Internacional, Litio

Tianqi posterga ampliación de proyecto de litio en Australia ante exceso de oferta global

Según prensa de Australia, la firma china dueña del 24% de SQM decidió poner en pausa la ampliación del proyecto de hidróxido de litio Kwinana. Tras la decisión, Albemarle y la minera chilena subieron en bolsa.

Nuevas medidas para contener el exceso de oferta en el mercado del litio decidió la empresa china Tianqi, dueña del 24% de la propiedad de SQM y uno de los principales productores de litio del mundo.

Según reportaron diversos medios australianos como Financial Review y The West Australian, la china hizo este anuncio en medio de la inauguración de la primera etapa de ese proyecto, que costó US$700 millones. La expansión que la compañía decidió poner en pausa costaría otros US$300 millones.

La medida provocó que las acciones de los otros productores mayores de litio en el mundo, Albemarle -que es socia de Tianqi en proyectos en Australia- y la chilena SQM elevaran su cotización en los mercados internacionales. Los papeles serie B de la firma nacional subieron 4,3% en la bolsa de Santiago y 4% en el caso de los ADR, mientras que los papeles de Albemarle lo hicieron en 4,47%. Esto, ante las mejores perspectivas para estas empresas que abre esta decisión, pues el sector enfrenta un escenario deprimido para los precios del litio dado el exceso de oferta que se vive a nivel global.

Por ello, la decisión no es aislada en la industria. La propia SQM ha decidido reducir sus ventas de litio en los mercados internacionales, de manera de completar inventarios para aprovechar un mejor panorama de mercado a futuro.

Además, la propia Tianqi y Albemarle decidieron posponer la expansión del proyecto de litio Greenbushes, mientras que el proyecto de Albemarle Kemerton se redujo en respuesta a la demanda más débil proyectada para los negocios de electromovilidad y baterías.

Pulso publicó este domingo que los precios del “oro blanco” no debieran repuntar en el corto plazo. Así lo dejó entrever hace algunas semanas, en la entrega de sus resultados al primer semestre, el CEO de SQM, Ricardo Ramos, quien proyectó el precio del litio en US$10.000 la tonelada para el cierre del tercer trimestre lo que no sería tan malo para SQM.

SQM prevé una fuerte recuperación del mercado desde 2020

Mejores perspectivas para el negocio del litio dio a conocer ayer SQM en su día del inversionista en Nueva York. La compañía estimó que la demanda de litio crecerá en un promedio anual de 18% en el período 2020-2025, en un rango que podría fluctuar entre 16% y 20%.

Pablo Altamiras, vicepresidente de Negocios de Litio y Yodo de SQM dijo que la “la demanda sólida y los fundamentos apoyan la visión de un importante crecimiento en los próximos años”.

En cuanto a los precios, SQM pronosticó que estos se ubicarán entre US$10.000 y US$15.000 la tonelada de aquí al 2025.

El CEO de SQM, Ricardo Ramos, agregó que dado este escenario consideran un plan de inversiones sólo en el negocio de litio de US$1.332 millones en el período 2019-2023.

 

Fuente:http://www.latinomineria.cl/blog/2019/09/11/tianqi-posterga-ampliacion-de-proyecto-de-litio-en-australia-ante-exceso-de-oferta-global/

Chile

Andes Iron tras fallo de Dominga: «Tenemos plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo»

El presidente ejecutivo indicó además que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.


La empresa a cargo del proyecto, Andes Iron se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre Dominga, y afirmaron que tienen plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo de la iniciativa.

“Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido, en un comunicado.Además comentó que “el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país.”

Finalmente el ejecutivo indicó que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.

“Tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental”.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/andes-iron-tras-fallo-dominga-tenemos-plena-confianza-la-evaluacion-ambiental-se/836493/

Chile

«La situación climática empeoró; el único camino es la presión social»

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. «Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura», dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

La Cumbre de Acción Climática, celebrada a un día del comienzo de la Asamblea General, convocó en la sede de la ONU en Nueva York a líderes mundiales, empresarios y referentes medioambientales como la joven sueca Greta Thunberg, quien sintetizó la dramática situación que atraviesa el planeta: «Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes», dijo ante varios jefes de Estado.

«La situación ha ido empeorando gradualmente, por lo tanto el camino que está quedando es la presión social, la presión activa de la ciudadanía, los movimientos sociales y esta nueva generación de jóvenes».

«La historia nos ha demostrado que sin acción, sin movilización social, no se podrá cambiar la mentalidad de nuestros políticos, para cambiar los modelos productivos que profundizan la crisis climática», aseguró a Voces del Mundo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) desde Chile.

El ambientalista chileno expuso un escenario poco optimista y cuestionó la responsabilidad de las potencias mundiales. «Hay que ponerse en posición de exigencia con las economías más grandes, que son responsables de las emisiones históricas, a costa de los países del sur, que vivimos las consecuencias de ese nivel de consumo y de ese estándar de vida. No debemos diluir las responsabilidades, hay unos más responsables que otros, que deben comprometerse por bajar sus emisiones. La justicia climática tiene que ver con esa visión», aseguró.En tanto, Cuenca se refirió a la COP25 –la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático–, que este fin de año tendrá lugar en Santiago. Criticó los llamados mecanismos de mercado que buscan regular la emisión de gases de efecto invernadero mediante bonos negociables y advirtió sobre la actividad minera en su país.

«Las empresas mineras están desarrollando grandes campañas comunicacionales diciendo que la minería es el centro de la transición energética para enfrentar la crisis climática, cuando son un factor de la crisis climática».

«Los mismos que han generado el problema ahora nos quieren vender la solución. Y no se considera el impacto de la minería. Llamaría a tener cuidado al avalar esos discursos, que quieren ampliar aun más la explotación de minerales en la franja limítrofe en nuestros países. Los glaciares no son solo reservas de agua, sino testigos geológicos de la la historia y reguladores de la temperatura», apuntó.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201909241088772345-cambio-climatico-preocupacion-de-la-onu/?fbclid=IwAR0v-IBriFuml3fk78Jy84Cwq12WI_PnTEB3VQwLzLMse_xuoFP0JhSXuCw
Chile

Minera Dominga: Corte Suprema rechaza reclamación de Andes Iron y devuelve caso al tribunal ambiental

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.


En un fallo muy esperado, la Corte Suprema finalmente se pronunció sobre Minera Dominga y decidió rechazar las reclamaciones presentadas por Andes Iron, devolviendo el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que ahora deberá analizar el fondo del caso.

La Corte Suprema estableció en un fallo de más de 180 páginas que “se rechaza el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.

Además indicó que “el Primer Tribunal Ambiental, a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

La decisión del Máximo Tribunal es favorable para la reclamación que presentaron los ambientalistas y no para Andes Iron, empresa que acusó vicios en el proceso que llevó adelante el Comité de Ministro.

La Corte Suprema retrotrae el proceso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, indicándole que se pronuncie sobre el fondo del proceso -anteriormente lo hizo solo sobre la forma- y analizar si la información ambiental que se desarrolló en el proceso de evaluación ambiental es suficiente o no para aprobar la iniciativa.

El Proyecto

La iniciativa de Andes Iron, ligada a la familia Délano y Garcés, había sido rechazada tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros en 2017.

Cabe recordar que la votación en esa instancia generó un verdadero terremoto político durante el gobierno de Michelle Bachelet, el que finalmente se tradujo en la salida del equipo económico de esa administración y que estaba liderado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y su par de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

En construcción creará 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 cuando esté en operación. Según la empresa, por cada empleo directo se generan unas 2,5 plazas laborales.

El proyecto con una vida útil estimada de 26,5 años contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/minera-dominga-corte-suprema-rechaza-reclamacion-andes-iron-devuelve-caso-al-tribunal-ambiental/836266/?fbclid=IwAR2GnLuQ9Z-bFn8OIav5uh2CrEMCjt7R1bZmhCFxkQsUc7j0TgafvtB9l4g

Internacional

La multimillonaria industria de los “servicios climáticos” está alterando el acceso a los datos sobre el cambio climático

¿Cómo evitamos un futuro en el que los mejores datos para salvar vidas y propiedades de la destrucción climática sólo estén disponibles para aquellos que puedan permitírselo?

Esta es la pregunta que se hacen algunos observadores y críticos de los “servicios climáticos”. El rápido crecimiento de este campo en los últimos años marca un cambio profundo en la forma en que nuestra sociedad crea y utiliza la ciencia. En lugar de centrarse ampliamente en los impactos regionales, nacionales o mundiales del aumento de las temperaturas, los proveedores de servicios climáticos crean datos adaptados a los responsables específicos de la toma de decisiones: el alcalde de una ciudad costera, por ejemplo, o el director ejecutivo de una empresa de servicios energéticos.

Este campo está generando una industria de compañías de servicios climáticos que perciben el potencial de beneficios enormes mediante la venta de datos personalizados a clientes que desean conocer con detalle financiero explícito dónde y cuánto les afectará el cambio climático.

Uno de los líderes de la industria, un ejecutivo de Silicon Valley llamado Rich Sorkin, defendió los servicios climáticos en mayo ante el Subcomité de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Argumentó que tomar la ciencia climática a gran escala producida por las agencias federales y convertirla en evaluaciones de amenazas hiperlocales es una forma crucial y efectiva para que las ciudades, estados, compañías e inversionistas se preparen mejor para la emergencia climática.Sorkin sugirió que su compañía climática Júpiter, centrada en el riesgo, está especialmente capacitada para asumir este trabajo. “Creemos que el gobierno federal debería delegar en el sector privado en esta área”, dijo en un comunicado.

Según la investigadora Svenja Keele, el crecimiento de los servicios climáticos privados “aleja los incentivos para la ciencia climática del interés público y los lleva a la búsqueda continua de beneficios.

Sin embargo, esa no es una opinión universalmente aceptada. A principios de este año, la revista Climatic Change dedicó un número especial a los servicios climáticos, que incluía preguntas difíciles de los críticos. La investigadora de la Universidad de Melbourne, Svenja Keele, argumentó en un documento que el crecimiento del campo “aleja los incentivos para la ciencia climática del interés público y los lleva a la búsqueda continua de beneficios”.

Mientras tanto, el profesor asistente de la Universidad de Guelph Eric Nost se preguntaba: “¿Cuándo agravan realmente los servicios climáticos las vulnerabilidades existentes?”Sorkin argumenta que empresas como la suya —que es parte de una industria que en 2015 se valoraba globalmente en 2.600 millones de dólares, con un crecimiento anual del 6% al 10%— son ágiles e innovadoras allí donde el gobierno puede ser lento y cauteloso. “Estamos años por delante de lo que está haciendo el sector público”, dice.

En su exposición, comparó el impacto de Júpiter en la ciencia climática con la influencia perturbadora de Amazon, Microsoft y Google en la supercomputación: “En casi todos los casos, el sector privado está liderando la adopción de estas nuevas tecnologías, impulsado por la brutal competencia por las ganancias”.

Y para compañías como la suya, esas ganancias pueden ser lucrativas. Entre los clientes de Júpiter se encuentran empresas de petróleo y gas, seguros y defensa. Un nuevo cliente puede esperar pagar entre 200.000 y 500.000 dólares para aprender cómo está expuesto a inundaciones, calor, tormentas, incendios y otros impactos del cambio climático. Una suscripción de un año de duración podría comenzar con un millón de dólares, dice Sorkin, “y para las grandes corporaciones podría ser mucho más que eso”.

Otras empresas también están tratando de sacar provecho del miedo y la inseguridad financiera provocados por el aumento de las temperaturas mundiales y el clima impredecible.

¿BUENO PARA LA SOCIEDAD?
Pero con esto han surgido preguntas sobre quién gana realmente.

“[Los servicios climáticos desarrollados comercialmente] a menudo son exclusivos y sólo son accesibles para aquellos involucrados y/o que pagan por ese servicio”, escribió en un correo electrónico Marta Bruno Soares, becaria universitaria de Met Office en el Reino Unido. “Lo que es crítico en este punto es entender cómo se están autorizando los servicios climáticos y qué acceso se permite a quién”.

Incluso los líderes de la industria reconocen el riesgo de un futuro no tan lejano donde los ricos y poderosos tengan mejor información y herramientas para protegerse de la devastación del cambio climático que los pobres y vulnerables.

“Esa es una gran preocupación, y ciertamente no voy a pretender que tenemos la solución”, dice Emilie Mazzacurati, fundadora y CEO de Four Twenty Seven, una compañía de servicios climáticos con sede en California que fue adquirida recientemente por Moody’s. Cuando se trata de la adaptación al cambio climático, añade, “hay una desigualdad enorme y preocupaciones enormes sobre la equidad que no vamos a resolver con datos”.

“Creo que es un tema extremadamente importante sobre el que estamos prestando mucha atención para tratar de abordarlo”, dice Sorkin. Según este directivo la compañía está buscando maneras de ayudar a los que tienen menos recursos, como trabajar con las comunidades de Estados Unidos para alejarse de los peligros climáticos en lugar de limitarse a reconstruir después de que ocurra un desastre.  “No estamos en posición de regalar lo que estamos haciendo, pero hacemos una cantidad sustancial de trabajo altruista”, dice.

INTEGRACIÓN DE RIESGOS
Mazzacurati fundó Four Twenty Seven después de que el huracán Sandy devastara la ciudad de Nueva York en 2012. “Lo que más me impactó fue el caos que [un] evento climático extremo podía traer a una de las ciudades más ricas, organizadas y con más recursos del mundo, y a algunas de sus empresas más poderosas”, recordó más tarde.

Con partes de Manhattan inundadas y sin electricidad, se pregunta por qué las organizaciones financieras en particular —que requieren una comprensión detallada del riesgo para sobrevivir— no se preparan para una amenaza climática obvia.

“Los científicos estaban diciendo ‘sabíamos que esto podía pasar”, dice Mazzacurati. “[Había] una desconexión entre los datos y proyecciones sobre los riesgos del cambio climático y el hecho de que no estuvieran integrados de forma sistemática para la mayoría de las organizaciones”.

Four Twenty Seven se describe a sí mismo como un proveedor de “inteligencia de mercado”. Pero se basa en el supuesto de que las empresas y los inversores que aprenden sobre los peligros hiperespecíficos a los que se enfrentan a causa del cambio climático —ya se trate de una fábrica expuesta a las inundaciones o de una inversión de alto carbono que podría devaluar una cartera— no sólo protegerán sus activos individuales, sino que impulsarán soluciones climáticas más amplias.

“Necesitamos tanto una acción política global como que las corporaciones se preparen para impactos específicos”, dice Mazzacurati. “La comprensión de cuán complejos [y costosos] son esos impactos… debería ayudar a motivar un mayor compromiso político”.

 

Mientras dirigía el equipo de servicios climáticos del Met Office Hadley Centre, Carlo Buontempo realizó un proyecto sobre el impacto del cambio climático en las corporaciones y las compañías petroleras.

“Cuando cambias la narrativa y empiezas a debatir el impacto que el cambio climático tendrá en ellos en lugar de lo malvados que son… entonces tienes una conversación completamente diferente”, dice Buontempo. “Es probable que desencadene la acción”.

Pero potencialmente sólo hasta cierto punto. En 2017, Royal Dutch Shell desinvirtió 7.250 millones de dólares en inversiones de las arenas petrolíferas de Canadá después de enterarse del daño financiero que un cambio en el mercado hacia la energía baja en carbono podría tener en su modelo de negocios. Sin embargo, más o menos al mismo tiempo la compañía gastó 53.000 millones de dólares en la adquisición del gigante de los combustibles fósiles BG Group, y The Economist informó recientemente que Shell está “destinando la mayor parte de su presupuesto anual de gastos de capital de 30.000 millones de dólares durante el período de cinco años [2021-2025] a proyectos relacionados con los combustibles fósiles”.

¿REEMPLAZO O COMPLEMENTO?
Los críticos se preguntan si es prudente asumir que los intereses de las corporaciones y otros actores poderosos se alinean perfectamente con los intereses más amplios de la sociedad.

“Debemos estar atentos a la posibilidad de que los modelos de prestación de servicios [climáticos], redactados en el lenguaje de la iniciativa empresarial, la eficiencia, la utilidad, la personalización y la flexibilización, simplemente consoliden el status quo… en lugar de apoyar respuestas transformadoras y equitativas al cambio climático”, escribió Keele en Climatic Change.

Mientras tanto, los defensores cuestionan la premisa subyacente de tales críticas: que el crecimiento de los servicios climáticos se produce a expensas de la investigación tradicional. “No reemplazamos la ciencia fundamental que realizan los científicos y las agencias gubernamentales”, dice Mazzacurati. “Somos usuarios de los datos y ayudamos a llevarlos al mercado”. De hecho, los ataques de la administración Trump contra la ciencia climática de Estados Unidos —incluyendo una propuesta de recortar mil millones de dólares sólo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— son noticias desagradables para la industria. “Estamos muy preocupados por los recortes presupuestarios”, dice Mazzacurati.

Aún así, Sorkin reconoce que es poco probable que un enfoque del sector privado —al menos por sí solo— sirva a las necesidades de los más vulnerables del planeta. “Realmente no vemos a las comunidades o países subdesarrollados como generadores de ganancias para nosotros”, dice. Este tipo de proyectos, dice, sólo tienen sentido desde el punto de vista financiero con el gobierno o las ONG como socios.

UN CAMBIO DESESPERADAMENTE NECESARIO

No importa de qué lado estés, el hecho es que décadas de advertencias de los científicos climáticos aún no han producido la acción global necesaria para evitar la catástrofe. Buontempo dice que las empresas que responden a estrechos intereses egoístas son un aspecto de un cambio desesperadamente necesario que se aleja de las actividades que producen carbono, junto con estrategias para hacer frente a los impactos en los que ya estamos atrapados.

“La participación del sector privado es para mí inevitable”, dice. “No hay suficientes académicos trabajando en el clima para desarrollar todos los servicios que una sociedad necesita en esta etapa”. Independientemente de si es así o no, la cuestión sigue siendo la misma: ¿Quién se beneficiará en última instancia de esta participación, la sociedad en general o los ricos y bien posicionados?

 

Fuente:https://avispa.org/la-multimillonaria-industria-de-los-servicios-climaticos-esta-alterando-el-acceso-a-los-datos-sobre-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR2_On0MYtS5-_irFuVBXPX-xVO20FpCS6QsAQMALR2hafa1tZ4vNntYFog

Mexico

Entregar a escuelas recursos del Fondo Minero es una “perversa lógica de dependencia”: Rema

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

Esa idea cultivaría una “perversa lógica de dependencia” para las escuelas frente a las grandes empresas mineras, subrayó la Rema, y alertó que, de concretarse la propuesta del Ejecutivo, las empresas mineras podrían utilizar ese programa para “lavar de facto” los daños al ambiente y a la salud que ocasionan.

López Obrador hizo la propuesta el pasado viernes 6, durante una visita al municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde operan mineras.

En ese lugar detalló que actualmente se litiga la disposición de los recursos del Fondo Minero (para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros), cuya entrega fue suspendida por su administración, por considerar que las autoridades municipales no deben ser “intermediarias”, sino que los recursos deben ser entregados directamente a pobladores de las comunidades.

El presidente dijo que, si el gobierno federal es favorecido con la sentencia judicial, los recursos del fondo que corresponden a Charcas –casi 25 millones de pesos– podrían entregarse a comités de madres y padres de familia de las 33 escuelas primarias en el municipio, para que desde allí se administren y dispongan.

Fondo Minero “no llegaba a los pueblos”

En esa visita, López Obrador precisó que muchos años después de que se comenzó la entrega de territorio a las empresas mineras mexicanas y del extranjero, “desde la oposición empezamos a denunciar” que éstas no pagaban impuestos, “y se logró apenas hace cuatro años que se estableciera un impuesto para la explotación minera, y que ese dinero se destinara a apoyar las comunidades donde hay minas, como es el caso de Charcas y de muchos municipios del país”.

Lo obtenido para el Fondo Minero, aseguró, no llegaba a los pueblos, “por eso tomamos la decisión de detener ese fondo hasta aclarar bien cómo íbamos a entregar estos recursos, porque, como en todo, si el dinero pasa por muchas instituciones o hay intermediarios, no llega o llega con moche, con ‘piquete de ojo’, y ya no queremos que sea así, queremos que llegue directo a la gente el apoyo”.

En algunas entidades esa decisión provocó una controversia que llegó al Poder Judicial Federal.

El presidente dijo tener una propuesta “para destrabar el asunto”, siempre y cuando haya el acuerdo entre su gobierno, los estados y los municipios.

“Estaba yo proponiendo al gobernador (Juan Manuel Carreras) lo siguiente, a ver cómo se analiza, siendo también respetuosos de la autoridad municipal: nosotros estaríamos dispuestos a entregar estos 24 millones de pesos si se entregan directamente a la sociedad de padres de familia de las escuelas de Charcas. Así no pasan por ninguna oficina del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino que nos ponemos de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, y se entrega”, explicó AMLO en la visita que hizo Charcas el pasado viernes 6.

El dinero se dividiría entre las 33 escuelas primarias del municipio potosino, de acuerdo con el número de alumnos y necesidades de cada sociedad de madres y padres de familia, “y ellos deciden cómo ejercer ese presupuesto”, abundó.

Incluso anunció que el esquema comenzaría en Charcas y se replicaría en el resto del país. “Yo estoy seguro que así el dinero va a rendir. Todos los padres de familia van a querer tener bien las escuelas donde estudian sus hijos, y no se va a permitir que nadie se robe el dinero”, señaló.

De igual manera, expresó que si no surge el acuerdo y la controversia acaba dirimiéndose en tribunales, si éstos le dan la razón al gobierno federal, aplicará la repartición tal y como lo anunció: directamente a los comités escolares.

“Esa decisión la tenemos tomada”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, para organizaciones como la Rema, esa forma de asignar los recursos del Fondo Minero ataría a las escuelas a una “lógica perversa de dependencia con respecto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras”.

En un pronunciamiento, la organización reconoció las carencias en las escuelas, pero acusó al gobierno federal de no entender el problema de las actividades mineras en México. No es la redistribución de sus ganancias, “sino respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos”, puntualizó.

También recordó que el gobierno federal está obligado a dotar de recursos suficientes a las escuelas y al personal docente de las mismas, y si esto se liga directamente con la obtención del impuesto por las empresas mineras, dijo, “se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas”.

La organización recordó que Charcas es uno de los municipios del país donde la actividad de las mineras ha causado graves accidentes y la muerte de trabajadores, como ocurrió en 2016 con cinco trabajadores de la empresa Minera México que fallecieron en accidentes.

“El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. ¿Acaso los 24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?”, cuestionó Rema.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/599712/entregar-a-escuelas-recursos-del-fondo-minero-es-una-perversa-logica-de-dependencia-rema?fbclid=IwAR23nhcmCBT2XYnGNGlAecOD3DkcTAeQN6CyuIQ48RNEDwNI0W4CjyBiWtU

Perú

Espinar: Fiscalía abre investigación por contaminación de agua potable

El 14 de febrero del 2019, Vidal Merma Ccamarcco, en su calidad de Presidente de Comité de Lucha por la defensa del agua y la salud en Espinar, presentó una denuncia penal por la probable contaminación y afectación a la salud por la presencia metales tóxicos en el agua potable de Espinar. Después de casi nueve meses, la Fiscalía Provincial de Espinar ha decidido iniciar una investigación –por un plazo de 60 días- para determinar quienes resulten responsables por no atender esta problemática.

Como se recuerda, la Red de Salud Canas, Canchis y Espinar, en noviembre del 2018, emitió un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles y su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud. Las organizaciones sociales de Espinar al conocer el contenido de dicho informe se articularon en el Comité de Lucha por la Vida y Salud de Espinar, y realizaron diferentes acciones de denuncia pública en la provincia.

Sobre este punto DHSF emitió un informe técnico en el que resaltaba que, en base a la información revisada desde el año 2016 ya se sabía de la existencia de metales pesados que excedían los límites máximos permisibles … << Ya desde el año 2016 la población viene ingiriendo agua contaminada, con el consiguiente efecto a la salud individual de las personas, que puede no ser perceptible a simple vista, pero a la larga va alterando su metabolismo celular y en algún momento de sus vidas evidenciarse con síntomas y signos clínicos que tipifican alguna determinada enfermedad, incluida el cáncer.>>

En su momento la DIRESA Cusco, luego de las denuncias públicas, señalo – primero a través de un comunicado – y luego en un informe realizado en la Provincia de Espinar que, la emisión de los resultados no fueron interpretados correctamente por parte del personal y que sí hubiese existido presencia de metales tóxicos, éstas se dieron porque las muestras pudieron haberse contaminado durante su traslado.

En ese sentido la Fiscalía de Espinar ha dispuesto una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados sobre la presencia de metales tóxicos en el agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Espinar en planta de tratamiento ‘Virgen de Chapi’. Ha dispuesto también que la Municipalidad que informe sobre los trámites realizados con las instancias del Estado para la eliminación de los metales, y que la Dirección Regional de Salud informe los resultados de los análisis realizados desde el año 2011.

Formalmente las investigaciones iniciaran el 30 de setiembre, tomando las declaraciones de Manuel Salinas, exalcalde de Espinar, para que informe sobre las acciones que su gestión tomo para el control del agua potable.

El Estado debe garantizar el consumo de agua potable libre de contaminación, así mismo se debe conocer con absoluta transparencia que origina la presencia de metales tóxicos y socializar los informes de la calidad de agua que consumen los espinarenses. Desde DHSF estaremos atentos a este proceso, para que las investigaciones cumplan los plazos establecidos y se demuestre las causas y responsables de las afectaciones ambientales que sufre Espinar.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-fiscalia-abre-investigacion-por-contaminacion-de-agua-potable/?fbclid=IwAR0xyastn19lCsU4qS-gfRVSm9YKAUy4dRaDewgweYJDwLaJ5BtL6SCNHhQ

Mexico

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado

El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

 

Chile

Piñera propone la destrucción de glaciares con el apoyo de empresas mineras

La “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares”, organización de la que son parte 29 movimientos territoriales desde Copiapó a Aysén, denuncian y rechazan tajantemente la modificación a la ley de protección de glaciares ingresada por Piñera

El gobierno, que recibe todo el apoyo de las empresas mineras, cambió el proyecto de ley a uno que regula y autoriza la destrucción e intervención según un inventario de glaciares creado por ellos mismos.

En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y hasta el día de hoy, se han presentado 6 proyectos de ley de protección de glaciares, el último fue en 2018 y fue aprobado casi en su totalidad por senadores “con la condición negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales industrias que generan impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos” indica la declaración.

Los gobiernos de turno junto con el sector minero han logrado dilatar la discusión y tramitación para evitar que sea aprobado. Todo esto en medio de la crisis hídrica que abarca 2 regiones completas, 7 provincias y 10 comunas del país.

La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido, por definición no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares. Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen, de esta manera la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos en ellos que estipula el artículo 1°» señala el texto.

La Comisión de Minería y Energía del Senado, el gobierno y el ministro de Minería Baldo Prokurica señalan que no es necesaria esta ley en particular ya que los glaciares se encuentran actualmente protegidos por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Argumento que fue desmentido por la Coordinación pues señalan que “el SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares.”

La Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares dice: “Declaramos además a Sebastián Piñera y su gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global”.

 

Fuente:http://www.laizquierdadiario.cl/Pinera-propone-la-destruccion-de-glaciares-con-el-apoyo-de-empresas-mineras

Chile, Litio

OLCA y OCMAL realizan encuentro regional frente a la crisis ambiental, la transición energética y el extractivismo minero en Latinoamérica

Frente a la innegable crisis climática y las falsas soluciones levantadas por instancias coaptadas por el sector empresarial transnacional apoyado por los Estados, durante la semana del 23 de septiembre, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canada realizarán una serie de actividades con el fin de generar propuestas alternativas.

En este encuentro, en el que participarán personas de distintos países de la región, se caracterizará el escenario internacional del extractivismo minero y su relación con el cambio climático y sus efectos, los conflictos socioambientales y por supuesto la construcción de articulaciones y estrategias comunitarias sociales e indígenas para una transición energética justa y post-extractivista.

Históricamente la minería, al igual que otros extractivismo como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza.

La extracción minera así como los subsiguientes procesos de fundiciones metalúrgicas demandan grandes cantidades de combustibles fósiles, además de la contaminación inherente de estos procesos debido a la liberación de los gases con efecto invernadero. A ésto se suman las emisiones relacionadas al transporte de materias primas y los cambios climáticos locales en territorios de extracción, entre otras cosas, por el consumo intenso de agua que requiere la industria minera y la deforestación que frecuentemente antecede la instalación de proyectos mineros.

Aún así la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo del patrón global de producción y consumo.

A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de “nuevos” minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros.

Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades que ancestralmente las habitan son testigos de los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.

Comunidades indígenas y campesinas latinoamericanas afectadas por la extracción minera han levantado procesos de reivindicación y lucha contra la gran minería, generando reflexiones y críticas en torno a los modelos de desarrollo promovidos por los Estados y generando experiencias de alternativas concretas a éstos. Las luchas comunitarias, frecuentemente criminalizadas, son la esperanza frente a los permanentes fracasos de los sistemas internacionales para frenar la depredación y la desgaste socio-ambiental.

Los procesos de conflicto se manifiestan cada vez más temprano y los de larga data y aparentemente desperfilados, pueden reactivarse poniendo en jaque la también aparente estabilidad institucional, empresarial y comunitaria. Aunque por otro lado, la dinamización de los conflictos por extracción de minerales es respondida con incremento de criminalización, represión y violencia por parte de gobiernos y empresas mineras.

Asimismo existen otros factores que acompañan la conflictividad socioambiental por minería como lo es la crisis hídrica, la afectación de páramos y cabeceras de cuenca, la destrucción de glaciares, el cambio climático y la pérdida de condiciones de vida y sustento para las comunidades locales.
Pero por más evidencias que se generan para criticar el extractivismo minero y más se demuestra que la actividad minera empobrece los pueblos, mayor es la insistencia de gobiernos de todas las corrientes para sostenerlo y profundizarlo.

Esta nueva fiebre de oro blanco se explica por el incremento de la demandada por parte de las potencias económicas e industrializadas para la fabricación de tecnologías debido a la excelente capacidad del litio de conducir calor y electricidad, condición necesaria para el almacenamiento de energía. El litio se ha utilizado tradicionalmente para la fabricación de vidrios, cerámicas, lubricantes, medicamentos psiquiátricos, grasas lubricantes, aire acondicionado, polímeros y metalurgia, entre otros. Sin embargo, producto del crecimiento exponencial de la industria electrónica de dispositivos portátiles energéticamente recargables, ha aumentado inusualmente la demanda internacional de litio en los últimos años por ser un mineral con excelentes propiedades para la fabricación de baterías recargables de celulares y computadores, pero principalmente para la fabricación de automóviles eléctricos o híbridos cuya producción experimenta un explosivo aumento.

En la actualidad el litio en salmueras, que constituye la forma más económica de obtención de este mineral, se explota principalmente en los salares altoandinos del Cono Sur. Esta zona denominada el Triángulo del Litio,perímetro tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia, representa el mayor impacto socioambiental de la minería de este elemento, a diferencia de otros métodos de extracción, a causa del gasto indiscriminado de agua para la evaporación de salmueras y la producción de las faenas necesarias.

Pese a las especificidades en materia legislativa de cada país, la característica principal de la extracción de litio es la débil e insuficiente institucionalidad que no garantiza el cumplimiento de sus propias legislaciones ni el resguardo de los ecosistemas de los salares. De esta forma, la minería del litio como mineral estratégico para la transición hacia una matriz energética “verde” o “carbono cero” se desarrolla a costa de la devastación de los ecosistemas y de las vidas cotidianas de las comunidades originarias de la región altoandina, lo que evidentemente cuestiona la sustentabilidad de una matriz energética no fósil sustentada en el uso de litio para baterías.

CALENDARIO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

24 – 25 | Taller: Litio Altoandino, Salares y Conflictividad Socioambiental

26 | Conversatorio: “Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina”

27 – 28 | Encuentro Regional: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina

Más informaciones: [email protected]

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107661

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