se constituyeron en la zona del conflicto el último domingo para instar a los ciudadanos a deponer el bloqueo. A pesar de la insistencia, la medida sigue en pie, aunque con cambios, pues ahora la restricción del paso es solo para vehículos de la minera.

A la fecha un promedio de 30 personas permanecen en la zona denominada “La curva”, donde continúan las protestas.

Esta mañana, las comunidades emitieron un nuevo pronunciamiento con una nueva plataforma de lucha que considera solo dos puntos: la nulidad de la resolución 372-2018-MTC y ser declarados zona de influencia directa.

Además, piden sostener una nueva reunión con la PCM, los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente, Transportes y comunicaciones, y justicia, y representantes de MMG Las Bambas para el 3 de febrero en Chumbivilcas, a fin de discutir sus exigencias.
Conflicto en Chumbivilcas Cusco
Los manifestantes exigen ser reconocidos como zona de influencia directa de la empresa MMG Las Bambas por los daños generados a raíz del paso de vehículos de alto tonelaje. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-por-que-hay-un-nuevo-bloqueo-en-el-corredor-minero-del-sur-contra-mmg-las-bambas-noticia-1383836

Argentina

LA LLEGADA DE LAS MINERAS: “UNA NUEVA ETAPA DE LA CAMPAÑA DEL DESIERTO”

31/01/2022
La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”
«La megaminería y la cosmovisión ancestral de las comunidades mapuche, son “incompatibles” afirma Néstor Vidal, Analista del Centro de Investigación Forense, Ciencias y Nuevas Tecnologías, y cuál es describe la situación existente en la Provincia de Río Negro, Argentina.
Fuente: ANB
El gobierno de Río Negro otorgó permisos de cateo a una minera. Lo hizo sin la consulta previa a las comunidades originarias, el cual es de carácter constitucional. Las entidades mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios los cuales se encuentran siempre en disputa.

La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo, el Ex Gobernador Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora Arabela Carreras no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero debe tener arraigo en la población local”.


En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar dicha actividad.

La cita anterior es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.

“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que ésta había rechazado”, sostiene Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta” indico Carriqueo.

A partir de ese momento, las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo, “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.

“En realidad, nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El 7 de julio, un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche, es inviable cualquier proyecto minero; para nosotros, es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.

“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que, junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena), se reunió con personal de la firma.

BUEN VIVIR

Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico, sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas, están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello, la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.

ORO, PLATA, URANIO Y OTRAS BARATIJAS

Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.

En Río Negro, se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque, en el año 2005, la Ley 3.981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.

Cerca de Valcheta, la empresa canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.

Si bien el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes -se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio-, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto, aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas, pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.

Además de estos casos en etapa de exploración y estudio, podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en el año de 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales, son probadas muestras de que el “desarrollo promisorio” de la minería no tiene buenos augurios.

Por Néstor Vidal
ANALISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORENSE, CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”

Litio, Mexico

Con reforma eléctrica, se busca aprovechar potencial del litio: Sener

Redacción Ángulo 7 30/01/2022
Foto: Especial
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo que el litio es un mineral que se encuentra sólo en 12 países, por lo que el gobierno federal busca, mediante la reforma eléctrica, reservarlo para que su explotación sea en beneficio de México.

Lo anterior en marco de los foros de la reforma eléctrica, donde la funcionaria participó el pasado sábado en Veracruz.

En su intervención, Nahle García señaló que la reforma busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere como mínimo el 54 por ciento de la electricidad que requiere el país y los privados el 46 por ciento, (equivalente a todo el mercado eléctrico en Argentina).

Con anterior, precisó, se garantiza a los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello que las tarifas eléctricas se puedan mantener a un precio por debajo de la inflación.

En su conferencia, precisó que actualmente el 99 por ciento de la población en México tiene cobertura eléctrica y esto se debe a que la CFE tiene un compromiso social y por ello está en todo el país, es así que en esta reforma se elimina la separación legal de la empresa para que opere como un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo la responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control.

Además, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), agregó que con las modifiaciones propuestas, el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.

Además expuso que México camina hacia la Transición Energética como todos los países del mundo y aclaró que la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales de un 35 por ciento al 2024, y añadió que impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros, a través de la utilización sustentable de todas las fuentes de energía, donde se beneficiará directamente al usuario para el apoyo de la economía familiar.
Aquí puedes consultar la presentación nuevo esquema del Sistema Eléctrico Nacional: bit.ly/3s4xFvl.
https://www.angulo7.com.mx/2022/01/30/con-reforma-electrica-cfe-va-por-aprovechar-potencial-del-litio/

Chile, Litio

Continúa en Chile proceso legal contra adjudicación del litio

30/01/2022(Prensa Latina) Pese a recursos presentados por el Gobierno chileno para destrabar la paralizada adjudicación del litio a dos empresas privadas, continúa el proceso legal en protección de comunidades indígenas, informaron hoy medios locales.

El Ministerio de Minería comunicó el pasado 12 de enero que la empresa china BYD y la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte obtuvieron los contratos de extracción de litio por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, con una cuota cada una de 80 mil toneladas del mineral, durante 20 años.

El ente aseguró en un comunicado que la entrada de ambas compañías en el mercado local del litio permitirá aumentar el dinamismo de la industria para que Chile recupere su posición en la escena mundial.

Dos días después la Corte de Apelaciones de Copiapó declaró admisible dos recursos de protección, dictó una orden de no innovar y suspendió el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.

El tribunal de alzada acogió así las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, recursos a los que se sumó el escrito presentado por un grupo de diputados de izquierda que solicitaron a la Contraloría (ente regulador) investigar el proceso por irregularidades en los procedimientos.

El pasado 21 de enero la Corte resolvió “No ha lugar” los recursos de reposición presentados por el Gobierno, continuando de esta forma con el proceso, lo que constituye un nuevo revés judicial para la administración de Sebastián Piñera, según destacó el periódico Cambio 21.

En opinión del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, la licitación “no afecta a comunidades porque no se han definido zonas geográficas”, lo que es contravenido tajantemente desde los argumentos de comunidades de Pueblos Indígenas, cuyas posiciones tendrán que enfrentarse en los respectivos alegatos judiciales.

Con cerca del 30 por ciento de la producción global y la mayor reserva mundial ubicada en el salar de Atacama, Chile integra junto a Argentina y Bolivia el denominado Triángulo del litio, que guarda más de la mitad de este “oro blanco” en salmuera.

La creciente industria de automóviles eléctricos, computadoras y celulares disparó el precio del mineral en un 500 por ciento en el último año, teniendo como principales mercados a China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

En opinión de Gonzalo Gutiérrez, académico de la universidad de Chile y coordinador de la “Red Litio y Salares: Ciencia y Futuro”, vender el litio como materia prima es un grave error, pues lo que se obtiene es muy poco pues las exportaciones de 2019 representaron solo unos 900 millones de dólares, la mitad de las de vinos y 35 veces menos que el cobre.

“Poner el litio en manos privadas es una bofetada al deseo de los chilenos de dejar atrás el extractivismo. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que incorpore ciencia y tecnología”, apuntó Gutiérrez.
mgt/lpn
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/30/continua-en-chile-proceso-legal-contra-adjudicacion-del-litio

Ecuador

Proyecto Llurimagua, operado por las estatales CODELCO de Chile y ENAMI EP – Ecuador, va a juicio por vulneración de derechos


Conflicto Relacionado: Intag

En Cartas a Resumen
31/01/2022
Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.
Por DECOIN y OLCA
Este lunes 31 de enero de 2022, y luego de haber sido reagendada, se llevará a cabo la Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

La acción se dirige contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales protagonizados por la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile – CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, considerando el peligro inminente en el que está el territorio de Intag ante el proyecto que pretende explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año.

La zona donde busca instalarse este proyecto es el hogar de diversas especies, entre las que se encuentran las ranas nodriza confusa (Ectopoglossus confusus) y arlequín hocicuda (Atelopus longirostris). La primera en peligro de extinción, y la segunda oficialmente extinguida y redescubierta en 2016, según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN). Ambas especies solo existen en esta zona del planeta, pero no son las únicas en riesgo. Con ellas, hay otras quince especies más en peligro de extinción en el lugar que busca ser explotado.

El año pasado, en un caso que hizo noticia mundial, las ranas ganaron una acción constitucional que luego fue anulada por la Corte Provincial de Imbabura. El nuevo juez del caso lo desestimó sin motivos.
Esta nueva acción busca proteger tanto a las especies en peligro de extinción como a las comunidades humanas violentadas en su derecho a consulta. Todo, en aplicación de los artículos 73, 398, 61 (numeral 4) y 71 de la Constitución de Ecuador.

Pese a que el derecho a la consulta ambiental está reconocido desde 1998, el Estado ecuatoriano lo ha violado sistemáticamente a comunidades a las que afecta con actividades extractivas. Sin consulta previa, el Estado ha actuado como emisor de licencias con mediocres estudios de impactos ambientales que expresamente ignoran información relevante sobre biodiversidad única, procesos de la naturaleza y las vidas de comunidades.

Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.

En este sentido, también se ha emplazado a la empresa Codelco, estatal chilena, exigiendo el retiro del proyecto Llurimagua y dando término a las vulneraciones de derechos protagonizadas por ambas empresas estatales, tanto a las comunidades que habitan el territorio como también a los de la propia Naturaleza.
https://resumen.cl/articulos/proyecto-llurimagua-operado-por-las-estatales-codelco-de-chile-y-enami-ep-ecuador-va-a-juicio-por-vulneracion-de-derechos

Perú

Las Bambas: cuatro comunidades bloquean corredor minero del sur como protesta por demandas a la empresa


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Habitantes de las comunidades de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua volvieron a cerrar el paso de vehículos y piden presencia del presidente Pedro Castillo.
28/01/2022

En la provincia cusqueña de Chumbivilcas, los habitantes de las comunidades campesinas de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua, volvieron a cerrar el corredor minero del sur. En esta ocasión no están permitiendo que pasen vehículos que pertenezcan a la empresa minera Las Bambas, ni a unidades particulares.

El dirigente del distrito de Ccopacmarca, Cayo Huaytani, señaló que esta medida es una forma de protesta contra la empresa minera y el gobierno, ya que los acusan de recategorizar la vía comunal en “vía nacional” sin haber consultado previamente a los más de ocho mil pobladores del distrito.

“No va a pasar ni siquiera una bicicleta hasta que llegue el presidente Castillo… Tampoco vamos a aguantar el abuso de la empresa”, declaró Huaytani.

Además, el dirigente conversó con RPP e indicó que ellos le dieron un plazo de quince días al gobierno para que soluciones sus demandas, una de ellas se trataba de obras en beneficio directo de las comunidades campesinas. Estos temas fueron expuestos en una reunión con la premier, Mirtha Vásquez, el pasado 17 de enero; no obstante, no se llegó a un acuerdo ni se propusieron soluciones a las demandas.

Los residentes se negaron a firmar un acuerdo propuesto y dijeron que analizarían la situación, dado que rechazan la decisión del gobierno de cambiar la categoría de la vía de tierra que es poco usada como carretera nacional desde la apertura de la mina. El camino mencionado es utilizado todos los días por más de 200 camiones de Las Bambas para trasportar cobre, pasando por decenas de comunidades pobres que reclaman ver pocos beneficios de la mina.

Por ello, ahora los manifestantes exigen la presencia del presidente Pedro Castillo en el lugar, ya que señalan que él está en la obligación de atender sus demandas, dado que la mayoría de comuneros votó por él durante la campaña electoral. Asimismo, aseguran que el bloqueo de la carretera continuará hasta que sean atendidos por las autoridades competentes y lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

BLOQUEO INTERMINABLE

Los habitantes de las comunidades afectadas dieron aviso del bloqueo desde el miércoles como forma de presionar al Poder Judicial para resolver la demanda antes mencionada. Recordemos que esta no es la primera vez que los pobladores deciden tomar esta medida como un acto para ser escuchados, ya que desde que Las Bambas empezó a operar en 2016, la carretera ha estado bloqueada durante más de 400 días de manera intermitente.

Esto supone más de un año de trabajo interrumpido para una de las minas más grandes del país porque los pobladores no se sienten escuchados por el gobierno.
Seguir leyendo: https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/28/las-bambas-cuatro-comunidades-bloquean-corredor-minero-del-sur-como-protesta-por-demandas-a-la-empresa/

Chile, Litio

Gobierno sufre nuevo revés en licitación del litio luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó mantuviera orden de no innovar

La Segunda Sala del tribunal de alzada determinó no aceptar el recurso de reposición presentado por el Ejecutivo y que buscaba terminar con la orden de no innovar que detuvo el proceso de licitación del litio.
Hans Hansen –
30/01/2022
El Gobierno buscaba revertir la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre el proceso de licitación del litio a través de un recurso de reposición, pero el tribunal de alzada dijo otra cosa y le dio un nuevo golpe al Ejecutivo que deberá esperar lo que dice el tribunal respecto del fondo de las acciones legales que detuvieron el concurso público.

Hay que consignar que el mismo tribunal acogió el pasado 14 de enero dos recursos de protección presentados por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote y por el gobernador de Atacama, Miguel Varas, lo cual se hizo previo a la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían de explotación del litio que dio a conocer el Ministerio de Minería.

Como el tribunal dictó en esa oportunidad la orden de no innovar y se paralizó el proceso, el Gobierno presentó un recurso de reposición en el que se señala que no existen fundamentos sobre la ilegalidad del proceso de licitación, por lo que “resulta improcedente e impropio formular cuestionamientos basados en sensaciones o sentires que se alejan de la realidad”.

Incluso en la acción legal se indica que “mantener la suspensión en los términos que fuera decretada pueda asentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones”.

Sin embargo, la Primera Sala de la corte de alzada, integrada por su presidenta Marcela Ruth Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y el abogado integrante James Richards Garay, respondió con un fuerte y categórico “no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo de asunto”.
https://www.infogate.cl/2022/01/30/gobierno-sufre-nuevo-reves-en-licitacion-del-litio-luego-que-la-corte-de-apelaciones-de-copiapo-mantuviera-orden-de-no-innovar/

Chile

Nueva Constitución: Rechazan iniciativa convencional que buscaba establecer estatuto constitucional de la minería

Propuesta buscaba conservar en la Nueva Constitución aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.
27/01/2022
Minería Chilena
Esta iniciativa convencional constituyente había sido presentada por los convencionales Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

En la propuesta se señalaba que, dada la enorme contribución de la minería tanto pública como privada al desarrollo y prosperidad del país, la que va mucho más allá de los recursos fiscales que genera, se propone en la propuesta de nueva Constitución conservar aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.

Es así como en concreto, se proponía lo siguiente:

Establecer, en primer lugar, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado.
Mantener que la constitución y extinción de las concesiones sea por resolución judicial.
Reservar a una ley de alto quórum (aprobada por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio) la determinación de las sustancias concesibles, la duración de las concesiones y las causales de extinción del dominio sobre las concesiones.
Se eleva a nivel constitucional que el régimen de amparo se traduce en el pago de una patente.
Consagrar el derecho de propiedad sobre la concesión minera y su protección vía recurso de protección.
https://www.mch.cl/2022/01/27/nueva-constitucion-rechazan-iniciativa-convencional-que-buscaba-establecer-estatuto-constitucional-de-la-mineria/

 

Chile

Concesiones mineras en territorios indígenas podrían ser anuladas

La Convención Constitucional aprobó en general los artículos transitorios que permiten revocar permisos de explotación minera y mega proyectos de generación eléctrica otorgados “sin consentimiento previo” de la comunidad.
28/01/2022
Minería Chilena

La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de restitución de los territorios indígenas. En ésta se establece el mecanismo de saneamiento, catastro y restitución de tierra, y anula las concesiones para proyectos mineros y empresariales ubicados en territorios que pertenezcan a pueblos indígenas “sin consentimiento previo”.

Un artículo transitorio de la normativa indica “decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”.

Esta nulidad deberá decretarse, “cuando estos 10 permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado”.

La normativa también señala que “se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos, autorizaciones o concesiones en un plazo no mayor a 2 años, después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.

Luego de ser votadas en general, los constituyentes podrán presentar indicaciones para pasar a su discusión en particular. Finalmente, pasará al Pleno, donde deberá ser ratificado para formar parte del borrador de la nueva Constitución.
https://www.mch.cl/2022/01/28/concesiones-mineras-en-territorios-indigenas-podrian-ser-anuladas/

Perú

ENTRE CHOROPAMPA Y VENTANILLA- EDITORIAL

BOLETÍN AMP 271- ENERO 2022
COOPERACCION
El derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Son varios los factores que han hecho que esto ocurra: en primer lugar, la magnitud del hecho -se habla del mayor derrame de petróleo de la historia del país-; la reacción inaceptable e indignante de la […]

El derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Son varios los factores que han hecho que esto ocurra: en primer lugar, la magnitud del hecho -se habla del mayor derrame de petróleo de la historia del país-; la reacción inaceptable e indignante de la empresa Repsol, responsable del desastre; y también, hay que decirlo, el hecho de que el derrame se haya producido frente a la zona marino costera de Lima y Callao, muy cerca de todos los reflectores y no, como muchas veces ocurre, en una zona apartada.

Como se ha recordado en estos días, lamentablemente los derrames no son acontecimientos excepcionales en nuestro país: entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, sobre todo en la Amazonía y, según el portal Convoca, en tiempos de pandemia han ocurrido 14 derrames, sin contar los de las últimas semanas.

Ya sea por hidrocarburos, derrames o colapsos de algún tipo de componente operativo de otra actividad extractiva, como la minera, el comportamiento de las empresas involucradas parece ser el mismo: tratan de ocultar o minimizar lo ocurrido, pese a que esa decisión puede afectar gravemente a poblaciones y ecosistemas, porque seguramente para las empresas, Dios (y el Estado peruano) perdona el pecado pero no el escándalo.

Algunos ejemplos: hace unos años -para ser más exactos, el 2 de junio del año 2000- se produjo el derrame de 151 kg de mercurio metálico, lo que afectó a más de un millar de campesinos en la localidad de Choropampa. En medio de una total desinformación sobre los graves riesgos que podía ocasionar el mercurio derramado, según un informe de la Defensoría del Pueblo[1] se comprobó que la empresa Minera Yanacocha hizo una oferta pecuniaria “para tratar de recuperar dicho producto tóxico, lo cual generó que no se sigan las recomendaciones que efectuara la Dirección Regional de Salud para su manipulación, incentivando que muchos pobladores con el afán de obtener algo de dinero, manipularan el mercurio sin las debidas condiciones de seguridad”. Por supuesto, la información de lo que había pasado en Choropampa no llegó de manera oportuna a los organismos públicos competentes.

En el caso del derrame de crudo en las playas de Ventanilla, vemos el mismo patrón de comportamiento. Hemos pasado de una primera versión de la empresa, el 15 de enero, de un derrame de 0.16 barriles de petróleo a 6 mil barriles en los días siguientes, con un impacto hoy en día, en 1´186,966 metros cuadrados de mar. Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha comenzado a desbaratar las versiones de Repsol, que atribuía el hecho a la erupción volcánica en Tonga y el oleaje anómalo: para los especialistas del Osinergmin, el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el Terminal Multiboyas N°2, y todo indica que la empresa habría buscado eludir su responsabilidad.

¿Pero estos derrames recurrentes se pueden seguir llamando accidentes? En un reciente artículo, Eduardo Gudynas señala que no lo son y que son consecuencias inevitables de este tipo de actividades: “En el sector petrolero no existen emprendimientos que sean a prueba de pérdidas o derrames. Lo que puede lograrse con una adecuada gestión tecnológica y una mejor vigilancia es reducir la frecuencia de esos eventos, permitir una rápida respuesta para acotar el volumen que afectará el ambiente, y mejorar las medidas para limpiar los sitios afectados. Esta condición se repite en muchos emprendimientos de alta complejidad, como la explotación petrolera en selvas o mares, o la megaminería”. Concluye la idea señalando que “podrán ser más o menos frecuentes, más o menos graves, pero siempre estarán allí”.

Por lo tanto, estas actividades, hidrocarburos, minería, entre otras, son de alto riesgo, y deben ser reguladas de manera eficaz por el Estado. No hay que olvidar que desde diferentes grupos de interés, desde hace un buen tiempo, se ha buscado debilitar la institucionalidad ambiental: por ejemplo, la Ley 30230 -el denominado paquetazo ambiental del año 2014- puso en la congeladora al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y debilitó su capacidad sancionadora. Además, empresas integrantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía quisieron traer abajo el aporte por regulación[2] que deben pagar a las empresas para que organismos como el Oefa se puedan sostener.

Una de las lecciones de este desastre ecológico es que en el Perú tenemos mucho por hacer para desarrollar la regulación e institucionalidad ambiental y, al mismo tiempo pensar en los escenarios de transición del esquema extractivista predominante que, como hemos vuelto a comprobar, es profundamente depredador.
[1] Informe Defensorial N°62. Diciembre 2001.
[2] El Aporte por Regulación (APR) es una contribución destinada al sostenimiento institucional de los organismos reguladores, aplicado a las empresas y entidades bajo su regulación según lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios.