Brasil

El Sínodo Amazónico frente a la idolatría del dinero

Para el misionero claretiano, padre César Espinoza, la idolatría del dinero y su seducción causan ceguera, muerte y como todos los ídolos exige sacrificios de parte de sus seguidores. Y en la Amazonía las víctimas son los pueblos indígenas con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.

“Sin lugar a duda -afirma Espinoza- el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta <raíz maldita> que pone en peligro la Sagrada vida no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.”

Recuerda también, en el comentario que compartimos con nuestros lectores que “la Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la Campaña de Desinversión para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado “una economía basada en el lucro que atropella a los más débiles y a la naturaleza y ha fomentado una mentalidad utilitarista que concibe a la Naturaleza como recurso y a los seres humanos como productores-consumidores”.

Cómo superar y vencer a la idolatría del dios dinero, deberá ser sin duda uno de los desafíos del próximo Sínodo de la Amazonía a realizarse en el Vaticano, del 6 al 27 de octubre de este año. La Campaña de Desinversión en Minería, es una propuestas clara, viable y ética.

CAMPAÑA DE DESINVERSIÓN

Sínodo De La Amazonía

 “La raíz de todos los males es la codicia” (1 tim 6, 20)

“El cuidado de la vida se opone a la cultura del descarte, de la mentira, de la explotación y de la opresión. Al mismo tiempo supone oponerse a una visión insaciable del crecimiento sin límites, de la idolatría del dinero, a un mundo desvinculado (de sus raíces, de su entorno), a una cultura de muerte.” (IL 17)

“Tanto las cosmovisiones amazónicas como la cristiana se encuentran en crisis por la imposición del mercantilismo, la secularización, la cultura del descarte y la idolatría del dinero.” (IL 27)

«El drama de los habitantes de la Amazonía no sólo se manifiesta en la pérdida de sus tierras por el desplazamiento forzado, sino también en ser víctimas de la seducción del dinero, los sobornos y la corrupción por parte de los agentes del modelo tecno-económico de la “cultura del descarte”, especialmente en los jóvenes». (IL 53)

Los textos citados del Documento de Trabajo para el Sínodo de la Amazonía reflejan visiblemente que “La raíz de todos los males es la codicia” (I Tim 6, 10). Sin lugar a duda el Sínodo de la Amazonía se convierte en un escenario eclesial y mundial para desenmascarar y arrancar esta “raíz maldita” que pone en peligro la SAGRADA VIDA (alias de Jesús) no solo de la Amazonía sino del Planeta, nuestra casa común.

La idolatría del dinero y su seducción siguen causando ceguera y muerte. Todos los ídolos exigen sacrificios, y en la Amazonía es claro que las víctimas han sido los pueblos indígenas, con su diversidad cultural y espiritual, y los variados biomas que se topan con este infame ídolo.

El documento sugiere:

“Prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos

“Discernir cómo se genera y cómo se invierte el dinero en la Iglesia superando posturas ingenuas a través de un sistema de administración y de auditoría comunitarias, respetando la normativa eclesial vigente.” (IL 83)

La Red Iglesias y Minería en su lucha frontal contra este fetiche está impulsando la Campaña de Desinversión para que la Iglesia en sus múltiples organizaciones, adoradora del único Dios de la Vida, desinvierta en las empresas extractivas que han encarnado los interés diabólicos del “dios dinero” que ha impulsado Una economía basada exclusivamente en el lucro como único fin, que excluye y atropella a los más débiles y a la naturaleza, se constituye en ídolo que siembra destrucción y muerte… Una mentalidad utilitarista (que) concibe a la naturaleza como mero recurso y a los seres humanos como meros productores-consumidores…” (IL 103)

La “Campaña de Desinversión” es una propuesta:

  • clara y concreta de “Conversión Ecológica y Económica”.
  • que contribuye a atacar estructuralmente, de “raíz”, nuestra complicidad con el exterminio y la destrucción de la Vida en la Amazonía.

Es claro que “nadie puede estar al servicio de dos señores, pues u odia a uno y ama al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del Dinero” (Mateo 6, 24).

César Augusto Espinoza Muñoz, cmf. Misionero Claretiano, Red Iglesia y Minería

 

Fuente:glesiasymineria.org/2019/07/01/el-sinodo-amazonico-frente-a-la-idolatria-del-dinero/

 

Perú

Un breve recuento del último paro en contra del proyecto Tía María

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.

Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.

El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.

El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.

En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.

Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.

El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.

Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.

El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.

En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/

Perú

Tía María: Los conflictos no se resuelven por la fuerza

El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto. Siendo el Perú un país democrático, y el Presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.

Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno. Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.

Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del Presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción.  Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.

Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina).  El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales. Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.

Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado Peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso, no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.

La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua.  Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar. Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro[1].

Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.

En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos. Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible.  Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.

En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema. Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites. Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/

Argentina

Negocios mineros pese a la prohibición

Patagonia Gold Corp.   anunció que ha celebrado un Acuerdo de Opción con Latin Metals Inc. (anteriormente Centenera Mining Corporation) para adquirir la antigua propiedad de Mina Ángela ubicada de la provincia de Chubut, Departamento Gastre, Argentina.

La minería está prohibida por Ley en Chubut pero las empresas siguen negociando. Mientras, el gobierno provincial se hace el distraído ante la fuerte presión popular. Miremos atentamente la foto que ilustra esta nota porque es del lugar y aunque allí y en Calcatreu   ya hubo explotación minera, el «progreso» parece no haber llegado.

Acuerdo de empresas

Según el informe se acordó una exclusividad de 6 meses para encarar un proceso de análisis técnico‐legal (due diligence) con opción a la adquisición de la propiedad de “Mina Angela” de Latin Metals Inc. por una contraprestación total de US$ 1 millón (un millón de dólares) más una regalía neta de fundición (“NSR”) del 1% de cualquier producción futura.

La exploración histórica limitada y producción pasada de aproximadamente 130,000 onzas de Au (Oro) y 1.6 M onzas de Ag (Plata) de solo 2 vetas Potencial para el descubrimiento de vetas adicionales mineralizadas de Au y Ag.

Destacan que las características geológicas son muy similares al proyecto aurífero Calcatreu que es 100% propiedad de la Compañía.

Patagonia Gold  pagará US$ 40,000 durante el período de due diligencia, que le otorga derechos exclusivos sobre la propiedad. Al final del período de due diligencia y en el caso de firmar un acuerdo definitivo, Patagonia Gold pagará US$ 250,000 a Latin Metals Inc. Por último transcurridos 6 meses del acuerdo definitivo Patagonia Gold abonará otros US $ 250,000. Además Patagonia Gold se compromete a un último pago de US$ 500,000, para el caso que se reestablezcan los derechos para la explotación minera en la Provincia de Chubut.

Por su parte la empresa Latin Metals Inc. mantendrá un derecho a recibir una regalía neta de fundición (NSR) del 1% de la producción futura yPatagonia Gold se reserva la opción de adquirir la mitad de dicho NSR por US$ 1 millón.

Características de Mina Angela

Mina Angela está situada en el Macizo Somuncura de la Provincia de Chubut, orientado al noroeste dentro del Sistema de Fallas Gastre (“GFS”), un cinturón altamente prospectivo conocido por albergar otros depósitos de oro y plata como Navidad y Calcatreu.

La propiedad cubre 200 km² y se encuentra aproximadamente a 50 km al este‐sureste del Proyecto Calcatreu 100% propiedad de la Patagonia Gold y a 45 km al sudeste se ubica el proyecto Navidad, un depósito de plata clase mundial.

 

Para mayor información sobre la historia de Mina Ángela y su impacto, cliquear aquí y aquí 

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42936-negocios-mineros-pese-a-la-prohibicion?fbclid=IwAR2TrCRLNm2dXZKcPellQI2S6T5mgbkbjGe06Dww59n9FFj7BlXwSnBw7n4

Mexico

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA: El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez –

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA

El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la lucha por la conservación del medio ambiente, cuando en Chiapas iniciaba el avance del Modelo Extractivo Minero. La canadiense Black Fire entró al ejido Grecia en el municipio Chicomuselo para extraer barita. Con engaños intentó someter a la población mientras contaminaba sus ríos y tierras.

Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, encabezó las protestas contra el proyecto minero. La respuesta a su lucha fue el hostigamiento y las amenazas. El 22 de julio del 2009, Mariano Abarca acudió ante la embajada canadiense en México para advertir sobre las amenazas y los riesgos contra su vida y demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente, por parte de la minera canadiense.

Palabras de Mariano Abarca ante la embajada de Canadá:

“la compañía está utilizando a sus trabajadores como grupos de choque, para repeler en contra de nuestra resistencia, los trabajadores que apenas suman 40, cuando ellos llegaron a Grecia, dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura, nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México. Entonces ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas de los que estamos en el movimiento, entonces nosotros pensamos que nos es justo, verdad, que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país.”

La respuesta a la manifestación de preocupación de Mariano ante las oficinas de la embajada canadiense en México, fue que el 17 de agosto de 2009, justo hace 10 años, Mariano fuera arrestado. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación.

 

La falta de pruebas y la solidaridad nacional e internacional hicieron que el 24 de agosto del año 2009 Mariano Abarca Robledo fuera liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano presentó una queja ante la policía, en la que manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado.

La familia y las organizaciones que los acompañan han pedido durante los 10 años que han pasado desde entonces, que se investigue y detenga a los culpables de su asesinato, que la embajada de Canadá en México asuma su responsabilidad por haber protegido a la empresa que violó los derechos humanos de los habitantes de Chicomuselo, y que puso en riesgo la vida de Mariano, hasta llegar a su muerte.

El 06 de febrero de 2018 la familia de Mariano presento una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México, cuya petición fue negada por lo que se interpuso un recurso de revisión frente al Tribunal canadiense. La petición fue negada, pero la corte asume que si la embajada hubiera actuado de una determinada manera Mariano seguiría vivo. Continuamos en la búsqueda de justicia para Mariano Abarca. Continuamos en la búsqueda de la justicia para que ninguna otra persona tenga que morir en Chiapas, en México y en América Latina como consecuencia de lucha para conservar el medio ambiente.

¡Exigimos justicia y cese a la criminalización a las y los defensores del medio ambiente y respeto a sus derechos humanos!

19 de Agosto 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-defensores-y-defensoras-bajo-ataque/justicia-para-mariano-abarca/3277-el-gobierno-de-canada-acepta-omision-manteniendo-la-impunidad-al-negar-su-investigacion?fbclid=IwAR1VRgpR3D4MZrc5mToUYzRwuEvwTcGuTWTBCbOw2tUr2mIqIqYuG26Sc5s

Honduras

COPA condena la represión policial y militar contra el pueblo de Yorito, Yoro

La policía militar a destacado un batallón en la comunidad de Yorito en el departamento de Yoro debido a que la comunidad rechaza la instalación de un proyecto minero en la comunidad de Mina Onda.

La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA denuncia que hay represión Brutal de la policía y militares al pueblo por protestar en defensa de sus territorios comunitarios y contra la explotación de minería que amenaza sus bosques y fuentes de agua en la cual han dejado varias personas heridas de bala policial y militar.

En un comunicado condenan el papel de la policía Nacional y militares contra el pueblo que defiende sus derechos legítimos y las condiciones de Vida en sus comunidades de leyes y proyectos que amenazan su existencia en sus territorios. Con ésa actitud sólo demuestran que no les importa los derechos y la expresión de rechazo de las comunidades y quieren imponer por la fuerza de las armas la explotación de minería que venga a destruir y asesinar tanto el ambiente como la vida humana.

Además, condenan la irresponsabilidad de las autoridades Municipales, INHGEOMIN y Mi Ambiente por otorgar permisos de explotación de minería sin respetar la decisión de las comunidades y sin un proceso libre, previo e informado sobre los verdaderos impactos ambientales y a la Comunidad sobre la explotación y más bien engañar y promover en Colisiones con las empresas mineras, generando conflictos entre las comunidades, fuerzas represivas, grupos armados y las empresas mineras.

COPA exige responsabilidad a los entes estatales y pide cancelar las concesiones mineras en conflicto y las que están en zonas protegidas, zonas productoras de agua y en las comunidades indígenas ya que no se puede poner en riesgo la vida por dinero de la explotación de minería de las empresas.

También piden el Retiro inmediato de la empresa minera de las comunidades en Yorito Yoro, en Tocoa colón la empresa minera inversiones Los Pinares ya que han sido rechazadas por los sectores de los municipios y otras que ya se hayan declarado Municipios libres de Minería.

Finalmente piden solidaridad y estar alerta las Organizaciones Nacionales e internacionales ante los abusos e imposiciones por la fuerza de las armas los proyectos de minería en Honduras y a la forma de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y de los Bienes Naturales.

 

Fuente:https://criterio.hn/2019/08/17/copa-condena-la-represion-policial-y-militar-contra-el-pueblo-de-yorito-yoro/

El Salvador

Concesiones mineras violentan múltiples derechos a pueblos indígenas y tribales en Centroamérica

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), en Centroamérica viven más de 70 pueblos indígenas de diferentes etnias, en un área total de 282,565 km2. Casi el 40% del territorio de las áreas protegidas se encuentra traslapada con tierras indígenas, lo que muestra la convivencia armónica, respetuosa y sostenible de estos pueblos con la naturaleza.

En la actualidad, el vínculo entre la minería y los pueblos indígenas en la región ha estado caracterizado por diversos conflictos suscitados por el otorgamiento inconsulto y unilateral de concesiones, que afectan sus territorios y vulneran sus propios derechos individuales y colectivos. Algunas causales son: 1) el irrespeto y la violación del derecho a la consulta previa de las poblaciones sobre el uso de sus recursos naturales locales y, 2) el nulo acceso a información pública sobre los derechos otorgados a terceros, por el uso del subsuelo.

La práctica actual de ceder concesiones en territorios indígenas no considera las formas propias de desarrollo ni las actividades económicas de las poblaciones. Tampoco valoran los beneficios que se obtienen de otros recursos estratégicos como el agua, suelo y bosques, los cuales representan su fuente proveedora de medios de vida.

Por lo general, se violentan múltiples derechos humanos reconocidos y contemplados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre estos, el derecho a un ambiente sano, a la salud, el consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Un país que ha sido sujeto de demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de los pueblos indígenas ante la expansión del extractivismo minero, ha sido Guatemala. En estas demandas se ha señalado la negación del derecho a decidir y a tener la libertad de determinación sobre su propio modelo de desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Este asunto ha despertado la discusión sobre los límites que tiene el Estado, con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales, y hasta dónde, es posible que pueda decidir sobre la conveniencia o no de consentir el aprovechamiento minero en estos territorios.

En Guatemala se contabilizaron 32 lotes mineros, de los cuales 21 en exploración y 11 en explotación, ambos cubren una superficie de 1,107.97 km2, los cuales afectarán a 10 pueblos indígenas (Qeqchi, Chorti, Achi, Xinca, Mam, entre otros) localizados en 10 departamentos, entre los que cabe destacar, Quezaltenango, San Marcos, Chiquimula, Jalapa y otros.

En El Salvador se identificaron 12 lotes para exploración, que totalizaron 376.20 Km2 y estarían afectando a 3 poblaciones indígenas Nahua, Lenca y Lenca mestizo, localizados en 4 departamentos: Cabañas, Chalatenango, San Miguel y Morazán.En Honduras se contabilizó la existencia de 25 lotes mineros, 11 en exploración, 14 en explotación y 4 Reservas Mineras.

Todos ellos representan una superficie de 538.18 km2 y afectan directa e indirectamente a 5 pueblos indígenas: Chorti, Pech, Tolupan, Garifuna y Lenca_Mestizo. Nicaragua cuenta con la mayor cantidad de lotes y extensión territorial dentro o contiguo a territorios de pueblos indígenas, en comparación con el resto de países.

En total se reportan 95 concesiones, de los cuales 5 lotes en exploración, 54 en explotación y 41 Reservas Mineras. En conjunto suman 11,070.72 km2 y estarían afectando la vida de 5 pueblos indígenas: miskito, miskito-creole-mestizo, mayagnas, chorotegas y matagalpas.

La mayoría de los países de la región han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a garantizar los derechos indígenas, incluyendo la obligación de realizar consultas sobre cualquier medida o política que afecte directamente sus territorios y sus vidas.

A pesar de ello, se evidencia una administración pública proclive a autorizar concesiones mineras sin reparo de que éstas afecten directa o indirectamente los territorios y bienes naturales/ancestrales de pueblos indígenas. Incluso aquellas comunidades o grupos étnicos que se han movilizado para exigir su derecho han sido rechazados, discriminados y reprimidos por los gobiernos.

 

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=392:concesiones-mineras-violentan-multiples-derechos-a-pueblos-indigenas-y-tribales-en-centroamerica

Mexico

“Persiste el despojo de los grandes corporativos mineros a los pueblos”

■ En su proyecto de gobierno, AMLO ha dado pasos hacia una opción de neoextractivismo

■ Necesaria, reforma integral al Artículo 27 constitucional y la Ley Minera: Guzmán López

A pesar de que el Gobierno Federal no ha otorgado concesiones mineras, según lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita reciente a Zacatecas, “el problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades”, afirmó Federico Guzmán López, egresado del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

El presidente, “en su proyecto de gobierno, ha dado apenas unos pasos hacia una opción de neoextractivismo, porque hace referencia a una mejor distribución de la renta minera en beneficio de las comunidades. Sin embargo, su postura antineoliberal de la Cuarta Transformación, que dio a conocer el 17 de marzo de 2019 en aquella declaratoria de fin de la política neoliberal en México, en el rubro minero no se ha dejado ver de manera contundente en lo legal, programático, institucional y presupuestal”, dijo.

Aunado a ello, “otro problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades para sus proyectos mineros, cuando vemos que una de las tendencias en la forma de explotación de la industria minera es transitar de minería subterránea de alta ley de minerales hacia minería a cielo abierto, ello para volver rentable las vetas de baja ley de metales preciosos”.

EN MÉXICO SE TIENEN REGISTRADOS 98 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS 2 MIL 856 QUE EXISTEN A NIVEL GLOBAL

Expuso que en su visita al municipio de Concepción del Oro, el presidente señaló que no habrá más concesiones de minería ya que gobiernos anteriores concesionaron 80 millones de hectáreas del territorio nacional.

No obstante, indicó que la cifra que mencionó sobre las 80 millones de hectáreas (equivalentes a 40 por ciento del territorio mexicano) que fueron concesionadas a la industria minera durante los gobiernos de Salinas de Gortari hasta la actualidad, es equivocada.

Guzmán López comentó que, de acuerdo a información de la Semarnat de 2012 y de la Secretaría de Economía de 2016, además de solicitudes de acceso a la información pública de 2018 y 2019, “hay una cifra acumulada que indica que durante los años de 1982 a 2018 se concesionaron 114.8 millones de hectáreas, que representan 58.5 por ciento de la superficie del territorio mexicano”.

Incluso refirió que ese indicador se puede medir de manera desglosada por partido político en el poder, y se concluye que en tres periodos del Partido Revolucionario Institucional se concesionaron 52.5 millones de hectáreas, de las cuales 8.6 fueron con Carlos Salinas (1989-1994); con Ernesto Zedillo (1995-2000) 34.5 millones de hectáreas, y con Enrique Peña (2013-2018) 9.4 millones de hectáreas.

En las dos administraciones del Partido Acción Nacional se concesionaron 59.4 millones de hectáreas, de las cuales 25.1 fueron con Vicente Fox (2001-2006), y 34.3 millones de hectáreas con Felipe Calderón (2007-2012).

Respecto a la afirmación de López Obrador de que durante su gobierno en México no habrá concesiones de minería, dijo que en los primeros seis meses de gobierno lo cumplió, ello de acuerdo a datos obtenidos en junio pasado a través de una solicitud de acceso a información pública con folio 0001000149119.

Según expuso Guzmán López, la respuesta mencionó lo siguiente: “Al respecto, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, manifiesta que NO SE OTORGARON CONCESIONES MINERAS en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2018, así como en el periodo de 01 de enero al 31 de mayo de 2019”.

Por otra parte, el especialista manifestó la necesidad de una reforma integral al artículo 27 constitucional y la Ley Minera vigente desde 1992 reformada en el año 2014, sobre todo para quitarle el carácter de actividad pública preferente que tiene la minería establecido en el artículo 6, así como el periodo de 50 años para las concesiones mineras con posibilidad de prórroga por otros 50 años como señala el artículo 15 de dicha ley.

Explicó que en el discurso del presidente, presentado el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los puntos refería que “se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”.

Por el contrario, “cuando se revisa el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en el Diario Oficial de la Federación, lo único que aparece es que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tendrán como parte de su oferta educativa la carrera de ingeniería en Minas”.

En el tema institucional, Guzmán López comentó que es importante vigilar cómo evolucionan los datos de los pasivos ambientales por temas mineros, los procedimientos administrativos, multas y sanciones impuestas, y sobre todo cuántas y cuáles empresas mineras que han contaminado les suspenden de manera temporal o definitiva las explotaciones mineras. Asimismo, será importante revisar los alcances, los rubros y montos asignados al fondo minero en los próximos ejercicios fiscales.

Sobre la relación megaminería y desarrollo nacional que ha manifestado el presidente, señaló que, “si bien pareciera algo esperanzador por detener el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, mencionar la homologación salarial de los trabajadores mineros en México, Canadá y Estados Unidos, repartir de manera más justa los recursos de la renta minera y que las empresas exploten los minerales cumpliendo con las normas ambientales como en los países desarrollados, todos estos planteamientos en este momento son solamente enunciativos y pretenden acercarse a una postura basada en modelo de desarrollo que pone en el centro el neoextractivismo. Sin embargo, es insuficiente, y se aparta muy poco del credo neoliberal”.

“Quizá una forma de creerle al presidente López Obrador sería que aparte de la declaratoria de moratoria minera, se impulsara una reforma integral al Artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, para regular el funcionamiento o cancelar algunas de las concesiones mineras vigentes en México, prohibir las explotaciones mineras a cielo abierto que implican el desplazamiento forzado interno de las comunidades”, expresó.

Guzmán López informó que hay organizaciones ambientalistas mundiales como el Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y existen altas expectativas sobre el desempeño de Víctor Toledo al frente de la Semarnat, ya que “no queremos que México siga figurando entre los seis países con más conflictos socioambientales, pues en nuestro país se tienen registrados 98 conflictos socioambientales de los 2 mil 856 que existen a nivel global”.

“Tampoco queremos que se sigan repitiendo las historias de saqueo de los minerales, de desplazamiento forzado de las comunidades y de violación de los derechos humanos como ocurrió recientemente en Mazapil, Noria de Ángeles, Chalchihuites, Sombrerete, Vetagrande, y otros municipios zacatecanos.

Tampoco queremos que se sigan repitiendo historias de extractivismo legal, donde las empresas mineras promueven contra gobiernos nacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, cuyos litigios han acumulado 4 mil 40 millones de dólares que deberá pagar el gobierno de México si los resolutivos son a favor de empresas mineras”.

Por último, exhortó a los actores políticos y de instituciones académicas posturas y propuestas sobre este tema, entre ellos de la presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, y del mismo Rector de la BUAZ, Antonio Guzmán Fernández.

 

Fuente:jz.mx/2019/08/19/persiste-el-despojo-de-los-grandes-corporativos-mineros-a-los-pueblos/?fbclid=IwAR2tj2IzcEHFADDf3UCDRB1F_wtSyRV0g35E249_cnOvNnkF-PeqXKc_Rzg

Perú

Transnacional presiona a Perú para represión a protesta social

Veladas amenazas de la transnacional Southern Copper Corporation introdujeron hoy un nuevo ingrediente a la crisis generada por su proyecto minero Tía María, bloqueado por una protesta social.
El titular de Southern, Óscar Gonzales, anunció que estudia medidas legales contra instancias gubernamentales, por la suspensión de la licencia de construcción de Tía María, a raíz de impugnaciones del autoridades regionales y dirigentes sociales.

Demandó en forma tácita que el Gobierno reprima la protesta, al criticar la ausencia de ‘acciones contra las gentes que están cometiendo actos que están en contra de la Ley’.

Mientras tanto, el presidente Martín Vizcarra aseguró ayer que no impondrá acciones ‘a sangre y fuego’, ante otras presiones empresariales, que le exigen desbloquear las carreteras cerradas por las protesta, y ratificó su política de diálogo y búsqueda de consensos.

Gonzales, empresario mexicano, dijo también que insistirá en llevar adelante Tía María, pese a que el Gobierno suspendió la licencia de construcción del proyecto -cuyo otorgamiento detonó el mes pasado la protesta, por riesgo de contaminación- por un plazo de hasta 120 días, con posibilidades de cancelación.

‘Estamos analizando la posibilidad (de una acción) legal contra el Consejo de Minería y con quien haya tenido que ver en esta suspensión’, dijo el mayor ejecutivo de Southern.

Anunció medidas legales contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, por acciones contra su empresa, como la anulación de la compra de terrenos públicos para el proyecto Tía María.

El empresario extranjero dijo que insistirá en el proyecto rechazado desde hace 10 años con protestas que fueron reprimidas dos veces, con un saldo de seis muertos, lo que el presidente Vizcarra asegura que no se repetirá.

Sobre las denuncias del movimiento de protesta de que Tía María arruinará la própera agricultura de su entorno, Gonzales solo alegó que su empresa explota las minas de cobre de Toquepala y Cuajone -al sur de Arequipa- desde hace 70 y 40 años, respectivamente, y no ha causado contaminación.

Sin embargo, instancias no gubernamentales señalan lo contrario y cuestionan a Southern al atribuirle una trayectoria de depredación de medio ambiente y otras incorrecciones, tanto en Perú como en México y otros países.

En el conflicto de Tía María, Southern cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria neoliberal, medios de prensa de línea similar y sectores empresariales, mientras las bancadas legislativas de izquierda plantean que el proyecto sea descartado por su inviabilidad social y ambiental.

Fuente:https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=298806&SEO=transnacional-presiona-a-peru-para-represion-a-protesta-social&fbclid=IwAR1OOZa5jCK5KgCtCTC2zawA9Y4gxOYCeVFeAmBhSw9vxaz19GOSDoELewA
Chile

Denuncian que playa de Ventanas lleva cuatro días consecutivos con varamientos de carbón

Cuatro días consecutivos con varamientos de carbón lleva la playa de Ventanas, ubicada dentro del perímetro de la «zona de sacrificio» de Quintero-Puchuncaví.

Según reportó Radio Biobío, el último episodio se registró la mañana del viernes, causando alarma entre los habitantes de la zona. Al respecto, el gobernador marítimo, Juan Gajardo, afirmó que se inició una investigación para determinar la procedencia de este mineral.

En primera instancia, explicó el gobernador, se planteó la idea de que el carbón podría venir de los barcos, por lo que se trataría de una mezcla de carbón combustionado y otro no combustionado. La otra posibilidad es que la contaminación corresponda a un “carbón histórico”.

«La segunda línea investigativa que se ha iniciado en el último sumario apunta a que pudiera existir un carbón histórico producto, ya que no ha sido posible determinar una relación directa entre el varamiento y el desembarco del carbón», declaró Gajardo a la emisora.

Ante estas situaciones, el gobernador marítimo recordó que las empresas AES Gener y Puerto Ventanas han llevado adelante trabajos voluntarios de limpieza, contratando empresas externas para que realicen esta labor. Esto, pues ambas compañías han sido apuntadas por distintas agrupaciones ambientalistas y de zonas de sacrificio como las responsables de la contaminación, encontrándose actualmente bajo investigación.

 

Fuente:https://www.elciudadano.com/chile/denuncian-que-playa-de-ventanas-lleva-cuatro-dias-consecutivos-con-varamientos-de-carbon/08/18/