Mexico

Habitantes de Alto Lucero y Actopan exigen cancelación de proyectos mineros

Autor: Karla Cancino , Diario de Xalapa.

Campesinos, amas de casa, estudiantes y miembros de organizaciones civiles llevaron a cabo una marcha que concluyó a las orillas de la playa.

Al grito de «Queremos frijoles, queremos maíz, fuera las mineras de nuestro país» cientos de habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero se reunieron para exigir la cancelación de los proyectos mineros de la región.

En el auditorio de la Unión Ganadera de Palma Sola, organizaciones y comunidades de la región votaron a favor de entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la que se le pide que ordene «la inmediata y definitiva» cancelación de los proyectos de minería tóxica -oro, plata y cobre- de la región.

«La verdadera riqueza de esta región no está en el oro del subsuelo, sino en la importancia biológica y ecológica de la zona, en su valor estético, en sus habitantes, en su cultura, su espiritualidad y su pasado histórico», señala el documento que recibirá el mandatario federal.

Tras una jornada que duró más de 4 horas y en la que hubo música y lucha libre, los campesinos, amas de casa, estudiantes y miembros de organizaciones civiles llevaron a cabo una marcha que concluyó a las orillas de la playa.

 

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/habitantes-de-alto-lucero-y-actopan-exigen-cancelacion-de-proyectos-mineros-3332383.html?fbclid=IwAR3ywGuLJxTUlq-delASXiCeVLbKMnh76dPSyYiVsW_sklhVYrFiBPnIeQg

Mexico

Mineras habrían provocado incendio en Alto Lucero que dañó casi mil hectáreas

Autor: Miguel Angel Rueda-Ruiz , Veracruz en Red
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez reveló a través de su cuenta de Twitter que el incendio forestal en Alto Lucero habría sido provocado y anunció que se investigará el actuar de las mineras que operan en la zona.

El incendio forestal en el paraje La Pedrera–Cerro Roca de Oro–Cerro La Paila–Cerro La Bandera, en la comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, habría dañado una superficie de 915 hectáreas, aproximadamente.

“Actuaremos con el peso de la Ley contra los responsables de los incendios. Y en los provocados en Alto Lucero, investigaremos el actuar de las mineras de la zona respecto a estos hechos que se están suscitando extrañamente en esa región” escribió el mandatario veracruzano.

En ese municipio las empresas mineras Candelaria Mining – vinculada a GoldGroup GoldCorp- Gavilán SA de CV y Alondra SA tienen propiedades y han sido acusadas de realizar extracciones de oro y cobre sin permisos locales.

Fue el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán quien impulsó el desarrollo del proyecto minero “Caballo Blanco” con la empresa canadiense Gold Group-

El incendio que inició desde el pasado 11 de abril fue controlado ocho días después según los reportes de la Secretaría de Protección Civil (PC) quien informó el jueves 18 de abril que el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) informa que hay un 90% de control y un 70% de liquidación del incendio forestal en el paraje La Pedrera–Cerro Roca de Oro–Cerro La Paila–Cerro La Bandera, en la comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

Asimismo, los cálculos de la superficie afectada se han ajustado a 915 hectáreas, aproximadamente.

Se realizaron 59 operaciones aéreas de riego, en las que se vertieron 79 mil 850 litros de agua; participaron el helicóptero MI17 de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y el Bell 407 de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); además de vuelos de reconocimiento y valoración del Bell 407, del Gobierno del Estado.

Considerando el avance en las labores de combate al fuego, se ha decidido desactivar el EEMI y reorganizar el Centro de Mando Unificado con un equipo más compacto, para atacar los últimos puntos de calor.

 

Fuente:http://www.veracruzenred.com/noticia/mineras-habr%C3%ADan-provocado-incendio-en-alto-lucero-que-da%C3%B1%C3%B3-casi-mil-hect%C3%A1reas

Ecuador

La rana que podría finiquitar los planes de Codelco en el Ecuador

Autor: Carlos Zorrilla , Decoin.org
Conflicto Relacionado: Llurimagua-intag

Informe de Defensoría del Pueblo Destaca Abusos Relacionados al Poyecto Llurimagua de ENAMI -C0DELCO (English below)

Tras los devastadores hallazgos de la Contraloría General del Estado sobre la concesión minera de Llurimagua, anteriormente conocida como Junín, la Defensoría del Pueblo del Ecuador acaba de publicar un informe de 88 páginas sobre los abusos a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto ubicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

El proyecto minero está siendo desarrollado por ENAMI, empresa estatal minera de Ecuador y la estatal de cobre, CODELCO de Chile, empresa que hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. Las actividades mineras hechas al margen del control o supervisión de las entidades gubernamentales, las violaciones a la ley, mas de una decena, han sido tan graves que la Contraloría General del Estado concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada. De igual manera, el reciente informe  de la Defensoría del Pueblo del Ecuador exige también, la suspensión del proyecto.

La Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger los Derechos Humanos, así como también los Derechos de la Naturaleza, incorporados a la Constitución del 2008, evidencia y establece en su informe que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además señala que junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El informe a más de los señalamientos, exhorta a los diferentes Ministerios a prevenir o detener las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

Al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, le exhorta -basada en la Ley de Minería- a declarar la caducidad de la concesión minera  Llurimagua y a informar, en un plazo de 3 meses, a la Defensoría del Pueblo.

A la SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua, dado que no existe un plan de conservación de las microcuencas, le exhorta a revocar las autorizaciones para el uso del agua y a informar a la oficina del Defensor del Pueblo en un plazo de 3 meses sobre las medidas adoptadas.

Al Ministerio de Medio Ambiente, dado que el derecho constitucional de la comunidad a la consulta ambiental fue violado, al igual que los derechos de la naturaleza y la licencia ambiental, le exhorta a revocar dicha licencia. Así mismo le solicita adoptar normas de protección para la Reserva Comunitaria de Junín, que incluyen la protección, conservación, restauración y mantenimiento de la reserva, en base a la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda, cuyo único hábitat conocido es el bosque de Junín, ahora amenazado por la minería.

La exhortación final es advertir a los Ministerios, que si las acciones identificadas por la Defensoría del Pueblo no se llevan a cabo en el lapso de tiempo especificado, la  Defensoría  tomará las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, y declara a la Reserva Comunitaria de Junín como sujeto de derechos; lo que significa que debe ser conservada, protegida y rehabilitada  y basa dicha declaración, en el descubrimiento de la Rana Arlequín Hocicudo, que solo habita en los bosques de la comunidad de Junín y en ninguna otra parte del mundo.

En cuanto a las amenazas que enfrentan las personas que se oponen al proyecto minero, identificadas como “Defensores del derecho de la naturaleza”, la Defensoría del Pueblo declara a dichos individuos bajo protección y señala al Estado como el responsable, en caso de que se violen sus derechos humanos.

 

Fuente:https://www.decoin.org/2019/04/la-rana-que-podria-finiquitar-los-planes-de-codelco-en-el-ecuador/?fbclid=IwAR2QvGI7reCktRPw9EX9JoJvHrIG_i8nCbS5QLFPAJ08uqEuKbBmovfcvlI

Mexico

500 años de despojo: Vida o Mina (Veracruz)

Autor: Jorge Salazar García / Alcalorpolítico / Grieta.org

“Las minas están destrozando a México”

Veracruz ha perdido el 99% de su vegetación y ecosistemas, de acuerdo a un estudio realizado por CONABIO[1], dijo el exrector de la UNAM José Zurukhán en su visita al Estado. Además señaló como causas principales a la minería a cielo abierto y la ganadería. Sin duda esto es alarmante, pero no puede ser de otro modo, dado los generosos apoyos oficiales otorgados a esas actividades a pesar del desastre ambiental que provocan. Sin embargo, lo más importante, conocida esa noticia, es buscar cómo conservar el 1% de biodiversidad restante sabiendo que al Estado NO le conviene hacerlo. ¿Por qué? Es simple contestar: se romperían acuerdos con los hombres de “negocios” e implicaría encarcelar a talamontes y a empresarios mineros ecocidas. Eso y la “cara de Dios”, nunca lo veremos, al menos durante los próximos 6 años. Corresponde entonces a los ciudadanos organizarse y exigir se proceda en consecuencia. Con ese propósito, LAVIDA y otros grupos ambientalistas han convocado a participar en la “jornada por el recuerdo y reforzamiento de las resistencias comunitarias en defensa del territorio” a realizarse el 16 de abril en la ciudad de Palma Sola. Las actividades iniciarán con una asamblea popular y concluirán efectuándose un festival político-cultural. Así se recordarán los 500 años del interminable proceso de despojo iniciado por los españoles en 1519 y continuado por los descendientes de esos asesinos y saqueadores de México. A estos señores se les ha concesionado 25 millones de Hectáreas incluyendo pueblos, ríos, lagos y bosques para desarrollar megaproyectos (hidroeléctrica, presas, minas, gaseoductos, etcétera). Este sistema necrófilo, originado en la conquista y hoy revitalizado, continúa amenazando el futuro de todos. Para darnos una idea sobre nuestra riqueza minera, se cita un dato cuya fuente es el Servicio Geológico Mexicano de la Secretaria de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (9/05/2014): el 70% del territorio nacional (1’375,063 Km2) tiene potencial para el desarrollo de proyectos mineros…”. Como están las cosas, este hecho, en lugar de ser afortunado para los mexicanos es una maldición apocalíptica. Créalo, está documentado: esos megaproyectos no generan riqueza para las comunidades (Fundar[ii]). Por donde pasan dejan desolación y pobreza. Esa expoliación se ha intensificado debido a la tecnología extractiva del Fracking y además porque la Ley minera declaró a la minería como actividad de utilidad pública “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”[iii]; es decir, la DESTRUCCIÓN y el despojo están legalizados. Esta grave situación tiende a prolongarse sin remedio inmediato por dos razones: el 15.7 % del territorio nacional ha sido concesionado por 50 años (COMIMEX[iv]) y AMLO anunció respetar los contratos firmados con las 345 empresas (93% extranjeras) extractoras de оrо y plata, principalmente. Tan sólo en la década 2000-2010, aquellas, extrajeron un volumen equivalente a la mitad del saqueado durante 300 años. Pero no es todo, los privilegios otorgados por los gobiernos del PRIAN, les ha permitido torcer las leyes, evadir impuestos, reprimir y asesinar opositores, impunemente. Y todo por un pago anual de entre ¡10 a 2000 pesos! [v] de impuesto. Con este pago se arrogan derechos coloniales. La región donde se ubican los municipios de Alto Lucero y Actopan está seriamente amenazada por las empresas Candelaria Mining Group y Almaden Mineral operadoras de los proyectos mineros de “Caballo Blanco” y “El Cobre”. Por esa razón, representantes de 20 comunidades de la zona, el Ecologista Universal y organizaciones ambientalistas exigen su cancelación.
Para terminar le dejo una lista de los daños que seguirán ocasionando a nuestro Veracruz.

BOSQUES.
*Al tasajear la tierra se destruirán 50 mil hectáreas de encinos, robles, sauces, higueras, guácima, guanacastes, cocouites, cícadas, helechos, palmas, manglares y otras especies.

FAUNA
Corren peligro miles de aves migratorias que anidan en la región; así como armadillos, tlacuaches, tuzas, zorras, venado, coyotes y tejones, entre otros. AGUA
*Se contaminarán con cianuro y otros químicos 250 mil litros de agua por hora.
*La mina consumirá en una hora la cantidad que una familia consume en 16 años.
*Los sedimentos (lodos) con cianuro contaminaran ríos, lagunas costeras, arrecifes y playas.

LAGUNA VERDE
Debido a que “Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras asociadas a la minería pueden producir… el colapso de estructuras…[vi] en ninguna parte del mundo se autorizan minas cerca de instalaciones nucleares. En la fase extractiva de la mina La Paila, ubicada a 2.5 km de Laguna Verde, se detonarán por día entre 5 y 7 toneladas de explosivos, violando la norma internacional.

SALUD
Los envenenamientos, silicosis, carcinomas, dermatitis, malformaciones, daños a los riñones e hígado son frecuentes en quienes viven dentro o cerca de las áreas mineras.
Por todo lo anterior y en tanto no garantice la protección plena del medio ambiente, esos megaproyectos debe ser cancelados.

[1] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
[i] Sánchez Salazar Mª Teresa, “La industria minerо-metalúrgica en Méxicо”. Investigadоra del Institutо de Geоgrafía de la UNAM.
[ii] Centro de Análisis e Investigaciones de la sociedad civil, con sede en México.
[iii] Articulo 6 de la Ley Minera
[iv] CAMIMEX. Cámara Minera Mexicana.
[v] Articulo 59 del reglamento de la Ley Minera.
[vi] EC-DG-INFSO-B4 (2000), “Review of potential environmental and social impact of mining” part II.)

 

Fuente:https://www.grieta.org.mx/index.php/2019/04/15/500-anos-de-despojo-vida-o-mina-veracruz/?fbclid=IwAR1KLPa9yz8mw16m6HeaeJbPYA3JoyOd58ieQjy4H1f80qh7mmYrmH4AXWc

Perú

Gobierno de Vizcarra está capturado por las grandes empresas extractivas

Autor: Diario Uno.pe

Los conflictos sociales por la presencia de mineras extranjeras son permanentes y parece agudizarse. Diario UNO entrevistó a la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Melania Castro, quien pone sobre el tapete la conformación del Perú como país pluricultural.

—El conflicto de Las Bambas ha puesto nuevamente en el tapete el tema de consulta previa para comunidades indígenas originarias. ¿En este instante qué viene realizando la ONAMIAP?

—Se está realizando la etapa informativa del proceso de consulta del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. El taller informativo se lleva a cabo en Cusco, pero se ha estado realizando en Pucallpa, Atalaya, Madre de Dios, Yurimaguas, Bagua; ahora estamos en la parte andina que es Cusco, luego la haremos en Puno y Ayacucho.

—Respecto al conflicto de Las Bambas, aunque esto pasa en Apurímac, ¿cuál es la posición que tienen los campesinos cusqueños?

—La opinión de los campesinos cusqueños es que el tema de Las Bambas puede generalizar a toda la zona sur. Quieren alistarse la provincia de Espinar y otras localidades que tienen problemas por la contaminación de las grandes empresas extractivas.

El Estado no está presente, debe resolver, no imponer, no despojar, respetar los derechos humanos. Lamentablemente, el Estado no logra entender que el conflicto no puede resolverse con violencia. ¿Cuántas vidas más se tienen que perder? ¿Qué espera el Ejecutivo para llegar a la zona?

—El primer ministro Salvador del Solar se reunió con el dirigente comunero de Fuerabamba, Gregorio Rojas, ¿esto podría ser el inicio de un diálogo que le dé solución al conflicto?

—La situación actual es crítica y podría complicarse más con la presión de la minera china, los gremios empresariales, así como de los ministerios de Economía y Energía y Minas para que se realice el desbloqueo de la carretera.

En el país tenemos muchos diálogos, el tema es qué se consigue con ese diálogo, qué se habla en este diálogo si solamente se van a entretener hablando y hasta cuándo se va a dialogar. Los campesinos quieren soluciones concretas a raíz de los pedidos que se hacen.

—Se trata de poblaciones quechuahablantes e históricamente marginados. ¿Cuál es la visión que tienen ellos acerca del centralismo y las autoridades mayoritariamente residentes en Lima?

—Generalmente desde Lima toman la decisión y el gobierno de Vizcarra está capturado por las grandes empresas extractivas. Sentimos que estas empresas tienen poder sobre el Gobierno Central. Hemos visto los famosos lobbies.

Creo que históricamente a las comunidades se les han ido despojando de sus territorios y la gran mirada es que en todo se beneficia al gran capital, pero menos a estos pueblos a quienes se les arruinan sus medios de vida por las empresas extractivas.

—El modelo económico neoliberal es el imperante en estos momento, pero ¿qué propuesta alternativa como sistema político y económico tiene la ONAMIAP?

—Estamos trabajando para proponer una nueva Constitución Política. La actual Carta Magna no reconoce la pluriculturalidad, tampoco tiene un enfoque de género, se están desmembrando las comunidades y eso es responsabilidad del Estado. Lo que el Estado quiere es desaparecer a las comunidades nativas con la única finalidad de meter a las empresas extractivas.

La gran mayoría de estos territorios las empresas extractivas los están comprando, y esas tierras, actualmente, se convierten en latifundios. Por eso la gran pregunta, ¿de qué sirvió la reforma agraria si las tierras se convierten en latifundios y pasan a manos de unos cuantos y, sobre todo, del gran empresariado?

—Permanentemente se vende la idea de que las comunidades campesinas son antimineras. ¿Es así?

—No son antimineros. Lo que pasa es que están defendiendo su hábitat, su medio de vida. Es como que vayan a destruir tu casa y te vas a quedar aislado. El dinero que estas empresas puedan pagar al Estado peruano no llega a los bolsillos de los campesinos.

Y encima, todo el dinero que puedas tener no puede competir con la salud de los seres humanos y en la gran mayoría en el Perú hemos visto que las empresas mineras están generando grandes estragos. Muchas personas que viven cerca a una minera sufren por tener metales pesados en la sangre y muchas enfermedades desconocidas.

—¿Cree que la mayoría de las empresas mineras en el Perú son irresponsables?

—Así es. No hay una extracción de recursos responsable, se dañan los ríos, el medio ambiente, la salud de las personas, la vida de los animales. Todas estas cosas, generalmente nosotros estamos defendiendo junto a las comunidades.

—¿Cómo es el accionar de estas empresas?

—Estas mineras, lo que hacen es comprarte todo el territorio, como el caso de Las Bambas, donde se fraccionaron las comunidades. Todo esto cambia totalmente tu vida y esos comuneros ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer si viven de la chacra, de la crianza del ganado? No van a ir a asentarse en las capitales de las ciudades con una casa, donde siembras fierro y cemento. Ahí radica la defensa de su modo de vida.

—De cara al Bicentenario, ¿ya somos una nación formada o todavía hay sectores que no se sienten representados por el Estado e incluidos en la nación peruana?

—Sé que no dejamos de ser peruanos, pero en el Perú existen muchas nacionalidades. Hay nacionalidad aimara, asháninca, quechua, shipiba, awajún y otros. El Ministerio de Cultura ha reconocido 55 pueblos indígenas que tienen sus propias costumbres y cosmovisiones. Entonces, no es bueno que el Perú sea un estado monocultural, nosotros somos plurinacional y multiétnico.

El Perú tiene que ser intercultural, eso es a lo que aspiramos, donde cada uno respete los derechos. Sé que estamos dentro de este país, pero han atropellado otros derechos durante la Colonia y siguen atropellando nuestros derechos durante la República. Uno de esos derechos vulnerados es quitarnos el territorio, expropiarnos terrenos sin respeto ni mutuo acuerdo. Que la República reconozca a todas las nacionalidades.

 

Fuente:http://diariouno.pe/gobierno-de-vizcarra-esta-capturado-por-las-grandes-empresas-extractivas/?fbclid=IwAR1yWIuyAosWtVt_Pk76IPtWyio2NqD6X1iWjOAP74JKtRuWFTTa9ZTMFyM

Perú

Las Bambas: Gobierno y representantes de Chumbivilcas acuerdan agenda de trabajo

Autor: Cooperacción.org.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Autoridades y dirigentes sociales de la provincia de Chumbivilcas, de la región Cusco, firmaron un acta para iniciar un proceso de diálogo y monitoreo de los impactos del proyecto minero las Bambas con representantes del gobierno, el pasado miércoles diez de abril tras dos arduos días de conversaciones.

Estuvieron presentes el Gobernador Regional del Cusco, el Alcalde provincial de Chumbivilcas, así como de los distritos de Velille, Ccapacmarca, Chamaca, Livitaca, Quiñota, Llusco, Colquemarca, Paruro. Asimismo del Frente de defensa de los intereses de la provincia de Chumbivilcas, Frente único de la provincia de Velille entre otros representantes de la sociedad civil.

Por su parte estuvieron presentes los ministros de Transportes, Edmer Trujillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. Asimismo participaron los viceministros de gobernanza, de seguridad pública del Ministerio del Interior, de SENACE, OEFA entre otros.

Como parte de los primeros acuerdos destaca de parte del gobierno que dispondrá que la OEFA inicie una fiscalización ambiental inmediata de los impactos tras la tercera modificación del EIA, así como de los impactos por el paso de los camiones que trasladan minerales por la carretera del corredor minero sur. De dicha fiscalización deberá evaluarse si corresponden procedimientos administrativas sancionadores contra la Unidad Minera Las Bambas. Asimismo se acordó que el proceso de fiscalización ambiental incluirá la participación ciudadana.

El gobierno nacional acordó con la empresa minera MMG Las Bambas la creación de un Fondo de desarrollo para los distritos de la provincia de Chumbivilcas, sobre el cual se tratará en una próxima reunión en la ciudad del Cusco el 22 de abril próximo.

Se acordó finalmente que la reunión continuará el 22 y 23 de abril entre el gobierno, los alcaldes distritales y la sociedad civil de los distritos para culminar los expedientes técnicos de la carretera. El MTC se comprometió a pagar a las comunidades y propiedades individuales afectadas por el paso de la mencionada vía.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-gobierno-y-representantes-de-chumbivilcas-acuerdan-agenda-de-trabajo/

Mexico

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Autor: Ivette Lira, Sinembargo.mx
Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

 

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será  negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/15-04-2018/3404994?fbclid=IwAR2kS1T3XV1JzTXHuuhuRlUC0k2TO9g2A35Mk1L-T51-K79a3chA9aTvwek

Colombia

Colombia: dos geoportales revelan los conflictos entre megaproyectos y ecosistemas estratégicos

Autor: Antonio José Paz Cardona , Mongabay.com
  • Son más de 2400 alertas por grandes proyectos mineros, de hidrocarburos, energéticos y viales que se cruzan con áreas prioritarias de conservación en Colombia.
  • Solo cuatro departamentos del país concentran el 54 % de las alertas: Antioquia (497), Santander (327), Tolima (258) y Meta (220).
  • En los ecosistemas de páramo del departamento de Cundinamarca existen 245 proyectos de alto impacto.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia pone los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre se cumple, mucha información no se actualiza, se encuentra fragmentada en diferentes instituciones y llegar a ella suele ser un trabajo dispendioso y hasta especializado.

Todos estos problemas se juntan cuando las comunidades desean obtener información sobre megaproyectos mineros, energéticos, de hidrocarburos o viales. Cuatro sectores priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo y cuyas obras, muchas veces, solo llegan a conocimiento de las personas cuando se dan los procesos de socialización o cuando están a punto de entrar en operación.

La noticia es que a principios de abril se dieron a conocer dos geoportales de libre acceso, uno donde los colombianos pueden identificar todas estas actividades en el país y cruzarlas con áreas prioritarias de conservación y otro donde se dan a conocer los proyectos que tendrían gran impacto sobre los páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz en el departamento de Cundinamarca. Esto permite a las personas solicitar información adicional a las entidades competentes y estar enterados en tiempo real sobre las decisiones que se toman en sus territorios.

Miles de megaproyectos en Colombia

 

Al ingresar a www.ecosistemasenalerta.info ─creado por la organización Ambiente y Sociedad─ se pueden visualizar, en un solo mapa, los sitios donde hay grandes megaproyectos y añadir capas que permiten identificar los lugares en que las actividades se cruzan con áreas de gran valor ambiental, e incluso ─con información oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de Global Forest Watch─ saber si coinciden con focos de deforestación en el país.

El departamento con más alertas es Antioquia (497), seguido por Santander (327), Tolima (258) y Meta (220). Sin embargo, estas cifras solo incluyen los proyectos legales y hay informaciones oficiales que están desactualizadas. Entidades como el Catastro Minero no entregaron la información más reciente a pesar de que los creadores del portal la solicitaron a través de un derecho de petición ─mecanismo jurídico en Colombia con el cual toda entidad que trabaje con datos públicos está obligada a dar respuesta a las solicitudes─.

Hernando Ovalle, coordinador general del proyecto y desarrollador del sistema de información geográfica (SIG), asegura que algunos proyectos les llamaron la atención debido a los grandes impactos que generarían.

Uno de ellos está relacionado con el sector hidrocarburos. El Oleoducto al Pacífico tiene un corredor aprobado de 780 kilómetros que pasaría por cuatro departamentos colombianos: Valle del Cauca, Tolima, Huila y Meta y atravesaría las tres cordilleras de los Andes (Oriental, Central y Occidental).

El proyecto busca conectar de manera más eficiente los bloques de producción de la región de los Llanos Orientales con la región Pacífica, en otras palabras, unir las zonas productoras de petróleo con la salida al mar para ser más competitivos con futuros mercados asiáticos.

De acuerdo con Ovalle, con este proyecto habría afectación a resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes donde ya se han venido adelantando las consultas previas. “En un momento el proyecto cruzaba un Parque Nacional por lo que tuvieron que presentar una nueva alternativa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Aun así, pasará por zonas de bosques que están relativamente bien conservadas”, asegura.

Y es que, según dice, esta obra no solo se limita a darle paso a un tubo, sino que busca unir varios oleoductos existentes y eso trae consigo la construcción de vías que aumentarían la deforestación en esas zonas. Ovalle además ve con preocupación lo que viene sucediendo con la Amazonía, sobre todo en el sector noroccidental donde los proyectos de hidrocarburos están ejerciendo mucha presión sobre los departamentos de Putumayo y Caquetá.

El geoportal también llama la atención sobre proyectos en etapa de construcción u operación. Es el caso del polémico Hidroituango, en el departamento de Antioquia, que ha estado en el ojo del huracán, entre otras cosas, por la inundación que provocó en mayo de 2018 en el sector de Puerto Valdivia o cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) retuvo el río Cauca durante una semana en febrero de este año, generando impactos ambientales que aún no se conocen con exactitud.

Esta hidroeléctrica se encuentra sobre bosques naturales y vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes, una de las áreas prioritarias de conservación establecidas en el libro ¿Qúe y Dónde Conservar? publicado en 2011 por Germán Andrade y Germán Corzo en un ejercicio de investigación de Parques Nacionales Naturales de Colombiay donde uno de sus objetivos era identificar los tipos de ecosistemas sin representación en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este libro fue la base para establecer las áreas prioritarias de conservación que se reflejan en el geoportal.

De hecho, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a inicios de abril pidió acciones inmediatas para frenar la crisis ambiental que desató Hidroituango en el ecosistema del río Cauca y que afecta la vida de cerca de 60 000 personas.

Fábricas naturales de agua en amenaza

 

Los páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia y de ahí que ─después de la gran ola invernal de 2010-2011 que causó grandes estragos─ su delimitación y protección fueran una tarea de primer orden para el gobierno nacional, que destacó su importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático dada su enorme importancia como fuente de agua.

Precisamente el segundo geoportal: Páramos y proyectos de gran impacto (www.cuidemoslosparamos.info), también creado por Ambiente y Sociedad, se centra en este ecosistema en el departamento de Cundinamarca. Ahí se identificaron 328 proyectos de gran impacto en los páramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero: 272 títulos mineros, 41 viales, 10 de hidrocarburos, 2 de represas y 3 de tendidos eléctricos. De estos, 245 fueron caracterizados y mapeados, y pueden ser visualizados y consultados en el geoportal.

“Se diseñó como una herramienta que le permitiera a diferentes actores, que conviven y trabajan en estos territorios de alta montaña, conocer los proyectos de desarrollo que se están implementando en sus espacios de vida y consultar, de forma fácil y rápida, información precisa sobre dichos proyectos”, señala Andrea Prieto, geógrafa en la Asociación Ambiente y Sociedad y co-coordinadora de la investigación.

Quizás el proyecto que mayor impacto podría generar sobre los páramos es Chingaza II, que busca proveer más agua para Bogotá y que a pesar de estar suspendido actualmente, es probable que se reactive en el futuro. Abarca 500 000 hectáreas en la cuenca del río La Playa, río Guatiquía y río Guavio; y además incluiría el trasvase ─paso del agua de un afluente a otro─ de la cuenca del Orinoco a la cuenca del río Bogotá, con el aumento del caudal de los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha.

“El proyecto está dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. Páramo Chingaza. Requiere la totalidad de las aguas de los ríos: i)La Playa, ii)Frío, iii) Chuza, y demás vertientes tributarias de dicha olla. Afectación posible a la cuenca la quebrada Blanca que abastece a la cabecera municipal de San Juanito y la vereda El Carmen”, se lee en el geoportal.

Allí también se indica que, en términos generales, el desarrollo del proyecto altera los ecosistemas naturales, reduce caudales, altera vías migratorias de aves y peces, genera contaminación de las aguas, afecta humedales aguas abajo, reduce el aporte de nutrientes y sedimentos aguas abajo y puede producir desecamiento de áreas inundables, además de pérdida de vegetación paramuna y fragmentación de hábitats.

En 2015, un análisis geoespacial de la Universidad Nacional de Colombia determinó que el embalse afectaría directamente el 11,33 % del valle del río La Playa (la biodiversidad de 638 hectáreas). Además, el pasado 22 de marzo, día del agua, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, reactivó la polémica sobre el proyecto cuando indicó “la necesidad de Chingaza II para el abastecimiento de agua potable para Bogotá y la sabana, para adaptarse al cambio climático y sus veranos más intensos”.

Otros proyectos polémicos en los páramos son: la ampliación de la Vía Perimetral de Oriente y el tendido eléctrico Nueva Esperanza, “que ya existe pero preocupan los impactos indirectos, principalmente por cuenta de las radiaciones que emiten las líneas de alta tensión y que cruzan algunos de los páramos”, dice Hernando Ovalle.

Así mismo, le preocupa en general el impacto de la sinergia de un gran número de proyectos mineros en la parte norte y que están en el límite del páramo de Guerrero. “Los bosques altoandinos de ahí para abajo prácticamente desaparecieron en esa zona y aunque están en los límites del páramo, pueden afectarlo. Toda esa minería es a cielo abierto lo cual genera mayores presiones”, dice.

Luisa Vargas, antropóloga que ha trabajado durante varios años con las comunidades en los páramos, considera que se deben analizar en profundidad los proyectos pero cree que lo que más impacta a estos ecosistemas, paradójicamente, es su delimitación, la cual “se viene realizando con criterios meramente ecológicos y técnicos, desconociendo los criterios sociales y de participación. A esto se sumó la restricción de la producción agrícola tradicional arraigada en la cultura campesina. Si bien hay que realizar acciones de protección, estas deben estar basadas en acuerdos concertados con los campesinos y las comunidades locales”.

Transparencia y acceso a la información

 

Cada vez que un proyecto se traslapa con un área prioritaria de conservación se genera una alerta. Según dice Hernando Ovalle, estas “alarmas” fueron agrupadas por departamento y por municipio. “Al dar click sobre cada proyecto puedes ver quién lo genera; la información de quién lo ejecuta; el número de expediente para que la gente pueda ubicarlo rápidamente si, por ejemplo, necesita información en la Anla; y el tipo de ecosistema que se estaría impactando con el proyecto”, asegura.

El objetivo es que todo se pueda encontrar en un mismo lugar, sin necesidad de buscarlo en otras páginas. “Para nosotros es muy importante el derecho al acceso a la información para tener una verdadera participación y justicia ambiental”, comenta Margarita Flórez, directora de Ambiente y Sociedad.

Para ella, los geoportales dan un sentido de la gran cantidad de proyectos que hay en las regiones y de su impacto acumulado. “Para una mejor toma de decisiones necesitamos mayor información sobre lo que existe”.

El gran reto es mantener actualizados los datos de los proyectos. En el caso de ecosistemasenalerta.info, Global Forest Watch seguirá dando un soporte técnico y las licencias para utilizar los mapas, pero lo más difícil será obtener la información. “Lo del acceso a datos abiertos es muy bonito en el papel, pero no se cumple en Colombia”, dice Ovalle. A pesar de esto, el objetivo está en actualizar la información por lo menos dos veces al año.

Jessica Webb, gerente senior de Compromiso Global de Global Forest Watch, asegura que “las personas más afectadas por los megaproyectos de infraestructura son los últimos en enterarse de que se van a realizar. Una vez que se dan cuenta del proyecto, ya es demasiado tarde para poder expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones sobre su implementación”.

Webb considera que no es suficiente con este espacio abierto en internet. Cree que es necesario tener un plan para interactuar y conectar con los usuarios, para apoyarlos en entender cómo se puede utilizar la información que contienen los mapas.

La expectativa ahora está en la utilidad que tengan los geoportales en las comunidades. El desafío es lograr su apropiación, garantizar una actualización de la información y con ella generar participación y diálogo para enfrentar los conflictos socioambientales que no cesan en Colombia.

*Imagen principal: La minería de carbón es una de las principales actividades en el páramo de Pisba y una de las que quedará prohibida con la delimitación. Foto: Daniel Reina Romero-Semana Sostenible.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/04/megaproyectos-y-ecosistemas-estrategicos-geoportales-colombia/

Mexico

Incendio en Alto Lucero pudo ser provocado por mineras, según ONG

Autor: Eirinet Gómez , La Jornada.mx
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

Xalapa, Ver., El dirigente de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, dijo que el incendio que comenzó el 27 de marzo en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro, municipio de Alto Lucero, pudo haber sido provocado por las mineras Candelaria Mining, Gavilán SA de CV y Alondra SA, que pretenden asentarse en la zona.

No hay casualidades; detrás de este incendio están las empresas, que con esa acción pretenden amedrentarnos para que dejemos de defender los cerros, acusó en el festival político-cultural 500 años resistiendo a la vida, que se realizó en Palma Sola, de Alto Lucero.

Por lo anterior, el activista solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente estatal investigar las causas que lo provocaron.

El incendio se inició en la zona de La Pedrera, cerca de la carretera costera 180, y con los días nos hemos percatado que empezaron a aparecer varios focos secundarios en los cerros La Paila y La Bandera; es muy poco común que haya tantos puntos activos, expuso.

Rodríguez Curiel consideró que las autoridades deben aclarar por qué ha transcurrido más de una semana con el fuego activo, sin que hasta ahora sean capaces de extinguir las llamas, a pesar de que se usaron helicópteros para ayudar en los trabajos de mitigación.

“Nos parece sospechoso que un incendio que comenzó a orillas de la carretera se haya dejado escalar a la parte alta de los cerros (…) Siguen siendo muy valiosos y vamos a defenderlos de la minería, que destruye los ecosistemas del Golfo de México. No hay pretexto para declararlo zona de desastre y que ingresen las máquinas de las mineras. El cerro aún puede regenerarse”, externó.

Por su parte, Elisa Pérez Barbosa, directora de Pro Natura Veracruz, mencionó que en la zona del siniestro hay encinares tropicales, únicos en el Golfo de México, pues forman parte de un corredor de aves rapaces migratorias. Va-mos a ver si el incendio fue provocado, esperaremos los dictámenes, dijo.

En el auditorio de la Unión Ganadera de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, más de 500 habitantes acordaron enviar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle revocar 27 concesiones mineras en Veracruz aprobadas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Solicitaron a la administración lopeobradorista no emitir nuevas autorizaciones en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro y que la zona de encinares tropicales, entre las localidades de Alto Lucero, Actopan, Juchique de Ferrer, Acatlán, Chiconquiaco y Colipa sea decretada área natural protegida.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/estados/028n2est#
Latinoamerica, Litio

El precio ambiental de la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile

Autor: Mongabay / Movimientom4.org
  • Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.
  • La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.

Copaisa, el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión, encierra en sus 2218 kilómetros cuadrados un lago del mismo nombre. Es una fotografía bellísima pero al mismo tiempo una metáfora del conflicto hídrico que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. Este espacio conocido como el “Triángulo del Litio” se ha convertido en uno de los blancos para la extracción de un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios.

Los pueblos indígenas han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias de agua para sus cultivos y ganado. Pero desde que el litio se volvió indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en los salares cambió radicalmente. El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, junto al incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado, se unieron para desatar “la fiebre del litio”.

La megaminería

Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires explica que para explotar el litio “se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”.

Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso y en él “hay una cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del mineral. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De los tres países, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos.

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista. “Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto, donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari y actualmente existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso.

Los salares de los tres países comparten el mismo problema: “no hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales

Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires, señala que el modelo general es igual en todas las cuencas del triángulo. Explica que ellas son como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la existencia de vida en la zona. El movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Pero el agua no solo se pierde a través del bombeo de salmuera. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros de salmuera por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio.

“Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”. El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores. Treinta o cuarenta años de demanda masiva es el plazo máximo que la mayoría de los investigadores le dan a esta nueva “Fiebre del Oro”. Algunos incluso lo acortan por debajo de los veinte, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/el-precio-ambiental-de-la-fiebre-del-litio-en-argentina-bolivia-y-chile/?fbclid=IwAR1MzihJUFTxsDM7UJAHoeqmIMmYE6LJSiqOhomYzRUno1cJKk0GRkSsor8