Chile, Internacional

«La revolución climática es feminista»

Mujer chilena anti-minería lidera la acción en Londres
Publicado por MAC en 2020-03-12
Fuente: Red Minera de Londres (LMN) (2020-03-12)
La oponente de la minería, la chilena Javiera Martínez, salió a las calles de Londres en una manifestación militante para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Su discurso se reproduce a continuación – con el agradecimiento de la Red Minera de Londres.

¡La revolución climática es feminista!
por Lydia
Red de Minería de Londres
8 de marzo de 2020
La activista chilena y voluntaria de la LMN Javiera Martínez participó hoy en una acción con XR [Rebelión por la Extinción] en el centro de Londres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bloquearon el Puente de Waterloo para la acción que estableció los vínculos entre la justicia climática y la justicia para las mujeres de todo el mundo. Este es el discurso de Javiera a continuación:

«Soy Javiera Martínez, de Chile, América Latina y parte de la Red Minera de Londres, donde trabajamos junto con las comunidades indígenas que han sido afectadas por el extractivismo minero de las empresas con sede en Londres. Estoy aquí con mi bufanda verde que representa nuestra lucha feminista en América Latina, que es antineoliberal, antiextractivista, antirracista, anticolonial, antipatriarcal y disidente. También con mi parche que representa a todas las víctimas de lesiones oculares y violaciones de los derechos humanos en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera.

Actualmente en Chile tenemos más de 4.000 personas heridas y 400 de ellas con lesiones graves y han perdido los ojos por exigir dignidad, como es el caso de Fabiola Campillay, una mujer de 36 años. De igual manera, cientos de mujeres han sido víctimas de violencia política sexual por parte de la policía. Estoy aquí en representación de mi pueblo y de la lucha feminista latinoamericana que está reclamando justicia y derechos.

En Chile estamos viviendo una profunda crisis política y social después de 30 años de abusos sistemáticos y violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál es la causa? El neocolonialismo y el sistema neoliberal que ha llevado a la precariedad de nuestras vidas, que ha beneficiado al sistema extractivista, que degrada nuestra tierra y explota nuestra naturaleza; esto nos ha estado matando durante años. Estamos viviendo una tremenda crisis climática y es nuestra gente, nuestra gente más pobre y nuestras mujeres las más afectadas. Mientras las grandes empresas extractivas siguen acumulando riqueza en los países del Norte Global, nuestra gente, la fauna y el agua se están consumiendo.

Esta lucha es una lucha histórica, en este momento, más de un millón de personas se están manifestando en Chile para exigir justicia por todos estos abusos. Estamos aquí por todas las mujeres que han estado luchando por nuestros derechos, porque somos una importante fuerza productiva y somos mujeres que históricamente hemos defendido nuestros territorios, nuestra agua y nuestros derechos.

Hoy en Chile y en América Latina, como resultado de la crisis climática, tenemos una mega sequía, una crisis de agua nunca antes vista. Como consecuencia de la acción extractivista nuestra tierra se está secando y millones de mujeres han perdido su principal fuente de desarrollo por falta de agua. Pero eso no es todo! cuando demostramos que hemos sido asesinados, torturados y violados.

Estadísticamente, América Latina es el lugar más peligroso del mundo para las mujeres defensoras del medio ambiente, que conocen la tierra, que luchan en silencio desde sus comunidades o desde su posición de líderes, han sufrido violencia y represión. Hoy quiero recordar a Berta Cáceres, una activista indígena de Honduras que se pasó la vida luchando por la defensa del río Gualcarque y que, tras amenazar con oponerse a la central hidroeléctrica de Agua Zarca, fue asesinada.

Quiero recordar a todas esas mujeres, que son ríos que fluyen en la resistencia, que saben que la lucha feminista va de la mano de la justicia socioambiental y para ellas, nuestro llamado es a no salir a la calle, a seguir luchando, a seguir denunciando.

Abrir la chaqueta! – Tengo que quitarme la ropa!

¡La revolución será feminista o no será una revolución!

Dirección:

London Mining Network,
Finfuturo,

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Perú

Metales Tóxicos, el otro «enemigo invisible»

31/03/2020
Abel Gilvonio
Foto: CAAAP
Publicado por Cooperaccion
El coronavirus salió de China, pasó por Europa y llego a Perú dejando a su paso miles de muertos. En nuestro país, como resultado de la decisión acertada del presidente Martín Vizcarra, se viene resistiendo al embate de este virus mortal a pesar de tener en estos momentos un sistema de salud pública muy debilitado por el neoliberalismo.

Pero el coronavirus no es el único problema de salud pública y nuestros ancianos y niños tampoco son las únicas poblaciones vulnerables que tiene el país. Es una verdad de perogrullo decir que en el Perú existen ciudadanos más vulnerables que otros. Nuestras escandalosas desigualdades y miserias en estos momentos de crisis por el coronavirus, nos muestran lo que siempre estamos intentando maquillar u ocultar. A pesar del discurso oficial que presenta al Perú del boom extractivo y de los mejores indicadores macroeconómicos, tenemos poblaciones vulnerables como los afectados por tuberculosis, enfermos con VIH, anémicos, desnutridos, tísicos y también tenemos a ciudadanos y ciudadanas afectados por metales tóxicos[1].

Me quiero detener aquí para hablar sobre la vulnerabilidad de las y los afectados por metales tóxicos. Hoy todos sabemos qué es el coronavirus y cómo actúa en el cuerpo, sin embargo muchos seguimos sin entender qué son los metales tóxicos y cuál es el impacto en las personas, es decir, cómo se moviliza por nuestros territorios y cuerpos este “enemigo invisible”.

Lo primero que hay que saber es que estos metales se pueden encontrar en la corteza terrestre de forma natural. Sin embargo, la mayor causa de contaminación ambiental y exposición del ser humano se debe a las actividades antropogénicas como la minería, la industria, la agricultura intensiva y el uso doméstico donde también podemos estar expuestos a estos metales. Lo segundo es que según la OMS, el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio tienen un alto grado de toxicidad y constituyen una preocupación para la salud pública mundial. El 2018 en nuestro país el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció que este era un problema de salud pública nacional y que era necesario tomar medidas para la atención de las personas afectadas por metales tóxicos.

Un diagnóstico rápido de este “enemigo invisible” nos muestra que este problema de salud pública se mueve en distintas dimensiones: la territorial; la técnico científica; la legal y; la institucional.

En la dimensión territorial este “enemigo invisible” sigue siendo un problema a resolver principalmente por la ubicación de las zonas de riesgo. Hasta ahora lo que tenemos es un mapa publicado por el 2018 que se denomina “Mapa de exposición a metales pesados en regiones-agosto 2018”. Lamentablemente no se ha avanzado en construir un mapa de zonas de riesgo con enfoque multisectorial, es decir un mapa del territorio que pueda cruzar data de pasivos ambientales mineros y petroleros de alto y muy alto riesgo, de cuerpos de agua contaminadas de la Autoridad Nacional del Agua, de agua contaminada de consumo humano directo y de población expuesta a metales tóxicos y el registro de dosados por el MINSA como se propuso en las mesa técnica del Congreso de la República.[2]

En la dimensión técnico científica evaluamos dos aspectos: a) la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano y b) la vigilancia epidemiológica. En el primero el MINSA ha identificado algunos de los metales por encima de los valores límites permisibles. Así por ejemplo, se ha encontrado la presencia de arsénico en algunas localidades de las regiones de Loreto, Cajamarca, Pasco, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Plomo en algunas localidades de Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Pasco, Junín, Ica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Moquegua. Y mercurio en algunas localidades de los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Ica y Ayacucho.

En la dimensión legal algunos de los afectados y afectadas por metales tóxicos han recurrido legalmente a instancias jurídicas nacionales y supra nacionales, obteniendo resoluciones favorables con mandatos de cumplimiento obligatorio por parte del Estado peruano. El mandato de cumplimiento se orienta sobre todo al sector salud a través de medidas cautelares y/o resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que por regiones se distribuye así: Amazonas (1), Callao (1), Loreto (2), Madre de Dios (1) y Cusco (1)[4]

Para terminar en la dimensión institucional, nos encontramos con los siguientes problemas no resueltos hasta ahora: (1)la promesa incumplida por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM de instalar una Comisión Multisectorial de alto nivel para atender a los miles de ciudadanos que reclaman una atención preventiva y especializada; (2) la falta de compromiso del Ministerio del Ambiente para asumir la secretaría de esta comisión; (3) la falta de un mayor presupuesto nacional para atender este problema; y (4) los retrasos del MINSA para aprobar una propuesta de abordaje integral para los afectados por metales tóxicos. Todo esto demuestra que el Estado, más allá de las palabras, no muestra la voluntad política para solucionar este problema de salud pública nacional mientras se sigue extendiendo en el país.

Sabemos que este tiempo de emergencia nacional sanitaria nos demanda unir todos los esfuerzos para poder salir airosos de la batalla contra el coronavirus. Pero eso no debe implicar que nos olvidemos y no demandemos la atención contra ese otro “enemigo invisible” que viene afectando la salud de miles de peruanos y peruanas.

[1] El año 2017 en el Primer Encuentro Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos se asumió esta definición para resumir “metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”

[2] Resumen de avances y pendientes de la Mesa Técnica “Políticas para la Atención y Prevención Integral de la Afectación de la Salud por Contaminación con Metales Tóxicos y otros, asociados a minería e hidrocarburos”

[3] Documento técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas.”

[4] Resolución de Gerencia General N°173 –GG-ESSALUD-2020.

Internacional

MINERÍA SUBMARINA

31/03/2020
Los geólogos saben desde hace tiempo que el fondo marino está lleno de metales: cobre, níquel, plata, oro, platino e incluso diamantes. Se presentan como costras de sulfuro alrededor de respiraderos oceánicos profundos, en capas de sedimentos delgados y como trozos que yacen en el fondo del mar.

Fuente: World Energy Trade

Mucha gente imagina que el fondo marino es una vasta extensión de arena, pero es un paisaje irregular y dinámico con tanta variación como cualquier lugar en tierra. Las montañas surgen de las llanuras submarinas, los cañones se extienden a kilómetros de profundidad, las aguas termales surgen a través de fisuras en la roca, y las corrientes de salmuera pesan en las laderas, que se acumulan en lagos submarinos.

Estos picos y valles están unidos con la mayoría de los mismos minerales que se encuentran en la tierra. Los científicos han documentado sus depósitos desde al menos 1868, cuando un barco de dragado extrajo un trozo de mineral de hierro del fondo marino al norte de Rusia.

Cinco años después, otro barco encontró pepitas similares en el fondo del Atlántico, y dos años después descubrió un campo de los mismos objetos en el Pacífico. Durante más de un siglo, los oceanógrafos continuaron identificando nuevos minerales en el fondo marino: cobre, níquel, plata, platino, oro e incluso piedras preciosas, mientras que las compañías mineras buscaron una forma práctica de desenterrarlos.

MINERÍA SUBMARINA: REGULACIONES
Las regulaciones para la minería oceánica nunca se han establecido formalmente. Las Naciones Unidas han encomendado esa tarea a una oscura organización conocida como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que se encuentra en un par de edificios de oficinas grises en el borde del puerto de Kingston, en Jamaica.

A diferencia de la mayoría de los organismos de la ONU, la ISA recibe poca supervisión. Está clasificado como «autónomo» y está bajo la dirección de su propio secretario general, quien convoca su propia asamblea general una vez al año, en la sede de la ISA. Su misión no es evitar la minería en el fondo marino, sino mitigar su daño: seleccionar lugares donde se permita la extracción, realizar un Código de Minería Submarino.

Escribir el código ha sido difícil. Los miembros de ISA han tenido problemas para acordar un marco regulatorio. Mientras debaten las minucias de la eliminación de residuos y la preservación ecológica, la ISA ha otorgado permisos exploratorios en todo el mundo.

Unos 30 contratistas de minerales ya tienen licencias para trabajar en amplias regiones de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Un sitio, a unas 2.300 millas al este de Florida, contiene el sistema más grande de aguas termales subacuáticas jamás descubierto, un paisaje fantasmal de torres blancas altísimas que los científicos llaman la «Ciudad Perdida».

Otro se extiende a través de 4.500 millas del Pacífico, o aproximadamente una quinta parte de la circunferencia del planeta. Las compañías con permisos para explorar estas regiones han recaudado sumas impresionantes de capital de riesgo. Han diseñado y construido vehículos experimentales, los han bajado hasta el fondo y han comenzado a probar métodos de dragado y extracción, mientras esperan que la ISA complete el Código de Minería y abra las compuertas para la extracción comercial.

¿CUÁL ES EL PLAN?
A plena capacidad, estas compañías esperan dragar miles de millas cuadradas al año. Sus vehículos de recolección se arrastrarán por el fondo en filas sistemáticas, raspando las cinco pulgadas superiores del fondo del océano. Las naves de arriba extraerán miles de libras de sedimento a través de una manguera hacia la superficie, eliminarán los objetos metálicos, conocidos como nódulos polimetálicos, y luego arrojarán el resto al agua.

Parte de esa suspensión contendrá toxinas como el mercurio y el plomo, que podrían envenenar el océano circundante durante cientos de millas. El resto derivará en la corriente hasta que se asiente en los ecosistemas cercanos. Un estudio anterior realizado por la Real Academia de Ciencias de Suecia predijo que cada barco minero liberará alrededor de 2 millones de pies cúbicos de descarga todos los días, suficiente para llenar un tren de carga que tiene 16 millas de largo.

Los autores llamaron a esto «una estimación conservadora«, debido a que otras proyecciones habían sido tres veces más altas. En cualquier medida, concluyeron, «un área muy grande estará cubierta por sedimentos de tal manera que muchos animales no podrán hacer frente al impacto y comunidades enteras se verán gravemente afectadas por la pérdida de especies».

En la reunión de ISA en 2019, los delegados se reunieron para revisar un borrador del código. Los funcionarios esperaban que el documento fuera ratificado para su implementación en 2020.

CONCLUSIÓN – COMPRENDER EL IMPACTO DE LA MINERÍA EN AGUAS PROFUNDAS
“A medida que la sociedad avance hacia la conducción de más vehículos eléctricos y la utilización de energía renovable, habrá una mayor demanda de estos minerales, para fabricar las baterías necesarias y así descarbonizar la economía», dice Peacock, profesor de ingeniería mecánica y director de Dinámica Ambiental del MIT.

Forma parte de un equipo internacional de investigadores que ha estado tratando de comprender mejor el impacto ambiental de la recolección de nódulos polimetálicos, un proceso conocido como minería en aguas profundas.

NOALAMINA

Perú

Frente al coronavirus, ATENCIÓN NACIONAL para los afectados por metales tóxicos

30/03/2020
Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte – ORPIAN-P
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT
Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
Comunidad Nativa Wachapea Amazonas
Comunidad Nativa Pakun Amazonas
Centro Poblado de Paragsha Pasco
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE)
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
Frente Callao Dignidad
Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua
Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac
Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri
Comuneros de San Antonio Huarochiri
Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo
Consejo Regional de la Mujer Huancayo
Comunidad de Óndores Junin
Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO
CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya
Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
La Pastoral Social del Vicariato de Jaén
La Red Huamachuco
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Red por una Globalización con Equidad – RedGe
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Red Muqui
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF
Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Earthrights International – ERI
Oxfam en Perú
APRODEH
AIDA
Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud

Honduras

The Nation: Las guerras mortales por el agua en Honduras

Por: Jared Olson
En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía.

La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.

Así que, si quieres ver el enorme complejo de extracción de minerales que se está construyendo aquí en el exuberante valle del Bajo Aguán de Honduras, tienes que pasar por Guapinol, una de las aldeas que muchos temen que la mina envenene. Se asciende por un sendero de rocas cubierto de barro, pasando por una línea de alambre de púas para llegar a un terraplén de hierba. Desde allí, se pueden ver las excavadoras, los camiones, las hileras de pilotes de hormigón y el enorme agujero marrón raspado de los verdes suelos del valle. La mina, cuya fábrica de procesamiento de óxido de hierro será la más grande de América Central, aún no ha sido construida. Pero ya se está derramando sangre sobre ella.

«Vivimos con miedo todos los días», dice Reinaldo Domínguez, un residente de El Guapinol, mirando a lo lejos la obra en construcción.

Aquí, en el corazón del Parque Nacional Carlos Escaleras, en la cabecera de docenas de ríos, se está desarrollando un mortal conflicto por el agua entre la oligarquía local, que intenta extraer el mayor valor posible de esta zona, y los habitantes de las pequeñas aldeas del valle, que dependen de los ríos para gran parte de su sustento y su vida. Esta tampoco es la primera vez que estas dos fuerzas se enfrentan en el valle. Más bien, este conflicto es una continuación de más de 25 años de sangrientas luchas entre los gobernantes de facto del valle y la gente que vive bajo ellos.

En sus enormes desigualdades de riqueza y disparidad en la propiedad de la tierra, Honduras no se diferencia mucho del resto de América Latina, su oligarquía de la era colonial impulsada indirectamente por la ayuda financiera y militar de más de un siglo de gobiernos estadounidenses. Con su fortuna económica estrechamente vinculada a los precios del banano en la primera mitad del siglo XX y a los productos agrícolas como la carne de vacuno y el café en esta última, Honduras se convirtió en un país que apoyaba a un pequeño grupo de ricos propietarios de plantaciones a espaldas de un grupo mucho mayor de trabajadores mal pagados. Esta situación se vio sacudida en cierta medida por la presidencia de Manuel Zelaya, que tras su elección en 2006 dio un giro en sus políticas hacia la izquierda. Pero el breve coqueteo del país con las políticas progresistas llegó a su fin en 2009, cuando un golpe militar derrocó a Zelaya. Desde entonces, la impunidad por los crímenes corporativos no ha hecho más que aumentar y la violencia utilizada para perpetuar la desigualdad se ha disparado.

Uno de los primeros campos de batalla después del golpe fue aquí en el valle del Bajo Aguán. En los años 90, beneficiándose de las medidas de ajuste estructural lideradas por el FMI y en un entorno en el que los activistas campesinos estaban siendo asesinados o desaparecidos, Dinant, una corporación hondureña de bienes de consumo fundada por Miguel Facussé Barjúm, había logrado comprar la tierra a los campesinos para construir una enorme plantación de palma aceitera africana. Durante los años noventa y principios de la década de 2000, los campesinos sin tierra habían llevado a cabo una constante campaña legal y burocrática para recuperar 28 fincas que habían sido tomadas por Dinant, sin éxito. Poco después del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, los campesinos decidieron reasentar ellos mismos las tierras, trasladándose a edificios abandonados y estableciendo campamentos en sus antiguas tierras. Esto no le sentó bien a la oligarquía local asociada a Dinant, y la violencia comenzó casi inmediatamente después.

Entre 2010 y 2014, más de 150 campesinos fueron asesinados o «desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los residentes del valle con el ejército hondureño, la policía local y los guardias de seguridad privada fuertemente armados, que a menudo trabajan en grupos, según el informe de The Guardian. El Aguán fue testigo de una forma de guerra de baja intensidad: Hubo acusaciones de tortura, se quemaron aldeas y se desplegaron más de 8.000 soldados en el valle.

A finales de 2013, los Facussésy sus aliados decidieron ampliar sus inversiones aprovechando una medida ejecutada apresuradamente para redimensionar las tierras protegidas en la Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La Empresa MineraEMCO había estado presionando para obtener una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas oscuramente dentadas que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca hidrográfica de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se vierten hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas hasta el Mar Caribe.

El proyecto, que se preparaba para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por personas de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa estaba presuntamente involucrada en los asesinatos del conflicto de tierras.

«Es la misma gente que dirige el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirigen el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant… Son los mismos actores».

El gobierno concedió el permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares, (anteriormente la empresa minera EMCO, de la que son copropietarios Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, fallecido en 2015, era partidario del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, y había sido calificado por la Embajada de Estados Unidos como «el empresario más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades estaban siendo utilizadas para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición que ocurrieron durante el conflicto de tierras por la plantación de palma de Dinant en el Bajo Aguán -que investigaron como un corte transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones- encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».

Cuando se le contactó para que comentara sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se ha encontrado que los empleados de la empresa hayan «realizado actividades ilegales, utilizado fuerza inapropiada o conspirado contra ninguna persona u organización». La declaración también decía que «La Compañía condena enérgicamente la violencia, las confiscaciones criminales de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos».

Al igual que en la Honduras posterior al golpe de Estado, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: El 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del Presidente Porfirio Lobo Sosa, los diputados hondureños encabezados por el conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para redimensionar Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, cortando 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el redimensionamiento del terreno, las primeras concesiones mineras exploratorias fueron otorgadas a la empresa minera EMCO, el nombre anterior de Inversiones Pinares, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.

«De la manera en que lo hicieron, la empresa minera tuvo la oportunidad de que se le diera la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, diputado del partido opositorLIBRE por Colón, donde se encuentra el valle del Aguán. «Fue un engaño: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».

En los años transcurridos desde 2014, el proyecto ha enfrentado la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como Guapinol, que se sustentan del caudal del río Guapinol que conecta a Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna jurídica bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, fue clasificado como no metálico en el momento en que la empresa recibió su concesión.

«La ley de minería de Honduras dice que el óxido de hierro no es un metal», explica Esly Banegas, un dirigente sindical de la cercana Tocoa cuyo hijo y ex marido fueron asesinados en el conflicto de tierras. (Esta laguna jurídica se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).

Saltando entre los cúmulos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se ciernen como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes acrílicos astillados, mensajes de amor al agua que pasa.

«Te queremos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».

En este lugar, el verano pasado, se informó que un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde pasa por el pueblo homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.

Cruzando a la orilla opuesta, a apenas 20 pies dentro del bosque, Domínguez nos muestra donde la valla perimetral de la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Tiene 15 pies de altura, cubierta con gruesas y frescas bobinas de alambre de púas que corren a lo largo de la valla hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la valla, se pueden ver las crestas distantes de los terraplenes de tierra y se puede oír, muy débilmente, el sonido de los equipos pesados trabajando.

«Tememos por nosotros mismos», concede Domínguez. «Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos».

Ocho personas, entre ellas líderes comunitarios, trabajadores de la mina y policías militares, han sido asesinadas en relación con la propuesta mina de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque los motivos de algunos de los asesinatos han seguido siendo turbios, y ciertos investigadores han atestiguado que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cártel de la droga con el de la empresa minera, las muertes han alimentado una campaña mediática sostenida tanto por parte de Pinares como del gobierno hondureño para criminalizar el movimiento social contra las minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una banda armada antiminas, acusación de la que hay poca o ninguna prueba.

«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de las organizaciones y de las personas… Lo mismo [ocurrió] con Berta Cáceres [la asesinada activista indígena hondureña del medio ambiente]». Fue el mismo patrón: criminalizarlos, hacer ataques a través de los medios y redes sociales, perfiles falsos, inventar noticias».

El fantasma de las consecuencias medioambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras tras el golpe de 2009. La mina San Martín, en la región del Valle de Siria, por ejemplo, que sólo operó entre 2000 al 2009, y a pesar de la retórica de preocupación ambiental de la empresa matriz, se hizo famosa por producir altos y duraderos niveles de cianuro, arsénico y mercurio en las comunidades aledañas y por el acoso de los ambientalistas que se resistían a su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, en caso de que la mina de Pinares avance , sus comunidades soporten una carga similar.

«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de Lempira.

Las tensiones por la mina Guapinol comenzaron a hervir en mayo de 2018, cuando, frustrados por la continua presencia de la mina y la aparente aquiescencia de las autoridades municipales ante ella, los residentes ocuparon el edificio municipal de Tocoa durante once días.

Cuando eso falló, los residentes contra la mina cambiaron de estrategia.

«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «¿Por qué no van a tomar el camino que usó Inversiones Los Pinares en vez de tomar el edificio municipal? Y así lo hicimos.»

El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, desde el 1 de agosto hasta el 27 de octubre de 2018. Para entonces, las apuestas ya eran elevadas: El agua del río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la perspectiva de usar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.

«El agua bajó con aspecto de chocolate debido a la empresa», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del Agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no se podía utilizar para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos salían completamente llenas de barro. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad.»

«Las mujeres de la comunidad decían: ‘Dios mío, qué vamos a hacer con este río sucio, porque el agua que una vez se recogió en tu piel era puro barro'», dice Dilma Cruz, la madre de Sorto Cedillo. «Los jóvenes también la bebían».

Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que la comida y los suministros no pudieran entrar, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.

Rigoberto Hernández, residente en El Guapinol, se encontraba en el campamento ese día cuando fue rozado por una bala disparada por personas que él cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.

«El siete de septiembre», dice, «estábamos en el campamento defendiendo el medio ambiente, nuestra agua, cuando fui alcanzado por una bala en la espalda, a manos de [la gente que trabaja para la mina]. Era incoherente. No podía caminar. Me llevaron en un coche a una clínica, y comencé mi recuperación, poco a poco».

Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto para 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que desencadenó una serie de redadas y operaciones de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que «los desalojarían «, una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.

«Parecía una guerra», un testigo le dijo a un periodista de la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.

Las fuerzas de seguridad dispararon ráfagas de gas lacrimógeno antes de abrir fuego a bala viva. En el subsiguiente bombardeo, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, resultó muerto. Sin embargo, esa misma tarde, después de que rompieran el campamento y siguieran persiguiendo a los manifestantes hasta la aldea de Ceibita, también murieron dos policías militares.

«Lo extraño de esto fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de la televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a reportar esta historia. «Después, el ejército y la policía entraron en las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a nadie con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación.»

Según un investigador de derechos humanos que ha presentado su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y que compartió el documentocon nosotros bajo la condición de anonimato, las muertes de los dos policías militares en la dispersión del campamento pueden haber sido un caso de lucha interna de los cárteles que fue reformulado para criminalizar el movimiento contra las minas.

Este investigador, de acuerdo con numerosos líderes de derechos humanos entrevistados en el valle, dijo que era probable que las licencias de exploración minera otorgadas durante los últimos días del presidente Lobo estuvieran controladas por Javier y Devis Lionel Rivera Maradiaga, líderes del cártel de drogas de Cachiros, y que muy poco después Pinares recibió una licencia de explotación vecinal. En 2015 los hermanos Rivera Maradiaga se convirtieron en informantes protegidos por la DEA, lo que llevó a la extradición del hijo del ex presidente Lobo, Fabio Lobo. Devis Lionel Rivera Maradiaga testificó que Lobo había recibido un avión de drogas en una de las propiedades de Miguel Facussé Barjúm y reconoció que dos políticos clave que apoyaban a Pinares, el alcalde de Tocoa Adán Fúnez y el diputado de Colón Óscar Nájera, eran socios de Cachiro. Facussé había negado previamente cualquier implicación con el aterrizaje del avión de la droga en su propiedad.

Los informes reunidos por el investigador de derechos humanos indican que ex funcionarios de los Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que, según se dice, eran de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 en el que murieron oficiales de la policía militar, que el investigador encontró pruebas que sugerían que era el resultado de las luchas internas entre los ex asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaran violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hasta Ceibita y disparando gas lacrimógeno contra sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y los militares hondureños.

No pudimos contactar con Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si Facussé quería comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la empresa son transparentes sobre la actividad de la empresa y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero sólo cuando se hacen en persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro reportaje principal, pero debido a que el representante insistió en que sólo podía realizarse en persona en lugar de a través de Skype, esto no fue posible para La Nación. No se ofreció una entrevista con Facussé.

Pinares, que accedió a dar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto se adhiere a los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ecologistas», sugiriendo que muchos son criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina por lo demás responsable, no contaminante y creadora de puestos de trabajo.

Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, lideresa de la comunidad de Guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios de los manifestantes decidieron presentarse ante el tribunal de Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de temor a la ley.

Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con reputación de ser tan peligrosa que el COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la ha descrito como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, aún permanecen encarcelados.

«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es: ‘Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país’. Si dejamos de luchar contra la compañía minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».

Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a gente inocente». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos por su activismo, un hombre se paró fuera del evento de entrega de premios entregando volantes que mostraban cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.

Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: El 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua en Guapinol, emitió un comunicado de prensa detallando cómo, en numerosas ocasiones, se había sentido a punto de ser secuestrado por hombres con atuendos militares que le advirtieron que «no se metiera con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, que mientras ayudaba a nuestro reportaje para este artículo también investigaba el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una camioneta nueva de doble cabina se desvió abruptamente delante de él. Un hombre saltó fuera. «Estás hablando un montón de mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas.» El camión patinó en un torbellino de polvo, lanzando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos con el narcotráfico en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.

A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionando para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, un cabildo abierto, o «comunidad abierta»se celebró finalmente en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, entre ellas el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de la minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron un acta para ser llevada al Congreso que ordenaría a Pinares y a cualquier otra corporación minera a abandonar la zona. Pero eso no ha cambiado mucho sobre el terreno: La construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo de base continuará.

Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado difundido después de la reunión que a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de los Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».

El equipo pesado de construcción todavía se puede oír pasar a todas horas del día. Las patrullas militares continúan a través de las aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas en Tocoa de COPA, una organización campesina a la vanguardia de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada «desde lugares oscuros», fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre y luego el 26 de enero.

«Lamentablemente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de falsos ambientalistas sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna prueba acusan a personas respetables que han decidido invertir en una zona donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la inseguridad jurídica causada por invasores de oficio que obtienen beneficios económicos de esta actividad».

Para muchos de los que viven cerca de la infraestructura de la mina, a la sombra de Carlos Escaleras, en las orillas de los ríos Guapinol, San Pedro y Aguán, la realidad augura un futuro mucho más oscuro.

«Imagina tener grandes camiones pasando por tu casa día y noche, día y noche. Un sonido constante. Nos afecta bastante», dice doña Reina Ordoña, de La Lempira.

«Si la empresa sigue adelante con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, el tesorero de la COPA, y ex-preso encarcelado por resistirse a la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán forma de vivir. No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia.»

Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en la documentación de las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentre más de su trabajo aquí.
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1477-the-nation-las-guerras-mortales-por-el-agua-en-honduras

Chile

HACE 55 AÑOS CHILE VIVE UNA DE SUS PEORES TRAGEDIAS

Olca Chile
Cientos de personas, todo un poblado quedó sepultado bajo un alud de desechos tóxicos provenientes del relave de la mina «el soldado», hoy propiedad de la transnacional Angloamerican. Fue un 28 de Marzo de 1965 cuando producto de un movimiento sísmico dos tranques de relaves colapsaron y dejaron sepultado al pequeño poblado «El Cobre» en la localidad de El Melón, costando la vida de cientos de personas, muchas de ellas nunca encontradas bajo las toneladas de desperdicio tóxico.
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En la actualidad la comunidad de El Melón lucha para evitar la expansión del tranque de relave «El Torito», el que podría acumular hasta 80 veces más lo derramado en 1965, dejando en total indefensión a miles de personas de los poblados colindantes al Melón y en serio riesgo de contaminar aún más los cauces de agua y afluentes del río Aconcagua.
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Chile se repleta de relaves, varios de ellos abandonados sin vigilancia ni medidas de mitigación tras el cierre de faenas mineras. LA PANDEMIA ESTÁ INSTALADA EN CHILE Y LA CONTAGIAN LAS MEGA INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
¡No olvidar!

Colombia

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

By Redacción @CIAR_Global · On 30 marzo, 2020

La compañía minera británica South32 SA Investments Limited ha solicitado un arbitraje de inversiones conta Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda de arbitraje fue registrada el 27 de marzo de 2020 y la minera invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-Reino Unido de 2010.

A raíz de un comunicado en la página web que South32 posee en relación con el proyecto de minería de níquel Cerro Matoso, podríamos inferir que el conflicto puede estar relacionado con: “el inicio de una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de La República por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012 y en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012”.

En el comunicado fechado el 19 de febrero de 2020 South32 explica que esta investigación atenta contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y que “carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

También alega en el comunicado que: “La cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos. Además, pretende un cobro retroactivo de regalías por contratos finalizados, lo cual es inconstitucional, y cuya liquidación está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, quiere cobrar sobre períodos ya auditados y cobrados por la misma entidad. Este último pago que se hizo a la Contraloría se encuentra también demandado ante los jueces de la República.”

South32 está siendo representada por Freshfields Bruckhaus Deringer US (Washington), Dechamps International Law (London) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá)

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

Chile

Suspenden audiencia de conciliación por daño ambiental causado por Pascua Lama ante inminente acuerdo con CDE

El acuerdo se encuentra a la espera de la autorización que debe dar el Ministerio de Hacienda a dicha propuesta por los montos que están involucrados.
PROYECTO PASCUA LAMA. FOTO: RAYEN LUNA-MCH

30/03/2020
MINERÍA CHILENA
Enviar por emailImprimirSuscribirse a newsletterNotas al editor
Ante el inminente acuerdo de las bases de conciliación y, luego de la solicitud realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Compañía Minera Nevada, el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta suspendió la audiencia por demanda de daño ambiental en contra de Pascua Lama, la que estaba fijada para este martes 31 de marzo.

Tanto el CDE como la empresa fundamentaron su solicitud debido a que el acuerdo al que han llegado -luego que el órgano colegiado entregara las bases de conciliación- se encuentra a la espera de la autorización que debe dar el Ministerio de Hacienda a dicha propuesta por los montos que están involucrados, según lo establecido por el artículo 7 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado y que indica que los acuerdos que involucren sumas superiores a tres mil unidades tributarias mensuales deben ser aprobadas por resolución de dicho ministerio.

Los ministros Fabrizio Queirolo y Jasna Pavlic accedieron a la solicitud, tomando en cuenta que el objetivo de la audiencia es que el Tribunal pueda aprobar el acuerdo que se basa en la propuesta de Bases de Conciliación que fueron entregadas por el Primer Tribunal Ambiental.

Cabe recordar que, además, hay otra causa pendiente por la reclamación de la empresa en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, la que pretende revertir las sanciones que llevaron a la clausura al proyecto y cuya sentencia se podría conocer en las próximas semanas.

Las bases de conciliación fueron presentadas el 30 de julio del año pasado, día en el cual se efectuó una audiencia en la que se dio lectura a estas bases. Desde esa fecha el Consejo de Defensa del Estado y la empresa han sostenido una serie de reuniones con el Servicio Agrícola Ganadero y consultores técnicos, en las que se han afinado los detalles de la propuesta y acuerdo de conciliación que será presentado ante el Tribunal.

Suspenden audiencia de conciliación por daño ambiental causado por Pascua Lama ante inminente acuerdo con CDE

Bolivia

La principal compañía minera del país, San Cristóbal, suspende operaciones

La decisión llega en medio de anuncios de una inminente recesión por los severos efectos adversos de la pandemia en la economía del país.

Vista panorámica de la Minera San Cristóbal. Foto: www.minerasancristobal.com
Vista panorámica de la Minera San Cristóbal. Foto: www.minerasancristobal.com
La Razón Digital / Miguel Gómez / La Paz
27/03/2020

La Minera San Cristóbal (MSC), la principal minera del país, subsidiaria de la corporación japonesa Sumitomo, suspendió sus operaciones en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y la cuarentena total dictadas por el gobierno de Jeanine Áñez, para evitar la propagación del coronavirus.

Mediante un comunicado, la empresa que centra su trabajo en el departamento de Potosí, en la provincia Nor Lípez, señaló que la decisión fue comunicada el miércoles 25 de abril a las correspondientes autoridades gubernamentales, con la finalidad de precautelar la salud y la vida de sus trabajadores.

“A la fecha, en Campamento Toldos se encuentra un grupo de personas, entre trabajadores y contratistas, que concluirá las últimas exportaciones así como necesarias labores de mantenimiento. La mayor evacuación del personal se realizó el mismo sábado 21 de marzo”, complementa la nota de prensa.

La disposición implica la suspensión temporal de la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y plata de la compañía. Y se da en medio de anuncios de parte de los empresarios del país de una inminente recesión por los severos efectos adversos de la pandemia en la economía del país, y el pedido al Gobierno de medidas de estímulo fiscal, entre otras.
(27/03/2020)
http://www.la-razon.com/economia/mineria-bolivia-san-cristobal-operaciones_0_3338066173.html

Chile

DENUNCIAN A ALTO MAIPO ANTE LA SMA POR NUEVO CASO DE AFECTACIÓN A GLACIAR EN EL CAJÓN DEL MAIPO

La Red No Alto Maipo informó este martes sobre el ingreso de una nueva denuncia por afectación de glaciares contra el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La denuncia apunta a la Sociedad Alto Maipo Spa como responsables del lamentable desprendimiento de una importante masa glaciar en el sector del Embalse El Yeso en la comuna de San José de Maipo, y se suma a numerosos antecedentes que vinculan al proyecto con la destrucción de glaciares en la zona.

Gracias a la existencia de un registro fotográfico y audiovisual captado por vecinos del sector, donde se observa un trágico fenómeno de desprendimiento de hielo y roca en la montaña, durante los últimos días este suceso ha sido conocido y denunciado por cientos de usuarios en redes sociales, quiénes han lamentado la gravedad de lo ocurrido con el glaciar de nombre Mesón Alto ubicado en las cercanías del conocido Embalse El Yeso en el Cajón del Maipo.

El Integrante de la Red No Alto Maipo y denunciante, Anthony Prior, manifestó que “Ingresamos esta denuncia porque consideramos urgente que la autoridad ambiental desarrolle una investigación de los hechos y tome las medidas que correspondan según el mérito de los antecedentes, que son gravísimos. Demandamos que la SMA actúe con celeridad, pues no es la primera vez que denunciamos y somos testigos de un fenómeno como éste en las inmediaciones de las obras de construcción de Alto Maipo. Si bien somos conscientes que el cambio climático antrópico ya golpea fuertemente a nuestra comuna, sabemos que a esto se suma el impacto sinérgico de Alto Maipo, y nos parece prácticamente imposible descartar el vínculo entre la ejecución de explosivos de Alto Maipo bajo estos glaciares y los recientes desprendimientos. Negar esto sería intentar tapar el sol con un dedo. Muy por el contrario, existen numerosos antecedentes que indican a Alto Maipo como responsable de lo ocurrido con este glaciar y otros casos que han sido afectados en la comuna”.

“En efecto lo que estamos pidiendo con esta denuncia es que, dado los incumplimientos ambientales a la Resolución de Calificación Ambiental, la autoridad haga uso de sus facultades y aplique las medidas más drásticas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, y de esta manera, sancione debidamente a la empresa con la revocación de sus permisos ambientales. Yendo más allá, creemos que este grado de destrucción ambiental debe ser tipificado como delito y la justicia debería perseguir a los responsables” finaliza Prior.

Para la Licenciada en geografía, denunciante María Jesús Martinez, y en relación al contenido de la denuncia “Alto Maipo omitió arbitrariamente la existencia de glaciares en el área de influencia directa del proyecto en el proceso de evaluación ambiental. Es decir, los impactos derivados del uso de tronaduras y la máquina tunelera para construir el mega túnel «El Volcán» bajo los glaciares, específicamente, no fue algo estudiado. Esto pues los glaciares no fueron considerados como una variable en sí. Existe por tanto, una doble vulneración a los glaciares: por una parte lo ejecutado por la empresa en el territorio y, por otro, el rol de las instituciones estatales que no velaron por su debida protección” además Martínez agrega que “lo anterior es gravísimo dado el crudo contexto de escasez hídrica que azota a la Región Metropolitana, ya que el aporte hídrico de origen glacial alcanza hasta el 60% de los caudales según indicó la Mesa Científica constituida para la COP25”.

Esta situación se ha hecho sistemática según aseguran desde la organización social “Tanto así, que a pesar de que se viene denunciando la afectación de los glaciares ubicados dentro y fuera del área del Monumento Natural El Morado y también del glaciar Mesón Alto, la SMA no lo ha considerado relevante, incluso más, ha mostrado una actitud de total complicidad con la empresa”.

“Los glaciares Mesón Alto, El Morado, San Francisco y otros de tipo rocosos, están siendo afectados permanentemente por la construcción del túnel “El Volcán”, misma faena que la Constructora Nuevo Maipo (CNM) abandonara por comprobar su inestabilidad y alto riesgo incluso para la vida de los trabajadores” comenta María Jesús Martinez.

Los denunciantes, que también forman parte de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, afirman que “este tipo de vulneración son las que deben preverse y quedar plasmadas en una ley de protección de glaciares y del entorno, pues, a nivel mundial se ha constatado que al igual que la minería, la construcción de hidroeléctricas en las zonas de alta montaña, provoca impactos negativos en los glaciares, lo que acelera su proceso de derretimiento.”

Y por último agregan que “El agua tiene un rol central en nuestra vida y en el ecosistema. Esto ha quedado de manifiesto con la crisis sanitaria y humanitaria en la que nos encontramos. La salud de la población, y de la humanidad completa, depende del agua dulce. Y los glaciares son las reservas más importantes que tenemos. Debemos protegerlos y consagrar el agua como un derecho humano y un bien común en la Nueva Constitución”.

CONTACTOS
Anthony Prior Carvajal 9 7927 1781
María Jesús Martínez Leiva 9 6397 0135


Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)