Acusar golpe, es una frase usualmente dicha para expresar que alguien admite que ha sufrido el daño de una agresión y frente a eso, temeroso de mayor agravio, cede ante sus adversarios. ¿Será que esto es lo que le está sucediendo al gobierno de Vizcarra?
Luego del mensaje presidencial de julio, en el que el Presidente se atrevió a plantear una nueva Ley de Minería, admitiendo que necesitamos nuevas condiciones para seguir impulsando esta actividad, y post Tía María, donde además confrontó abiertamente al gremio minero diciéndoles que “respetar el Estado de Derecho no significa sacar un proyecto a sangre y fuego”; el empresariado liderado por la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería se le vino encima, al punto de pedir incluso su vacancia, vía sus aliados fujimoristas, con una campaña rabiosa basada en un doble discurso. A esto se sumó las evidencias que han ido saliendo sobre la vinculación de su ex premier y amigo personal, César Villanueva, de quien a estas alturas ya nadie duda que también fue tocado por la mano de Odebrecht.
Debilitado sin duda por este sismo político, parece que Vizcarra acusa golpe; sí necesita el apoyo político del sector social (sin bancada ni partido), pero tampoco ha sido capaz de confrontar al sector empresarial, quien mantiene su poder en este escenario y puede moverse estratégicamente para lograr un buen daño al gobierno.
Salvador del Solar, acaba de estar en PERUMIN, la conferencia minera más importante del país, y en ella anunció el primer gran giro para calmar al empresariado. Ya no va más la propuesta de una Nueva ley de Minera, a la cual dicho sea de paso, los únicos que se oponían son los empresarios, ahora propone la creación de una “comisión minera para un nuevo desarrollo minero”, osea ¿quién sabe?
Renunciar a la reforma de una Ley desfasada, que no se ajusta a estos nuevos contextos, que fue impulsada bajo el gobierno de Fujimori, en el marco de una crisis económica que casi obligaba a darle todas las prebendas a los inversionistas para que se animaran a invertir en un país quebrado (contratos de estabilidad, beneficios tributarios preferentes, ventajas para esta actividad sobre otras, etc.), es simplemente aceptar las modificaciones cosméticas que quieren los empresarios, y que por supuesto no tocarían los temas medulares.
Otro giro radical, se observa en la posición respecto al proyecto Tía María. Mientras Del Solar se lucía frente a los mineros en el PERUMIN, la ministra del Ambiente salía a declarar el mismo día, que consideran que el Proyecto Tía María subsanó las observaciones de la UNOPS, con lo cual casi está anunciando la viabilidad de tan discutible proyecto.
Mientras tanto en PERUMIN dan voz a las posturas más ultras pro minería. Basta ver discurso del consultor de Seguridad Sandro Espinoza, que no tiene reparo de acusar abiertamente a los movimientos sociales de ser organizaciones criminales, y hasta al propio Viceministro, Raúl Molina de ser miembro de las mismas, pidiendo al Estado principio de autoridad y que persiga y que encarcele a todos. Y el gobierno parece de alguna manera estar oyendo ese discurso. En Las Bambas el propio Estado sabotea el diálogo que impulsó, sitiando a la población con cientos de policías que ya han generado enfrentamientos, provocando el retroceso de este proceso.
Pero hay más, se agudiza la persecución a líderes sociales reviviendo la persecución legal sin fundamento del ex alcalde Oscar Mollohuanca y metiendo a prisión a Walter Aduviri, no por ser autor de algún delito, sino por ser el líder del movimiento social aymara. Y 19 líderes de Cotabambas van a juicio este 14 de octubre y otros 21 del mismo lugar van por el mismo camino, todos responsabilizados de delitos que no ejecutaron, pero que se les atribuye por representar a sus comunidades.
La minería es la actividad productiva que ha generado más conflictos en el país en los últimos años, por ello negarse a reformas serias, y limitarse a promover fórmulas que mantengan tranquilo al gremio minero, solo contribuye a mantener el estatus de siempre, donde el que tiene más poder y fuerza se impone.
Fuente:https://grufides.org/blog/acusa-golpe-el-retroceso-de-vizcarra-frente-al-embate-minero?fbclid=IwAR2v29WG75UJ4IgROaRAI-037DYOaM1WaBbbTB2urqg2vXNv0n-toKNxMbY
La comunidad campesina de Ccancahuani en el distrito de Ccapacmarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició una medida de lucha contra el proyecto minero Las Bambas por incumplimiento de compromisos. Desde la tarde del domingo 22 de setiembre, cerca de 300 comuneros iniciaron el bloqueo de parte de la carretera del Corredor Vial Minero Sur.
Alianza por la Solidaridad alerta de que ya 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable mientras se vacían acuíferos en todo el mundo
Más de 110 delegados de distintos países de Latinoamérica como de Asia, África, Europa y Norte América participan del 1º Encuentro continental de afectados por represas en Panamá. Cuyo objetivo es intercambiar y reflexionar entre comunidades, aliados e invitados. Las afectaciones por represas en diversos países, para encontrar estrategias comunes que permitan luchar contra las violaciones sistemáticas de derechos y fomentar prácticas que conduzcan a una solución estructural para estos problemas, entre las que se cuenta el fomento de sociedades alternativas y la creación de modelos energéticos populares para esas sociedades.
Aunque Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacen parte del Convenio de Minamata, persisten los efectos del mercurio en ríos y peces.
El sentido común nos dice que la economía mundial no puede depender de un recurso agotable y cada vez más escaso como el petróleo, pero al mismo tiempo, el control sobre él sigue siendo fuente de conflictos internacionales que incluso suelen acabar en la guerra. La era postpetrolera está todavía lejos.
A seis meses desde que la causa quedó en acuerdo, la Corte Suprema entregó hoy su veredicto en el caso de Minera Dominga. La sentencia -con cuatro votos a favor y uno en contra- fue valorada de lado y lado, tanto opositores como la empresa que desarrolla la iniciativa, Andes Iron.
Resulta insólito que sea el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien defiende las indicaciones incorporadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Protección de Glaciares. ¿No deberían ser el Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección General de Aguas, los interlocutores respecto de esta política pública? Es claro que el gobierno entregó a quienes están destruyendo glaciares, la prerrogativa de modificar, de acuerdo a sus intereses, el proyecto que propone protegerlos. Por ello no es necesario que responda sobre quien hace lobby para debilitar el texto. Él junto a Joaquín Villarino, del Consejo Minero, se han evidenciado al defender las indicaciones.
En pleno contexto de debate medioambiental, a nivel internacional y nacional, hacemos una recopilación de algunos casos emblemáticos de conflicto ambiental en donde empresas mineras han estado involucradas.
La definición e implementación de una Política de Industrialización en Chile debe trascender los gobiernos de cuatro años y convertirse en una Política de Estado, de modo de viabilizar el avance hacia un país más competitivo.