Honduras

Los bienes comunes naturales: La actual disputa socio-política en las comunidades de Honduras

A manera de introducción

Estamos ante una sociedad de la que no se sabe con claridad si es que no entiende lo que acontece alrededor de las concesiones de recursos naturales y territorios, o simplemente no le importa el tema. Lo cierto es que los conflictos socio-territoriales que se han registrado en los últimos dos años en Honduras (y que han dejado asesinatos, heridos, desalojados, mujeres y hombres perseguidos y acusados de delincuentes), no han sacudido la cimiente de una sociedad que, en su mayoría, aún se muestra apática y lejana al tema.

Poco a poco los recursos naturales se han convertido en el “nuevo botín” detrás
del cual van empresas nacionales y transnacionales, arropadas por el modelo de acumulación neoliberal que comenzó a implementarse con más fuerza en la década los años noventa, con la puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economía, también conocido como ajuste estructural. De igual forma con la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que consistió en la eliminación de muchos de los artículos a la Ley Agraria de 1975, principalmente los que tenían que ver con la función social de la tierra. Son modificaciones que han favorecido la expropiación de las tierras y su acaparamiento por parte de los grandes terratenientes, agroexportadores y de las transnacionales (Sosa, 2017).

En este corto texto retomamos, de forma breve y reflexiva, el tema “el extractivismo y las concesiones en Honduras”, el que sigue potenciándose como un mecanismo de apropiación de los recursos naturales y la moderna lucha política por las riquezas verdes del país.

 

La “ofensiva extractivista” en América Latina

En términos prácticos, la “ofensiva extractivista consiste en un ciclo profundo y acelerado de expropiación, mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales, es decir, aquellos que pertenecen a toda la sociedad. Algunos ejemplos de esa práctica son las concesiones para la agroindustria, la minería a gran escala, la industria forestal, megaproyectos turísticos y la construcción de megaproyectos de infraestructura. En Honduras, esta modalidad, al igual que en el resto de Latinoamérica, también está presente (Seoane, 2012).

Los últimos dos gobiernos nacionalistas (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández), han impulsado fuertes procesos de modificación de la normativa jurídica existente para propiciar la concesión de territorios y recursos naturales.

La nueva ley de minería, la Ley para la Promoción de la Inversión Público Privada, la Ley para la Promoción y la Protección de las Inversiones, Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son algunas normativas que han permitido la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, así como la construcción de represas (ERIC, 2016).

Con base en datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en Honduras se registran aproximadamente 76 concesiones hidroeléctricas y 363 mineras, con la presencia de este tipo de concesiones en 17 de los 18 departamentos del país.

De forma precisa, la modalidad extractivista consiste en la explotación y apropiación de los bienes naturales comunes. Por lo tanto, esta actividad económica tiene efectos devastadores para el medio ambiente y para la biodiversidad, y están sustentados por las políticas de “desarrollo” creadas para propiciar las super ganancias de las élites políticas y económicas en alianza con el capital transnacional.

Pese al discurso que hay alrededor de este modelo, en la práctica genera y potencia conflictos territoriales en zonas agrarias-campesinas y en comunidades indígenas y negras. Esto explica porque para su plena implementación se ha recurrido, desde el 2013, a la re-militarización del Estado, en el marco de la creación nuevas unidades militares-policiales en Honduras, tales como:

  1. La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA)
  2. La Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES)
  3. La Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP). Estas unidades han desempeñado un papel central en los desalojos violentos y en la criminalización de las y los defensores de los territorios (Irías, 2017).

 

La invisible y silenciosa corrupción detrás de la explotación de los bienes comunes naturales en Honduras

Probablemente es porque el tema ha sido poco estudiado, porque es difícil documentarlo y porque a los medios de comunicación no les interesa abordarlo por la confabulación que persiste entre ellos y el sector empresarial hondureño que está siendo beneficiado con las concesiones, que el tema de la corrupción detrás de las concesiones de territorios y de recursos naturales, es invisible.

Al estudiarse la relación entre redes de corrupción y los procesos de entrega de
concesiones, se identifica un sistema que opera con múltiples e interconectadas
redes, cuya operación está sustentada en actos ilícitos para maximizar los beneficios entre los miembros. La complejidad de esta alianza es tal, que implica la intersección de tres sectores: el sector público, el privado y de las estructuras criminales externas (Chayes, 2017). Esto constituye una situación de mayor riesgo para el respeto de los derechos humanos de las comunidades y los liderazgos sociales en conflicto con proyectos de explotación de recursos naturales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/los-bienes-comunes-naturales-la-actual-disputa-socio-politica-en-las-comunidades-de-honduras/

Chile

Anglo American descartará proyecto de US$3.000 millones si no cuenta con el respaldo medioambiental y social en Chile

La compañía londinense comenzará dar a conocer sus planes en Los Bronces con las comunidades locales durante el segundo trimestre.


Anglo American descartará su próximo gran proyecto de cobre si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile, según un alto ejecutivo.

La compañía londinense solicitará la aprobación ambiental del proyecto de US$3.000 millones para aumentar la producción de su mina Los Bronces durante el tercer trimestre, señaló Henni Faul, quien encabeza la división cuprífera de la empresa, en una entrevista. El proyecto es sensible debido a su cercanía a glaciares andinos y a Santiago.

“Todos nuestros datos demuestran que podemos extraer ese recurso sin dañar los glaciares y sin afectar el agua subterránea”, declaró en las oficinas de la compañía en Santiago antes de la conferencia minera Cesco Week. “No lo extraeremos si hay otras indicaciones, no seguiremos con el proyecto”.

El proyecto Los Bronces es parte del plan de Anglo American orientado a expandir su cartera de activos del metal rojo de manera orgánica, indicó Faul. El año pasado, la minera comenzó las obras de la mina de US$5.000 millones Quellaveco en Perú, una de las pocas grandes minas de cobre que se construyen en este momento.

La producción en Los Bronces, la mina de cobre más grande que opera la empresa, declinará en cinco años a medida que disminuyan las leyes del mineral. La ampliación productiva en el depósito, el cual registra actividad minera hace más de 150 años, podría llevar el volumen anual de 369.500 toneladas el año pasado a cerca de 400.000. La compañía planea usar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y excavar túneles subterráneos a fin de evitar daños a los glaciares cercanos.

“Hemos estado trabajando en esto durante seis años y confiamos en que tenemos la mejor información científica”, aseguró Faul sobre los planes de Los Bronces.

Alrededor del 80% de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y estos cubren cerca del 3% de la superficie terrestre del país. El incremento de las temperaturas y la actividad minera han acelerado el derretimiento de glaciares andinos, explicó en junio Francisco Ferrando, profesor de Geografía de la Universidad de Chile en Santiago.

Los glaciares Juncal Norte y Olivares Alfa, que se ubican unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y cerca de Los Bronces y la mina Andina de Codelco, se derriten más rápido que otros que están más lejos, detalló.

Lapso de tiempo

Faul proyecta una espera de unos tres años antes de obtener los permisos necesarios para el proyecto, incluida la licencia ambiental. El desarrollo de la iniciativa se prolongaría por cuatro años y elevar la producción demandaría otros cinco. Muchas cosas podrían suceder durante ese período, especialmente porque la protección de los glaciares y el impacto de la minería en el delicado sector andino son objeto de debate en el Congreso.

Las dos minas se sitúan a unos 65 kilómetros de Santiago, donde viven más de 5 millones de personas, cerca de un tercio de la población. Las iniciativas cercanas a Los Bronces y los glaciares cercanos son observadas de cerca por comunidades locales y grandes grupos ambientales como Greenpeace, que se opone a las actividades industriales y mineras sobre o bajo glaciares.

El año pasado, Codelco anunció el rediseño de una ampliación prevista para Andina que habría conllevado realizar faenas mineras en seis glaciares de roca. El nuevo plan alejará dichas actividades de los glaciares siguiendo las órdenes directas del presidente ejecutivo de la cuprífera estatal, Nelson Pizarro, informó en ese momento el gerente de sustentabilidad de la mina, Jorge Sanhueza.

Anglo quiere iniciar el diálogo sobre sus planes en Los Bronces con las comunidades locales durante el segundo trimestre, comunicó Faul, aunque el proyecto no se desarrollará si hay oposición significativa.

“Si la gente protesta contra esto, no podemos avanzar”, sostuvo Faul. “No podemos obligar a nadie”.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/anglo-american-descartara-proyecto-us3-000-millones-no-cuenta-respaldo-medioambiental-social-chile/604956/#
Perú

Presentan demanda de inconstitucionalidad contra convenios entre mineras y la Policía Nacional

¿Qué pasa cuando los que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos atentan contra estos al trabajar para empresas extractivas transnacionales?

Se está privatizando la función policial. Así concluye el informe titulado «Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú», elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización estadounidense Earth Rights Internacional (ERI). Este documento es la base para la denuncia que estas organizaciones han presentado, este lunes, para que se declare la inconstitucionalidad de los convenios firmados entre compañías mineras o petroleras y la Policía.

«Las normas que permiten estos convenios deben ser declaradas inconstitucionales. Se están violando derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que defienden su territorio», dijo en conferencia de prensa, Juliana Bravo, directora de ERI.

Bravo agregó que estos convenios son parte de lo que consideran «andamiaje institucional para la criminalización de la protesta».

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, explicó que, en base al estudio de 138 convenios, concluyeron que estos convierten a los funcionarios públicos (policías) en seguridad privada de empresas.

Además, señaló que las declaratorias de estados de emergencia, como en el caso del Corredor Minero del Sur, donde se desarrolla el conflicto Las Bambas, están siendo usados de manera indiscriminada.

«Se están usando estados de emergencia «preventivos». Se suspenden derechos como la libertad de reunión sin acreditar grave afectación al orden de interno que lo justifique», dijo.

El abogado de IDL también criticó las modificaciones al Código Penal que se hicieron durante el gobierno del aprista Alan García, que cambió la tipificación del delito de extorsión para que se aplique en caso de protestas sociales.

«Tomar carreteras o locales públicos constituye delito de extorsión. Por ejemplo, si un grupo de padres de familia decide tomar el local de un colegio para que se mejore su infraestructura, estaría cometiendo ese delito y podrían ir a la cárcel por tres años», afirmó.

«No se diferencian medidas legítimas de fuerza de actos vandálicos que deben ser sancionados. Estas medidas promueven la criminalización de la protesta», agregó.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada esta mañana contra la Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.

El informe en el que se sustenta esta denuncia concluye que los convenios entre la Policía y las empresas extractivas perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en la zona de influencia de los proyectos. Esto, sostiene, devela una falta de adecuación de las normas internas a las obligaciones que el Estado peruano asumió con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

«Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho, así como las bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», se lee en el informe.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los convenios también se han convertido en «una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta».

«Estos hacen parte de un marco institucional creado a favor de las empresas, que además devienen en un clima de tensión y violencia. No es casual que muchas de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en un contexto de elevada conflictividad socioambiental hayan ocurrido en regiones como Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en zonas tradicionalmente mineras o hidrocarburíferas», resaltan.

 

Ante ello, piden al Estado peruano resolver los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas en todo el país, así como desistirse de celebrar nuevos acuerdos. En este sentido, proponen modificar la Ley General de la institución para que no se incluyan a las empresas extractivas en la protección que ofrece la Policía a particulares.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/08/conflictos-mineros-peru-convenios-policia-empresas-extractivas-demanda-inconstitucionalidad-conferencia-idl-earth-rights-video/jorgepaucar/?fbclid=IwAR3DRFP36gVqNq4xRNq7EUsYkM9g9L1ezcCjH1BVQBCp8zNNZo3HHyUrWgw

Latinoamerica

Pasivos ambientales mineros: ¿Qué pasa en los países vecinos?

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

 

Fuente:http://www.nuevamineria.com/revista/pasivos-ambientales-mineros-que-pasa-en-los-paises-vecinos/

Mexico

Mujeres defensoras: la piedra angular en la defensa de los derechos humanos

Por su labor en defensa de los derechos humanos, las mujeres defensoras desafían a los papeles tradicionales de género de la sociedad patriarcal que mantiene a las mujeres en el ámbito doméstico. Como consecuencia, las mujeres defensoras sufren campañas de desprestigio que buscan dañar sus reputaciones, acusándoles de abandonar a sus familias o de estar buscando parejas sexuales. En adición, las mujeres defensoras reciben amenazas, ataques y hostigamiento, también de una naturaleza sexual. Sus familias y niños también son blancos en los esfuerzos, por parte de diferentes actores, de callarles.

En enero 2019, el Relator Especial sobre la sitaución de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, escribió un informe sobre las mujeres defensoras; “Las mujeres defensoras muchas veces enfrentan riesgos diferenciados y adicionales y obstáculos que tienen un componente de género y están construidos por los estereotipos de género y las ideas profundamente arraigadas sobre quienes son las mujeres y como deberían ser.” “En el clima político actual, donde existe un rechazo hacía los derechos humanos, las mujeres defensoras muchas veces son las primeras bajo ataque.”

Es fundamental que los estados se comprometen a asegurar un ambiente seguro para personas defensoras, implementando programas de prevención y protección con un enfoque de género. Reiteramos la necesidad de investigar todos los casos de amenazas y ataques en contra de las mujeres y condenar las personas responsables.

Consorcio Oaxaca: Mujeres formidables

 

PBI acompaña a Consorcio Oaxaca, una organización civil feminista que promueve el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Son mujeres formidables que luchan por una sociedad más justa donde se reconoce el aporte fundamental de las mujeres a la democracia, la paz y a la construcción de un mundo inclusivo.  Acompañan casos de violencia en contra de las mujeres, pero también acompañan a casos de violaciones de los derechos humanos de los hombre, siempre implementando un enfoque de género en su labor de defensa jurídica, capacitación y formación y articulación de redes.

Son mujeres impresionantes que desafían los estereotipos de género, luchando en contra de constantes ataques en su contra.  Son defensoras incansables de derechos humanos quienes representan una piedra angular, no solamente en el movimiento social de Oaxaca, sino de México y de la región entera.  Su determinación, convicción y pasión es infecciosa e inspiradora.  PBI se siente muy privilegiada poder acompañarles en su labor tan digna y tan importante.

Hoy, el 8 de marzo de 2019, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, reconocemos a las mujeres defensoras fuertes que acompañamos.  Sin ellas, los derechos humanos no serían respetados ni garantizados.  Sin ellas, muy difícilmente llegaremos a construir sociedades equitativas.  Son mujeres extraordinarias y reiteremos nuestro compromiso de estar a su lado y acompañarles en sus luchas y procesos de defensa.

Fuente:https://pbi-mexico.org/es/news/2019-03/mujeres-defensoras-la-piedra-angular-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos?fbclid=IwAR0zMJxg2n0GEx2XFYySMOrKbVU8PzEiN1zFQ0gzIe_-tFToutIzANSgM8I
Mexico

Canadienses saquean Oro de Chihuahua y Sonora; Según datos del INEGI

El 74 por ciento de las concesiones de exploración minera en México, se encuentra en manos extranjeras. Concretamente, canadienses. Siete grandes compañías dominan el negocio del oro y otros metales. Según el último informe del también canadiense Instituto Fraser, México perdió el atractivo para la inversión minera global en 2015, cayendo 13 puestos hasta el puesto número 37 de 109 países entre los que destacan Chile y Perú en América Latina, que adelantan con el primer y segundo lugar al país azteca.

Goldcorp, Agnico Eagle, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources y Alamos Gold se mantienen en el país con permisos para explotar 7 de las 10 minas más grandes de oro en el país concentradas entre Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Según la datos de la Secretaría de Economía, en 2013 se contabilizaron 857 proyectos mineros (entre explotación y exploración) con capital extranjero en el país, distribuidos alrededor de 16 estados.

A la fecha los datos del INEGI  muestran datos donde  Sonora y Chihuahua liderán el nivel de extracción de metales  en nuestro pais.

 

 

 

Fuente:http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=70426&fbclid=IwAR2iNWJnCqsla0ri58I3D9Zf0P6YHLjMTX1SCekOTztrn7WMd-4UwzaMjMA

 

Internacional

El gobierno de Canadá incumple su promesa de crear mecanismo de control independiente sobre derechos humanos con relación a empresas

El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.

Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos.

Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de autoridad, similar al que existe desde hace años.

Es evidente que Canadá requiere una ombudspersonpara ayudar a prevenir la complicidad canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la industria de la confección.

Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades.

«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. «Un ombudspersonque sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.»

El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones.

«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un cargo de ombudspersonen Canadá para ayudar a poner un alto a los abusos.

«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno – libre de toda interferencia política o empresarial», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.»

Fuente:https://elcomunista.net/2019/04/08/el-gobierno-de-canada-incumple-su-promesa-de-crear-mecanismo-de-control-independiente-sobre-derechos-humanos-con-relacion-a-empresas/

Chile, Litio

La silenciosa venta del litio a transnacionales

Fuera de las cámaras de televisión y del debate público cada vez se dan pasos más firmes en la entrega del litio al consorcio norteamericano Rockwood Lithium. La oportunidad que se abre al terminar los contratos con Soquimich de nacionalizar el litio e iniciar su explotación para el desarrollo del país se pierde nuevamente en contratos con transnacionales mineras. También hay empresas chinas interesadas en uno de los minerales más cotizados en el mundo.

A fines de noviembre la la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), autorizó a Rockwood Litio Ltda. (RLL), de la norteamericana Albemarle Corporation de Louisiana, extraer litio del Salar de Atacama. Es un paso más dado por la transnacional para mantener la explotación de los minerales que viene haciendo hace 30 años.

El litio es un mineral estratégico en la actual revolución tecnológica. Su capacidad para almacenar energía lo hace un mineral clave para las baterías recargables de los ordenadores y teléfonos celulares. Y hay más, la disminución emisiones de CO2 implica también el uso del litio para las baterías de los autos eléctricos, por lo que su demanda tiende a encarecerse aún más.

Las salmueras del Salar de Atacama contienen altas concentraciones de litio y potasio, además de considerables concentraciones de sulfato, boro y magnesio.

EN LAS MANOS DEL EX YERNO DE PINOCHET

Tras destaparse como el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou pagaba a casi todo el arco político, desde la UDI hasta Marco Enríquez Ominami, se volvió impresentable su control de la principal productora de litio, Soquimich (SQM). La empresa estatal fue privatizada durante la dictadura cuando Ponce Lerou era ingeniero de Corfo, institución a cargo de las privatizaciones.

Durante 13 meses se ha esperado la venta de la sociedad Oro Blanco de Ponce Lerou y poseedora del 88,64% de Pampa Calichera, a través de la cual controla la que a su vez tiene el control del SQM con un 21,66% del valor accionario.

A juicio del senador Alejandro Navarro, “Julio Ponce Lerou se sigue burlando de los chilenos: esperó que pasara el chaparrón judicial, para anunciar que no va vender SQM. Jamás tuvo intensión de vender la minera no metálica, menos aun teniendo en consideración el auge que tiene el litio a nivel mundial”.

En la actualidad Corfo quiere finalizar el contrato de arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama. Para ello presentó un litigio arbitral en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Una primera propuesta de dicho juez no beneficia a Corfo, por lo que ahora pide el término anticipado del contrato.

En enero de 2016 los propios trabajadores de SQM denunciaron que desde 2010 Soquimich (SQM) están sacando el Salar de Atacama a pedazos, bajo la exportación de ‘salmuera china’ a un precio inferior al costo del transporte.

Para el senador Navarro “el interés nacional exige expropiar SQM. Si no queremos que se repita lo que nos pasó con el cobre o el salitre, es necesario que el Estado genere los instrumentos para el resguardo de este mineral estratégico, así como para comenzar a elaborar productos derivados de manera competitiva”.

EL NEGOCIO CON LA NORTEAMERICANA ROCKWOOD

El gobierno de Bachelet ha apostado por las mineras extranjeras para la explotación del litio a cambio de pequeñas iniciativas en innovación con plazos de décadas. Junto con la intención de abrir la entrada de capitales privados a Codelco, el Ejecutivo ha cerrado acuerdos para mantener a la norteamericana Rockwood Lithium explotando el estratégico mineral.

Hasta ahora sólo Rockwood y SQM explotan el litio en Chile. La primera tiene un 33% de participación del mercado mundial y la firma de Ponce Lerou un 23%.

Rockwood Lithium explota yacimientos de minerales en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. En 1984, durante la dictadura, comenzó a explotar en Chile salmuera concentrada y carbonato de litio del Salar de Atacama a través de un contrato de arrendamiento con Corfo que fue actualizado en febrero de 2016 a través de un memorandum de entendimiento.

Según declaran en su portal web hoy producen salmuera concentrada de litio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio (bischofita), carbonato y cloruro de litio.

La firma, según el portal Mercantil, tiene un flujo de importanciones al país (inversiones, maquinaria, etc.) de US$ 23,791,165. En cambio sus exportaciones minerales implican montos de U$ 125,530,866. Un suculento negocio.

El Consejo de Corfo actualmente trabaja otros contratos con Rockwood para ésta venda un 25% de su producción a una empresa local y así ir generando valor agregado al producto. Todo a través de contratos de arriendo.

Julián Alcayaga, economista del Comite de Defensa y Recuperacion del Cobre, observa que “es necesario considerar que ni Corfo ni Codelco pueden licitar el litio, aunque sean dueños de las respectivas pertenencias, puesto que solo la Presidente de la República lo puede hacer y por decreto supremo”.

China, principal destino de las exportaciones mineras chilenas, también tiene interés en el litio. A fines de noviembre, según reveló El Pulso, llegaron a Chile representantes de tres empresas chinas junto a ejecutivos coreanos. Se trata de Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group.

Sostuvieron reuniones con Corfo, el Ministerio de Energía, al Fondo de Inversión Estratégica, la Direcon y el subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge Maldonado, ofreciendo una inversión de US$500 millones para la construcción de una planta de baterías de litio en Chile que estaría lista en diez años. “Nuestro plan estratégico propuesto comienza con 1.000 toneladas a 2018, llegando a 5.000 toneladas a 2022, para finalmente alcanzar las 10.000 toneladas a 2028”, reveló el asesor Mauricio Mora.

También tiene intención de entrar al saqueo Lithium Americas con el Proyecto Cauchiri –Olaroz, explotados por Lithium Americas y SQM, cuyo inicio de construcción está previsto para el primer semestre de 2017. Se espera que inicie su producción en 2019 con unas 25.000 toneladas estimadas, las que se duplicarían posteriormente.

Para Alcayaga “todo lo que favorezca la inversión extranjera en la minería es absolutamente perjudicial para Chile, porque no pagan impuestos ni royalty en Chile. Todo ese daño se podría evitar si se tuviera una política minera que legislara para impedir que las mineras siguieran evadiendo y eludiendo los impuestos. ¿Por qué no se hace? Precisamente por falta de voluntad política y corrupción”.

LA FALTA DE VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Codelco ya está trabajando un modelo de negocios para explotar el litio en los salares de Maricunga y Pedernales, pero en vez de amplificar su capacidad productiva explotando directamente el mineral, está a la búsqueda de un ‘socio estratégico’ para sellar un acuerdo en el segundo trimestre de 2017, lo que implica que recién en 2022 se iniciaría el proyecto.

En otras palabras, no hay interés del Ejecutivo de aprovechar el gran precio del litio y las posibilidades para el desarrollo del país, nacionalizando el recurso. El economista Alcayaga acusa “falta voluntad política para generar desarrollo en la minería, de parte de todos los gobiernos chilenos, desde 1990 a la fecha. Por otro lado, el TLC con EEUU, impide que el Estado chileno obligue a las mineras extranjeras a fundir y refinar el cobre en Chile, a industrializar el litio en Chile una vez licitado, lo que evidentemente frena el darle valor agregado a la minería en Chile y por ende frena su desarrollo”.

En el mundo social en cambio ya hay una iniciativa para devolver la explotación del litio al país. A principios de noviembre se fundó el Movimiento Litio Para Chile en la sede de Constramet, instancia a la que se suman dicha federación sindical, la CUT, a Federación de Supervisores de la Minería Privada de Chile (Fesumin), la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) y la Confederación del Cobre (CTC).

La iniciativa cuenta con el respaldo del diputado Daniel Núñez y persiguen la nacionalización del recurso, cosa en la que también concuerdan Alcayaga y el senador Navarro, quien recientemente anunció que está trabajando en una reforma constitucional que permita devolver SQM al Estado de Chile.

Se trata de la propuesta de un nuevo artículo 28 transitorio de la Constitución que establezca que el Estado pueda expropiar empresas estratégicas que fueron vendidas en dictadura. El senador del MAS pese a que reconoce que “la actual correlación de fuerzas en el parlamento no es favorable a una iniciativa de este tipo, producto de las mismas donaciones secretas de SQM, creo que el estado de la política está cambiando, y será el próximo parlamento y el próximo presidente de Chile quienes tendrán que asumir esta deuda histórica”.

Navarro agregó que “la definición del futuro del litio es un debate que debe hacerse de cara a la ciudadanía, no puede ser que el desarrollo económico de Chile siga en manos de quienes defraudaron al Estado de Chile”.

Por su parte, Julian Alcayaga advierte que “con el litio no debemos cometer los mismos errores o corrupciones que con el cobre, al permitir exportarlo como concentrado. El litio debe ser industrializado en Chile y no se debe permitir su exportación como materia prima, por ejemplo en forma de carbonato, hidroxido o sales de litio”.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/economia/la-silenciosa-venta-del-litio-a-transnacionales1/12/18/

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Glaciares en Chile : Las comunidades deciden.

Anglo American  solicitará la aprobación ambiental del proyecto de US$3.000 millones para aumentar la producción de su mina Los Bronces  pero lo descartará  si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile.

El proyecto está muy cerca de la la capital chilena y afectaría glaciares. La compañía afirma que  “Todos nuestros datos demuestran que podemos extraer ese recurso sin dañar los glaciares y sin afectar el agua subterránea” pero sostiene que “No lo extraeremos si hay otras indicaciones, no seguiremos con el proyecto”.

La producción en Los Bronces, la mina de cobre más grande que opera la empresa, declinará en cinco años a medida que disminuyan las leyes del mineral. La ampliación productiva en el depósito, el cual registra actividad minera hace más de 150 años, podría llevar el volumen anual de 369.500 toneladas el año pasado a cerca de 400.000. La compañía planea usar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y excavar túneles subterráneos a fin de evitar daños a los glaciares cercanos. ”

Alrededor del 80 por ciento de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y estos cubren cerca del 3 por ciento de la superficie terrestre del país. El incremento de las temperaturas y la actividad minera han acelerado el derretimiento de glaciares andinos, explicó en junio Francisco Ferrando, profesor de Geografía de la Universidad de Chile en Santiago. Los glaciares Juncal Norte y Olivares Alfa, que se ubican unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y cerca de Los Bronces y la mina Andina de Codelco, se derriten más rápido que otros que están más lejos, detalló.    El desarrollo de la iniciativa se prolongaría por cuatro años y elevar la producción demandaría otros cinco. Muchas cosas podrían suceder durante ese período, especialmente porque la protección de los glaciares y el impacto de la minería en el delicado sector andino son objeto de debate en el Congreso chileno. Las dos minas se sitúan a unos 65 kilómetros de Santiago, donde viven más de 5 millones de personas, cerca de un tercio de la población chilena. Las iniciativas cercanas a Los Bronces y los glaciares cercanos son observadas de cerca por comunidades locales que se oponen a las actividades industriales y mineras sobre o bajo glaciares.

Anglo quiere iniciar el diálogo sobre sus planes en Los Bronces con las comunidades locales durante el segundo trimestre  aunque el proyecto no se desarrollará si hay oposición significativa. “Si la gente protesta contra esto, no podemos avanzar”, sostuvo el vocero de la empresa. “No podemos obligar a nadie”.

El destino del territorio está en manos de la gente.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42632-glaciares-en-chile-las-comunidades-deciden

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El estado de excepción como paradigma político del extractivismo

En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien. Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).

En paralelo, se comienza a considerar el extractivismo como una actualización del hecho colonial, en particular en el área de la minería, colocando el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí (donde fueron sacrificados 8 millones de indios), en 1545, como el comienzo de la modernidad, del capitalismo y de la relación centro-periferia en la que se asientan (Machado, 2014).

Tomando estos análisis como referencias ineludibles, pretendo explorar someramente las formas de acción que están llevando adelante los movimientos para neutralizar/desbordar el modelo extractivo, bloquear la acumulación por despojo, revertir la militarización de los territorios, poner fin a la persistente degradación ambiental y la destrucción de los seres humanos. Considero que no se limitan, ni pueden hacerlo, a repetir los repertorios tradicionales del movimiento sindical, ya que se mueven en espacios donde las reglas del juego son diferentes.

El punto de partida de mi argumentación es que hoy los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Harvey sostiene que el “principal instrumento” de la acumulación por desposesión son las privatizaciones de empresas públicas y que el poder estatal es su agente más destacado (Harvey 2004). En su argumentación coloca el ejemplo de Argentina en la década de 1990, que hoy podría aplicarse a buena parte de América Latina y a unos cuantos países europeos como Grecia y España, entre otros.

A mi modo de ver, el argumento de Harvey es enteramente válido para la porción de la humanidad que se encuentra en la “zona del ser”, pero para aquella otra parte que vive en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012), el principal instrumento de la acumulación

por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos ya que comparten los mismos objetivos. Esa es la situación que viven en nuestro continente las poblaciones cercanas a las minas y los monocultivos. “Prácticamente no existe poblador vecino de un proyecto minero que no tenga algún proceso judicial abierto” (Machado, 2014: 224).

La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Las privatizaciones afectaron básicamente a las clases medias urbanas y a las franjas de trabajadores vinculadas al Estado del Bienestar, sobre todo en el caso argentino. Para los sectores sociales donde nunca operó la inclusión ni se beneficiaron con el “bienestar”, las privatizaciones operaron apenas como la primera etapa del despojo. Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

La novedad de esta nueva guerra es que los enemigos no son los ejércitos de otros estados, ni siquiera otros estados, sino la propia población, en particular aquella parte de la humanidad que vive en la zona del no-ser. En suma: acabar con los pueblos que sobran, desertizar territorios y luego re-conectarlos al mercado mundial. Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque esta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Estamos ante dos genealogías diferentes. La que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de “acumulación originaria”, delineada por Marx en El Capital, para reflexionar sobre la experiencia europea. La expropiación violenta de los productores, lo que denomina como el “proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción”, es el acta de nacimiento del capital pero también de los “proletarios totalmente libres” que serán empleados por la nueva industria (Marx, 1975: 893). Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social, capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias.

En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados a la fuerza de su continente. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. Nació un capitalismo sin proletarios, en el sentido europeo que le da Marx, cuando señala que la expropiación de los productores fue “la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio” (Marx, 1075: 951). Los indios no tenían un concepto de propiedad privada como los campesinos ingleses, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común sagrado. La acumulación “originaria” no fue el “pecado original” del modo de producción capitalista, sino la forma constante de acumulación durante cinco siglos en base a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal y la pequeña producción familiar/mercantil que, hasta el día hoy, son las formas dominantes de trabajo, siendo el empleo asalariado uno más entre los muchos modos de trabajo existentes (Quijano, 2000a).

En segundo lugar, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill, sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres (“ametrallaron a los rotos”), a razón de una cada tres años en promedio, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014).

En tercer lugar, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea, como nos recuerda Aníbal Quijano. Aquí no se registró “la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes”, ni la democratización de una sociedad que pueda expresarse en un Estado democrático; las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza, convertida en el factor básico de la construcción del Estado-nación. “La estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2000b: 237).

Los tres ejes anteriores explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías, inferiorizadas racialmente, con independencia del régimen político y de las fuerzas que administren un Estado colonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce además la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/el-estado-de-excepcion-como-paradigma-politico-del-extractivismo/