Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza dictamina moratoria para la minería del litio en Atacama

El pasado 5 de diciembre de 2019,  el quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) celebrado en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, Chile. Asimismo, en su veredicto el TIDN emitió además otras catorce resoluciones, y propuso la moratoria de la minería del litio en la región atacameña.

 

Después de considerar los testimonios y denuncias expuestas por comunidades indígenas afectados y expertos en el caso, el quinto TIDN determinó que hubo una directa violación de los Derechos de la Naturaleza.[1] Resaltando que se incumplió los deberes de: a) Respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra; b) Asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra; c) Respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario, restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra; d) Establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; entre otros. Por tanto, el TIDN halló que “(…) la actividad minera producida en el desierto de Atacama, no respeta y son incompatibles con los derechos de la Madre Tierra y que a su vez se incumple con las obligaciones de los seres humanos para con ella, por lo que se declara la vulneración de sus derechos y los de las comunidades afectadas por estas actividades (…)”

 

En este marco, el TIDN dictaminó que, en el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, existen claros afectados – ecosistemas, seres humanos y no humanos – y claros responsables – tanto las empresas con capitales nacionales e internacionales, como el Estado chileno. Ante ello, el Tribunal resolvió solicitar la suspensión de las actuales Resoluciones de Calificación Ambiental de las empresas extractivas, declarar zona de prohibición para la industria del litio y extractivismo del agua en el Salar de Atacama y la Alta Cordillera, y exigir que se permita verificar el estado de salud de la Laguna Chaxa. La resolución del TIDN apunta, demás, a que la extracción y explotación de litio atenta contra la vida de las poblaciones atacameñas y su cosmovisión; y subraya la ausencia de una consulta previa, libre y de carácter vinculante en estas poblaciones y el atropello de otros derechos expresados en la ley indígena.

 

Respecto a las denuncias respecto a la sobre explotación de la cuenca para esta actividad minera, se denunció que “la minería del litio pone en peligro un bien fundamental y escaso, el agua, cuyo control se aseguran unas pocas empresas (…)”; enfatizando así, que la privatización y control del agua por parte de empresas no hace más que reflejar la “estructura de desigualdad” en Chile. Ante ello, el TIDN insta a apelar a un Principio Precautorio ante un posible daño “grave o irreversible” por la sobre explotación de agua en este ecosistema desértico.

 

El informe presentado, asimismo, hace referencia a la amplia complejidad que acarea la explotación de litio; ya que esta abarca no solo una problemática local y regional, sino una problemática global enmarcada en la discusión de la transición energética. Al respecto, la sentencia del TIDN sostuvo que la transición energética que se propone hoy en día a través de la explotación de los salares de Atacama es un modelo “insostenible, asociada a las corporaciones transnacionales, [y que] consolida un modelo energético que reproduce la dominación sobre la Naturaleza y las poblaciones.”; además, que dicha transición energética corre el riesgo de ser banalizada y puesta al servicio del actual sistema de reproducción social. Consecuentemente, el TIDN considera necesario “abordar la discusión desde una perspectiva no corporativa, multidimensional y critica, que contemple tanto la justicia ambiental como las necesidades de los pueblos”, y recomienda llevar a cabo encuentros y foros multidisciplinarios y multiactoriales para entablar la discusión desde una perspectiva popular y contrahegemónica.

 

Finalmente, en el marco de las evidencias presentadas respecto a la violación de los Derechos de la Naturaleza, la creciente crisis hídrica que perturba el ecosistema y la afectación directa a los derechos de la población local, el quinto TIDN propuso aplicar una moratoria a la minería de litio en la región de atacameña.

 

Fuente:https://latinvestment.org/2020/01/14/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-dictamina-moratoria-para-la-mineria-del-litio-en-atacama/?fbclid=IwAR1bMRhly89f_Czx05AfeGsbofohXPzC4cv5J9KA4OqFZjswwT4u39fzM_4

Perú

Cusco: Podrían sentenciar a 30 años de prisión a defensores ambientales de Chumbivilcas

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.

Historia de la protesta

En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.

Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.

No hay pruebas

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.

Sentencia

Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.

Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Amicus Curiae rechazado

El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio

La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.

Audiencia final

Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/cusco-podrian-sentenciar-a-30-anos-de-prision-a-defensores-ambientales-de-chumbivilcas/

Perú

Piura: Denuncian que minera Río Blanco quiere cambiar directivas comunales y genera violencia

A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.

 

Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

 

 

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/piura-denuncian-que-minera-rio-blanco-quiere-cambiar-directivas-comunales-y-genera-violencia/?fbclid=IwAR0Kb5Jo6gj6ChZMsFP_lc_3cSJu-9gIq8Uj2LogchAyH_b1zdLd8YS2Uhc

Perú

Destruyen campamento minero ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán

Un campamento minero ilegal que operaba dentro del Parque Nacional Huascarán (Áncash) fue destruido en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Durante la intervención, realizada en la provincia de Carhuaz, también se hallaron socavones, carros mineros, herramientas y equipos que eran utilizados para realizar la extracción ilegal de minerales en esta área natural protegida.

Durante el operativo no se hallaron a responsables de esta ilegal actividad, por lo que el personal policial y guardaparques del área protegida continúan realizando patrullajes permanentes en la zona a fin de evitar la presencia de mineros que trabajan al margen de la ley.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021) que se implementa de manera articulada con el objetivo de erradicar esta ilegal actividad en las áreas naturales protegidas. Según Sernanp, los primeros resultados de esta iniciativa han permitido erradicar la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal El Sira.

DATOS:

  • El Parque Nacional Huascarán abarca parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Áncash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y es uno de los más emblemáticos del país ya que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú.
  • El área protegida alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar.
  • Fue creado en 1975 y en 1977 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO; y en 1985 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.

 

Fuente:https://www.actualidadambiental.pe/destruyen-campamento-minero-ilegal-dentro-del-parque-nacional-huascaran/?fbclid=IwAR1iecsMFbJfF_Qf-Ec16OFqhvPmG7tlpm8agbTBivFdFQBphXVq7ON8S3s

Perú

Se reinicia audiencia contra líderes comunales en caso de conflicto con Las Bambas

Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.

Por octava vez se instaló la audiencia que durará los días hasta el 24 del presente mes. Se recuerda que el pasado 24 de octubre no se pudo instalar el juicio oral, por lo que se reprogramó la audiencia de juicio para este 20 de enero del 2020. La suspensión del juicio en octubre se debió a la reiterada ausencia de un intérprete quechua y la inasistencia de cuatro pobladores y sus abogados.

En esa oportunidad La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indicó que se había dispuesto el cambio de juez, por lo que creía conveniente  invocar a la audiencia del lunes 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.

Preocupa a los pobladores de la zona que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otras acusaciones. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas. Según la defensa de los líderes comunales, habría una serie de contradicciones y falta de pruebas por parte de la defensa del Estado en relación a la serie de acusaciones.

Cabe resaltar que en esta oportunidad se hicieron presentes decenas de representantes de las comunidades involucradas en el caso para expresar su respaldo a los líderes comunales que están siendo investigados. También manifestaron su descontento con las fallas en la traducción del intérprete quechua que participa de las audiencias.

Desde Tambobamba seguiremos informando.

20 de enero del 2020

 

Chile

Presentan nuevo recurso de protección a favor de comunidades mapuche por proyecto GNL Penco Lirquén

Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegaron grupos ambientalistas para presentar un nuevo recurso de protección en nombre de comunidades mapuche que denuncian al Servicio de Evaluación Ambiental por la aprobación del proyecto GNL Penco Lirquén.

La denuncia de la asociación Koñintu Lafken Mapu apunta a que ahora el organismo no realizó la consulta indígena extraordinaria que la ley ordena para proyectos que sufran una modificación, según explicó el abogado Francisco Ortega.

La última acción legal presentada por otra agrupación indígena de Tomé, Peumayén, fue rechazada por la justicia, pero ahora el objetivo es incluso llegar a la Corte Suprema, señaló Camilia Arriagada, vocera de la Coordinadora Penco Lirquén, indicando que anteriormente el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental.

Miembros de la agrupación Koñintu Lafken Mapu llamaron a la Corte penquista a analizar el recurso y los antecedentes que dan cuenta del impacto que tendrá el proyecto energético en los recursos pesqueros de los que viven las comunidades mapuche habitantes del sector costero Penco Lirquén.

 

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/01/15/presentan-nuevo-recurso-de-proteccion-a-favor-de-comunidades-mapuche-por-proyecto-gnl-penco-lirquen.shtml

Colombia

El ‘corazón del mundo’ de Colombia: minería, megaproyectos invaden tierras indígenas

  • La Sierra Nevada de Santa Marta es un grupo aislado de montañas situadas a lo largo de la costa norte de Colombia, que tiene la distinción única de albergar especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo.
  • La expansión agrícola ha venido a expensas del hábitat vital durante las últimas décadas. Ahora, la explotación de recursos y los proyectos de infraestructura planificados para la región amenazan aún más los ecosistemas de las montañas, según científicos y activistas locales.
  • Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.
  • Hace tres años, los consejos indígenas presentaron una acción legal ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violados por la minería legal e ilegal que tiene lugar dentro de la Línea Negra. Además de la minería, los consejos denunciaron proyectos de infraestructura a gran escala, como el desarrollo de un puerto de envío de carbón, una presa hidroeléctrica y un hotel que se habían llevado a cabo dentro de la Línea Negra sin el consentimiento de los indígenas. El tribunal aún no ha emitido un fallo.

Jaime Luis Arias creció en la ladera sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un macizo costero aislado en forma de pirámide en el norte de Colombia, Sierra Nevada es una de las montañas costeras más altas del planeta, con los picos nevados que se elevan desde el Mar Caribe hasta unos desconcertantes 5.800 metros (19.000 pies).

Los dramáticos cambios de elevación de la Sierra Nevada de Santa Marta han creado un vibrante reflejo de los numerosos ecosistemas de Colombia: selvas tropicales, sabanas, bosques secos tropicales, tundra alpina tropical, glaciares, desiertos y arrecifes de coral, con especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo. .

«Crecí con la gente de Kankuamo, en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta», dijo Arias. «Para nosotros, crecer allí es un gran privilegio, por eso lo llamamos ‘el corazón del mundo'».

Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. En sus creencias espirituales, Sierra Nevada se considera el corazón del mundo, donde cada elemento, objeto y organismo, desde el pico vertiginoso hasta la corriente suave, forma una parte indispensable de un cuerpo interconectado.

“Para nosotros, hay vida en todos los elementos. Los picos, ríos, animales, plantas, piedras y planetas están en constante interacción para lograr la armonía y el equilibrio en la naturaleza y con nosotros mismos «, dijo Arias. «Lo que afecta a uno, afecta a todo el ecosistema».

La Sierra Nevada cubre unos 17,000 kilómetros cuadrados (6,560 millas cuadradas). Las tierras altas y las tierras medias remotas están protegidas por un parque nacional junto con tres reservas indígenas que se superponen y exceden la tierra cubierta por el parque. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en la remota región montañosa se consideran defensores de un territorio mucho más extenso que el que está oficialmente protegido.

La línea negra

Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.

El Consejo Territorial Indígena de Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC) describe la Línea Negra como “un gran sistema de nodos terrestres, marítimos y aéreos interconectados. Considerado como sagrado en su conjunto, es el espacio del que surge la cultura de los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada, y donde se recrea «.

Pero con recursos valiosos bajo el pie, como el petróleo y el oro, hay visiones competitivas para el futuro de la Línea Negra. Arias dijo que la presión de los intereses mineros dentro de la Línea Negra aumentó hace 15 años bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno emprendió una serie de proyectos de infraestructura a gran escala en la región.

«Siempre ha habido presión sobre Sierra Nevada, pero fue bajo Uribe cuando explotó la cantidad de solicitudes y concesiones mineras», dijo Arias. «Ahora, la negligencia legislativa nos presenta 132 títulos mineros y 260 aplicaciones mineras para explotar minerales y carbono».

En la década de 1970, los cultivadores de marihuana empujaron la colonización más allá de las montañas, limpiando bosques vírgenes para cultivar cultivos ilícitos. Con la marihuana llegaron las guerrillas, los paramilitares y los militares. El conflicto resultante entre los actores armados generó un reino de terror en Sierra Nevada, con niños reclutados a la fuerza en grupos armados, así como desplazamientos forzados generalizados, asesinatos selectivos, masacres y violencia sexual.

Aunque el ejército guerrillero más grande del país, las FARC, dejaron sus armas en 2016, la violencia política y del narcotráfico es una preocupación creciente en Sierra Nevada, con grupos paramilitares rearmados que luchan por el control territorial. Solo en los últimos 18 meses, seis líderes comunitarios fueron asesinados, otro sufrió un ataque y 42 personas fueron desplazadas, según un informe reciente.

«La disputa es sobre un corredor de movilidad entre tres departamentos, con una [carretera principal], acceso a puertos marítimos y donde se pueden generar muchos ingresos ilegales en todo lo relacionado con el turismo y los cultivos de banano y palma [aceite]», Luis Trejos, de Observatorio del Caribe de la Universidad del Norte, dijo al medio de comunicación local Semana.

El Defensor del Pueblo advirtió sobre la amenaza para los habitantes indígenas. Gelver Zapata Izquierdo, líder indígena de Arhuaco, le dijo a Mongabay Latam en 2018 que los grupos armados están presentes en áreas donde se planean o llevan a cabo proyectos estratégicos como minería, perforación de petróleo y desarrollo de infraestructura.

«Es extraño que el estado esté cerca de esos proyectos y también lo estén los grupos armados», dijo Zapata Izquierdo. “Para nosotros, cualquier grupo armado es el mismo, es el símbolo de la guerra dentro de los territorios. Estamos convencidos de que Colombia necesita diálogo para reconstruir, pero más allá del diálogo, es el reconocimiento de los derechos humanos ”.

Un informe publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro de Memoria Histórica encontró que de las 102 tribus indígenas del país, casi el 70 por ciento tiene un riesgo inminente de desaparición física y cultural. Desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, ONIC ha registrado 158 asesinatos de líderes indígenas, principalmente en el departamento suroccidental del Cauca.

«En Colombia, una [persona] indígena es asesinada cada 72 horas», dijo el asesor principal de ONIC, Luis Fernando Arias, a France 24 . Dijo que los pueblos indígenas a menudo son atacados por defender su territorio de los grupos armados. «Los pueblos indígenas son un obstáculo para los grupos armados porque defendemos nuestros territorios, ejercemos el control social y excluimos a los grupos armados».

El 23 de diciembre, dos ambientalistas de alto perfil de la ciudad de Santa Marta fueron encontrados asesinados cerca del Parque Nacional Tayrona de Sierra Nevada. No estaba claro si el asesinato estaba relacionado con su trabajo social y ambiental, o si fue el resultado de un robo de auto. En el mismo sector rural a lo largo de la costa del Caribe, el guardaparque Wilton Orrego fue asesinado en enero de 2019. Para ambos asesinatos, las autoridades están investigando la participación del grupo paramilitar, Los Pachencas, que mantienen un estricto control territorial en la región, y están muy involucrado en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos y Europa.

Estrés ambiental severo

Un estudio de 2017 realizado por el Banco de la República de Colombia utilizó imágenes satelitales de alta resolución para investigar las tasas de deforestación, asentamientos humanos e infraestructura vial dentro de la Línea Negra. Si bien los resultados indican que la protección oficial de la tierra ha ayudado a limitar la deforestación y la actividad humana en los parques nacionales y las reservas indígenas en el área, los investigadores no pudieron concluir que tuviera algún efecto dentro de la Línea Negra.

«Nuestros principales resultados indican que si bien [la Línea Negra] no tiene efectos detectables, hay evidencia de efectos [reductores] significativos de las reservas indígenas y parques nacionales en la deforestación, los asentamientos de población y la infraestructura vial», informan los autores en su estudio.

La región también está experimentando otros impactos, más indirectos, de la presión humana. El cambio climático ya está afectando gravemente los glaciares de Sierra Nevada. Desde 1900, el 92 por ciento de los glaciares que alguna vez cubrieron las grandes montañas ya no existen. Según un estudio de la agencia de investigación climática del país , IDEAM , los seis glaciares ecuatoriales de Colombia desaparecerán para el año 2050 si la tasa actual de derretimiento continúa.

Arias dijo que los efectos negativos del cambio climático en las capas freáticas y el manto de nieve de Sierra Nevada se están multiplicando por el desarrollo extractivo y de megaproyectos que tienen lugar en las tierras bajas dentro de la Línea Negra.

“Ya estamos viendo que los ríos se están secando y la nieve está a punto de desaparecer. Por supuesto, el cambio climático está teniendo un efecto, pero las actividades mineras y de megaproyectos están acelerando rápidamente el proceso y causando daños inmediatos ”, dijo Arias. “Ninguna de estas formas de explotación está permitida por nuestras leyes. Para nosotros, es como extraer sangre del cuerpo «.

En 2013, un estudio declaró al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta como el área protegida más importante del mundo para especies amenazadas. La Sierra Nevada comprende un hábitat particularmente crítico para los anfibios en peligro de extinción. Lina Valencia, oficial de conservación de Colombia en Global Wildlife Conservation (GWC), dijo que Sierra Nevada tiene el mayor número de anfibios endémicos amenazados del mundo.

Recientemente, la comunidad indígena de Arhuaco permitió a los biólogos conservacionistas del socio local de GWC, Fundación Atelopus, acceder a una cuenca hidrográfica donde pudieron identificar y fotografiar el sapo arlequín de la noche estrellada en peligro crítico ( Atelopus arsyecue ) que se había considerado «perdido para la ciencia» por casi 30 años.

“Hay 18 especies endémicas de anfibios en Sierra Nevada y cuatro especies de sapos arlequín. Las ranas se consideran guardianes del agua porque se encuentran en las cabeceras de los ríos «, dijo Luis Alberto Rueda, profesor de la Universidad del Magdalena y cofundador de la Fundación Atelopus.

Rueda y otros investigadores de la Universidad del Magdalena han estado estudiando anfibios en peligro de extinción en Sierra Nevada durante más de cinco años. El equipo ha modelado futuras trayectorias de población para el sapo arlequín de la noche estrellada, y sus resultados muestran una tendencia al declive. Rueda dijo que las principales amenazas para la especie son la ganadería y la producción de cultivos, junto con los desechos, la infraestructura y otros problemas que surgen del sector turístico en crecimiento y mal regulado de la región.

Movimiento indígena se une a la huelga nacional

El presidente Iván Duque, un aprendiz cuidadosamente seleccionado del ex presidente Uribe, asumió el cargo el 7 de agosto de 2018. Criticado como inexperto y en gran parte impopular, Duque ha luchado por gobernar el país. El 21 de noviembre de 2019, estallaron las mayores protestas en todo el país desde la década de 1970 contra el gobierno.

Las organizaciones indígenas en marzo ya habían liderado una protesta nacional, conocida como minga, para exigir que el gobierno de Duque implemente completamente el acuerdo de paz de 2016 y reconozca los derechos indígenas a la tierra. En la última ronda de protestas, la organización indígena nacional ONIC inmediatamente llamó a la población nativa de Colombia a unirse a la huelga nacional.

El Consejo Indígena de la Reserva Kankuamo llamó a su gente a unirse a la huelga también, expresando su solidaridad con los «diversos sectores de la sociedad colombiana que sienten que sus derechos esenciales han sido violados».

La respuesta de Duque a la protesta abrumadoramente no violenta ha sido una represión policial dura, combinada con ofertas renuentes para negociar con los organizadores de la huelga. Más de un mes después de que comenzaron las huelgas, aún no se ha alcanzado un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes.

Imagen del banner: los picos de las montañas de Sierra Nevada de Santa Marta emergen de un mar de nubes. Imagen de Gicaman a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Nota del editor: Esta historia fue impulsada por Places to Watch , una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar rápidamente la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar una mayor investigación de estas áreas. Places to Watch se basa en una combinación de datos satelitales casi en tiempo real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas mensualmente. En asociación con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en datos al proporcionar datos y mapas generados por Places to Watch. Mongabay mantiene una independencia editorial completa sobre las historias reportadas utilizando estos datos .

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Fuente:https://news.mongabay.com/2020/01/colombias-heart-of-the-world-mining-megaprojects-overrun-indigenous-land/?fbclid=IwAR3rbvGDou-kFmLjeRW4k-D-ex5FDDbG1R_8gyVjhh4FvovFYSfHOkCEwoY
Mexico

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.

 

Fuente:https://otrosmundoschiapas.org/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense/?fbclid=IwAR0GwgK7m19RbWaEvsjUXxgKTpoBlLa1NIAdJ_A2mG4gNqOUMQd9ruQHsig

Ecuador

Mujeres afectadas por la minera BHP-Billinton en Brasil visitan Intag en Ecuador para alertar sobre los daños causados por BHP

En el Ecuador, el pasado 15 de enero de 2020, una delegación de mujeres latinoamericanas de Brasil, El Salvador y Ecuador de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales visitaron la comunidad de Cazarpamba, en Intag, Imbabura, para conocer lo ocurrido en la comunidad al mediodía del 14 de enero cuando un operativo de 30 policías intentaron incursionar a la zona con personal de la empresa transnacional minera BHP-Cerro Quebrado para realizar actividades de exploración en la zona siendo impedido el ingreso por las familias de la comunidad que se oponen a las actividades mineras y denuncian que no se ha realizado ninguna consulta ambiental en la comunidad.
Daniela Campolina del Movimiento por las Sierras y las Aguas de Minas Gerais (MOVSAM) de Brasil, procedente de las comunidades afectadas en 2015 por la rotura del dique de relaves en Mariana de la empresa minera BHP-Billinton que generó graves impactos sociales y ambientales, compartió con la comunidad de Cazarpamba sobre los terribles impactos causados por esta empresa en Brasil. El pasado año en Brumadinho otra rotura de relaves, esta vez de la empresa Samarco-Vale sepultó y mató con lodos tóxicos a 272 personas causando un crimen ambiental y social que hasta ahora sigue en la impunidad.
Ana Dubón, integrante de Cripdes El Salvador y quien participó en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador compartió la experiencia por la que consiguieron después de 13 años de lucha, incidencia y movilización social una ley que prohíbe la minería metálica que convirtió a El Salvador en primer país a nivel mundial con una ley que salvaguarda los derechos humanos y de la naturaleza.
Acción Ecológica, Decoin, Saramanta Warmikuna y la articulación Caminantes también acompañaron este recorrido impulsando un Mandato Nacional por un Ecuador Libre de Minería Metálica, para que las autoridades locales y nacionales prohíban las actividades de minería metálica en todas sus etapas, en el territorio nacional incluyendo el otorgamiento de concesiones. Este mandato denuncia que las actividades mineras configuran un patrón de violación de derechos humanos y de derechos de la naturaleza que afecta a la población en su conjunto especialmente a las mujeres.
La concesión otorgada en Cazarpamba, conocida como Santa Teresa 2, afecta también a varias comunidades de la zona, de las Parroquias de Apuela, Cuellaje y Plaza Gutiérrez. La licencia ambiental para la exploración inicial de las concesiones se le otorgó a BHP 23 hace meses, sin embargo, esta ha sido entregada sin la autorización de la comunidad que no ha sido consultada y que además ha manifestado continuamente su postura de rechazo a que se realice minería en sus territorio.
Queremos alertar sobre la grave situación que atraviesa la comunidad de Cazarpamba, quienes han decidido por resolución oponerse a la entrada de la BHP-Billinton en sus territorios. Organizaciones y movimientos sociales ecologistas, de mujeres y de derechos humanos estamos vigilantes de lo que ocurra en Cazarpamba y queremos alertar a las autoridades locales para que respeten los derechos de la comunidad de Cazarpamba.
Fuente:https://www.facebook.com/notes/red-latinoamericana-de-mujeres-defensoras/mujeres-afectadas-por-la-minera-bhp-billinton-en-brasil-visitan-intag-en-ecuador/1771113226357076/
Chile

Tribunal Ambiental acoge reclamación de comunidad indígena contra de programa de Collahuasi

Con esto, se deja sin efecto la resolución del organismo fiscalizador, luego que la asociación aymara fundara su reclamación en relación a tres de los 14 cargos formulados en su oportunidad por la SMA. Los tres cargos, dicen relación con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, considerado como gravísimo; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.

 

El Primer Tribunal Ambiental dio a conocer, hoy, el fallo en contra del Programa de Cumplimiento, PdC, presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y aprobado por la SMA, que acoge la reclamación de la Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa.

Con esto, se deja sin efecto la resolución del organismo fiscalizador, luego que la asociación aymara fundara su reclamación en relación a tres de los 14 cargos formulados en su oportunidad por la SMA.

Los tres cargos, dicen relación con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, considerado como gravísimo; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.

El Ministro redactor de la sentencia, Marcelo Hernández, explicó que “es requisito esencial para aprobar un Plan de Cumplimiento, PdC, que tanto la compañía minera como la SMA identifiquen y aborden íntegramente todos los efectos, así como todas las acciones y metas para volver al cumplimiento ambiental y así resguardar el bien protegido del acuífero, la vertiente Jachucoposa y sus lagunas de la cuenca del Salar de Coposa su interacción con la biodiversidad y las zonas de pastoreo ancestral de la asociación aymara, más aún porque se trata de un sitio prioritario para la conservación en un escenario de cambio climático”.

La sentencia, dictada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente) y Marcelo Hernández, destaca que, en relación a los cargos en los que se funda la reclamación de Asociación Indígena del Salar de Coposa -, “para estos sentenciadores, a lo menos es reprochable la conducta de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, por no advertir en un período extremadamente prolongado (12 años) la inobservancia de sus compromisos ambientales sobre el hecho particular de efectuar el monitoreo de avifauna en los términos establecidos en la RCA 144/2006”.

Lo anterior, porque en el fallo se establece -entre otras consideraciones- “que no se evidencia de la presentación de los antecedentes del PdC y el posterior análisis de la SMA para su aprobación que se haya dado respuesta razonable a exigencias básicas de monitoreo, seguimiento y reportabilidad de los compromisos ambientales de las Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, vigentes para el objeto de protección Avifauna en una superficie de 13.409 hectáreas de la Cuenca del Salar de Coposa y en particular para una especie carismática y en categoría de conservación, según el Ministerio de Medio Ambiente como lo es el flamenco”.

Otro de los aspectos tomados en cuenta por los ministros, es el accionar no oportuno por parte de la SMA, ya que no fue hasta el año 2017 donde se da inicio al proceso sancionatorio, por lo que se dejó el bien jurídico a proteger en un “status de no cumplimiento, sino hasta la presentación y aprobación del Programa de Cumplimiento”.

“Debió haber existido por parte de la SMA un accionar más oportuno y diligente con los organismos técnicos especializados (SAG y/o CONAF) que permitan en etapas tempranas visualizar hechos de gran relevancia ambiental que están siendo contravenidos con lo comprometido en la licencia ambiental respecto de la afectación a la biodiversidad de la cuenca del Salar de Coposa”, explicó el ministro Marcelo Hernández.

El ministro Hernández, además, dijo que “como se evidenció en la inspección de terreno a la vertiente de Jachucoposa razonablemente no están dadas las condiciones como se plantean en el PdC aprobado respecto al cumplimiento del resguardo efectivo de la vertiente, como bien jurídico ambiental”.

La sentencia deja en claro que resulta discutible que la SMA no exija y mantenga alguna medida provisional destinada a la limitación del régimen de extracción de aguas de cuenca Salar de Coposa, a fin de proteger el acuífero como bien jurídico ambiental y estratégico en zona limítrofe con Bolivia y exigirle a la empresa que cumpla con dicha medida hasta que exista una recuperación evidente y permanente del acuífero. Esto por el año 2002 la Dirección General de Aguas, DGA, declaró área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas del sector de la cuenca del Salar de Coposa y destacó “que, los estudios demuestran que existe riesgo de un descenso generalizado de los niveles estáticos en el largo plazo, que afectan la capacidad productiva de los acuíferos, debido a una insuficiente recarga en relación a la explotación existente”.

Otra de la constataciones del fallo es que se ha vulnerado los derechos de acceso que tiene la Asociacion Indígena Aymara de Coposa a los recursos naturales en el salar, en particular a los referidos al agua y sus servicios ecosistémicos en la vertiente de Jachucoposa y sus cuerpos lagunares, como a las zonas de pastoreo aledañas y la potencial relación de efectos que pudiere tener la baja de niveles del campo de pozos norte de la compañía minera.

Respecto a esto último, en el fallo se estipula que “se debe guardar irrestrictamente, cumpliendo cabalmente todos sus compromisos ambientales , y en particular aquellos referidos a no afectar el acceso a los recursos naturales y a sus usos y costumbres ancestrales , en particular su relación con la tierra, el agua y las actividades agropecuarias que realiza en un contexto armónico con la naturaleza, y que es de responsabilidad de la SMA el fiscalizar su cumplimiento respecto de los regulados (en este caso Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi) y con ello resguardar los derechos de acceso a los recursos naturales por parte de la Asociación Indígena Aymara de Coposa”.

Recordemos, que el procedimiento sancionatorio se inicio el diciembre de 2017 a raís de diversas denuncias presentadas ante la SMA lo que llevó a que el organismo formulara 14 cargos contra la compañía minera. Sin embargo, la empresa presentó un PdC que fue aprobado por el organismo fiscalizador a través de resolución exenta N° 12, de 2019.

Otro de los pronunciamientos del Tribunal tuvo relación a si era procedente o no someter a consulta indígena, tal como lo planteaban la asociación aymara, respecto a lo cual se resolvió que no es posible admitirla cuando se trata de un procedimiento sancionatorio ya que “la consulta indígena se ha concebido como un mecanismo intercultural entre los organismos del Estado y los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente con determinada medida legislativa o administrativa, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento previo a la implementación de las mismas”.

SALAR DE COPOSA:

La Cuenca del Salar de Coposa se encuentra ubicada en la comuna de Pica, Región de Tarapacá. Está constituido por un núcleo salino y arenoso y debajo se encuentra una capa de salmuera. La laguna principal se denomina (Jachucoposa). La vegetación de este humedal incluye a 97 especies nativas de chile, de las cuales 7 serían endémicas. La vegetación se caracteriza por la presencia de tolares (arbustales) dominados por especies de Parastrephia y Fabiana spp, y pajonales donde las especies dominantes son Festuca chrysophylla, Stipa nardoides, Stipa frigida y Stipa venusta. La vegetación del humedal está compuesta principalmente por especies herbáceas en cojines como Oxychloe andina, Distichia muscoides y Scirpus atacamensis y gramíneas perennes. Además, alberga una rica diversidad de fauna silvestre, donde destaca la presencia de las tres especies de flamencos (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus jamesi y Phoenicoparrus andinus). Dada su importancia ecosistémica, el salar de Coposa está catalogado como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y constituye un territorio habitado ancestralmente por comunidades indígenas de la etnia Aymara, quienes han ocupado, hacen uso y poseen tierras comunitarias y patrimoniales.

PROYECTO:

CMDIC, corresponde a un proyecto minero que se encuentra ubicado a 185 km al sureste de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, entre los 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su actividad consiste en la extracción y procesamiento de cobre, óxidos y sulfuros, de los yacimientos mineros ubicados en el Distrito Minero Collahuasi.

 

Fuente:http://relaves.org/post.php?id=111