A manera de introducción
Estamos ante una sociedad de la que no se sabe con claridad si es que no entiende lo que acontece alrededor de las concesiones de recursos naturales y territorios, o simplemente no le importa el tema. Lo cierto es que los conflictos socio-territoriales que se han registrado en los últimos dos años en Honduras (y que han dejado asesinatos, heridos, desalojados, mujeres y hombres perseguidos y acusados de delincuentes), no han sacudido la cimiente de una sociedad que, en su mayoría, aún se muestra apática y lejana al tema.
Poco a poco los recursos naturales se han convertido en el “nuevo botín” detrás
del cual van empresas nacionales y transnacionales, arropadas por el modelo de acumulación neoliberal que comenzó a implementarse con más fuerza en la década los años noventa, con la puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economía, también conocido como ajuste estructural. De igual forma con la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que consistió en la eliminación de muchos de los artículos a la Ley Agraria de 1975, principalmente los que tenían que ver con la función social de la tierra. Son modificaciones que han favorecido la expropiación de las tierras y su acaparamiento por parte de los grandes terratenientes, agroexportadores y de las transnacionales (Sosa, 2017).
En este corto texto retomamos, de forma breve y reflexiva, el tema “el extractivismo y las concesiones en Honduras”, el que sigue potenciándose como un mecanismo de apropiación de los recursos naturales y la moderna lucha política por las riquezas verdes del país.
La “ofensiva extractivista” en América Latina
En términos prácticos, la “ofensiva extractivista consiste en un ciclo profundo y acelerado de expropiación, mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales, es decir, aquellos que pertenecen a toda la sociedad. Algunos ejemplos de esa práctica son las concesiones para la agroindustria, la minería a gran escala, la industria forestal, megaproyectos turísticos y la construcción de megaproyectos de infraestructura. En Honduras, esta modalidad, al igual que en el resto de Latinoamérica, también está presente (Seoane, 2012).
Los últimos dos gobiernos nacionalistas (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández), han impulsado fuertes procesos de modificación de la normativa jurídica existente para propiciar la concesión de territorios y recursos naturales.
La nueva ley de minería, la Ley para la Promoción de la Inversión Público Privada, la Ley para la Promoción y la Protección de las Inversiones, Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son algunas normativas que han permitido la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, así como la construcción de represas (ERIC, 2016).
Con base en datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en Honduras se registran aproximadamente 76 concesiones hidroeléctricas y 363 mineras, con la presencia de este tipo de concesiones en 17 de los 18 departamentos del país.
De forma precisa, la modalidad extractivista consiste en la explotación y apropiación de los bienes naturales comunes. Por lo tanto, esta actividad económica tiene efectos devastadores para el medio ambiente y para la biodiversidad, y están sustentados por las políticas de “desarrollo” creadas para propiciar las super ganancias de las élites políticas y económicas en alianza con el capital transnacional.
Pese al discurso que hay alrededor de este modelo, en la práctica genera y potencia conflictos territoriales en zonas agrarias-campesinas y en comunidades indígenas y negras. Esto explica porque para su plena implementación se ha recurrido, desde el 2013, a la re-militarización del Estado, en el marco de la creación nuevas unidades militares-policiales en Honduras, tales como:
- La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA)
- La Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES)
- La Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP). Estas unidades han desempeñado un papel central en los desalojos violentos y en la criminalización de las y los defensores de los territorios (Irías, 2017).
La invisible y silenciosa corrupción detrás de la explotación de los bienes comunes naturales en Honduras
Probablemente es porque el tema ha sido poco estudiado, porque es difícil documentarlo y porque a los medios de comunicación no les interesa abordarlo por la confabulación que persiste entre ellos y el sector empresarial hondureño que está siendo beneficiado con las concesiones, que el tema de la corrupción detrás de las concesiones de territorios y de recursos naturales, es invisible.
Al estudiarse la relación entre redes de corrupción y los procesos de entrega de
concesiones, se identifica un sistema que opera con múltiples e interconectadas
redes, cuya operación está sustentada en actos ilícitos para maximizar los beneficios entre los miembros. La complejidad de esta alianza es tal, que implica la intersección de tres sectores: el sector público, el privado y de las estructuras criminales externas (Chayes, 2017). Esto constituye una situación de mayor riesgo para el respeto de los derechos humanos de las comunidades y los liderazgos sociales en conflicto con proyectos de explotación de recursos naturales.
Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/los-bienes-comunes-naturales-la-actual-disputa-socio-politica-en-las-comunidades-de-honduras/



Anglo American descartará su próximo gran proyecto de cobre si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile, según un alto ejecutivo.

Se está privatizando la función policial. Así concluye el informe titulado
Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.
Por su labor en defensa de los derechos humanos, las mujeres defensoras desafían a los papeles tradicionales de género de la sociedad patriarcal que mantiene a las mujeres en el ámbito doméstico. Como consecuencia, las mujeres defensoras sufren campañas de desprestigio que buscan dañar sus reputaciones, acusándoles de abandonar a sus familias o de estar buscando parejas sexuales. En adición, las mujeres defensoras reciben amenazas, ataques y hostigamiento, también de una naturaleza sexual. Sus familias y niños también son blancos en los esfuerzos, por parte de diferentes actores, de callarles.
El 74 por ciento de las concesiones de exploración minera en México, se encuentra en manos extranjeras. Concretamente, canadienses. Siete grandes compañías dominan el negocio del oro y otros metales. Según el último informe del también canadiense Instituto Fraser, México perdió el atractivo para la inversión minera global en 2015, cayendo 13 puestos hasta el puesto número 37 de 109 países entre los que destacan Chile y Perú en América Latina, que adelantan con el primer y segundo lugar al país azteca.%2011_18_10.png)
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El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.
Fuera de las cámaras de televisión y del debate público cada vez se dan pasos más firmes en la entrega del litio al consorcio norteamericano Rockwood Lithium. La oportunidad que se abre al terminar los contratos con Soquimich de nacionalizar el litio e iniciar su explotación para el desarrollo del país se pierde nuevamente en contratos con transnacionales mineras. También hay empresas chinas interesadas en uno de los minerales más cotizados en el mundo.
Anglo American solicitará la aprobación ambiental del proyecto de US$3.000 millones para aumentar la producción de su mina Los Bronces pero lo descartará si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile.
En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien. Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).