Internacional

Una docena de maneras de resistir a la minería

Autor: Guadalupe Rodríguez

 Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.

A continuación, algunas formas en las que comunidades alrededor del mundo afrontan el problema que les la minería que otras comunidades pueden imitar.

  1. No aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.
  2. Esto implica una crítica profunda y total del modelo económico capitalista neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.
  3. Para ello, las personas o comunidades afectadas pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.
  4. Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de «interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas. ¿Quién establece las prioridades? Muy posible que no responda realmente a tal interés general, sino mucho a los intereses privados de empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.
  5. Poner en evidencia el modelo de desarrollo basado en el crecimiento sin fin, pro-extractivista, hambriento de recursos mineros y dependiente de la minería; y denunciar el rol de los países del norte global como los de Europa y las consecuencias que implican las políticas basadas en su Estrategia Europea de Materias Primas.
  6. Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y normativas internacionales, europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.
  7. Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Campañas para informar de los impactos de la minería en la sociedad y compartir las preocupaciones al respecto son cada vez más numerosas y visibles.
  8. A mayores, promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como formar un lobby ciudadano, que actualmente está en clara desventaja con los lobbies de la industria minero-extractiva en cuanto a atención mediática, respuesta política, presencia pública.
  9. Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, de países de América Latina, Asia o África que tengan una larga trayectoria en esta temática. De allí precisamente llegan interesantes propuestas como la de otorgar derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de 2008); o iniciativas para dejar los recursos extractivos bajo tierra. Esta propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos extractivos como los mineros.
  10. Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio, por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.
  11. Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social, económica y ecológica emergente en Europa. También hay grupos que estudian y trabajan en la exigencia del reconocimiento de una deuda ecológica con los países del Sur global.
  12. Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de recursos estratégicos signifique su destrucción.

Tenemos que seguir estudiando y denunciando públicamente cada caso para detener el extractivismo y el modelo energético concomitante como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas.

Fuente: https://medium.com/@ecologistadelno/una-docena-de-maneras-de-resistir-a-la-miner%C3%ADa-dde0f690dd5a?fbclid=IwAR3FeEUFi711WHmgUo6o1ySygYxGNTzktRCmGDqYRUotvmtCsRGl9jjGYu0

Mexico

Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

Autor: Manu Ureste

Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.

Previo a esa mañana, recibir insultos ya era algo ‘cotidiano’, entre comillas, en su actividad diaria.

“Argüendera”, “revoltosa”, “alborotadora”, eran parte de los improperios a los que tuvo que acostumbrarse a vivir desde que, en 2013, comenzó a implicarse de lleno como activista.

Sin embargo, cuenta Grecia, la intensidad de los ataques arreció aún más cuando, ya como integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), inició desde 2018, junto a otras mujeres y hombres de los ejidos El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe, y Corrales, en el municipio Jiménez del Teúl, una férrea oposición a la construcción de la Presa de Milpillas.

Un proyecto que, por un lado, el gobierno estatal lleva desde 2014 prometiendo que, además de abastecer de agua el corredor urbano del centro del estado, donde se ubican ciudades clave como Zacatecas y Fresnillo, traerá también progreso, empleos y desarrollo, para las comunidades agrarias por las que atravesará un acueducto de más de 167 kilómetros.

Mientras que, por otro lado, tanto Grecia, como el Observatorio de Conflictos Mineros, la REMA, así como cientos de ejidatarios, denuncian que la construcción de la Presa de Milpillas es un “mega proyecto de muerte impuesto por la fuerza pública”, el cual tendría varios efectos negativos.

Uno, que provocaría “un daño irreparable” al río que abastece de agua a la comunidad para cosechar maíz, frijol, y chícharo. Dos, que pondría en riesgo de inundación y desplazamiento a los habitantes de Atotonilco y a todas las comunidades río abajo, incluida la cabecera municipal Jiménez del Teúl. Y tres, que a pesar de lo anterior, este proyecto solo beneficiaría a empresas mineras y a una multinacional cervecera que necesita más agua para continuar vendiendo sus productos.

“Múltiples académicos ya han ofrecido soluciones para el problema del abasto de agua en la zona, pero, desde 2014 hasta la fecha, el gobierno estatal no ha hecho caso de ninguna. Por eso, más bien nos parece que este proyecto, en realidad, es un negocio, y no una solución al problema del agua”, dice Grecia Rodríguez, en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, recalca Grecia, denunciar esto en México, implica asumir un riesgo muy alto de, o bien ser objeto de campañas de desprestigio, o bien llevar permanentemente una diana marcada en la espalda.

“Estamos muy preocupados por la seguridad de los ejidatarios y de las ejidatarias opositoras al proyecto, y de los activistas defensores del agua, ya que en México nos están matando solo por decir que no estamos de acuerdo con un proyecto”, señala Grecia.

Y las cifras así lo corroboran.

Apenas el pasado mes de marzo, Amnistía Internacional alertó que, en apenas cuatro meses del nuevo gobierno de López Obrador, 15 defensores ambientales han sido asesinados en México, más de la mitad de los registrados en todo 2018, cuando contabilizó 21 defensores asesinados y 49 ataques en su contra.

De hecho, Rodrigo da Costa, integrante de Amnistía Internacional, dijo al diario La Jornada que México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina donde se presentan más agresiones contra defensores de la tierra, solo superado por Colombia.

Las enemigas públicas

Tras recibir la corona fúnebre, Grecia fue incluida en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, aunque las agresiones, a través de múltiples formas, no se detuvieron.

Por ejemplo, el pasado 14 de octubre, Grecia narra que en la comunidad El Potrero asistió como invitada a una asamblea entre ejidatarios acerca del proyecto de la presa de Milpillas, cuando un grupo de policías estatales, a bordo de 20 camionetas, llegó, cercó el salón ejidal, y se la quiso llevar presa bajo la acusación de “falsas declaraciones” y “falsa identidad”.

“Les dije: no me pueden llevar porque estamos en un espacio público y no en un MP, por lo que no estoy rindiendo ninguna declaración. Y tampoco tengo que probarte mi identidad”.

Aún así, en un video publicado el 15 de octubre en el perfil de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, puede apreciarse que un nutrido grupo de agentes policiacos trató de detenerla, entre jalones y manotazos para que no grabara la escena.

“El gobierno de Zacatecas nos ha convertido en las enemigas públicas número uno, diciendo que es por nuestra culpa que miles de zacatecanos no tienen agua”, criticó la integrante del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las cuales también acusan al gobierno estatal de querer coaccionar con recursos y beneficios de programas sociales a los ejidatarios inconformes para que aprueben el proyecto.

Una acusación que el gobierno de la entidad ha rechazado en varias ocasiones; una de ellas, en septiembre del año pasado, cuando según recogieron medios locales, el actual gobernador Alejandro Tello descartó que su administración manipule a los habitantes del ejido en el municipio de Jiménez del Teúl.

La entrega de despensas y apoyos no son sobornos, sino apoyos que surgieron como respuesta a peticiones de la ciudadanía, dijo el mandatario, quien en diciembre del año pasado encabezó un foro especial en el que, subrayó, “fueron convocados de manera plural ejidatarios, académicos, especialistas, y ciudadanía” para debatir sobre este proyecto polémico.

“Si nos quitan el río, no somos nada”

Sandra Miranda es delegada de los ejidatarios de Atotonilco ante el municipio de Jiménez del Teúl y opositora al proyecto de la presa.

Junto a un grupo de 60 mujeres de edades que van desde los 15 años, a los 26, 32, 50 y hasta los 60, ha encabezado desde octubre pasado acciones de resistencia frente a las constructoras que han querido introducir maquinaria pesada al río.

“Este movimiento de oposición ha estado liderado por mujeres y también por hombres, pero las mujeres han jugado un papel fundamental”, subraya Miranda.

“Las mujeres logramos detener a las máquinas para que no entraran al río en el que quieren hacer la presa. Nos pusimos enfrente y, a pesar de que fuimos agredidas verbalmente por los operadores de las máquinas, no nos quitamos”, añade la activista.

Sin embargo, todas estas acciones también tuvieron consecuencias para Sandra, que denuncia haber sido objeto de hostigamiento policial y de una campaña de desprestigio en medios locales.

“Tratan de intimidarnos, de meternos miedo, diciéndonos, por ejemplo, que la Policía Federal viene en camino con una orden para detenerme. O, en otras ocasiones, policías estatales, sin ningún aviso, hacen guardia frente a mi domicilio. Mientras que, en otras, sueltan rumores para ponerme mal con las comunidades, diciendo, por ejemplo, que ya me habían dado un millón, que me había vendido”.

La última acusación que le hicieron en medios locales, denuncia Sandra, es que ella lideró un intento de retener contra su voluntad a un funcionario estatal que, el pasado 26 de abril, fue al ejido de Atotonilco a ofrecer “apoyos sociales” a los pobladores, aunque la Red Mexicana de Afectados por la Minería señala que, en realidad, el funcionario fue a ofrecer dulces a los niños, becas, tinacos y estufas ecológicas para convencer a los ejidatarios de que den su consentimiento al proyecto de la presa.

“Nos acusan de secuestradoras. Pero en el ejido, las mujeres no portan armas, ni siquiera piedras”, ríe Sandra.

En cualquier caso, asegura Sandra ahora más seria, van a continuar con la defensa del agua y la oposición al proyecto de la presa.

Por ahora, a través del Observatorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han presentado denuncias ante el Ministerio Público en Sombrerete, por la invasión de maquinaria en propiedad ejidal, han interpuesto quejas ante las comisiones de derechos humanos de Zacatecas y la Nacional, y ante la Procuraduría Agraria Nacional, y han interpuesto recursos de amparo y juicios de nulidad, por la presunta falsificación de firmas y actas de asamblea, por parte de funcionarios gubernamentales.

“Vamos a seguir luchando por el agua -concluye Sandra-. Porque si nos quitan el río, no somos nada”.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2019/05/amenazas-mujeres-luchan-evitar-construccion-presa-zacatecas/?fbclid=IwAR2VxgKwI83VNgR0dpAeLK7bKKa0hzFpK5p1gAuL_p976FTKTG7iYmCPmB4

Argentina

Manual: Hablemos de megaminería

“Nuestra lucha se basa en la información y la difusión”, suelen decir los/las vecinos/as de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre “megaminería” que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas y vecinos asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso
económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación.

Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban.

Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como “megaminería”, conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación.

Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el “NO” a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del “NO A LA MINA” han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH).

En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

Perú

Las Bambas, un conflicto consecuencia de paquetazos ambientales y presiones empresariales

Autor: Jorge Paucar
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

 Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.

Las solicitudes para cambiar el proyecto se presentaron a través de tres Modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Hasta antes del 28 de diciembre del 2015, las empresas realizaban sus pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Después de esa fecha, se hace ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fue creado en diciembre del 2012 con la ley de su creación, promulgada por Ollanta Humala.

En ese contexto, en el que se pretendía fortalecer la fiscalización ambiental, el gremio empresarial minero ejerció presiones con el argumento de que habían muchos «trámites» que cumplir y que se debían «destrabar las inversiones«. Finalmente, entre otras medidas, Humala creó el ITS como un «instrumento de gestión ambiental» que tenía el objetivo de «acelerar las inversiones«. Con los ITS, el plazo para realizar cambios a un EIA se reducían a solo quince días. En el caso de Las Bambas, se han presentado seis ITS, que juntos pueden ser considerados un cambio importante al proyecto.

En un evento organizado por LaMula.pe, especialistas en temas mineros pusieron énfasis en este tema. El economista José de Echave afirmó que el conflicto Las Bambas es consecuencia de los ITS.»La Sociedad Nacional de Minería y la Confiep son buenos narradores. En principio, un ITS no produce cambios significativos, pero aquí van seis. Hay que pensar si estos instrumentos le convienen a la industria minera«, señaló.

En este sentido, coincidió el economista Manuel Glave:»La novela de las modificatorias, los ITS y el triunfo de la permisología fue una narrativa ridícula, sin ningún sentido y que deja muy mal parado al sector privado por promover eso. Haría bien el sector privado en reconocer que fue un error«.Glave señaló la necesidad de un ordenamiento territorial para evitar conflictos como el de Las Bambas.

«¿Cuál es la frontera entre lo público y lo privado? ¿Cuál es la responsabilidad pública y hasta dónde debe llegar? El bien público que no está siendo bien provisto desde la dimensión territorial. Nadie está hablando de planes de ordenamiento territorial al pie de la letra, pero al menos deberíamos tener información básica y un protocolo que permita tomar decisiones a partir de una visión multisectorial. No hay recetas, pero hay que comenzar a ver territorios», señaló.

El economista también cuestionó la aceleración que se aplicó para que Xstrata-Copper prepare su EIA entre 2009 y 201 y lamentó que García y Sánchez no consideren que faltan estudios sobre otros dos yacimientos mineros.

«¿Cómo el proyecto recibió esta aceleración durante el gobierno de Alan García? Lo aceleraron, Xstrata-Copper trasladó a Sánchez, él trabajo en el origen, cuando se les habló de un mineroducto».

«En esa aceleración, García y Sánchez obviaron el EIA de los otros yacimientos mineros. Solo se ha aprobado el EIA de Ferrobamba. ¿Mañana más tarde qué van a hacer? Me parece una vergüenza que no se haya planificado el territorio para los tres yacimientos mineros».

¿Qué hacer ante esta situación? El abogado y politólogo Iván Lanegra señaló que hay un enorme vacío con la falta de mirada sobre el territorio que deberían tener los proyectos de inversión.

«El principal problema es que hay un gigantesco hueco en el que el Estado no ha desarrollado mecanismos para fijar qué es el interés público sobre los territorios, como no hay eso se parcha con acuerdos parciales, pero que no atienden los problemas estructurales, puesto el parche la gente se olvida durante un tiempo. Hay que pensar por qué los actores claves no toman decisiones para producir cambios«, afirmó.

Y ensayó una estrategia para esta política pública:

«¿Cuáles serían los instrumentos para ordenar el territorio? Una primera etapa puede ser piloto en la que se harían pruebas en cierta área y luego dar un proceso político mínimo para que esos instrumentos se validen con leyes y eso arrastra también cambios a nivel del Estado, a nivel nacional, regional y local».

«Lo que está en el fondo es cómo hacemos una mejor regulación, cómo invertimos para que eso no sea solo papeles, sino capacidad real de hacer supervisión, la pregunta es qué permisos están funcionando. Esto le conviene a todos».

A continuación, compartimos nuestra infografía con la línea de tiempo de todos los cambios que se han hecho a la mina Las Bambas. El principal cambio, y motivo principal del conflicto social, es el descarte del mineroducto y el uso de una carretera que pasa por un territorio de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/02/las-bambas-eia-its-cambios-modificaciones-destrabar-inversiones-permisologia-tramitologia-opiniones/jorgepaucar/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Autor: Radio Progreso y Movimientom4.org

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

 

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Mexico

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

Autor: Movimientom4.org

A los tres niveles de gobierno,
A las organizaciones sociales civiles nacionales e internacionales,
A los medios de comunicación,
A la opinión pública,

Los pueblos y organizaciones de Chiapas que conformamos el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo este 25 y 26 de abril, reunidos en el Centro Ecológico de Alter Natos nos declaramos en oposición a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático que ofrecen las empresas, las bancas internacionales y los gobiernos a través de planes y proyectos de economía verde, es decir una economía basada en la explotación, extracción, mercantilización, privatización de la naturaleza y evasión de responsabilidad de las empresas, para continuar contaminando, con planes y proyectos como las Iniciativas de Reducción de Emisiones (IRES), la de Reducción de Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+), las Inversiones en Proyectos de Energía Renovable como hidroeléctricas, minihidroeléctricas, eólicas y fotovoltaica.

Estos proyectos solo benefician a las empresas que invierten en ellos a través de bonos de carbono y mecanismos de “energía limpia” para prolongar el modelo de producción y consumo capitalista, que ahora pretende pintarse de verde y avanzar en la privatización de los bienes naturales y conocimientos comunes.

No queremos las “soluciones” del modelo extractivo que solo utiliza maquillaje verde para privatizar el agua, el aire, los árboles y demás bienes naturales comunes, sabemos que en Chiapas se aprovecha este discurso “verde” para acaparar nuestra tierra, bosques y agua a través de las Áreas Naturales Protegidas, Pagos por Servicios Ambientales, las Zonas de Salvaguarda, Plantaciones de Palma Aceitera, Hidroeléctricas, la Biopiratería, además de criminalizar nuestras formas de agricultura campesina. Reafirmamos nuestro compromiso de resistencia a las represas (grandes y pequeñas), al Protocolo de Nagoya, Gobernanza de la Biodiversidad, los Pagos por Servicios Ambientales, proyectos REDD+, proyectos IRES.

Exigimos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el respeto y reconocimiento al derecho de los pueblos originarios a mantener nuestros sistemas de producción local que están siendo exterminado por el impulso del modelo del agronegocio, como los que mañosamente se pretenden instaurar con el Proyecto de Sembrando Vida y el mismo impulso de políticas neoliberales que están destruyendo las estructuras organizativas de los pueblos.

El cambio climático afecta nuestra milpa, nuestros bosques, ríos, y alimentación, nos trae enfermedades, sequías e inundaciones, nos obliga a desplazarnos de nuestros territorios, queremos claramente que se impulsen soluciones reales que respeten los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, que respeten nuestra cultura, cosmovisión, conocimientos tradicionales y formas de ejercer nuestra espiritualidad.

Mientras continúe la minería, las represas, presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD+,IRES “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de gas y petróleo, o cualquier otro proyecto de control y muerte que intenten imponernos no habrá solución al cambio climático.

Refrendamos el compromiso de lucha del Grupo Chiapaneco que no es más que la continuidad de largas historias de resistencia de los pueblos que durante décadas han construido comunidad y formas muy propias de organización y producción, y que estos modelos de explotación capitalista están atentando en contra de todas las formas logradas de organización y cínicamente culpan al campesino de lastimar a la tierra. Cuando es la propia forma de explotación irracional capitalista la que está aniquilando la madre tierra. Pues las empresas amparadas bajo el cobijo de las políticas federales avalan la desarticulación de las resistencias, criminalización y violencia que golpetea bajo un falso discurso de prosperidad y desarrollo económico.

Tenemos claro que la única manera de mantener los bienes naturales comunes es con la inclusión de las voces de todos y todas, sin subordinar los intereses de los pueblos ante los intereses económicos de los empresarios nacionales y transnacionales . Como los que de igual manera vemos en los proyectos del Tren Maya, la autopista San Cristóbal-Palenque o el Corredor Trans-istmico.

Queremos seguir con fuerza y para ello, seguir viviendo en nuestras comunidades, con nuestras formas de vida, con respeto y cuidado de nuestras tierras y territorios. Queremos que se respeten y reconozcan nuestros derechos colectivos de los pueblos y comunidades.

Denunciamos las campañas de desprestigio, estigmatización, criminalización y violencia en contra de las personas que nos organizamos por la defensa de la tierra y el territorio. Así mismo todo el proceso de militarización que se lleva en nuestras comunidades, y que se pretenden impulsar con la creación de la Guardia Nacional.

El día de hoy, ante este ambiente de incertidumbre que se respira en todo el país hacemos un llamado a mantener viva la llama de esperanza y fe en la lucha, la esperanza en la fuerza de la comunidad en movimiento y resistencia, que nuestros ánimos no decaigan, pues aunque las situaciones puedan verse adveras es justo en estos momentos cuando debemos sacar a flote toda la fortaleza heredada de las luchas pasadas y sobre todo siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres que han entregado la vida por la continuidad en la construcción de un mundo mejor.

¡LA ECONOMÍA VERDE NO ES LA SOLUCIÓN!

¡LA NATURALEZA NO ES MERCANCÍA!

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!

¡FUERA LOS MEGAPROYECTOS DE LOS TERRITORIOS CHIAPANECOS!

¡AGUA NATURALEZA Y ENERGÍA NO SON MERCANCÍA!

¡NO A LA GUARDIA NACIONAL!

FIRMAMOS:

Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo:

Las Abejas de Acteal ZODEVITE – Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE – Movimiento en defensa de la Vida y el Territorio Parroquia de Cancuc Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules Consejo Autónomo Regional de La Costa de Chiapas Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa» A.C. Frente Cívico Tonalteco Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa FPDS – Frente Popular en defensa del Soconusco «20 de Junio» Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza Parteras Nichim Dios MOCRI CNPMN La Voz del Pueblo Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. REMA – Red Mexicana de Afectadas y Afectados Por la Minería Otros Mundos A.C.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/05/pueblos-organizados-de-chiapas-nos-oponemos-a-las-falsas-soluciones-para-mitigar-el-cambio-climatico/

Mexico

Pasta de Conchos y la “verdad histórica”

Autor: Arturo Rodriguez García para Remamx.org
Conflicto Relacionado: Pasta de Conchos-Coahuila-IMMSA
– El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.

En una vivienda, se reunió con la Organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006 así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 fallecidos, quienes encausaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una primera señal de buena voluntad se había dado el pasado 19 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no litigar.

Después de horas de reunión, el encuentro del 30 de abril tuvo una conclusión: que el Estado tutele la recuperación de los 63 cuerpos que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, porque Grupo México –que originalmente debía hacerlo– cooptó en estos años al Estado (tanto que los deudos tuvieron que acudir a la CIDH) y el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, tuvo prácticas desleales y es parte interesada.

Ese fue el origen del anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la mañana de este 1 de mayo y que, por primera vez desde el siniestro de 2006, colocó el asunto al máximo nivel al aceptar las condiciones de los deudos –aun a costa de dejar fuera de la ecuación a su aliado, Gómez Urrutia– como lo hizo al declarar sobre Germán Larrea: “si ayuda bienvenido, si no, de todas maneras lo vamos a hacer”.

 

El asunto tiene una relevancia enorme, pues no se trata sólo del interés de un grupo de familias: es uno de los casos del maridaje gobierno-gran capital, que se expresó de manera terrible, con vidas humanas de por medio, garantizando la impunidad a uno de los hombres más ricos de México, un asunto al que López Obrador se ha referido como objeto histórico de su gobierno: separar al poder político del económico, origen de la gran corrupción.

Durante 13 años, una “verdad histórica” fue construida con base en un perito sin credenciales contratado por Grupo México. Su dictamen sirvió para evitar que continuaran los trabajos de recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos pues, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los funcionarios aceptaron y promovieron la versión empresarial.

La historia es la siguiente: un “experto” estadunidense, presentado en 2007 como D.G. Wooton, integró un dictamen en el que aseguraba que continuar con los trabajos, provocaría una epidemia de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, algo que carecía de un soporte científico básico, pero asustaba a los habitantes de la zona, en un contexto de indignación social que, por otra parte, se atemperaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos.

En los últimos días de febrero de 2006, autoridades federales, estatales y empresa, dijeron que la explosión provocó una elevación de temperatura a más de 900 grados, por lo que “ya no había sustento de vida” pues estaban calcinados (como se dijo en los mismos términos con la “verdad histórica” de Ayotzinapa, no habría ni cenizas). Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros con vida –que, entre una serie de compromisos posteriormente también incumplidos– prometiendo recuperar sus cuerpos.

El 23 de junio de 2006 se recuperó un primer cuerpo y el 1 de enero de 2007 el segundo. En ambos casos, la causa de muerte fue asfixia y no calcinamiento, lo que en los hechos echaba por tierra la primera “verdad histórica” que se quiso imponer. Así que al emitirse el Informe Wooton, lo que se evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa pues en 13 años nadie ha podido explicar qué fue lo que ocurrió el 19 de febrero de 2006 cuando, antes de emitir la alerta de accidente, desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la mina, las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones operaba.

Las condiciones previas eran relevantes: bitácora sobre presencia de gas; calidad de inhibición del polvo de carbón y, reportes sobre desperfectos eléctricos (factores clave para una explosión en mina de carbón), por ejemplo, que habían sido reportados desde el 7 de febrero, 12 días antes del estallido, en un acta de verificación que firmaron empresa, sindicato minero e inspectores de la secretaría del Trabajo.

El reporte del 7 de febrero era el seguimiento a las inspecciones que documentaban desde dos años antes las anomalías de la operación sin que jamás se hubieran suspendido sus actividades. Demasiadas responsabilidades que, de continuar con la recuperación de cuerpos, quedarían al descubierto.

Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no sólo aceptó el informe de Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban, lucraban con la tragedia; interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso, así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para mantener su posición que era la misma de Grupo México: no continuar con la recuperación.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el asunto fue tomado por el subprocurador Ricardo García Sáenz quien, al avanzar en la reapertura del caso procurando la recuperación de cuerpos por la vía penal, terminó forzado a abandonar el cargo, más o menos en las mismas fechas en que la secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, fraccionó en varios lotes la concesión Pasta de Conchos, haciendo aprovechable el yacimiento y eludiendo la suspensión impuesta por el siniestro.

De esa historia se desprende la exigencia de tutela del Estado que se hizo a Luisa Alcalde el 30 de abril, en una vivienda de Barroterán, donde se reunió con Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, un representante del Centro Pro, y Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos y anfitriona del encuentro.

A más de 13 años de los hechos, hay un avance que se actualiza en una región cuya actividad productiva principal, padece una cultura patronal mortífera y que, paradójicamente sirve al Estado, pues la mayoría de las minas son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.

Pero las responsabilidades son muchas y, por lo pronto, el gobierno de López Obrador deberá para resistir las presiones del magnate Larrea y sus asociados en la vida pública, por su anuncio de este 1 de mayo y cuando en estos días, el Estado Mexicano responda a los requerimientos de la CIDH, luego del compromiso asumido por el mandatario de no litigar contra las víctimas.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/pasta-de-conchos-y-la-verdad-historica/

Mexico

La corrupción institucionalizada ha contribuido en la crisis del agua en región centro de Zacatecas

Autor: Martín Catalán Lerma, La Jornada y Remamx.org

■ Hay tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales: Cindy McCulligh, posdoctorante en la UAZ

La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.

Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón continuo de “sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común”, lo que implica eludir las regulaciones ambientales para proveer a los capitales extractivos el acceso a los recursos escasos, incluyendo el agua.

En ese sentido, subrayó “la discrepancia existente entre la idea de un Estado democrático que vela por el bien común al tratar de procurar un equilibrio entre objetivos económicos y ambientales contrapuestos y la de un Estado neoliberal depredador que tiende a operar a favor de los intereses de corto plazo de corporaciones y empresas individuales que emplean grandes cantidades de agua en sus actividades extractivas, industriales y agrícolas”.

Explicó que la transmisión parcial de las concesiones de agua, una de las prácticas de corrupción institucionalizada, tiene que ver con la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas Nacionales).

McCulligh expuso que desde los 1960 se han emitido diferentes decretos que instituyen zonas de veda para restringir los derechos de perforación de nuevos pozos en Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para todos los municipios del estado. En los hechos, sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a la multiplicación de las concesiones de agua existentes.

La primera práctica de corrupción institucional, dijo, es el bajo nivel de inspección y vigilancia. Debido a que los cálculos de la extracción se basan en datos de las concesiones, la falta de supervisión e inspección implica que las verdaderas tasas de sobreexplotación con probabilidad exceden lo que se estima.

En ese sentido, “la Conagua carece de capacidad de inspección en el nivel nacional, hecho que se evidencia en el número de inspectores y de las inspecciones realizadas comparado con el número de usuarios con una concesión para extraer aguas superficiales o subterráneas, o bien con un permiso para descargar a aguas nacionales o para ocupar una zona federal. El número total de concesiones y permisos registrados a escala nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrededor de 180 inspectores. Con base en el promedio anual de inspecciones realizadas por la Conagua entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que requeriría de 59 años para poder inspeccionar a cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo de vigilancia que puede movilizar la comisión”.

En consecuencia, señaló que hay una depredación del agua por parte de industriales y agricultores en los que destaca “la incapacidad, o la franca complicidad del Estado, para someter a esos grupos a alguna lógica de racionalidad no empresarial, buscando una cierta equidad o algún criterio de conservación a largo plazo”.

Asimismo, McCulligh refirió que otra práctica importante que funge para asegurar el agua para satisfacer intereses económicos involucra la manipulación o tergiversación de los datos acerca del estado y la cantidad del recurso hídrico. Un caso bastante claro proviene del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales de la recarga natural del acuífero Cedros se multiplicaron durante la etapa antes de la instalación de la mina Peñasquito, una enorme mina a cielo abierto de la compañía canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil.

En 2007, comentó que la Conagua dio a conocer un estudio de la disponibilidad del agua en el acuífero Cedros, en el que se afirma que la tasa de recarga natural es de 10.1 Mm3 /año, y que el volumen comprometido en concesiones es de 4.45 Mm3/año. Dos años después, la Conagua publicó información en el Diario Oficial de la Federación indicando que la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 Mm3 /año, ¡un aumento de 435 por ciento.

Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm3 / año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm3 /año del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón, según detalló en un artículo publicado en la revista Water Alternatives y Observatorio del Desarrollo.

Consideró entonces que es un caso de reciprocidad negativa entre la corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del agua han incurrido tanto en “falsificar los estudios técnicos” como en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no sustentable del agua del acuífero.

McCulligh manifestó que la apuesta actual de las autoridades del estado es aumentar el abastecimiento a través de la construcción de la presa Milpillas, sobre el río del mismo nombre, al extremo occidente del estado en la cuenca del río Santiago, pero un trasvase de cuenca y una gran obra de infraestructura hidráulica no sólo no solucionarán los problemas que son de una magnitud importante, sino que no trastocan los patrones actuales de uso del agua en la región centro del estado.

“Minar agua subterránea para emprendimientos privados, sean agrícolas o industriales, se realiza actualmente con la anuencia de las autoridades, cuya aplicación de la regulación se inscribe en las prácticas de la corrupción institucionalizada. Mientras la corrupción institucionalizada permite que persistan los patrones no sustentables de explotación del agua en la región centro del estado, la crisis del agua se profundiza y se cristaliza en el conflicto naciente en torno a la presa Milpillas. Sin duda, la participación y la vigilancia ciudadanas serán clave para poder develar y romper las prácticas oficiales que solapan la sobreexplotación de los acuíferos en aras de garantizar actividades y ganancias privadas”, concluyó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-corrupcion-institucionalizada-ha-contribuido-en-la-crisis-del-agua-en-region-centro-de-zacatecas/

 

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Autor: Libertad y Pensamiento.com
Conflicto Relacionado: Santurbán

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá,  haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos minerosa diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una  millonaria demanda,  por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.

Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, paramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de miguel ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.

Fuente:http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?fbclid=IwAR18VeBxLepiLHJIRSqpeVQC7CoBXeb0IiIJhftdxd0OtjFDrFpR6jdLTmU

Chile

Las 8 mentiras de la minería en Putaendo

Autor: Puatendo Libre.com
Conflicto Relacionado: Vizcachita-Putaendo-Andes copper

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.

  • La Minera argumenta que las juventudes migran a la Región Metropolitana o a Valparaíso a buscar mejores condiciones de trabajo. Si esto es cierto, claramente las juventudes no van a buscar trabajo en la minería porque en esas ciudades no hay. Sin embargo, sabemos que cada vez más jóvenes que se han ido a estudiar a otras ciudades, ahora regresan a sus pueblos, Putaendo entre ellos, para hacer su vida en un entorno apacible, con condiciones geográficas y atmosféricas envidiables.
  • La Minera dice que trae el desarrollo que la región necesita. ¿Existe desarrollo en el norte de Chile? ¿Migra la gente hacia esos lados por la buena calidad de vida? No y no. Solo van trabajadores por turnos a cumplir su relevo en las minas, gente que ha estudiado minería, pero que luego se enferman jóvenes de cáncer y tantas otras enfermedades relacionadas con la actividad minera. Nadie va a vivir al norte de Chile buscando calidad de vida porque lo han desertificado, pelado todo.
  • La Minera dice que es limpia y sustentable, que para eso se siguen los procedimientos adecuados en cumplimiento con las legislaciones vigentes. Sin embargo, en Chile tenemos un sistema legal obsoleto: desde la misma Constitución Nacional que necesita su buena reforma ya que data de la última dictadura militar; hasta el Código de Agua, también de la última dictadura, que permiten tener más derechos de agua a aquellos que las puedan pagar. La minería pretende utilizar ese sistema de leyes a su favor, sistema que desde su génesis es corrupto y que necesita una revisión y cambios urgentes en épocas de democracia.
  • La Minera dice que trae el desarrollo sustentable, entonces ¿por qué no se ha desarrollado África? ¿Por qué mueren niños de hambre allí? Por la fiebre extractivista, que ha saqueado los recursos naturales del continente africano durante siglos. Nada de lo que sea extractivista, esto es: sacar desmedidamente los recursos de la tierra por beneficio económico, ha producido jamás riqueza alguna para la región donde se encuentra la mina. El dinero siempre es transferido a sus casas matrices, a los centros de poder, donde residen sus dueños y accionistas. Solo quedan migajas y contaminación en las zonas de explotación minera.
  • La Minera dice que trae desarrollo económico. Sin embargo, el desarrollo por definición tiene que ser sostenible en el tiempo, a nivel social y ambiental. Las mineras tienen una proyección de explotar las minas durante un período de 30 años (para el caso de Vizcachitas Holding, según su plan de negocios). Una actividad económica que dura solo 30 años y luego deja daños ambientales tremendos no puede ser nunca desarrollo. A lo sumo será crecimiento económico en términos de aumento del PIB durante algunos años, nada más. Crecimiento NO es sinónimo de desarrollo, éste último es sostenible y sustentable en el tiempo.
  • La Minera dice que puede convivir con la agricultura, el turismo y otras actividades económicas. Sin embargo, nadie se va de vacaciones a un lugar de explotación minera, a nadie le gusta enfermarse. Todos buscan la calidad de vida y la salud, son los bienes más preciados. Además, la minería no puede convivir con la agricultura, por algo en Chile el norte es minero y el sur es agropecuario. No coexisten en las mismas regiones por obvias razones: el agua. La minera sí o sí contamina las napas subterráneas o los ríos cuando hay derrames, entonces es imposible que con aguas contaminadas se puedan regar los cultivos. La huella del agua en el mundo mide eso, la trazabilidad y el seguimiento de los recursos utilizados en la producción.
  • La minera dice que es mentira que la gente se enferma en ciudades mineras. Sostienen que se vive en abundancia y que ellos instalan nuevos hospitales y centros de atención. Sin embargo, numerosos estudios sostienen claramente cómo la minería causa decenas de enfermedades por el polvo y material particulado que genera en el aire y en el agua. Además de las numerosas muertes por “accidentes” que se dan en las minas. Es una actividad de alto riesgo que se paga con la vida misma solo para llenar el bolsillo de unos pocos.
  • La minería no contempla los costos ambientales, sino no sería rentable. Sólo consideran costos económicos y técnicos, pero si sumaran los costos ambientales y sociales de los impactos negativos (externalidades negativas) que generan, deberían cerrar sus puertas y dejar de funcionar. Se gastan millones de dólares en multas, reparaciones de daños, etc.

 

Fuente:https://putaendolibre.com/las-8-mentiras-de-la-mineria-en-putaendo/