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Litio: la encrucijada entre el mineral del futuro y los problemas socioambientales que genera

En los últimos años el sector tecnológico y automotriz han crecido a pasos agigantados y con ello, el requerimiento de un material que pronto ha pasado a llamarse “el oro blanco” por sus excelentes cualidades para almacenar energía. Nos referimos al litio, un metal que no se encuentra de manera natural, y para el que se requieren grandes cantidades de agua para su extracción, generando diversos impactos ambientales y sociales en lugares como el Norte de Chile. Más detalles aquí, en este texto elaborado por Ladera Sur.

El litio es el elemento que encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica y que corresponde al metal sólido más ligero, con una densidad que corresponde a la mitad de la del agua. Este sólo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos químicos, principalmente en salmueras naturales, pozos petrolíferos, campos geotermales, agua de mar, entre otros.

Desde que se desarrolló la primera batería de litio recargable en 1980, su utilización ha aumentado considerablemente en todo tipo de aparatos electrónicos, desde celulares hasta vehículos eléctricos. Y con ello la búsqueda de este preciado metal al que han llamado “el oro blanco” y que ha destacado como uno de los metales con mayor crecimiento en su demanda, debido a sus excelentes propiedades como conductor del calor y de la electricidad y por su capacidad de almacenamiento energético.

Fabricantes de vehículos como el Grupo Volkswagen ya están firmando acuerdos para garantizar el  suministro de litio, ya que tienen previsto antes del 2030 lanzar alrededor de 70 coches eléctricos entre sus marcas y nada de esto sería posible si no tienen acceso al componente clave de sus baterías. Por ello, se ha firmado un convenio con la empresa china Ganfeng Lithium, la cual suministrará a la empresa durante los próximos 10 años de litio.

El escenario chileno

Chile posee cerca del 52% de las reservas mundiales de litio en forma de salmueras o, en otras palabras, salares. La mayoría de ellos concentrados en el norte del país. Entre ellos, el más reconocido es el Salar de Atacama, uno de los salares más grandes del mundo, que cuenta con uno de los mayores potenciales a nivel global para la extracción de este metal debido a sus altas concentraciones de litio y bajo nivel de impurezas. De hecho, es precisamente esta zona a la que se ha denominado “el triángulo del litio” y que une otras reservas ubicadas en Argentina y Bolivia.

La extracción del litio ha sido materia de gran análisis debido a que nos encontramos con una demanda global en pleno crecimiento que permitiría posicionar de mejor forma al país en la economía mundial, pero que a su vez traería fuertes consecuencias medioambientales si no se toman medidas al respecto.

El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación. Las salmueras, presentes en bolsones de líquido bajo la superficie del salar, son extraídas con pozos de bombeo que luego son transportadas a grandes piscinas de evaporación, en donde se espera que las diferentes sales se asienten. Luego, a través de un proceso químico, esta solución salina se transforma en carbonato de litio.

El problema de fondo está en que este proceso consume mucha agua, pues por cada tonelada de mineral se eliminan –por la evaporación–, alrededor de dos millones de litros de agua dulce. En materia medioambiental, este procedimiento ha traído impactos en el consumo y contaminación del agua, un suceso que repercute a su vez tanto a las comunidades que viven alrededor como a la flora y fauna.

En el seminario “Energías Verdes y Extractivismo en Salares” organizado por la Universidad de Chile y la ONG FIMA, la académica del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta, Ingrid Garcés, detalló los efectos que genera la extracción del litio en las reservas de aguas de las comunidades de la localidad. La experta especificó que los procesos de bombeo de aguas, que contienen un 28% de sólidos disueltos, desequilibran el ecosistema de los acuíferos de agua dulce al salinizarlos.  “Lo que se tiene como aguas subterráneas, es decir, las reservas de agua de las comunidades para un futuro, se están viendo  totalmente amenazadas al salinizarse, por lo tanto, además de perder almacenamientos, el salar pierde su equilibrio”, concluyó.

Actualmente en el Salar de Atacama realizan extracción de minerales diversas empresas como Minera Zaldívar, Minera Escondida, SQM y Albemarle. Sin embargo, SQM y la compañía de Estados Unidos, Albemarle, corresponden a las dos grandes organizaciones que extraen mayor cantidad de salmuera, utilizando 1.700  y 442 litros por segundo, respectivamente.

El Presidente de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, constató a su vez en la charla, el desbalance hídrico existente en el Salar de Atacama, en donde puntualizó que la extracción del agua, haciendo una suma total entre salmueras y agua dulce, redondearía los 5 mil litros por segundo. “Esto quiere decir que hoy día el Salar de Atacama tiene una extracción cinco veces mayor de lo que  ingresa como agua a la cuenca”, agregó.

Por su parte, la académica del Departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, Matilde López, expresó su preocupación por la desaparición de algunos caudales que se encontraban en la zona y por el riesgo que corren algunas especies acuáticas que dependen de estos ecosistemas. La especialista detalló que la laguna es el hábitat de varias aves acuáticas como el flamenco Andino, el Chileno y el de James, los cuales se alimentan de insectos y algas que se dan principalmente en estos lugares y que corresponden a la base de su alimentación.

En este aspecto, la directora de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, detalló una serie de normas y proyectos tanto a nivel internacional como nacional en las que el Estado podría avanzar y mejorar. Entre ellas, mostró su interés por el proyecto de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual pretende proteger la biodiversidad biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país. “Este proyecto señalaría qué tipo de actividades se podrían realizar en el área protegida y que quedarían sujetas en un Plan de Manejo, el cual definiría cuáles son las actividades que son compatibles con el área”, dijo.  Sin embargo, agregó que es una tarea difícil ya que “hay figuras muy dispersas con distintos grados de protección, y no sólo porque un área este protegida oficialmente, tendría protección absoluta frente a un proyecto de inversión”.

Cada vez más se está optando por energías  renovables en el mundo dando paso a opciones que resultan más sustentables con el medio ambiente, como lo es la electromovilidad para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En este plano y con relación a la extracción del litio, Chile se enfrenta a la tarea de ejercer un uso responsable de sus materias primas y de buscar propuestas para la protección de sus ecosistemas.  Sobre todo teniendo en cuenta que ya en 2018 las exportaciones de litio representaron un alza de 1.200% respecto a 2003,sumando US$948 millones, y que según cifras entregadas por la Comisión Chilena del Cobre, se espera que su producción a cinco años crezca de aproximadamente 300.000 toneladas a 1 millón.

 

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/05/02/litio-la-encrucijada-entre-el-mineral-del-futuro-y-los-problemas-socioambientales-que-genera/

Perú

«El presidente nos manifestó que Tía María sin licencia social no va»

Raúl Rodríguez Torres, alcalde del distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, dice que Southern no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo. Mas bien ha estado trabajando con la gente que está de acuerdo. 

Las autoridades de Islay salieron al frente para advertir que se puede venir una asonada si el Gobierno le entrega la licencia de construcción al proyecto de Southern. El alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, señala que la empresa debió enfocarse más en quienes están en contra.

Varios ministros declararon que Tía María tiene prioridad. ¿La intención del Gobierno es que se ejecute?

Yo tengo otra lectura distinta. Lo que nos ha manifestado el presidente Martín Vizcarra es que si bien es cierto (Southern) puede cumplir con todos los procedimientos; mientras no haya la licencia social eso no cambia nada. Aquello nos ha dicho a mi y los alcaldes, cuando le entregamos el memorial en Autodema. Nos explicó que aprendió la lección de que nada se impone. Nos lo dijo coloquialmente, cara a cara.

Sobre el memorial, dirigentes acusaron que se negociaba la licencia con la represa que Tambo exige.

Para nada. Eso me preocupa porque se están buscando tres pies al gato. Soy un hombre proinversión, pero también un demócrata que cree que las cosas no se imponen. No podemos ir y decirle al Gobierno que no queremos mina, más bien tenemos que darle argumentos para que tome decisiones. Por lo que conocemos, sigue habiendo un grupo grande renuente al proyecto; unos por desconfianza, otros porque ya tienen una ideología. Debería haber en todos los casos, en que un proyecto minero quiera instalarse, una consulta popular.

¿Cree que la consulta podría zanjar este problema?

Legalmente, sí.

Hay dirigentes que dicen que los opositores son más y que los contrarios menos…

En realidad, no podría evaluar por cantidades, no es fácil y sería atrevido.

Lo que algunos notan es que no hay el nivel de organización del año 2015…

Lo que creo es que una autoridad es de todos, de los que están en contra y de los que piensan de manera distinta. Lo que puedo decir es que hay un grupo que tiene dudas del proyecto y está dispuesto a salir a marchar, a exigir. Lo hemos vivido antes y no queremos pasar por lo mismo. La intención de las autoridades es adelantarnos a los hechos y evitar una convulsión social. Hemos sido enfáticos en responsabilizar al Gobierno nacional si toma algunas decisiones que promuevan esa convulsión.

¿Se puede venir una protesta de igual proporción que la del año 2015?

Por supuesto, no hay que ser demasiado agudo para darse cuenta de ello. Vivo acá, he nacido acá, trato con la gente que quiere el proyecto y con la que no quiere. (…) La empresa (Southern) no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo y, sin embargo, trabaja con la gente que está de acuerdo. Esa no es la idea, sino la de trabajar con los grupos que están en desacuerdo.

 Los que sí quieren que se ejecute Tía María sostienen que muchos de los que están en contra se benefician y que no quieren reconocerlo.

Allí nos estamos equivocando de idea, si estamos hablando de que se quieren despejar temores y dudas; no lo vas a lograr regalándoles televisores u otras cosas. Hay que conversar con la gente, hay que dialogar, hay que ir donde los grupos que tienen las dudas. Qué mecanismos se moverán a partir de eso, no sé; ese es un trabajo de ellos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1476366-presidente-manifesto-tia-maria-licencia-social?fbclid=IwAR1_IQuAnt8t9BhpkfKARgBNN4kj8Tkf0kViEDvgiWvAOMiZSckVqFOS1Zo

Argentina

Medio ambiente Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera

El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.

Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.

Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.

El mapa de los glaciares en el país: casi 8.500 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo

La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.

La cuenta regresiva

En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.

No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín– están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.

A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.

“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.

Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.

“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.

Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.

 

Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/ley-glaciares-fallo-prepara-corte-puede-complicar-industria-minera_0_wu3gqRozJ.html
Mexico

La lucha indígena de hoy, puede ser la última: Carlos González

 

Abasolo, Guanajuato. Los pueblos indígenas resisten una guerra en su contra; otra más en 5 centurias. O la misma desde entonces. Pero lo que está claro para el concejal nahua Carlos González es que esta vez es definitiva. Las naciones, tribus y pueblos originarios darán la batalla por seguir existiendo. Para muchos de ellos, de no ganar, no habrá mañana. Su cultura y su historia quedarán sepultadas para siempre.

Carlos González luce un bigote espeso, abultado, y cabello cortado a casquete corto. Explica que la desaparición de los pueblos indígenas implicaría también el fin de México como nación: el fundamento cultural, social e, incluso, constitucional del país son los pueblos originarios.

Y va más allá. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha por lo que nombran Madre Tierra –de la que se consideran parte– y que la cultura hegemónica denomina, distante, “naturaleza” o “medio ambiente”. Si caen los pueblos indígenas del mundo, el planeta colapsará en el corto plazo.

Abogado especialista en derecho agrario, Carlos González es de discurso convincente, claro, argumentativo. Hombre de libros y documentos, trae a la memoria datos, conceptos, periodos históricos. Nunca dejó de ser indígena. También es hombre de milpa y monte, es decir, de coa, azadón y machete. Hoy, junto a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y otros concejales, recorre la geografía indígena mexicana: de la costa, a la sierra; de la montaña al valle; del desierto a la selva; del campo a la ciudad. Escucha, propone, dialoga… organiza.

Recuerda detalles de cada conflicto de los cientos que se desarrollan en los pueblos indígenas en México: las comunidades involucradas, la cultura, el tipo de despojo, el megaproyecto, la empresa capitalista señalada, las características de la lucha legal –si la hay– y las condiciones de la lucha política.

 

—De toda la geografía de conflictos en México, cuáles son los de más urgente atención –se le pregunta.

—En este momento es fundamental que la sociedad mexicana esté atenta a dos cuestiones que son de suma importancia. Una, la pervivencia de los pueblos indígenas ante proyectos que pretende impulsar el nuevo gobierno, como son el Corredor Transístmico [de la costa de Oaxaca a la de Veracruz]; el Tren Maya [por los cinco estados de la Península de Yucatán: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas]; las Zonas Económicas Especiales [que a las entidades mencionadas se agregan Guerreo y Michoacán], que dicen que ya no van a continuar, pero sí van a continuar bajo otro formato; el Proyecto Integral Morelos [que afecta además de este estado a Tlaxcala y Puebla], y una multitud proyectos en materia de minería de explotación de hidrocarburos, de gas, de construcción de infraestructura vial e inmobiliaria. Y por otro lado, el impacto que estos proyectos van a tener sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Son dos puntos, dos temas que deben estar en la agenda, en la prioridad, de la sociedad mexicana.

—El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha determinado que todos esos proyectos se harán. No hay lugar para negociación o el diálogo. Y esgrime sus 30 millones de votos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen los pueblos indígenas? –se le cuestiona.

Piensa la respuesta. No alardea ni hace propaganda. Analiza. Más que responder al reportero, se responde a sí mismo.

—En términos cuantitativos, de cantidades, puede que no sea significativa la resistencia [frente a los 30 millones de supuestos seguidores de López Obrador], pero en términos de quiénes resisten, de cómo han resistido y cómo van a seguir resistiendo, creo que es de tomarse en cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce que aunque el Congreso Nacional Indígena creció durante los 2 años más recientes, el lopezobradorismo sí generó división entre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, en las entrañas de algunas comunidades. Por ello, la resistencia ha iniciado desde el interior de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de los integrantes de estos pueblos, por dinero, no por otra cosa, hay que decirlo como es, por un ‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, han aceptado los proyectos [del lopezobradorismo]. Pero en los pueblos, en las comunidades, existen núcleos, existen personas, existen estructuras organizativas y existen referentes para la resistencia.”

?Pero a qué resisten las comunidades indígenas. Cuál es su lucha.

?Se está resistiendo a la ocupación, el despojo de los territorios indígenas, la destrucción de las culturas, de las lenguas, de las formas de gobierno [que llegan] a través de estos grandes proyectos. Y a la destrucción de la naturaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, porque hay quienes nos acusan de ser “conservadores”, que nos oponemos al actual gobierno. No. No es una cuestión de que nos vayamos a la vieja dicotomía del siglo XIX de conservadores y liberales. Es una cuestión diferente. Es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia, la existencia y la pervivencia al futuro de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de la nación mexicana, que tiene su sustento y su fundamento en estos pueblos. Y repito que es fundamental de la Tierra. La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde por todas estas políticas de supuesto progreso, de supuesto desarrollo. Y estamos erosionando, estamos acabando con las condiciones de la vida humana en el país y en el planeta entero. Entonces, son cuestiones primordiales las que estamos planeando. No son cuestiones que tengan que ver con la política de ideologías gastadas, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos de la actual clase política y sus partidos. Es algo que trasciende toda esta situación, que va mucho más allá y que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos originarios que han vivido milenariamente, con la pervivencia de la nación mexicana y de la vida misma.

 

—Por qué los pueblos indígenas se encuentran hoy en una situación que amenaza ahora su supervivencia, si antes han resistido. Supervivieron a la Conquista, por ejemplo –se le inquiere.

—Porque ha sido paulatina. Nosotros hablamos de que, por lo menos desde el siglo XVI, desde la llegada de los europeos a lo que ahora es México, ha habido una guerra de invasión, de ocupación y de conquista. Nosotros decimos que esa guerra no se ha detenido, que esa guerra es permanente. Y [quienes hacen esta guerra] han ido destruyendo de manera determinante a los pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba de cerca de 200 lenguas originarias en lo que ahora es México; actualmente son menos de 70. En el siglo XIX se decía que el 80 por ciento de la población del país hablaba una lengua distinta al español y era una lengua originaria. Actualmente esta población no llega ni al 10 por ciento, seguramente. Ha habido una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas. Y ha progresado esta política. Y a pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero ha sido altamente destructiva esta guerra que se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) cuantifica 11 familias lingüísticas con 68 lenguas (y un número indeterminado de variaciones de esas lenguas). Y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esos idiomas son hablados por menos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia se da primeramente en las comunidades y en las regiones, a partir de las formas de lucha, resistencia, de organización que cada comunidad tiene. Por otro lado, hay articulación política nacional, a través de Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y de otras múltiples expresiones indígenas y no indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indígena no es la única expresión de resistencia. Hay múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas formas de lucha políticas que se basan en la movilización, en la organización comunitaria, en muchas partes están sustentadas también en recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del movimiento indígena que ya no acuden a los recursos legales, que están totalmente ajenas al Estado mexicano, particularmente me quiero referir a las autonomías zapatistas. Pero hay muchas otras autonomías y formas de organización indígena que sí apelan a los recursos legales, a la legitimidad dentro del Estado nacional. Y todas esas formas de resistencia se suman, se agregan. No pensamos en una forma de resistencia única o una visión exclusiva”.

 

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay posibilidades aún de defensa de las comunidades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista organización colectiva, organización comunitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la Constitución y las leyes secundarias han sufrido transformaciones terribles que tienden en primer lugar a la privatización de la tierra, de los recursos naturales, tanto de las comunidades como de la nación; y en segundo lugar, porque contamos con órganos judiciales, con un Poder Judicial federal y poderes judiciales en los estados, profundamente corrompidos. Está reconocido a nivel internacional que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, México es uno de los países más corruptos y donde los jueces y los tribunales son contumaces con los grandes intereses empresariales. Entonces, tanto la estructura constitucional y legal como la corrupción endémica y profunda del Poder Judicial reducen la posibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abogado y llevo muchos años defendiendo a comunidades indígenas, cuando existe organización colectiva, cuando existe resistencia comunitaria, los recursos legales pueden ser complementarios a la lucha de las comunidades. En estos momentos se torna un poco más difícil porque las reformas estructurales, a las cuales al parecer no se les pretende dar reversa, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica los regímenes de concesiones en materia de minería, de agua y de bienes nacionales, a lo que tienden es a privatizar, a poner en manos de quienes tienen el poder económico, tanto los recursos de las comunidades como de la nación.

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos proyectos y políticas.

Carlos González critica las supuestas consultas con las que López Obrador pretende imponer los proyectos ya pactados con el gran capital. Pero no sólo critica a ese tipo de consultas, sino incluso aquellas que pudieren realizarse bajo las directrices del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan una consulta libre, informada y previa a las comunidades. De lo que se trata, explica, es una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas para que ellos decidan lo que quieren hacer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la consulta es una pifia, es una gran mentira. No se les tendría que consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que se les quieren imponer. Lo que tendría que hacerse es construir una nueva relación donde los pueblos decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben desarrollarse en sus territorios. Llegar a los pueblos con la pretensión de imponerles proyectos desde arriba o desde afuera, legitimándolos con una consulta, sigue siendo lo mismo: en el fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Congreso Nacional Indígena se viene discutiendo lo que se conoce como el derecho a la consulta. Y decimos que aún así la consulta indígena se lleve de acuerdo con las estipulaciones que marcan los convenios internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen siendo imposiciones, siguen formando parte de una estructura jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por el gobierno federal para hacer varios megraproyectos. Y por otro lado tenemos la decisión de varias comunidades para no permitir lo que consideran un despojo, una usurpación y una guerra. En este choque de trenes, ¿esperan desafortunadamente un baño de sangre? ¿Hay que preparase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho sistemáticamente. No hemos optado por la vía de la guerra. La vía de la guerra sí significaría un baño de sangre. Desde arriba sí hay una guerra. Pero los pueblos originarios, y lo han acreditado de múltiples formas, procuran evitar la vía de la violencia, la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos originarios van a insistir en esa resistencia pacífica, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia de arriba hacia abajo ha sido permanente. No tiene que ver con un gobierno que se llame de izquierda, con uno que se llame de derecha, con una primera, segunda, tercera o cuarta transformación. Todas las transformaciones que ha habido en este país han implicado la violencia hacia los pueblos originarios y eso hasta el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la violencia…

—En la medida en que se agudice el despojo, en que haya mayor presión sobre los territorios indígenas, en la medida en que la economía capitalista depende cada vez más de las guerras, de los cárteles delincuenciales, de los cárteles de las drogas, del tráfico de armas, pues evidentemente la violencia se recrudece no sólo contra los pueblos originarios, sino contra la humanidad entera y en todos los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha indígena a la lucha anticapitalista –se le cuestiona.

Carlos González no es condescendiente. Hace una autocrítica a las propias comunidades y procura ofrecer un análisis honesto. Se aleja de la propaganda y del autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmersos en la economía capitalista, en el capitalismo. No hay que idealizarlos. Están inmersos en todo este mar de contradicciones propias del capitalismo. Sin embargo, en el horizonte, en la perspectiva histórica y en el sueño colectivo de los pueblos indígenas, todavía tiene un peso sustantivo la organización comunitaria, la organización colectiva de las comunidades y su relación de mucho respeto con la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo que esos dos elementos son fundamentales y juegan en contra del capitalismo.”

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-lucha-indigena-de-hoy-puede-ser-la-ultima-carlos-gonzalez/

Chile

Reconocen especies en ecosistema amenazado por proyecto minero en Penco

Un grupo de personas se reunieron el día domingo 12 de mayo para realizar una caminata desde la plaza de Penco hasta un relicto de árboles de Queule, especie en peligro de extinción. El trayecto se realizó bordeando el Estero Penco, curso de agua amenazado por la posible instalación de una faena minera a tajo abierto en los cerros de la comuna. La actividad se desarrolló en medio de la polémica por la afectación del Queule ante el proyecto minero de tierras raras Biolantanidos, el cual podría contaminar la zona con elementos químicos y radioactivos. Además, la iniciativa empresarial muy probablemente pretenda expandir su explotación hacia otras comunas.

Los y las participantes de la actividad se reunieron en la plaza de Penco tras una convocatoria organizada por la Coordinadora Penco-Lirquén titulada “Caminatas por la Defensa del Mar y la Tierra”. Las personas asistentes realizaron una caminata desde el Estero Penco a la altura de la plaza de armas de la ciudad hasta los primeros cerros que comienzan a formar la cordillera de la costa de la comuna de Penco, mismo lugar donde se busca instalar la minera de tierras raras. Tras unos de 3 kilómetros de caminata se logró llegar al punto final frente a una agrupación de arboles de Queule y el lugar donde estaría la captación de agua del proyecto minero.

En el trayecto, además, los y las participantes realizaron un reconocimiento de las especies nativas, encontrándose: Olivillo, Mañío hembra, Corintillo o Madroño, Boldo, Avellanillo, Copihue, Maitén y Peumo, entre otros. También los y las asistentes pudieron identificar la presencia de aves como el Diucón, Chucao, Rayadito, Cachudito y Churrete Costero, entre otros. El territorio explorado y reconocido por los y las asistentes constituye la cuenca del Estero Penco, manifestación fluvial que según la Dirección General de Aguas son de “calidad excepcional” y “aptas para el consumo humano”. Este excepcional curso de agua podría verse gravemente afectado por la instalación de faenas mineras.

Reconocimiento de especies durante la caminata

Las zonas en donde se generó el reconocimiento de especies de flora y fauna se encuentra altamente intervenido por monocultivos forestales, además de estar amenazado por el proyecto minero Biolantanidos. Desde 2015 está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantanidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta piloto es presentada como la primera fase de este proyecto extractivista. Una fase posterior de este consiste en la instalación de la faena minera a rajo abierto que utilizaría, según la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y tendría una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral. La extracción de Tierras Raras en general se caracteriza por sus altos costos socioambientales asociados a contaminación química y radiactiva de fuentes de agua y extensos territorios.

En el camino hacia la zona de afectación del proyecto minero se pueden leer consignas contra la minería en el territorio de Penco

El proyecto minero que busca intervenir la zona visitada por la caminata ingresó un Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, causando gran alarma en la población por la poca información y participación de la comunidad en este proceso que podría dañar irreversiblemente la salud de la población y los ecosistemas del sector. El alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa (DC) señaló a Diario y Radio Uchile que “se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental”.

Según lo señalado por la empresa ubicada en los cerros de Penco BioLantánidos “es un Proyecto sostenible”. La empresa plantea para esto un proceso “patentado de extracción, denominado Proceso de Desorción Continuo y Cerrado (CCLP), un método respetuoso con el medio ambiente que optimiza la obtención de Lantánidos a través de la recirculación de agua y aditivos, obteniendo metales de alta pureza con un bajo uso de recursos”. Sin embargo la empresa no ha mostrado verdaderamente en qué consiste este nuevo proceso (CCLP) a la comunidad, ya que no quieren dar a conocer un conocimiento que aducen es su propiedad intelectual, sin embargo podría trastornar gravemente la zona. Este hermetismo y falta de información hacen difícil creer que este método sea “sostenible” cuando a nivel mundial la extracción de tierras raras a causado gran daño ambiental.

La caminata que partió en la plaza de Penco a eso de las 11:30 horas finalizó tras recorrido su trayecto por la rivera del Estero Penco. A las 16:30 horas los y las asistentes volvieron al mismo lugar de partida, caminando en total cerca de 6,5 kilómetros. Tanto convocantes como asistentes piensan organizar nuevas caminatas para seguir revalorizando este espacio que se encuentra extremadamente cerca del radio urbano de Penco y que podría servir para iniciativas de regeneración del bosque nativo, así como para producir instancias de educación ambiental y recreación para los niños, niñas y adultos de las comunas de Penco y el Gran Concepción.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/reconocen-especies-ecosistema-amenazado-proyecto-minero-penco

Perú

Alcaldes de Islay vetan licencia para proyecto Tía María

Culminada la reunión realizada el último jueves por la tarde, entre el premier Salvador del Solar y el gobernador Elmer Cáceres Llica, quien estuvo acompañado del alcalde provincial de Islay, y los alcaldes distritales; la máxima autoridad regional de Arequipa declaró ante los medios de comunicación que el pedido principal que le hicieron al ejecutivo es el de no emitir la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

“Creemos que no es el momento oportuno para dar inicio a este proyecto en Islay, ya que aún no se ha construido la represa de Paltuture para abastecer de agua a los agricultores, además de que no cuenta con la licencia social y por ello le hemos invocado al premier que no emita la licencia”, señaló Cáceres Llica, a su salida de la reunión; y agregó que de parte del Ejecutivo, les respondieron que analizaran la situación, respetando en todo momento las normas legales.

El gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica, señaló que otra de las observaciones que tanto el alcalde provincial de Islay como su persona hicieron llegar al premier Salvador del Solar es la advertencia de un posible levantamiento de parte de los habitantes de la provincia de Islay en caso que se le dé la autorización de construcción a la minera Southern para dicho proyecto minero.

“Le hemos indicado al premier que no de la licencia de construcción porque las condiciones para su ejecución no son las indicadas y primero se debe de solucionar el problema de agua y desagüe que tienen varios pueblos de esta provincia” finalizó el gobernador Elmer Cáceres Llica.

La reunión entre los alcaldes de Islay, acompañados del gobernador regional, se da luego de que en los primeros días de este mes, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señalará durante la conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú que Tía María es uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo.

En dicha conferencia, Ísmodes añadió que el Gobierno podría dar la licencia de construcción al proyecto minero, pero que su ejecución no se daría hasta que no exista un consenso mayoritario de parte de los pobladores del Valle de Tambo en la provincia de Islay.

DATO
Ante estas afirmaciones los dirigentes de los distintos frentes de defensa de la mencionada provincia, señalaron inmediatamente después de las declaraciones del ministro de Energía y Minas, que entregar la autorización de construcción sería considerado como una provocación a los pobladores isleños, que se encuentran en su mayoría en una negativa a la ejecución del proyecto Tía María.

Fuente:https://elpueblo.com.pe/alcaldes-de-islay-vetan-licencia-para-proyecto-tia-maria/?fbclid=IwAR250luNk_vRieYaykbGjy77_5lv7LQQGrIZDgeLzln5DcNhpu5WUuNJuaU
Perú

Las Bambas: Mesa de justicia terminó con firma de acta

Hoy se realizó la segunda reunión de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Cotabambas, en la región Apurímac, que busca avanzar en la solución de las demandas de las comunidades frente a la criminalización de las protestas así como la reparación de las víctimas por los conflictos sociales.

Entre los asistentes por parte del gobierno se hicieron presentes el Ministro de justicia Vicente Zeballos, la Ministra de desarrollo social Paola Bustamante, representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial, del Ministerio de Transportes, y de la Defensoría del pueblo.

El Ministro de Justicia informó que a raíz de una reunión en Lima con la empresa Las Bambas, se confirmó un apoyo humanitario por un año a las 4 víctimas del conflicto, Cumpliéndose el año, el MINJUS asegura un fondo para que tenga este proceso tenga continuidad. Asimismo se reafirmó la creación de un fondo de contingencias para conflictos sociales.

Por los pueblos afectados estuvieron presentes dirigentes comunales y de los frentes de defensa de la provincia de Cotabambas y el distrito de El Progreso, así como de los distritos de Pumamarca, Cotabambas, Fuerabamba, Tambobamba, Mara, Haquira, entre otros.

Si bien los ministros que estaban presentes se retiraron antes que finalice la reunión, el Acta de acuerdos fue firmada por los dirigentes, un representante de la PCM, la Defensoría del pueblo.

 

Fuente:onflictosmineros.org.pe/2019/05/24/las-bambas-mesa-de-justicia-termino-con-firma-de-acta/?fbclid=IwAR1IW_kel-wKlXnc18CKjPeLe9TjtfagaC91FXxQcKqxhrbmffoprC4qdqw

Argentina

Se espera el fallo de la corte por la Ley de Glaciares

A raíz de una presentación de la minera Barrick Gold, el máximo tribunal de la nación debe decidir sobre la constitucionalidad de la ley que protege el agua del pueblo.

La ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial tiene como misión preservar las reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, la protección de la biodiversidad y como atractivo turístico.

Fue muy resistida por las empresas mineras, por los gobernadores de algunas provincias y hasta fue vetada en 2008. Pero la presión social logró su sanción en 2010 y su reglamentación en 2011. Fue entonces cuando Barrick Gold cuestionó su constitucionalidad y ahora la Corte Suprema de Justicia debe expedirse.

Enrique Viale, abogado ambientalista, afirma que si se declara inconstitucional la ley de glaciares porque podría derrumbarse el ordenamiento jurídico en términos ambientales y quedar sin efecto la ley de bosques, la ley general del ambiente y todas las leyes que se puedan aprobar en algún futuro, como la ley de humedales.

«Hay dos intereses en juego: el agua de todos los argentinos y el oro de una empresa minera que quiere destruir glaciares en territorio argentino. Los glaciares son la fábrica de agua del país y nutren todos los ríos. Ellos quieren hacer minería bajo esas zonas: para hacerlo no hay otra forma que destruir el glaciar», enfatizó Viale.

A su vez Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace, señaló: «El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera. Caso contrario, pondría en jaque al sistema jurídico ambiental en su conjunto porque deberían reverse todas las leyes ambientales que se aprobaron en nuestro país, lo que sería una locura».

El periodista ambiental Sergio Federovisky, presidente de la Fundación Ambiente y Medio, sostiene que  «El fallo de la Corte permitiría confirmar si la Argentina tiene vocación de tener una normativa conjunta de todo su territorio en materia ambiental, una política ambiental de la totalidad de su geografía, y seguir pensando la idea de que las provincias sean las dueñas de los recursos convierte a la Nación y a sus habitantes en rehenes de las cajas o las condiciones feudales de algunos regionalismos».

El agua dulce es el bien común imprescindible para la vida en el planeta y las asambleas ciudadanas venimos dando una pelea sin tregua en su defensa desde hace años.  Esperamos con atención el pronunciamiento de la CSJ en acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y a la vez recordamos que los ríos trascienden las fronteras provinciales y que Barrick Gold es responsable por el mayor derrame tóxico en cinco ríos argentinos.

La vida no se negocia.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42749-se-espera-el-fallo-de-la-corte-por-la-ley-de-glaciares

Colombia

100.000 COLOMBIANOS MARCHARON CONTRA MINERÍA EN SANTANDER

Desde Colombia llegan los ecos de la imponente movilización de la población en defensa de su agua y su ambiente. Una vez más queda claro el valor de la participación y la organización de las comunidades que deben enfrentar a transnacionales poderosas y sus socios de la política.

 

Más de cien mil colombianos marcharon el viernes 10 de mayo en rechazo a la realización de actividades mineras en el Páramo de Santurbán, ubicado al norte del departamento de Santander. Los manifestantes alzaron sus voces en defensa de la vida y el agua del macizo montañoso.

Según la página oficial de la minera, vinculada a capitales de los Emiratos Arabes, «Minesa se estableció en noviembre de 2015 para desarrollar la mina subterránea de oro más grande en Colombia«, agregándose a continuación las habituales mentiras sobre propósitos altruistas de desarrollo, responsabilidad empresaria y métodos de última tecnología.

La manifestación del día 10 salió desde la Puerta del Sol, ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Las autoridades declararon “tarde cívica” y activaron un plan especial de seguridad. En rechazo al plan de minería, en Cúcuta y Bogotá, también se llevaron a cabo movilizaciones y un plantón frente a la sede de la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

El Comité para la Defensa del Agua y Páramo de Santurbán rechazó por su parte cualquier política del Gobierno del presidente, Iván Duque, que afecte al ecosistema y obstaculice el servicio de agua que surte a la población. “De Santurbán se surte el agua que consumimos a diario y por eso invitamos a rechazar masivamente los proyectos extractivos contra el ecosistema”, dijo una de las integrantes de la comisión, Mayerly López.

El agua no tiene precio y no se vende por unos cuantos pesos de las regalías para tapar los huecos que ha dejado la corrupción en el presupuesto nacional”, aseguró el jefe de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga.

A través del recorrido, el clamor de la población retumbó en las principales calles de Bucaramanga pidiendo “agua sí oro no”.

La presencia de jóvenes, estudiantes, ambientalistas,  docentes y hasta adultos mayores fue fundamental porque se unieron todas las voces para decir que la minería puede ser generadora de riqueza, pero no garantiza el agua.

Marta Quintero de Ríos, integrante de  una ONG indicó que esta es la única forma de exigirle al Gobierno Nacional que proteja los ecosistemas como el páramo de Santurbán. También señaló que se está haciendo una veeduría muy particular sobre la delimitación que viene adelantando el Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, Erwing Rodríguez, integrante del Comité Prodefensa del Páramo, sostuvo que este es el clamor de la ciudadanía que ve aún amenazada su agua, y la de sus hijos, ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional otorgue la licencia ambiental para la explotación aurífera.

De esta forma está amenazada la región de Soto Norte donde Minesa pretende adelantar su proyecto.

Rodríguez dijo que también existen riesgos con cualquier proyecto de mega-minería que se ubique por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios.

Sostuvo el integrante del comité que hay aspectos que generan muchas inquietudes como la comunicación que se conoció hoy (por el viernes 10 de mayo) en donde el director de la ANLA, Rodrigo Suárez, le informa a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre los posibles hechos de corrupción que se están presentando alrededor de la solicitud de la licencia ambiental tramitada por Minesa.

“Más allá de dar a conocer de esta situación a la Oficina de Transparencia de la República, la ANLA -Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-, dada la gravedad de la denuncia, debe ponerla en conocimiento de los Órganos de Control del Estado colombiano”, puntualizó.

La multinacional minera Minesa ha presentado al Gobierno colombiano un proyecto para explotar oro en las cercanías a la zona del Páramo de Santurbán. En lo que va del año se han sostenido más de dos reuniones, mientras la empresa espera por la aprobación de una licencia ambiental para iniciar los trabajos, donde se prevé la extracción anual de más de 400.000 onzas de oro y otros minerales en la zona de Soto Norte de este ecosistema intertropical.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42725-100-000-colombianos-marcharon-contra-mineria-en-santander?fbclid=IwAR3gfpKNNRURdC_TSvh8eresCP4VvElQ79bXJ55UiJhHUBDvRrj59rLYTlU

Chile

Empresa minera en Penco miente descaradamente al decir que está lejos de comunidades

Desde 2015 está operativa la planta piloto «El Cabrito» del proyecto minero Biolantánidos de extracción de Tierras Raras en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta es presentada como la primera fase de un proyecto minero que podría cambiar drásticamente los ecosistemas, así como la vida de los y las habitantes de la comuna. Posteriormente el proyecto pretende la instalación de una faena minera a rajo abierto que utilizaría, según la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y el Estero El Cabrito. También tendría la capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral. Los minerales que se pretenden extraer de forma masiva son las denominadas Tierras Raras, elementos indispensables para las innovaciones tecnológicas y que se caracterizan por el peligro de contaminación química y radioactiva asociada a su explotación. En su sitio web la empresa asegura que las tierras que explotarán «se encuentran alejadas de las comunidades”. Sin embargo, Resumen constató en terreno la alarmante situación de que la planta piloto y el proyecto de rajo abierto que busca aprobarse se encuentran a menos de 3 kilómetros de los y las habitantes de la ciudad de Penco.

A tan solo 15 minutos en vehículo de la plaza de Penco en pleno centro de la ciudad, se encuentra funcionando una planta minera piloto en el fundo “El Cabrito” en dirección a la autopista del Itata por la ruta 0-390. Mediante fotos satelitales e imágenes aéreas se puede apreciar la cercanía con los y las habitantes de Penco. Según las herramientas de medición de distancias de Google Earth, la planta estaría a 2,8 kilómetros del centro de la ciudad.

Por otro lado, imágenes aéreas demuestran gráficamente lo cercano de la planta con la ciudad. Todo lo anterior se contradice con la información que la empresa entrega públicamente en su pagina web en donde asegura estar alejada de las comunidades.

Lo que los empresarios mineros están buscando en Penco y la cordillera de la costa de la región del Biobío son Tierras Raras. Un grupo de minerales que se han vuelto sumamente codiciadas por las empresas y los Estados más industrializados del mundo. Estos elementos se consideran indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. De esta forma las Tierras Raras se constituyen como unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.

Este es el engañoso mensaje que la empresa minera tiene publicado en su sitio web en donde afirma estar ubicada lejos de las comunidades. Fuente: www.biolantanidos.com

Sin embargo, las tierras raras también se han hecho conocidas por los altos impactos socioambientales asociados a su extracción. Por ejemplo China, el país que produce cerca del 95% de estos minerales en el mundo ha presentado graves contaminaciones químicas y radioactivas en zonas de Mongolia Interior. Un caso emblemático es lo que ocurre en la ciudad de Baotou la llamada capital de las Tierras Raras descrito como uno de los lugares mas contaminados del mundo. Para refinar estos materiales hay que triturar la tierra agregando ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico, generando aguas residuales sumamente toxicas y desechos radioactivos. La población de Baotou está altamente afectada por esta contaminación. Antes de que China fuera el primer productor mundial, lo era Estados Unidos. En los yacimientos de Mountain Pass en el país norteamericano surgieron diferentes episodios de contaminación, incluyendo uno ocurrido en 1998 en donde 1000 millones de litros de aguas residuales radiactivas y químicamente contaminadas fluyeron de un contenedor con fugas contaminando una reserva natural.

La ciudad de Baotou en China ha sido severamente afectada por la contaminación derivada de la explotación de tierras raras. Se ha creado un lago artificial gigante que almacena residuos tóxicos y radioactivos muy cerca de la población.

 

Las comunidades de Penco y Tomé se han visto alarmadas por esta situación por lo que se han generado conversatorios y foros informativos en ambas comunas. En uno de ellos realizado recientemente en Tomé expositores de la Coordinadora Penco-Lirquén plantearon que la empresa “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora”. Hay que considerar que el Estero Penco pasa por la zona urbana, incluso a un costado de su plaza principal, lo cual amenaza con modificar sustancialmente este curso de agua que según la Dirección General de Agua tiene una “calidad excepcional” y es apta para el consumo humano.

Estero Penco pasando por la Plaza de la Ciudad de Penco, antes de desembocar en la Bahía de Concepción. Este curso de agua podría ver afectado gravemente su caudal, así como recibir y dispersar contaminantes generados por la actividad minera.

 

En la misma actividad se hizo énfasis en la situación de especies nativas en la zona en peligro de ser intervenida, como es el caso de Queule (Gomortega keule). Este es un árbol en peligro de extinción presente en tan solo 3 regiones del país (Maule, Ñuble y Biobío), fue declarado por este motivo como Monumento Natural en el año 1995. De ejecutarse las faenas mineras con rajo abierto en la zona estos árboles desaparecerían y el delicado estado de conservación de esta especie podría verse aún más presionado. Esto no solamente en Penco sino también Tomé, en donde el proyecto minero pueda probablemente expandirse.

Arboles de Queule, especie en peligro de extinción amenazada por la instalación de la faena minera Biolantanidos

 

Por su parte el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales (OLCA) planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013. El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas.

El proyecto minero que busca intervenir la zona ingresó un Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, causando preocupación en parte de la población, quienes alegaban sobre la poca información entregada por autoridades y también la escasa capacidad de incidencia de las comunidades en procesos que podrían dañar irreversiblemente su salud y su ambiente.

Por otra parte, el alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa (DC) señaló a Diario y Radio Uchile que “se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental”.

Instalaciones de planta piloto «El Cabrito» ubicada a menos de 3 kilómetros de la ciudad de Penco

Según lo señalado por la empresa ubicada en los cerros de Penco BioLantánidos “es un Proyecto sostenible”. La empresa plantea para esto un proceso “patentado de extracción, denominado Proceso de Desorción Continuo y Cerrado (CCLP), un método respetuoso con el medio ambiente que optimiza la obtención de Lantánidos a través de la recirculación de agua y aditivos, obteniendo metales de alta pureza con un bajo uso de recursos”.

Sin embargo la empresa no ha mostrado verdaderamente en qué consiste este nuevo proceso (CCLP) a la comunidad, ya que no quieren dar a conocer un conocimiento que aducen es su propiedad intelectual, sin embargo podría trastornar gravemente la zona. A vecinas y vecinos de la comuna les cuesta creer que este método sea “sostenible” cuando a nivel mundial la extracción de tierras raras ha causado gran daño ambiental. El proyecto minero además queda a menos de 10 kilómetros de zonas pobladas de Concepción, lo cual también abre la incertidumbre sobre posibles contaminación al resto de la conurbación.

A menos de 10 kilómetros de zonas desamente pobladas de Concepción se encuentra el proyecto minero.

El proyecto es propiedad del grupo financiero Larraín Vial, involucrado en el escandaloso «Caso Cascadas» en donde también estuvo involucrado Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Pinochet. El grupo controla el proyecto a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO o (REE UNO por sus siglas en inglés).

Frente a este supuesto «proyecto sostenible» que plantea la minera cabe preguntarse ¿Cómo creerle a una empresa que miente descaradamente diciendo que se encuentra lejos de las comunidades, cuando está a menos de 3 kilómetros de la ciudad de Penco? Una pregunta lógica para las comunidades afectadas y para la institucionalidad de evaluación ambiental del Estado que en estos momentos se encontrarían evaluando la aprobación o rechazo de este polémico proyecto.

Imagen principal: Planta piloto «El Cabrito» en los cerros junto a Penco y la Bahía de Concepción 

Fuente:https://resumen.cl/articulos/empresa-minera-en-penco-miente-descaradamente-al-decir-que-esta-lejos-de-comunidades?fbclid=IwAR3oL4aDKHFlQRMvQGV0dnlzq4fWdpFsdadwOtcucJbKk4Jufolw_yqYAQw