Internacional

Nuevo estudio revela el impacto de la minería en los arrecifes de coral

Estudio examinó los arrecifes de coral alrededor de la Isla Christmas, donde ha habido una extensa minería de fosfatos durante aproximadamente 100 años.

Un nuevo estudio de la Universidad Nacional de Australia (ANU) ha demostrado el impacto que la extracción de fosfato está teniendo en nuestros arrecifes de coral.

El estudio examinó los arrecifes de coral alrededor de la Isla Christmas, donde ha habido una extensa minería de fosfatos durante aproximadamente 100 años.

La investigadora principal, la Dra. Jennie Mallela, dice que en las áreas cercanas a los ‘puntos calientes’ mineros de la isla, el arrecife mostró altos niveles de contaminación.

Esta contaminación ha causado una desaceleración en el crecimiento y la diversidad de los arrecifes.

«El principal problema es la contaminación de sedimentos de la mina de fosfato. En un arrecife sano, el sedimento estará hecho de organismos de arrecife, incluyendo conchas desgastadas y trozos de coral», dijo el Dr. Mallela.

«Si tienes mucha escorrentía y contaminación, el sedimento se vuelve oscuro y bastante pegajoso. De hecho, sofoca y se adhiere a los organismos de los arrecifes y puede matarlos».

«También nubla la columna de agua, por lo que evita que la luz penetre hacia abajo. El coral es en parte planta, en parte animal: el componente de la planta necesita fotosíntesis, por lo que si la contaminación reduce los niveles de luz en el arrecife, le quitará parte de su régimen de alimentación».

En sitios muy contaminados, los investigadores también encontraron menos especies de corales ‘ramificadas’.

«Son las especies de coral en las que a los peces juveniles les gusta vivir; son las que le dan mucha complejidad estructural al arrecife. Faltaban en los sitios realmente contaminados», dijo el Dr. Mallela.

«También hay un tipo de algas duras y rosadas que es realmente importante para el reclutamiento de corales pequeños. Los niveles de esas algas eran muy, muy bajos, si es que existían».

El Dr. Mallela dice que los operadores de minas deben buscar mejores opciones de almacenamiento y gestión de residuos.

«El sitio más contaminado era donde almacenaban todo el fosfato para secar. Obviamente, podrían colocar algún tipo de barreras físicas o control de la erosión para evitar que el fosfato se escurra al arrecife», dijo.

«Si están extrayendo el fosfato para la venta de fertilizantes, no tiene sentido que el fosfato se lave al océano. Tiene sentido tener buenas estrategias de gestión establecidas no solo para el medio ambiente, sino también para el negocio también.»

Los resultados de este estudio también podrían contener algunas lecciones importantes para otros sitios mineros en Australia.

«Lo que entra a nuestros ríos corre cuesta abajo y probablemente terminará en el océano. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado con lo que está permitiendo ingresar a las vías fluviales y restringir la cantidad de sedimento contaminado que termina en ellos», dijo el Dr. Dijo Mallela.

A pesar de esta advertencia, hubo algunos aspectos positivos que salieron del estudio. El Dr. Mallela descubrió que el daño estaba contenido en ciertas áreas alrededor de Christmas Island.

«Debido a la forma de la isla y los arrecifes de fuerte pendiente, la contaminación era muy específica del sitio, por lo que hay arrecifes saludables más abajo en la costa», dijo.

«A pesar de que mostramos muchos daños mineros localizados en los arrecifes, los arrecifes no afectados por la minería son en realidad algunos de los arrecifes australianos más saludables que hemos visto en términos de cobertura de coral.

«Se blanquearon en 2016, pero esta es una buena noticia: los hemos visto comenzar a recuperarse».

«Básicamente muestra que tenemos arrecifes que tienen la capacidad de recuperación para recuperarse y continuar creciendo».

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1736

Internacional

Turcos marchan contra mina de oro de propiedad extranjera

Los activistas dicen que el cianuro se usará para extraer oro en el proyecto Alamos y contaminará el suelo y las aguas de una presa cercana.

Miles de personas en Turquía, incluidos los legisladores de la oposición, organizaron una protesta pacífica e inusualmente grande en las afueras de una pequeña ciudad occidental el lunes contra lo que dicen que será la contaminación de un proyecto de mina de oro de propiedad extranjera.

La oposición pública a trabajar en el sitio, propiedad de Dogu Biga Mining, la subsidiaria turca de Alamos Gold Inc, con sede en Canadá, aumentó después de que la empresa supuestamente redujo cuatro veces la cantidad de árboles que declaró en un informe de impacto ambiental.

Cerca de la ciudad de Kirazli, en la provincia de Canakkale, unas pocas docenas de ambientalistas han dormido en tiendas de campaña desde el 26 de julio como parte de lo que llaman «Vigilancia del agua y la conciencia».

Los activistas dicen que el cianuro se usará para extraer oro en el proyecto Alamos y contaminará el suelo y las aguas de una presa cercana. El gobierno turco rechaza los cargos de que la mina dañará el medio ambiente y niega que se use cianuro.

Los ambientalistas turcos fueron parte de las protestas en 2013 por un proyecto para demoler el Parque Gezi de Estambul, que se convirtió en disturbios antigubernamentales en todo el país que provocaron una violenta represión de seguridad y cientos de arrestos.

El lunes, unos 5.000 manifestantes de todo el país se reunieron en una colina cerca del sitio planeado de la mina con carteles que decían: «No vengas si te gusta el oro» y «Podemos prescindir del oro, no podemos prescindir del Kaz Montañas».

Desde allí caminaron hasta el sitio del proyecto, donde las fuerzas de seguridad se limitaron a unas pocas docenas de policías, y se les permitió la entrada a un campo en la propiedad.

Rebiye Unuvar, teniente de alcalde de Canakkale, dijo que la mina dañará el equilibrio ecológico de una región boscosa cerca del Monte Ida, o Kaz, como se le conoce localmente, que produce enormes cantidades de oxígeno y alberga una flora diversa.

«En seis años, se irán después de que esta área se vuelva árida y se convierta en un desierto», dijo. «Lucharemos hasta el final para detener la matanza ecológica aquí».

La Fundación Turca para Combatir la Erosión del Suelo (TEMA), un grupo caritativo que se enfoca en la silvicultura, dijo que 195,000 árboles fueron cortados para el proyecto, muy por encima del objetivo de 46,000 previamente anunciado por Dogu Biga.

Una declaración de Dogu Biga dijo que se habían cortado 13.400 árboles para la mina y que los árboles se volverían a plantar en el área una vez que se completara el trabajo. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

Los partidarios del Partido AK del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dicen que grandes proyectos de infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto de Estambul y un tercer puente sobre el estrecho del Bósforo, respaldan la economía, que ha sido impulsada durante años por un auge de la construcción.

Funcionarios del gobierno dicen que los proyectos mineros son necesarios para que Turquía disminuya su dependencia de las importaciones utilizando sus propios recursos naturales. También dicen que tales actividades reducen el déficit de cuenta corriente del país.

Burak Ciftci, de 34 años, fue una de las primeras personas en acampar al margen de la ciudad de Kirazli. «Definitivamente no tenemos un objetivo como atacar la mina», dijo, describiendo las tácticas del grupo como «resistencia civil».

«Pensamos que la compañía canadiense podría tener sentido del humor, así que ayer tocamos la guitarra y les llevamos globos con nuestros hijos», agregó Ciftci.

Asim Yildiz, de 58 años, dijo que visita el área cada verano y que se unió a las protestas el lunes para crear conciencia sobre el impacto ambiental del proyecto de extracción de oro. «Esta es nuestra naturaleza, nuestro derecho. ¿Qué podemos dar a las generaciones futuras? ¿Les daremos la colina árida o el mar azul?».

Turquía aprobó 36,122 proyectos de minería, energía y otros entre 2012 y 2017, y esos proyectos se ubicaron en un total de 246,257 hectáreas de bosques, según la Asociación de Silvicultores de Turquía. Los datos del gobierno muestran que los bosques constituían el 29 por ciento de Turquía, a partir de 2018, y habían aumentado de tamaño en los últimos años.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1756

Honduras

Honduras. Asamblea de mujeres luchadoras de Honduras ¡movilizadas!

Este 21 de agosto, mujeres de diferentes pueblos y territorios aglutinadas en el espacio Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, se manifestaron frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, denunciando el saqueo sistemáticos de tierras y bienes comunes, la criminalización de la protesta y la judicialización de defensores y defensoras, la militarización de territorios, el racismo y la violencia contra las mujeres.

El 28 de junio pasado, a diez años del golpe de estado, más de 1200 mujeres y aproximadamente 350 niños y niñas de seis pueblos originarios de Honduras, se reunieron en el territorio garífuna de Vallecito para hacer memoria histórica, pensar, articular luchas, acuerparse y gritar ante la violencia estructural que las agobia.

De este encuentro surgió la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, un espacio para continuar a debatir, fortalecer las prácticas políticas “con el fin de transformar radicalmente la realidad hondureña, el ejercicio de la política y generar propuestas antirracistas, antipatriarcales y anticapitalistas”, se lee en el Manifiesto publicado el día de hoy.

“Hay que construir otra Honduras. Las mujeres rebeldes estamos luchando y defendiendo los territorios y los bienes comunes, como es el caso de Vallecito que vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Tenemos que construir otra forma de gobernar, y no para ir a negociar puestos, sino para que los pueblos sean escuchados y consultados, para que no haya más impunidad, para que se detenga la militarización, la represión, la persecución, para que se vaya este régimen ilegal e ilegítimo. No es posible que no podamos movernos libremente por el país porque estamos siendo amenazadas y nuestra vida está en peligro. No es posible que sólo nos queden dos opciones: emigramos o nos quedamos para que nos maten”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Actualmente, varios territorios están siendo amenazados por varios proyectos extractivos, así como por la expansión de monocultivos y proyectos energéticos y turísticos. Las mujeres y feministas son las que más sufren los embates de la persecución.

“Guapinol en Tocoa, Río Blanco en Intibucá, La Tigra en Francisco Morazán, Alemania en El Progreso, Chinda y otras comunidades en Santa Barbara, Azacualpa en Copán, Zacate Grande y Choluteca en el sur del país y el territorio de la Mosquitia, entre otros”, son sólo algunos de los territorios bajo asedio.

Finalmente, las Mujeres Luchadoras se declararon en alerta activa para acompañar la Causa Berta Cáceres, liderada por el Copinh y otras organizaciones aliadas. Todavía las siete personas condenadas por el delito continúan sin sentencia y el inicio del juicio contra David Castillo, cercano a los actores intelectuales del asesinato que todavía gozan de total impunidad, aún no tiene fecha segura.

“Estamos aquí hoy para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, para exigir la libertad de los presos políticos, para realmente decirles, hermanas y hermanos, que vamos a construir otro país, otro modelo, otra vida”, aseveró Miranda.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15290&fbclid=IwAR0efYjiUD4dXKTXbE6-Ib3qiYYAZzXX-ZsGxPit1LOBGjuLRM2T9BTvRsc

Perú

Algunos apuntes para una actividad minera más justa y menos ingobernable

El reciente conflicto sucedido en torno al proyecto minero Tía María ha puesto nuevamente en debate la necesidad de efectuar modificaciones a las distintas leyes que regulan los procedimientos y autorizaciones para realizar actividades mineras. Luego de la solicitud planteada por los presidentes regionales del sur, el presidente Vizcarra recogió el guante y planteó en su reciente Mensaje a la Nación la necesidad de actualizar este marco normativo. El objetivo, según dijo en esa oportunidad, es “brindar un marco legal claro a los inversionistas y ofrecer tranquilidad y desarrollo para todos”[1]. De inmediato, tanto la CONFIEP como la SNMPE pusieron el grito en el cielo, y El Comercio lanzó un furibundo editorial para descalificar cualquier intento de reformar las leyes mineras. El argumento utilizado por estos grupos empresariales -así como de otros think tanks que los soportan- es casi siempre el mismo: cualquier intento de modificar las leyes mineras no generará otro resultado que la huida de inversiones y, por lo tanto, millonarias pérdidas para el país.

Pero los conflictos sociales que a diario se suceden también vienen provocando millones de soles en pérdidas, tantas que ya incluso resulta difícil poder estimar. A partir de ahí, uno podría preguntarse por qué tanta insistencia del gremio minero para oponerse a cualquier tipo de reforma, tomando en cuenta las cuantiosas pérdidas económicas que tienen que afrontar por los continuos incidentes conflictivos y los complejos procesos de negociación y renegociación con las comunidades. Una hipótesis bastante plausible sería que, aún en este escenario de continuos paros y bloqueos, las empresas todavía perciben a las leyes vigentes como sumamente ventajosas para sus intereses.

Diametralmente distintas son las percepciones de las comunidades y poblaciones diversas, que diariamente soportan los impactos de la actividad minera en sus tierras y espacios de vida. A estas alturas ya resultan risibles los argumentos que consideran que los conflictos sociales se originan siempre por la labor de unos “asesores”, que azuzan, manipulan y mienten a las comunidades para obtener beneficios económicos personales o debido a intereses políticos oscuros y radicales. Es el cuco de los hermanos Chávez Sotelo. Pero estos conflictos son mucho más complejos que los argumentos planteados por portales Web como “El Montonero” o “Lampadia”.

No es el objetivo de este artículo analizar las diversas causas de la conflictividad social, pero sí planteamos que muchos aspectos de las leyes mineras contribuyen a una situación de evidente desequilibrio entre los intereses de las empresas y la población. Esta asimetría de poderes contribuye decisivamente al conflicto entre las partes.

Como un medio para reducir estas desigualdades, y también como un mecanismo que permita mejorar los niveles de legitimidad de las empresas en su zona de operaciones (la llamada “licencia social”), queremos compartir de forma breve algunos aspectos críticos de las leyes mineras que bien podrían incluirse en una propuesta de reforma:

1) Participación ciudadana y consulta previa: los mecanismos de participación ciudadana son tan flexibles con las empresas, que el Estado no acredita que la información que estas transmiten a las comunidades cumpla con los fines de la

participación: que las comunidades estén adecuadamente informadas de todos los aspectos del proyecto minero, sean positivos o negativos para sus intereses. A las empresas solo les basta entregar la lista de participantes de los talleres realizados para sustentar ante el SENACE o ante el MINEM que han cumplido con este procedimiento.

Otra forma que tienen las empresas para acreditar que han “cumplido” con este requisito, consiste en hacer entrega del expediente del EIA a las comunidades. Este es un documento de miles de páginas (con anexos incluidos) que casi en su totalidad está compuesto por información técnica y que en muchos de sus componentes solo puede ser entendible por un ingeniero o un geólogo. La empresa en esos casos ya no tiene la obligación de explicar los contenidos de ese voluminoso expediente a las comunidades (“que ellos se las arreglen”). Un caso reciente y sintomático de lo expuesto es la situación de las comunidades de la Zona del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación de la mina Tintaya – Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. De acuerdo a la modificatoria del EIA propuesto, serían afectadas más de 100 viviendas de estas comunidades, incluyendo tierras comunales e infraestructura de uso común. A la fecha, las comunidades Huano Huano, Pacopata y Huini de la Zona Coroccohuayco no están informadas de este plan de Glencore. La ley no exige a la empresa que tenga que ir y socializar esos contenidos a las comunidades, a pesar que la situación pone en peligro su supervivencia física y cultural.

Por su parte, la aplicación de la consulta previa también termina siendo un saludo a la bandera. De acuerdo a las normas nacionales que han desarrollado el Convenio 169 de la OIT, la consulta se aplica en el momento previo a la autorización de las actividades de explotación y/o beneficio; es decir, cuando ya se han aprobado todos los permisos previos, incluyendo el EIA, que es el documento en el cual se define de qué forma el proyecto minero va a impactar al ambiente y a las comunidades de la zona de influencia. Con un EIA aprobado prácticamente ya todo está consumado, por lo que el mecanismo de consulta previa pierde totalmente sentido y eficacia como medio para que los pueblos indígenas puedan plantear sus intereses o dudas y que se les tome en cuenta.

2) Reducir el tiempo de las concesiones mineras: de acuerdo a la última reforma aprobada, cuando aún era presidente Pedro Pablo Kuczynski, una persona natural o jurídica puede mantener su concesión inactiva hasta por 30 años; es decir, las normas no le obligan a explotarla, y solo tiene que pagar un monto menor por penalidades que no generan ningún desincentivo para abandonar el título de concesión. No se tiene referencia de casos de proyectos de inversión mineros que requieran un proceso de maduración tan largo. Por tanto, la norma incentiva a quienes mantienen la concesión sin producir o invertir en ella, con fines especulativos, dificultando las posibilidades de efectuar un adecuado ordenamiento territorial que reconozca o promueva otro tipo de intervenciones en la naturaleza que pueden concurrir en los territorios concesionados para la minería.

Además, no se debe olvidar que la existencia de estas concesiones “ociosas” representa el principal cuello de botella para formalizar a la pequeña minería en el país, pues los mineros artesanales requieren obtener el permiso del titular de la concesión para legalizar sus actividades. Las normas no obligan a este titular a ponerse de acuerdo con los mineros artesanales, pudiendo mantener su concesión inactiva y, a la vez, obstaculizar la formalización de los mineros artesanales, en un juego de suma cero. No son poco frecuentes los enfrentamientos entre titulares de concesiones y mineros artesanales, frente a los cuales las leyes mineras no ofrecen salidas sostenibles para armonizar los intereses de ambos.

3) Estudios de Impacto Ambiental más rigurosos: hasta hace poco tiempo, el MINEM todavía seguía siendo el ente encargado de aprobar los EIA de los proyectos mineros. Este sistema generaba una evidente distorsión, pues el mismo sector asumía la obligación de promover la actividad minera y fijar sus límites. A partir de diciembre de 2015, el SENACE -entidad adscrita al sector ambiente- ha asumido las funciones de evaluar los EIA de los grandes proyectos mineros, constituyéndose en un importante avance para corregir este problema del sistema certificador.  Pero, de forma simultánea, al proceso de implementación de este nuevo órgano se crearon normas que reducían los estándares para que el proceso de evaluación de los EIA sea lo suficientemente riguroso. Estas normas fueron conocidas como los «paquetazos ambientales» decretados por el gobierno de Humala entre los años 2013 y 2014.

Una de estas normas creó los denominados Informes Técnicos Sustentatorios, más conocidos como ITS (Decreto Supremo 054-2013-PCM). Los ITS permiten a las empresas cambiar partes de su EIA original mediante un proceso simplificado, aprobándose en un plazo no mayor de 15 días y sin pasar por un proceso de participación ciudadana. De acuerdo a la norma, la modificación propuesta por los ITS no debe ser ambientalmente significativa. Resulta bastante cuestionable si bajo esas condiciones (¿qué es y qué no es ambientalmente significativo?) se pueden evaluar adecuadamente las reales dimensiones del impacto ambiental y social que los cambios en los proyectos mineros traen consigo. La ausencia de participación ciudadana es otro punto álgido. Como se recuerda, a fines de setiembre de 2015 se produjo un desborde popular en las inmediaciones de la mina Las Bambas, que terminó con el saldo de 3 personas fallecidas, una inválida y decenas de heridos. Uno de los principales motivos de la escalada conflictiva se debió a los cambios que había hecho la mina a través de los ITS cuando se puso en venta, y que no se informaron a la población.

Además, si bien pareciera que los ITS fueron creados para ser aplicados de forma excepcional (respecto al procedimiento regular de modificación de un EIA, que puede durar hasta 120 días), en la práctica estos se han constituido en el procedimiento más utilizado por las empresas mineras para cambiar componentes de sus proyectos. Solo en el caso de Las Bambas se han hecho 9 modificaciones, 6 por ITS y 3 a través del procedimiento regular. Al dividirse los componentes y aprobarse sus cambios por separado y bajo procedimientos simplificados y poco rigurosos (como los que permiten los ITS), no se tiene la posibilidad de evaluar los impactos negativos acumulados de la operación minera y sus efectos sobre la población.

Por último, no se debe dejar de mencionar los problemas en el proceso de evaluación de los EIA. La función de elaboración de los EIA es llevada a cabo por consultoras privadas pagadas por las empresas mineras. En este proceso el Estado no tiene ningún tipo de intervención, generándose en la práctica una privatización de esta función. Por la importancia que tienen los EIA para controlar los impactos que se pueden generar por las actividades mineras, esta situación conlleva un riesgo alto en el supuesto que la empresa quiera reducir costos y hacer un estudio poco riguroso, o el mínimo necesario para que su EIA sea aprobado (lo cual no es tan difícil porque casi nunca se desaprueban). Como señala José de Echave en un reciente artículo[2], se requiere una mayor participación del SENACE en la formulación de los EIA. Lo curioso de todo esto es que, en varios casos de estallidos sociales se propuso realizar estudios alternativos que pudieran contrastar la información contenida en los EIA presentados por las empresas (y elaborados por sus consultoras). En tales casos (Tambogrande, Tía María, Conga, etc.), los sectores empresariales y sus medios de comunicación afines siempre descalificaron la rigurosidad de estos estudios. Pero nunca se ha puesto en cuestionamiento la idoneidad de las consultoras que contratan las empresas mineras. De hecho, la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., que fue contratada por Southern para elaborar el EIA de Tía María, se encuentra sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por haber presentado documentación falsa para acceder a una buena pro de un contrato de servicios[3].

4) Intermediación del Estado en las negociaciones entre la empresa minera y las comunidades: la orientación de la política económica del país que se instauró a inicios de los noventa, y que en esencia rige hasta la actualidad, sentó la idea de que el mercado y los acuerdos entre privados tienen resultados más eficientes que la intervención estatal. Por tanto, la nueva política minera creada a partir de este enfoque relegó el papel del Estado en esta actividad económica, tanto en la producción como en la regulación de las relaciones con las poblaciones aledañas. Así, son los arreglos privados los que han venido definiendo el desarrollo de los proyectos mineros. Cada empresa ha ido definiendo las reglas de juego en sus ámbitos de influencia, sin ningún tipo de intervención estatal en las relaciones creadas con la población. Pero es un problema muy común que los contenidos de los acuerdos entre la empresa y las comunidades sean muy abiertos o ambiguos en los compromisos asumidos por el primero; por ejemplo, con cláusulas tales como “priorizar la contratación de mano de obra local”. Sin contar con el Estado como actor intermediario -salvo cuando ya estalla el conflicto y se altera el orden público-, la interpretación de estos acuerdos entre las partes es lo que usualmente lleva a situaciones de enfrentamiento. En un contexto de evidente desventaja para que las comunidades puedan negociar en igualdad de condiciones con la empresa, es que personajes con intereses económicos particulares o agendas políticas radicales podrían calar.

Otra práctica muy común de las empresas mineras consiste en impulsar negociaciones bilaterales y reservadas con cada una de las comunidades de su zona de influencia, como medio para obtener acceso a los terrenos comunales. Si no puede convencer a toda la comunidad, coopta a algunos comuneros influyentes para que convenzan al resto, ofreciéndoles ventajas económicas. Es una práctica de muchas empresas el fomentar el divisionismo entre las comunidades y entre los mismos miembros de una comunidad (divide y vencerás). Los problemas se traslucen en el desmembramiento social, la pérdida de su identidad cultural, alienación, y en muchos casos también problemas de depresión y alcoholismo.

Como se ha podido comprobar, las normas mineras tienen una serie de aspectos críticos que generan condiciones de gobernabilidad poco favorables para la ejecución de los proyectos mineros. Muchos de los problemas descritos podrían evitarse o atenuarse si el Estado tuviera un rol menos pasivo en la gobernanza de estas actividades, y si existieran mecanismos legales más eficaces y rigurosos para proteger de mejor manera los derechos de las comunidades impactadas. Existen suficientes argumentos para impulsar cambios en el marco normativo minero, más allá del necesario cambio de actitud de muchas empresas mineras que siempre manifiestan la intención de sacar ventaja de las debilidades y vacíos del sistema.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/algunos-apuntes-para-una-actividad-minera-mas-justa-y-menos-ingobernable/?fbclid=IwAR2n7tM3SOdIT11f9ys5_MxTMuPk5jpvAYjtfsmj9-TRYi_9xTWzZsIY_fg

Mexico

Poco probable encontrar restos de mineros en Pasta de Conchos: Miguel Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que es muy poco probable encontrar restos de los 63 mineros que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos hace 13 años, porque sólo habría cenizas.

Informó que el Gobierno del Estado no fue invitado a la reunión que sostuvo la Secretaría del Trabajo y la Comisión del Plan Integral para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos con los expertos nacionales e internacionales, celebrada la semana pasada en Palaú, Coahuila.

“Esperamos que nos notifiquen, (los expertos) están en Coahuila y en la primera reunión que se tuvo no fuimos invitados”, comentó.

El mandatario dijo que las autoridades federales tienen una gran responsabilidad tanto de seguridad como de protección civil, si es que ingresan a la mina Pasta de Conchos para intentar rescatar a los mineros.

“Sabemos lo que tenemos abajo, hay gases, fluidos que pueden ser de consecuencias fatales a cierta distancia dentro de la perforación que se haga”.

Asimismo, consideró que no hay restos que rescatar por la temperatura que se registró al interior de la mina luego de la explosión.

“También sabemos perfectamente a qué temperatura se dio la explosión, pero si somos notificados estamos dispuestos a apoyar y aceptar la decisión que tomen, no sé si sea buena o mala, técnicamente yo soy ingeniero y sé perfectamente la viabilidad que podría tener”, agregó, “Por la temperatura a la que se dio la explosión, prácticamente lo que podamos hallar abajo son cenizas”.

 

Fuente:https://vanguardia.com.mx/articulo/poco-probable-encontrar-restos-de-mineros-en-pasta-de-conchos-miguel-riquelme?fbclid=IwAR0UKMWQeAE3OTUKZhcu8KBlJ0Ff3wG5LKV1KSpP5cXmUZEHpJM4mglRWuw

Chile

Glaciólogo advierte que en próximos años tendríamos al “río Maipo seco desde finales de la primavera y todo el verano”

Basta de eufemismos. A raíz de la sequía, la situación sobre el centro-norte del país es crítica. Una alerta que levantamos con el aval de los expertos, uno de ellos, es Francisco Ferrando Acuña, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile.

El profesor de hidrología señala que estamos en presencia de una “sequía severa”. Luego agrega que “esto sumado al alza en las temperaturas y, por ende, a la evaporación de la poca agua que hay, la situación es crítica. Estamos asistiendo a un balance de masa negativo en los glaciares y a una reducción en la cubierta de nieve.

Además, cada vez, la Isoterma 0 se marca más arriba, por lo que estamos recibiendo lluvia (cuando la hay) a mayor altitud, entonces, estamos perdiendo importantes superficies de nieve. Y eso significa que los recursos de agua en estado sólido para el verano se han minimizado”.

Río Maipo, la gran fuente de agua

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, “el agua que consume Santiago depende en un 88% del Maipo. Los glaciares aportan cerca de un 10% del caudal hídrico anual del río Maipo en promedio. Pero en un año de sequía pueden aportar hasta el 60% del agua”.

Con esta realidad, entonces conviene preguntarse cómo está la situación de los principales glaciares de la zona central. Según Francisco Ferrando, “el río Maipo, en relación con la estacionalidad, tenía su máximo caudal de agua en la primavera por la fusión de la nieve. Y, el segundo máximo, en el invierno”.

“Este régimen cambió, porque hay menos nieve y más temperatura. Entonces cuando llueve, el agua escurre rápidamente por los cauces como verdaderos aluviones provocando una mayor erosión y no alcanzando a filtrar esas aguas hacia las napas subterráneas”, añadió.

Ante las circunstancias, y de seguir como estamos, “lo más probable es que en los próximos años tengamos un río Maipo seco desde fines de la primavera y todo el verano”, anticipa el especialista.

– En los próximos años, ¿cuántos?

“Uno no le puede poner una fecha exacta, pero que de seguir así, se dará. En el largo plazo, si las condiciones de cambio climático no se frenan, esta falta de agua se agudizará. Las conexiones dentro del complejo ciclo hidrológico presentan cada vez más complicaciones”.

– ¿Cuáles son los principales glaciares que abastecen al Maipo?

“El campo de glaciares Olivares da origen al río Olivares. Este, a su vez, es afluente del río Colorado. Y este, del Maipo. Ahí tenemos la principal masa de glaciares ubicadas en la cabecera del río Olivares. A ellos les sumamos otros glaciares de menores dimensiones que están por el lado de los volcanes Maipo y San José. Todos esos glaciares contribuyen a mantener con caudal el río”.

– ¿A qué ritmo se están derritiendo los glaciares en la zona central del país?

“Se han medido derretimientos por fusión con retrocesos de entre 5 y 10 metros en promedio por año en la zona central. A eso debemos sumarle el adelgazamiento de los glaciares, lo que significa del orden de 2 a 3 metros por año en promedio como cifra general. Eso se traduce en una reducción drástica en el volumen de hielo”.

Faena minera y ley de glaciares

En el límite de las regiones Metropolitana y de Valparaíso se ubican las mineras Los Bronces (Anglo American) y Andina (Codelco) dedicadas a la extracción de cobre. Faenas cercanas a importantes glaciares como los campos Olivares, El Plomo, La Paloma, El Altar, entre otros.

De acuerdo con los estudios que maneja Francisco Ferrando, toda esta actividad “está afectando el balance de la masa de los glaciares, lo cual configura un escenario complejo”.

El glaciólogo añade que “la presencia de la actividad minera con dos centros importantes en esa parte han tendido un rol destructivo en el pasado, porque muchos glaciares, incluso rocosos, ya no existen. Ahora estas empresas están asumiendo, según dicen, que eso no debe ocurrir en sus faenas. Ese es un objetivo imposible de logar, porque siempre generaran un impacto”.

Mientras, Argentina ratificó una ley que prohíbe la intervención minera en sus glaciares, en Chile la iniciativa que pretende proteger estas fuentes de agua congelada aún se discute en el congreso.

La ley de protección a los glaciares es necesaria. Porque más allá del compromiso de las distintas empresas que están en la cordillera, sobre todo las mineras, se requiere establecer un sistema de control y monitoreo. Es muy necesaria para saber si cumplen o no con los estándares medioambientales”, afirma Ferrando.

Todo lo anterior porque ese respaldo hídrico que nos entrega la cordillera de Los Andes se está destruyendo por efectos del cambio climático, la variabilidad natural y las faenas mineras. Y, de no actuar rápido, esto tendrá consecuencias insospechadas en el mediano plazo.

 

Fuente:https://www.chvnoticias.cl/trending/glaciologo-advierte-rio-maipo-seco-primavera-verano_20190827/?fbclid=IwAR0acVDg3PFsXewuskxPdfNI_diVQj6l3YdJYcYFk5l-RBpbMQLhGkPlFZA

Argentina

Gane quien gane, que pierda la megaminería

En medio de una profunda crisis socioeconómica en la provincia de Chubut, el poder político provincial y nacional apuesta, como salida, a la megaminería. En un contexto preelectoral, los candidatos presidenciables accionan en pos de establecer vínculos con empresas mineras interesadas en llevar a cabo los proyectos. Las asambleas de vecinos opositoras a esta actividad extractiva, tan perjudicial para el medio ambiente, inician una campaña de concientización denominada “Gane quien gane, que pierda la megaminería en todo el Chubut”.

La provincia de Chubut está transitando una grave crisis económica, financiera, social y política. El gobierno de Arcioni ha incumplido sus compromisos con los trabajadores estatales activos y jubilados, el pago de salarios en tiempo y forma, los acuerdos paritarios acordados previos a las elecciones provinciales, el pago de retroactivos, el normal funcionamiento de la obra social, resolver los problemas edilicios en las escuelas, garantizar los insumos hospitalarios, de tal modo que se generaron irregularidades que dañan la vida cotidiana de los habitantes de Chubut. Este caos provincial funciona como efecto dominó afectando a todos los ciudadanos: los trabajadores estatales , los alumnos, los pacientes hospitalarios, los comerciantes, los prestadores turísticos, etc.

La riqueza de Chubut no se basa sólo en el petróleo, el turismo y la pesca, sino que los bienes comunes son también los bosques y la enorme cantidad de minerales que conforman su subsuelo. Desde fines del año 2017 comenzó una nueva embestida intentando habilitar la megaminería, que está prohibida por ley desde el año 2003 (Ley Provincial Nro XVII – 68), generada desde el gobierno del presidente Macri y sostenida por miembros del poder legislativo y ejecutivo provincial.

La actividad minera a gran escala ha sido rechazada en la provincia desde el plebiscito de Esquel en el 2003 donde el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de oro y plata a pocos kilómetros de la ciudad. La difusión e información acerca de las consecuencias de la megaminería se ha extendido a lo largo y ancho de la provincia. Sin embargo, desconociendo la falta de licencia social, existe una firme intención nacional de aprobar una zonificación para habilitar la explotación de minas de uranio, oro y plata en la provincia.

Desarrollándose actualmente la campaña electoral nacional, los partidos que tienen mayores posibilidades de ocupar la presidencia de la nación, consideran la minería como política de estado y aprueban la modalidad a gran escala sin medir las consecuencias ambientales, sociales y económicas de dicha actividad.

El gobierno nacional actual a través de su Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sigue insistiendo que Chubut debe habilitar la megaminería. Y en esa línea de pensamiento el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, en su visita a Chubut en el mes de julio afirmó que “Chubut es una provincia de una potencia extraordinaria; tiene recursos por regalías petrolíferas y tiene también otros recursos sin explotar” refiriéndose a la megaminería. Al ser cuestionada la actitud del gobierno de Macri trató de justificarlo, insistiendo que no existe una presión desde el ejecutivo nacional hacia el gobierno de Arcioni para comenzar la explotación de los proyectos en etapa más avanzada (particularmente el Proyecto Navidad en la meseta chubutense) debido a que la decisión es de competencia provincial desde la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, dejó entrever que las reglas se pueden cambiar como ocurrió en Rio Negro donde una ley similar a la Ley Provincial Nro XVII – 68 fue derogada.

En el caso del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con dos gobernadoras (de las provincias de Catamarca y Santa Cruz) y empresarios mineros expresando su aprobación a la megaminería y desconociendo algunas consecuencias nefastas de proyectos como Bajo la Alumbrera, Veladero y Cerro Vanguardia. Fernández remarcó que la “única solución para el futuro de la Argentina es exportar” y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto” y “una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”. Lo que no comprende Fernández es que la oposición a esta actividad extractiva exportadora no sustentable, surge del conocimiento profundo de los diferentes aspectos que involucra y de sus secuelas como se detalla en el Manual Hablemos de Megaminería (www.megaminaria.com.ar).

En este contexto, los vecinos siguen apostando a la información y difusión a través de una educación horizontal poniendo en marcha una nueva estrategia de concientización que se denomina: “Gane quien gane, que pierda la megaminería en todo Chubut”.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42941-gane-quien-gane-que-pierda-la-megamineria?fbclid=IwAR1d0ksGQHxcSusF3XsORTd0lEvjpjejUKB_NgNTQrJOtYElycWOOiu3VSM

Brasil

Bolsonaro aboga por legalizar la minería en tierras indígenas de la Amazonia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reiterado su intención de legalizar a cualquier precio la minería en la Amazonia. El mandatario, además, ha puesto en duda el asesinato de un líder de la etnia waiapi en Amapá en el marco de invasiones territoriales toleradas por el Gobierno de ultraderecha.

El capitán retirado ha asegurado que no existe una «prueba sólida» relacionada con la muerte de Emrya Wajãpilíder de los Waiãpi, en una zona alejada del norte del país. Wajãpi perdió la vida días atrás en medio de una verdadera invasión de mineros armados y ataviados con uniformes militares. Bolsonaro cree que las oenegés «usan al indio como una maniobra» porque están interesadas en las riquezas de la Amazonía. Las reservas indígenas, añadió, «están impidiendo» el desarrollo de los negocios.

El asesinato del líder indígena ha provoca estupor local e internacional. La propia fiscalía calificó de «homicidio» la muerte de Waiãpi y señaló que «no se descarta ninguna hipótesis». El director de programas de Amazon Watch, Christian Poirier, denunció las «políticas imprudentes» del Gobierno y su «negligencia» con «las comunidades amenazadas». El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), alertó sobre «los discursos de odio y agresión del presidente Bolsonaro y demás representantes de su Gobierno».

Pronunciamiento de Bachelet

Para la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se trata de un episodio «trágico» así como «un síntoma inquietante del creciente problema de la invasión de las tierras indígenas, especialmente los bosques, por parte de mineros, madereros y agricultores en Brasil».

Bachelet pidió a las autoridades «investigar este incidente y llevar a la justicia a todos los responsables en total conformidad con la ley». La integridad física y el territorio de los Waiãpi se encuentran en peligro. «Cuando los indígenas son expulsados ​​de sus tierras, no es solo un problema económico«, añadió. La exmandataria chilena advirtió en ese sentido de que la apertura económica que propone la ultraderecha podría conducir a mayores «incidentes de violencia, intimidación y asesinatos» en esa región.

Bolsonaro pasó por alto las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de la propia justicia. «Mi intención es regularizar la minería, legalizarla, incluso para el indígena, que tiene que tener derecho de explotar minerales en su propiedad», argumenta el presidente ultraderechista. El presidente considera que las «oenegé de otros países»  quieren «que el indígena continúe preso en un zoológico animal, como si fuera un ser humano prehistórico».

El capitán retirado confesó tener «un profundo disgusto por los no brasileños» que opinan sobre cuestiones de medio ambiente en Brasil. Según él, los «chiítas ambientales» impiden el crecimiento de las empresas en reservas ecológicas. «No sé por qué estas personas tienen tanto amor por las oenegé extranjeras», añadió.

Exigencias de Francia

De acuerdo con Marcelo Leite, columnista del diario paulista ‘Folha’, «Bolsonaro lidera la república de la ignorancia». Sus oponiones son fuente de constantes cortocircuitos al más alto nivel.

Pocas horas después de formular su posición sobre el futuro de la Amazonia, el presidente recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian.  De su boca escuchó algunas exigencias que sintonizan con las inquietudes de las oenegés.

Le Drian le hizo saber a su colega brasileño Ernesto Araújo tres exigencias de Francia para ratificar el acuerdo suscrito entre la UE y el Mercosur tras más de dos décadas de negociaciones. La primera tiene que ver con la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático que la ultraderecha, en sintonía con la administración Trump, se niega a validar. Pero París también pidió el respeto a las normas ambientales contra las que el capitán retirado no deja de despotricar.

 

Fuente:https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190730/bolsonaro-legalizar-mineria-tierras-indigenas-amazonia-7574802

 

Chile, Litio

Lithium firms depleting vital water supplies in Chile, analysis suggests

Evidence uncovered by E&T appears to show that lithium-mining company SQM is playing a direct role in damaging the local environment in Chile’s Atacama salt flats, as its activities reduce water levels in an already dry region, with severe effects on local communities, protected lagoons and areas of alluvial muds.

As worldwide battery demand is expected to triple and reach a value of $100bn by 2025, failing to boost lithium supply could make or break the global electric vehicle supply chain and jeopardise global climate efforts, a new investigation by E&T finds.

To ensure supply, lithium mining must increase or otherwise a deficit may harm progress, warn experts. Most of the world’s lithium production takes place in South America, where 70 per cent of global reserves are concentrated. Chile, accounting for 38 per cent of the production, is in a difficult spot. Firms are doing their best to exploit reserves, but environmental concerns increasingly challenge their endeavours.

Since the lithium rush started, corporations like Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a multibillion-dollar Chilean chemical company, as well as US-headquartered Albemarle Corporation, bet on one effective way to extract lithium from the Atacama salt flats: lithium extraction from brine.

A method dating from the 1950s, it has encountered more and more scrutiny because it affects surrounding water reserves and could affect the climate. With pressure on Chile’s lithium demand and anticipated regulatory hurdles, the price of lithium has skyrocketed, according to data by the US Geological Survey (see chart).

What is lithium extraction from brine?

The way lithium is ‘water-mined’, says Ingrid Garcés, a researcher from Chile’s University of Antofagasta and chemical civil engineer, is by pumping saline groundwater up from the subsurface. The brine contains around 0.15 per cent lithium, and is pumped through a cascade of ponds where impurities or by-products are precipitated by solar evaporation, wind, and chemical additives.

The problem with this comparatively cheap method is that up to 95 per cent of the extracted brine water is lost to evaporation and not recovered, researchers estimate. As the brine water is in hydrodynamic relation with its surroundings, the water-intensive mining process in this extremely arid region causes aquifers to deplete and affects the water balance. This is leading to continuing outcry among local communities living in close proximity to the Atacama salt flat.

Cristina Dorador, a Chilean biologist who studies microbial life in the Atacama desert, says, “San Pedro de Atacama and other small towns are drying out”. Also drying out is Peine, a small township declared a National Monument in 1982 and situated only a stone’s throw away from gigantic lithium-brine mines.

“It is a paradox in Chile. On one side we are talking about decarbonisation, [to mitigate] climate change and the loss of biodiversity and on the other side we exploit the environment for resources to power the electric mobility revolution that supports climate change,” Dorador says.

Albemarle change 2015-2019

E&T, in collaboration with satellite analytics firm SpaceKnow, has been able to produce further quantitative evidence that lithium brine mining efforts between 2015 and 2019 by SQM took a heavy environmental toll on a fragile water ecosystem within the Atacama salt flats.

The analysis found a strong inverse relationship between water reservoir levels at SQM’s ponds and the lagoons. As water levels in SQM’s ponds increased, those in the lagoons would drop. SQM’s second pond (see graphic) correlated with water reservoirs in alluvial muds. The firm’s first pond (see graphic) is linked to the fragile lagoons of the Soncor area, part of the Los Flamencos National Reserve. It is an important nesting ground for Andean flamingos. The statistical analysis can also prove causality, confirming that as brine extraction operation expanded, nearby areas suffered environmental degradation (see methodology notes).

Showing the study regions for E&T investigation

While anecdotal evidence from local community members is abundant and mounting and researchers have long had some inkling of the environmental damage, few gathered quantitative evidence on specific damage until recently. Open-source satellite imagery and machine learning have helped to change that.

Dorador adds that the evidence was obvious. Many flamingos reportedly left the lagoons. Understanding what happens with microorganisms is a bit more complicated, but they would basically exhibit the same symptoms and diagnosis: “There is no recharge of the water in the Atacama salt flat. Much of the water is being evaporated in the process. This isn’t sustainable”.

San Pedro-based Ramón Morales Balcázar from the Plurinational Observatory Of Andean Salt Flats – a network of people from the communities, NGOs and research universities in the region – says the only way to challenge the loss of water is by drastically cutting water extraction by the companies operating in the region.

Government figures issued by the Comité de Minería No Metálica (the Nonmetallic Mining Committee) confirm that the current extractive development in the Basin of the Atacama salt flat provokes hydrological imbalances. With a brine output of 8,842 litres per second, and a recharge capacity of 6,810 litres per second, it was found be more than 2,000 litres per second above a rechargeable threshold.

Adding to the concerns is the ambition by Chile’s government to open up more land to brine mining, says Balcázar. “There are actually 59 salt lets in Chile and the ministry of mining is now calling for their exploitation, as soon as possible. That is really worrying to us.”

Balcázar is not alone in his apprehensions. Sergio Cubillos, heading Chile’s indigenous council, told Bloomberg that the government is encouraging more and more companies to come to explore and mine lithium. Capacity to oversee all of this would be nonexistent.

E&T has learned from a source that only last week, the Servicio de Evaluación Ambiental, Chile’s environmental assessment service, permitted the company Wealth Minerals Chile SpA, a natural resources company concentrating on developing lithium brine property packages in Chile, to explore the northern part of Salar de Atacama. The location would lie near a Ramsar site – defined as a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention – as well as based near tourist attractions where water supply is critical to provide local people with income.

Service of Enviromental Evaluation

At the beginning of August, state-owned Codelco (National Copper Corporation of Chile) and mining and metals company Minera Salar Blanco announced an agreement to explore the possibility of developing a lithium project at the Maricunga Salt Flat (see image). E&T was told that this happened without any consultation with the indigenous Qulla communities. The corporations are also allowed access to a national park area, the Nevado Tres Cruces (a massif of volcanic origin in the Andes Mountains, see map) as well as a Ramsar site, including Laguna Negro Francisco and Laguna Santa Rosa (map).

In Balcázar’s view, this could lead to consideration of “legal ways to protect indigenous rights, as well as social protests”, similar to those that took place in 2018 after the announcement of the deal between CORFO and SQM, he told E&T.

A comprehensive research study that was published this year supports the findings of E&T’s investigation and the satellite analysis. Wenjuan Liu and her research colleagues at the School of Sustainability at Arizona State University found that lithium mining in the area bore strong negative correlations with the vegetation and soil moisture – meaning, the more mining, the rarer plants and water become in the soil.

Arguably not 100 per cent caused by brine mining – a booming tourism industry and a slight population increase also contributed – the research identified lithium brine mining activities as one of the major stresses affecting local environmental degradation. Two decades, 1997-2017, were studied, recording soil moisture, vegetation and temperature. An expansion of lithium brine mining area of one square kilometre was found to correspond to a significant decrease in the average level of vegetation and in soil moisture.

One of four scenarios of land degradation

Other environmental consequences are observable in changes in the region’s microclimate. When climate changes, natural disasters can strike more often. At the beginning of the year, the area encountered a period of devastating rains, most untypical for the arid area. Ironically, the amount of water precipitated was insufficient to recharge the aqua-reserves, but did cause destructive floods, Balcázar recalls. “San Petro was isolated for almost a month in February due to flooding. The water is now coming also with a lot of salts, with heavy metals, which are naturally present in the environment. It is also affecting the communities that live in these territories”, he told E&T.

Sudden flooding in the Atacama salt flat in Feb 2019

A temperature rise over the course of two decades was observed that may be connectable to the rise in mining activities in the Atacama salt flat. Daytime land surface temperatures were found to have increased considerably from approximately 28.4°C to 32.9°C in the summer. Winter daytime temperatures climbed to 14.1°C, from 8.3°C in 1997.

Francisco Mondaca, coordinator of environmental issues at the Atacama People’s Council, says mining companies’ assessments of their environmental impacts do not take account of warming temperatures which accelerate the drying process, (according to a report by Bloomberg).

How do these trends link to climate change? In a report published in early August by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), researchers presented themselves as highly confident in their assumption that current levels of global warming are associated with moderate risks from increased dryland water scarcity; soil erosion; vegetation loss; wildfire damage; permafrost thawing; coastal degradation, and tropical crop yield decline – many symptoms found by researchers in the Atacama salt-flat mining area.

Dr Rich Crane, a lecturer in sustainable mining at the University of Exeter’s Camborne School of Mines, cautions that these brine ponds – effectively working as salt pans – not only result in huge amounts of potentially useful groundwater being lost to the atmosphere, but also require large areas of land for such evaporation. This results in widespread habitat removal. The irony, he says, lies in the fact that “the very regions where such brine ponds are so effective, i.e. those which have low rainfall, are often by definition those which can be water-scarce”.

Records for 2018 issued by the Comité de Minería No Metálica shows that the companies’ pumping efforts are not illegal, just astonishingly high. Not only brine water but also fresh water is being vacuumed up from the subsurface at a great rate – especially in the case of copper mining, which takes place not far from the brine extraction mines and uses huge amounts of fresh water.

As part of the production process, copper-rich rocks are crushed into a dust that’s mixed with water to flow through giant pipes. The water is then mixed with chemicals to separate the copper from the slurry.

Despite watertight water-pumping rights, the corporations’ alibi for causing damage has flaws. Brine water is typically 70 per cent water, 30 per cent salt. Despite this, the Law of Mining (Código de Minería) defines it not as water but as a mineral. The definition would require reformulation to see any progress in water loss, Balcázar argues. The presence of bacteria and other living organisms in the brine sustaining life should count as a scientific argument to ‘prove’ that salty water is still water, he says.

The history of how SQM and Albemarle acquired extraction rights is long. Handed to SQM during a period of dictatorship, they were not given under the current environmental law, says Balcázar. He also laments that the members of the local community were not consulted about the rights to operate near their territories.

Albemarle’s mineral extraction rights with respect to the Salar de Atacama in Chile cover an area of around 16,700 hectares. They are based on a long-term contract with the Chilean government, which was originally entered into in 1975 by one of the company’s predecessors. It was subsequently amended and restated, according to the company’s latest annual report. Nonetheless, moving forward quickly appears difficult. At present, researcher Garcés told E&T, Albemarle’s quota increase is delayed because its carbonate plant is not fully operational.

SQM

Showing change for SQMs brine ponds between 2015 & 2019

Comparably little has changed on SQM’s brine pond property between 2015 and 2019, as the following interactive graphic shows:

The case of SQM appears to be slightly different from Albemarle’s. The company is known to have influence in government circles, but Chilean newspaper La Nacion has reported several cases where people associated with the company have faced investigation or trial on matters such as tax evasion and bribery. In 2017, the US Securities and Exchange Commission said SQM had agreed to pay more than $30m to resolve parallel civil and criminal cases, finding that it violated the Foreign Corrupt Practices Act by making improper payments to Chilean political figures and their associates.

There is also a question of whether SQM knew about the damage its brine pumping operation had on freshwater reserves before independent studies reviewed it. SQM claimed in earlier reports that lakes and salt flats were separate, isolated water systems and that brine and freshwater would not blend. Without an independent report, this was taken as the truth until recently, when SQM acknowledged that there was some interaction between the systems. The truth, that the two water systems do indeed mix – brine and fresh water – which according to research jeopardises nearby freshwater reservoirs, came only to light after independent scientific studies began to publish their own results. However, Garcés says “it is possible” that SQM could have been aware of the fact earlier than independent reviews, given that the company had studied the area in detail.

Under the brine extraction rights, Albemarle’s environmental impact appears the lesser of two evils. SQM can pump much more – around 1,700 litres per second, compared with Albemarle’s 400.

Now a new letter to the Chilean ministry of mining has warned of the inconclusive results issued by SQM’s lithium-mining operation. The letter sent by a chemical engineer to the ministry and seen by E&T warns authorities that SQM’s records for production would not correspond to the actual figures delivered. At the time of writing, the ministry has not yet responded to the letter, E&T’s source claims.

SQM's figures do not add up - efficiency rates for SQM and Albemarle companies in lithium mining

In other words, parts of the total lithium extracted by SQM, numbers for the raw mineral and the final product simply don’t add up. The difference would be worth several billion dollars. Balcázar, who came across the letter, has not seen any response from the ministry, so far.

Researcher Ingrid Garcés is worried. “This is very serious,” she says. On the question of whether the Chilean government should impose harsher regulatory measures on the exploitative water pumping practices by SQM and Albemarle, Garcés says there should be sanctions and prosecutions and any penalties should be exemplary. She has little hope this will happen under the current government: “It is unlikely, as it was under the previous one”.

Warning signs of water scarcity problems in the Atacama salt flat were visible to companies six years ago, but were largely ignored, as a government inspection report showed. 32.4 per cent of the native Algarrobo trees prosopis chilensis on SQM’s property – a drought-tolerant species, sending their roots deep into the underground to survive – were found dying as early as 2013 due to the effects of water shortages.

Large Prosopis chilensis tree in the Talampaya National Park, La Rioja, Argentina

Large Prosopis chilensis tree in the Talampaya National Park, La Rioja, Argentina

Nowadays, to overturn negative public sentiment, it appears Albemarle’s strategy is to hand out money to municipalities, local universities and communities, Balcázar says. “In this way, Albemarle is very different [from SQM]. They give money to all these communities in the Atacama salt flat, so they can solve basic problems inherited from centuries of systematic abandonment and discrimination by the State”.

This practice effectively replaces the role of the state, he argues, with the effect that the government loses control over what mining companies actually do. With no government accountability for the damage, “and no actual chance to say no to these projects”, he says, communities are made responsible for controlling and monitoring the levels of water and the operations of the mining projects with the very money the companies give them.

“Although participation and access to first-hand information by local communities is their indisputable right, it is a state duty to look after and ensure water for future generations”, Balcázar adds.

Garcés takes a similar view, warning that the Chilean state is failing in its duty to oversee and protect assets that belong to all Chileans. “How is it possible that we have a General Water Directorate in the region with one inspector?“ she asks. E&T has been told that the directorate has now added two more inspectors.

Garcés asserts that compensation payments paid [by Albemarle] to the local communities are not fair. “It is a major fallacy to think so. The income from extractive activities is not distributed equally among the Chilean population due to structural problems; moreover the money given to local communities, as has happened in many other cases in the country, can be used at will and there is no public control on its use or distribution, which may provoke conflicts and divide the population of San Pedro de Atacama”, she said.

Albemarle would reach agreements with communities through signing a value agreement, she explains. Three per cent of the sales would be directly paid to communities. This does not solve the structural problem of uneven distribution of wealth in the country – caused by exploitation of minerals – and payments given directly to communities might be unequally distributed. By talking to several community members, “money provided does not end up fairly in locals’ pockets”. One scenario possible, she says, is that a lack of control by the state might lead to corruption and could spark disputes.

Risks and hurdles for brine mining in Atacama salt flat

There are financial and environmental problems concerning land use. Dr Crane points out that “such [evaporation] pools can require an operation time of several years and as such can be susceptible to the inherent boom-and-bust nature of the mining industry: if the lithium price were to undergo a significant downturn then there could be a major problem”.

At the end of last year, the Chilean environmental regulators rejected plans by Albemarle to expand its output from the Salar de Atacama salt flat, according to filings with Chile’s Environmental Assessment Service. Albemarle did not present the “details necessary to rule out significant adverse impacts on the quantity and quality of renewable natural resources, including the soil, water and air.”

Andrew Miller, head of price assessments at Benchmark Mineral Intelligence, confirms the commotion in the market: “On the supply side, extending the production for these companies was challenged by regulators”. Companies in Chile tried to expand their production around 2016 and 2017 but various government agencies in Chile challenged them.

Economic challenges as well as regulatory challenges may lie ahead. Brine grew to be the primary source for lithium production for a generation because it is a low-cost source. Despite the extraction and evaporation process being cost-effective for now, changes in demand in the future could present issues for the producers’ bottom lines.

Miller explains that the two main chemicals resulting from lithium extraction are lithium carbonate and lithium hydroxide. Brine mining is most competitive for lithium carbonate. This would still be the primary chemical on the market – still, a lot more lithium carbonate is produced than lithium hydroxide. The crucial question from a battery standpoint is whether there will be a shift towards cathode chemistries more dependent on lithium hydroxides.

Lithium hydroxide is not where brine extraction and the likes of SQL and Albemarle would excel, says Miller. This is because an additional step is required in the process. “They have to produce lithium carbonate first and then convert it to lithium hydroxide, adding additional costs and pressure on the costs curve”.

This raises questions on how responsive supply can be to the big surge in demand expected in the market, Miller says. It appears certain that hard-rock lithium mining will grow ever more dominant. This is confirmed by data from the US Geological Survey.

Whether or not the days of brine extraction are numbered, companies like US-based Albemarle today increasingly seek to cover their backs by diversifying their portfolios. According to its annual report, Albemarle entered into an agreement to acquire a 50 per cent interest in Mineral Resources Limited’s Wodgina Project, located in the Pilbara region of Western Australia, forming a joint venture with Mineral Resources to own and operate the Wodgina Project to produce battery-grade lithium hydroxide. The deal is expected to conclude in the second half of the year.

Missing data expected to remain a problem going forward

One way in which Chile’s lithium producers are attempting to appease public concern, as well as that of the regulators, is by increasing lithium output while using less brine. According to Reuters, Albemarle is developing a process to boost Chilean lithium output by 30 per cent without extracting more brine from the Atacama. It would re-inject salts into the ponds to effectively increase the concentration of the white metal in successive evaporative steps.

Garcés remains highly sceptical of the apparent good news. The yield – the amount of lithium extracted from the brine – remains brutally low to the present day, only around 30 per cent in SQM and a little more for Albemarle, is her guess, she told E&T. Even this would be hard to judge: “They keep it a state secret”. This ambiguity raises questions about how much lithium is really lost to inefficient practice by operators. “Why so much secrecy if it is so easy to calculate it? It is not a matter of secret patented process, either”, she says.

SQM was approached by E&T but was not immediately available for comments and did not respond to E&T’s enquiries.

One of the biggest problems is transparency, say many researchers. The correct calculation of how much water is being lost, according to Garcés, is faulty in so far as actual data is being withheld by companies. “Unfortunately the balances are made theoretically and then you estimate the performance or efficiency of the process,” she says.

It has been possible for E&T to piece together an estimate of how much water has been lost to the environment due to brine evaporation over the course of the past three decades, 1985-2017. E&T’s estimate puts the figure at around 433 billion litres for water lost as a result of lithium exploration over the period. Albemarle’s extraction contracts previously belonged to Sociedad Chilena del Litio (today under the name of Rockwood).

If that volume of water was laid out with a kilometre-square footprint across the city of London, the block would protrude nearly half a kilometre into the sky (see graphic), or around four and a half times the height of Big Ben. The amount would also rival the annual fresh water withdrawal rates of small countries like Papua New Guinea or the West Bank and Gaza, according to World Dank data.

E&T’s calculations were made on the basis of figures provided by the Nonmetallic Mining Committee as well as calculations for Albemarle’s lithium brine production history by the head of the Lithium Committee from IIMCh. It was produced under the assumption that two million litres of water would be evaporated in mining ponds for each tonne of lithium extracted. As the lithium extraction process evaporates around 95 per cent of the brine water, it was possible to compute how much water actually disappeared.

Perhaps even more worrying are extrapolations for the future, based on projections for Albemarle’s lithium extraction between 2018 and 2043. 1.5 trillion litres of water may be at stake within the Atacama salt flat, according to the same principle of calculation as above. With SQM pumping nearly four times as much brine as Albemarle, it is not unreasonable to assume that rates could be much higher.

Water use of Albemarle corporation

Albemarle Corporation was given the chance to respond to allegations and issued a statement to E&T saying it updated its hydrogeological model of the Salar de Atacama in March with the measurements of the last few years, making it the most up-to-date tool that exists, and that it “serves as a basis for authorities, communities and other companies with operations in the area”.

While monetary payments were not mentioned in the response, the company confirms it has established a “series of voluntary commitments with the authority to ensure the proper care of the Salar ecosystem” – entailing “a monitoring system of 150 wells in the Salar basin and a permanent plan for water and lake level monitoring, flamingo monitoring and an Early Warning Plan”. All of this would be “always available to the authority and the communities,” Albemarle said, adding: “we all benefit from sustainable management of the Salar de Atacama.”

The state’s aspiration to toughen regulation is high but action is scarce. In January, after an investigation proved that SQM did in fact overdraw lithium-rich brine from the Atacama salt flat, the Superintendencia del Medio Ambiente (Chile’s environmental regulator) approved a compliance plan including an online system to monitor SQM’s extraction rates as well as its use of fresh water alongside its industrial process. Whether this is enough to stop overdrawal of brine and prevent environmental damage, many doubt.

Recent changes by mining companies on how they monitor wells without authorisation, according to Chile’s environmental regulator, make it ever more complex to monitor what companies do.

“If you want to exploit, the companies must determine the amount of water they can safely extract without compromising the ecosystem and the wildlife, including the loss of flamingos and other species,” Balcázar says.

Another problem for regulators and the public is to access unbiased information. So far, the only information available about the Atacama salt flats are the details shared by the companies. “The state doesn’t have its own models. This is very basic stuff. You cannot exploit something that you don’t know. If you don’t know the real damage, you cannot regulate it. The state wouldn’t respect this principle”, says Balcázar.

However, efforts to monitor adverse effects independently seem to be under way. In May, the Atacama People’s Council built a monitoring station in a lagoon on the salt flat. Its installation was the first in a series – 14 more stations are expected soon – to continuously monitor water levels, as opposed to the once-per-month measurements overseen by mining companies.

Before the Chilean President Sebastián Pinera took office last March – when his administration disbanded a group working on this – the Committee of Non-Metallic Mining began to work on a model that could have allowed the government to independently monitor environmental changes.

How and whether the Chilean government will vindicate its lithium mining ambitions and the effects climate change has in its land in front of a global audience at the upcoming COP 25 – a global climate change conference taking place in Santiago in December – remains to be seen. Microbiologist Dorador asserts that it is an important opportunity for the country, with regard to mining.

Next to climate change and environmental issues, lithium production companies are accused of providing poor working conditions for their staff. On Chile’s brine deposits, workers suffer poor health and safety standards, according to an E&T interview with Lisa Belenky, senior attorney at the Center for Biological Diversity, a nonprofit organisation fighting to protect endangered species through legal action and activism.

Solutions to the water evaporation frenzy

Instead of increasing the quota to pump more brine, companies must replace the current evaporation process in the pools with a truly sustainable one, say researchers like Ingrid Garcés.

Answers to the prayers of those asking for a cleaner mining process are in the works. Different technological solutions appear viable in the lab, but many remain very far from being a commercial reality. Dr Crane is confident that science can come up with alternatives: “In academia, there is a lot of research currently being conducted to improve how we can remove lithium from the earth. Solutions include electrodialysis, nanofiltration and adsorption, as well as recent progress in using graphene-based filtration approaches.

″[Some of these techniques] have real potential to herald a new paradigm for the mining industry. If someone can invent a truly cost-effective, environmentally friendly, adaptable and rapidly deployable method to extract the lithium from water, they would be very successful”.

To solve the problem in the Atacama Desert, one may not need to look much further than the United Kingdom. Even without the ultra-dry climate, the county of Cornwall has what it takes, geologists argue. To start with, it has been found to host the fifth-largest lithium deposits in the world. A company called Cornish Lithium is developing a solution that should soon allow the pumping of Cornish geothermal brine and direct extraction of lithium from it in a climate-friendly way, without the use of chemicals, the CEO of the project has assured. Heat extracted from the brine would provide additional benefits. After lithium and energy were extracted, the brine would be cleanly re-injected into the subsurface.

“There is no water loss, there are no chemicals going into the water. The heat brought up with the brine, we can use in an environmental friendly way”, Jeremy Wrathall, CEO of Cornish Lithium, explained.

Such plans for domestic lithium extraction have multiple advantages. Local production could abolish the need to ship lithium around the world and reduce the carbon footprint connected to lithium-ion battery production. It could also help to alleviate the pressures on Chile’s lithium supply and allow the government to regulate Chile’s lithium mining companies without the risk of pushing global battery supply into turmoil.

What Cornish Lithium develops may not immediately bear direct application in the Atacama desert, as easy access to power would be needed. If a geothermal power plant could be connected to the brine extraction, though, self-sufficiency may be in sight, Wrathall says. Some companies in Chile could already explore the idea, but to Wrathall’s knowledge, it is early days for those projects. In contrast, in Europe, a lot more is going on. Alongside Cornish Lithium, an array of other European companies are chasing the idea of domestic lithium extraction.

From a market perspective, new technical developments are crucially needed, according to Benchmark analyst Miller. Even with the investments expected going into the market, he expects an upcoming deficit in 2023. Processes in development that may not be commercial today could add that “critical extra bit to the lithium supply balance in the next couple of years” when the electric vehicle penetration kicks off and lithium demand explodes.

Methodology and comments:

* To bring evidence forward, a satellite imagery analysis model was created to test the relationship between lithium brine extraction between hydration and vegetation levels of nearby lagoons and alluvial muds located in the north of SQMs and Albemarle’s evaporation ponds.

Fuente:https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/08/lithium-firms-are-depleting-vital-water-supplies-in-chile-according-to-et-analysis/?fbclid=IwAR0j9BKvRouMgVDe_QNXz4NeSuln0YUQVnHOrqELMrGqiESADQHO2wNwd_4

Chile

Core pide al SEA explicar por qué Medio Ambiente no fue parte de la consulta de proyecto en el salar

Proceso resolvió la pertinencia solicitada por Wealth Minerals que busca realizar una campaña de exploración de minerales cerca de la laguna Tebenquiche. Comunidades, cpor su parte, advierten que la empresa no tiene el permiso aún.

Durante la última sesión del Consejo Regional sus integrantes aprobaron que se solicite argumentar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su decisión de dejar a la seremi de Medio Ambiente fuera de la consulta de pertinencia solicitada Wealth Minerals, firma canadiense que busca desarrollar una exploración de minerales en el sector norte del salar de Atacama.

Siga leyendo esta noticia en la edición impresa de http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2019/08/29/full/cuerpo-principal/5/

Fuente:http://www.mch.cl/2019/08/29/core-pide-al-sea-explicar-por-que-medio-ambiente-no-fue-parte-de-la-consulta-de-proyecto-en-el-salar/