Argentina

Uranio: el memorándum con Rusia despierta reparos en la provincia

El memorándum de entendimiento que durante la gira del presidente Mauricio Macri a Rusia firmó ayer la Cancillería para la explotación de uranio en Chubut, generó reacciones en el Ejecutivo y la Legislatura. Los diputados Jerónimo García, de Chubut Somos Todos y Gustavo Fita, del Frente para la Victoria recordaron que el recurso natural le pertenece a la provincia. En idéntico sentido se manifestó el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli. La ley 5001, que prohíbe la actividad minera en Chubut no alcanza al uranio, pero en rechazo a la explotación de ese mineral, la Provincia se negó a firmar en junio del año pasado el Pacto Federal Minero con Nación.

Diputados provinciales expresaron sus reparos por el memorándum de entendimiento que, en Moscú, el canciller Jorge Faurie firmó ayer con empresas mineras para explotar uranio en la Argentina, más precisamente en la provincia de Chubut.

“Como mínimo creo que habrá que revisarlo y discutirlo. El canciller firmó esto en Rusia, sin la presencia de ningún funcionario o aval de la provincia del Chubut. La verdad es que estoy sorprendido y creo que hay que prepararse para revisar el tema, ya que los recursos naturales son de la provincia”, recordó Jerónimo García, presidente del bloque de Chubut Somos Todos.

Desde el Frente para la Victoria, Gustavo Fita, consideró que el gobernador Mariano Arcioni “tiene como un doble discurso con el tema minería. Por los medios dice que no se está hablando del tema con Nación, y está claro que lo está haciendo”.

El legislador provincial recordó que, al menos a título personal, “no le decimos que no a la minería, pero sí creemos que hay que ver los pro y los contra. Lo que está claro es que los recursos son de la provincia, y que es Chubut y los chubutenses los que deciden sobre los mismos”, enfatizó.

EL MEMORANDUM Y EL YACIMIENTO

En Moscú, en representación del Estado nacional, y en el marco de la gira internacional del presidente Mauricio Macri, el canciller Jorge Faurie firmó ayer un memorándum de entendimiento para la explotación de uranio, mineral que se utiliza como combustible nuclear.

En el texto, firmado con el presidente de Uranium One Group, Vasily Konstantinov, y su par de la firma UrAmerica Argentina S.A, Omar Adra, se habla en general, pero el mismo está claramente referenciado en el mineral que existe en la meseta de la provincia.

Para fundamentar la firma del memorándum, en el mismo se habla de una inversión cercana a los 250 millones de dólares y la generación de 500 puestos de trabajo. Sería en los cateos que UrAmerica posee en la meseta central de Chubut.

POR FUERA DE LA 5001

La actividad minera en Chubut está prohibida por la ley 5001, pero la restricción no alcanza a la explotación del uranio, considerado como un recurso estratégico y por lo tanto, su extracción puede ser autorizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La discusión sobre el uranio se reactivó cuando en junio del año pasado el presidente Mauricio Macri promovió la firma del Pacto Federal Minero, al que no suscribió Chubut, por los reparos que expuso el entonces gobernador Mario Das Neves.

El uranio que hay en abundancia en Chubut, particularmente en el yacimiento de Cerro Solo podría extraerse, pero en el territorio provincial está prohibido procesar el material que provenga de otros estados.

El 15 de junio último, el gobernador Mario Das Neves se negó a firmar el Pacto Federal Minero. Su gesto de rechazo a la propuesta del Gobierno nacional, que el mandatario provincial consideró que solo favorecía a las mineras, únicamente fue acompañado por su par de La Rioja, Sergio Casas.

Las restantes provincias con recursos mineros, incluida Salta, que en principio también se negaron, firmaron luego de que se autorizara a los estados a cobrar regalías por arriba de un tres por ciento, que era el tope que se pretendía continuar imponiendo desde el marco jurídico nacional.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/uranio-el-memorandum-rusia-despierta-reparos-la-provincia-n3058785

Ecuador

La protección del ambiente es prioridad

Para el Gobierno y los sectores sociales, la aprobación de esta pregunta sería primordial para la conservación de ecosistemas frágiles. Sin embargo, los pequeños productores y mineros artesanales la cuestionan, pues consideran que dejaría sin fuentes de empleo a miles de familias que viven de esta actividad durante años y proliferaría sobre todo la minería ilegal.

Enmendar la Constitución de Ecuador para que se prohíba la minería metálica (actividad de extracción para obtener un metal, como oro, plata, cobre y otros) en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, es el planteamiento de la quinta pregunta de la consulta popular que se realizará en el país el próximo 4 de febrero.

En la Carta Magna se establecen limitaciones para las actividades extractivas, sin embargo si la Asamblea Nacional aprueba la realización de estas con la petición previa del Presidente y por ser declarada un tema de interés nacional, se permite una excepción y se puede dar paso a la producción minera.

La pregunta incluida en el referéndum, que modificaría el segundo inciso del artículo 407 de la Constitución y el artículo 54 del Código Orgánico del Ambiente, no solo se limita a la extracción, sino que se extiende a prohibir también la prospección, exploración y explotación. Además, la Asamblea ya no tendría competencia para aprobar la realización de actividades mineras en áreas protegidas, zonas intangibles ni centros urbanos. El ministro de Minería, Javier Córdova, explicó que respaldar el Sí significa fundamentalmente la

protección de sistemas frágiles. Agregó que la aprobación de la pregunta para enmendar la Constitución ayudará a planificar el trabajo de los pequeños mineros y regular su actividad. Varios sectores sociales también respaldan el Sí en el referéndum y consideran  positivo que se consulte al pueblo sobre enmendar la Constitución para la protección de estas áreas sensibles, pero sostienen que todavía es insuficiente.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, manifestó apoyar un ‘Sí crítico’ en la consulta, pues a pesar de que la pregunta toma en cuenta las áreas protegidas y zonas intangibles, no lo hizo con los territorios ancestrales de pueblos indígenas, bosques protectores, tierras cultivables o fuentes de agua. Chicaiza acotó que “de perder el Sí se deja en completa vulnerabilidad las áreas protegidas, lo que sería nefasto y dejaría este tipo de sectores sensibles a merced de la explotación minera”.

Contrario a esta posición, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería de Zaruma, una de las localidades orenses construidas en torno a la minería, sostuvo que la aprobación de esta pregunta lapidaría el trabajo principalmente de los pequeños productores y de quienes realizan esta actividad de manera artesanal. El empresario argumentó que la pregunta tal y como está planteada no resuelve el problema de la minería ilegal y agravaría el desempleo en el país.

Por esta razón, argumentó que en la interrogante en la que se menciona: “se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y áreas intangibles” se debería haber incluido: “excepto para la pequeña minería y minería artesanal”. En la misma línea, Mauricio Murillo, síndico de la Cámara de Minería de Guayaquil, consideró que al prohibir la minería metálica se crean las condiciones para que aflore la minería ilegal, con los perjuicios sociales y ambientales que esta acarrea.

“Prohibiendo la minería en centros urbanos, simplemente se prohíbe el título minero, pero la gente continuará trabajando, pero de manera informal”. El jurista enfatizó que “esto implica que no se recaudará impuestos, se trabajará sin afiliación a la seguridad social y esto significa un retroceso en la actividad minera que se ha desarrollado en el país”.

Potencial minero de Ecuador

La actividad minera genera expectativas en la economía del país. Las reservas en el territorio nacional guardan principalmente oro, plata y cobre, lo que ha llamado la atención de grandes empresas internacionales que ya operan en el Ecuador. Actualmente hay cinco proyectos estratégicos en marcha: ‘Mirador’ en la provincia de Zamora Chinchipe operado por la empresa china Ecuacorriente S.A. con reservas estimadas de 6,5 billones de libras de cobre; 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro.

Por otra parte, ‘Fruta del Norte’ concesionado a la canadiense Lundin Gold, ubicado también en Zamora Chinchipe, con estimaciones de 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata. También son considerados como estratégicos el proyecto Río Blanco (Azuay) para la producción de oro, que es operado por Junefield; San Carlos Panantza (Morona Santiago) con reservas aproximadas de 6,6 millones de toneladas de cobre, cuyo concesionario es la empresa china Explorcobres S. A. Finalmente está el proyecto Loma Larga, en la provincia de Azuay, con reservas de oro, plata y cobre, el cual fue entregado a la empresa canadiense INV Minerales Ecuador S. A. y operado por INV Metals.

Concesiones

Se detienen las concesiones Tras una reunión con delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) a fines de diciembre del año pasado, el Presidente resolvió detener la entrega de concesiones mineras hasta que se realice un proceso de evaluación.

18 proyectos de minería

son considerados por el Gobierno con mayor potencial de producción.

Se realiza evaluación

En 2017 se presentaron 1.000 pedidos de concesión, de los cuales 300 están en estudio actualmente. Sus resultados se entregarán este año al Jefe de Estado.

Fuente:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/la-proteccion-del-ambiente-es-prioridad

Colombia

Consulta Popular contra represas y minería en Timaná, nueva lucha por defender el territorio

Aunque las autoridades electorales han indicado que no existe presupuesto para costear la iniciativa, sus promotores iniciaron la recolección de 12 mil firmas.

Con gran expectativa por la oportunidad de expresar en las urnas la posición de las comunidades sobre temas relacionados con el desarrollo del territorio, principalmente por la implementación de proyectos de generación eléctrica y extracción de minerales, líderes cívicos de Timaná avanzan en el propósito de encarar con éxito la consulta popular autorizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras ser notificados por parte del Registrador Municipal mediante la Resolución No. 002 de 2018, los lideres definieron convocar dos jornadas masivas de recolección de firmas las cuales se realizarán durante este sábado 27 y domingo 28 de enero en el parque principal.

La planilla mediante la cual se solicita la autorización para desarrollar la Consulta Popular pregunta a los ciudadanos: ¿Está Usted de acuerdo SI o NO, conque en el Municipio de Timaná Huila se ejecuten proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, de generación hidroeléctrica y de minería a mediana y gran escala?

Otra de las estrategias con las que aspiran avanzar de forma rápida en la recolección de los 1.563 apoyos requeridos por la autoridad electoral será la recolección de firmas en las comunidades urbanas y rurales del municipio por cuenta de las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones.

El Comité Cívico lo conforman el exalcalde de Timaná Pedro Nel Jiménez Sterling, la empresaria María Antonia Estupiñán Téllez y el Presbítero Miller Calderón Calderón, quienes junto a los concejales Argenis Rojas Hoyos y Dagoberto Tejada Torres pretenden lograr blindar el territorio timanense de los polémicos proyectos extractivos.

En 2012, y cuando se había anunciado sobre la incursión en la región de funcionarios de la empresa Hydrochina Corporation quienes exploraron varios sectores del Río Magdalena en el sur del Huila a fin de establecer nuevas hidroeléctricas en la región, en Timaná se recolectaron 12 mil firmas de ciudadanos que exigían la no intervención del territorio con proyectos de ese tipo.

Entre líneas extractivas que buscan prevenir en Timaná, están la construcción de una hidroeléctrica en el sector de Pericongo, la extracción de Petróleo mediante la técnica del fracturamiento de Rocas Fracking y la explotación mega industrial de calizas y el otorgamiento de licencias ambientales para la exploración de nuevas fuentes mineras.

En febrero del año anterior, el Concejo Municipal de Timaná promulgó el Acuerdo 003 de 2017 por medio del cual se adoptan acciones para proteger el ambiente, el paisaje y los recursos naturales del municipio de Timaná, ante proyectos hidroeléctricos, explotación de hidrocarburos y mineros a gran escala.

Las acciones del Comité Cívico de Timaná proseguirán con la realización de un plantón ciudadano el próximo sábado 3 de marzo en el sector de Pericongo en donde la comunidad se pronunciará contra iniciativas de extracción minera y generación eléctrica que afectan en desarrollo del territorio.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/consulta-popular-contra-represas-y-mineria-en-timana-nueva-lucha-por-defender-el-territorio/

Mexico

Solicitarán firmas para combatir proyectos mineros tóxicos en BCS

La Paz, Baja California Sur.- El Comité Minería Responsable, en Baja California Sur (BCS), solicitará alrededor de 800 firmas, como lo solicita la Ley de Participación Ciudadana, para modificar las leyes existentes en cuanto a la protección para el estado de los proyectos de minería tóxica.

De acuerdo con Miguel Ángel Luna Salaices, presidente del comité, pretenden reformar las leyes para que se sólo se aprueben proyectos responsables, y de tajo, se impida el arribo de los proyectos “tóxicos”.

Asimismo, este iniciativa ciudadana contempla que las empresas mineras se involucren en temas de salud, cultura y medio ambiente.

De acuerdo con Leslie Peñuelas León, vicepresidente del comité, hoy inicia la recolección de firmas y las pláticas informativas sobre dicha iniciativa.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/solicitaran-firmas-para-combatir-proyectos-mineros-toxicos-en-baja-california-sur/

 

Venezuela

La apuesta minera contra el Escudo Guyanés

En Venezuela, la zona delimitada como parte del Arco Minero coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería.

Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.

El fuerte ruido de los generadores acompaña el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros donde hacen un barrido de oro, más hoyos o saquean grandes cantidades de lodo con oro que será procesado con mercurio. Lo último lo hacen las máquinas vibrantes del generador instaladas al lado de la mina. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas para hacer lugar a la minería.

“Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente”, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.

En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.

Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que en los bosques del Escudo Guayanés funciona un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicas.

No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería y en particular a la minería de superficie serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

Cerca del 75 por ciento del territorio en Bolívar está ambientalmente protegido, pero no contra el Arco Minero. Las tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El parque nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo esto parece no importar. Las reservas forestales sufrirán especialmente las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.

Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua traerá repercusiones negativas. Bolívar opera básicamente como una fábrica de agua para el país al poseer la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la represa Guri, en la cuenca del río Caroní, genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país gracias, siendo el principal proveedor de energía de Venezuela.

Según Yerena, su productividad puede verse perjudicada: “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua, que depende del poco sedimento que arrastre el río”. Mala suerte, el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado, y el impacto ambiental puede ser irreversible.

Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden no sopesar las ganancias del sector de las que el país nunca se benefició económicamente. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.

El desconocimiento también representa un problema para los movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación adelantada para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma en cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena. “Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica, y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información extraoficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.

Dos riesgos de la minería que aún no se discuten en Venezuela son la deforestación y la contaminación por mercurio. “Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.

Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda de que hacer minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Y es que nunca ha habido una prueba certificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.

El ahora profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos que facilitan el lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales extraídos ilegalmente, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.

El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”, dice riendo. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.

Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Diversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.

De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016. “No se puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea Nacional desde el 11 de enero de 2017.

Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a poblar las zonas mineras. Ellos continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.

* Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-apuesta-minera-contra-el-escudo-guyanes-articulo-734137

Chile

Posible reconfiguración de Pascua-Lama como mina subterránea ya genera rechazo

Tras la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de decretar el cierre definitivo del proyecto minero Pascua-Lama y de cursarle a la empresa a cargo de las obras, Barrick Gold, una sanción de $7 mil millones, su posible reconfiguración como mina subterránea ya genera rechazo entre los habitantes de la Provincia del Huasco, en la región de Atacama.

En conversación con El Mercurio, director ejecutivo de la empresa canadiense en Chile, René Muga, señaló que el rediseño de la iniciativa binacional debe considerar una minimización total de los impactos sociales y medioambientales y que, además, debe “incorporar necesidades de comunidades”, motivo por el cual no descartó un cambio de nombre.

 

En esa línea, Muga precisó que dentro de la gama de opciones que tienen en evaluación destaca la alternativa de una mina subterránea, la cual “tiene mucho mérito y está corriendo con ventaja”.

Muga también indicó que en los próximos meses se deberá decidir cuáles son los estudios que más se ajustan a sus necesidades, lo que generará una modificación a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debido a que todas las opciones tienen “desarrollos mineros distintos”.

La opción de soterramiento ya cuenta con apoyos, como el del presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien -en conversación con Diario El Día, detalló que la alternativa podría ser “ser más grande y más rentable” a hacerlo con tajo abierto.

Sin embargo, “con todos los problemas que han tenido, hacerlo en forma subterránea en una minería más selectiva y probablemente tratando menos mineral, pero de mejor ley, sí puede ser una solución para ese proyecto”, sostuvo Hernández.

Rechazo categórico

La mañana de este lunes, la vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, Constanza San Juan, manifestó que pese a todo lo anterior, los vecinos de la zona afectada rechazarán cualquier forma que tome el ya cerrado proyecto, acusando que los daños que dejó Pascua-Lama fueron irreparables.

San Juan dijo que, como comunidad, celebran el fallo judicial, ya que el dictamen aseguró que el proyecto era inviable y contaminador, especialmente en vegas altoandinas, ecosistemas que limpian y decantan las aguas que llegan a la cuenca de 70 mil habitantes.

A juicio de la vocera, otro de los daños que ha perpetrado la empresa tiene que ver con los monitoreos a glaciares, a lo que se sumó que la minera norteamericana contaminó aguas con metales pesados, como manganeso, y que la población más afectada fue aquella entre los 0 y los 4 años.

Aún así, San Juan valoró el cierre definitivo decretado por la SMA, pero si clarificó que gran parte del trabajo contra Barrick se logró gracias a la comunidad y a la presión que se puso sobre el superintendente, Cristián Franz.

“La resolución si bien es una buena resolución, la cual vamos a defender, hay infracciones que se han absuelto. También hay que recordar a todo el mundo una cosa que hemos denunciado: acá el Estado con Barrick Gold cambiaron la RCA en julio de 2016 para viabilizar el proyecto (…), pero está quedando oculto porque se realizó un cambio que subió los índices o los límites que puede lanzar la empresa de metales pesados en el río”, acusó San Juan.

Ante la posibilidad de realizar un nuevo proyecto, con nuevas directrices y que tiene que pasar por todas las instancias medioambientales de rigor, San Juan negó aprobar tal iniciativa.

Para nosotros el proyecto nombre nuevo que tenga, como venga, va a ser Pascua-Lama igual. Es la misma fuente, el mismo metal y la mina subterránea va a contaminar igual y peor de lo que ya hicieron”, añadió.

“Nosotros como comunidad no vamos a parar de estar en contra de este proyecto y de cualquier megaproyecto en la naciente de nuestras aguas y sobre nuestros ecosistema glaciar”, disparó San Juan.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2018/01/22/posible-reconfiguracion-de-pascua-lama-como-mina-subterranea-ya-genera-rechazo.shtml

Argentina

Protestas contra la minería y a favor del pueblo mapuche en fiesta del artesano de Epuyen

Mientras de desarrollaba el acto de cierre de la Fiesta del Artesano en Epuyen, durane el discurso del Intendente  Antonio Reato, se presentaron manifestantes con banderas y cánticos de NO A LA MINA acompañados por otro grupo de manifestantes que portaban banderas con la consigna de “Basta de Represión al Pueblo Mapuche”. Ante la protesta, que sumó a buena parte del público, el intendente  lanzó una bravuconada: “Si quieren lo arreglamos ahí abajo con cualquiera de ustedes, ahora voy” .  Tenía previsto decir unas palabras el gobernador Mariano Arcioni, quien finalmente no dio su discurso.

Mientras los manifestantes se hacían oír directamente y cara a cara, ante los funcionarios provinciales y municipales, por lo que entienden que no es otra cosa que una nueva embestida de las empresas internacionales que desean realizar las explotaciones mineras en Chubut, con la aprobación del Gobierno nacional y algunos funcionarios provinciales e intendentes.

A los largo de los tres día de la Fiesta, numerosos stands de artesanos lucían carteles contra la actividad minera y energía nuclear y distribuían volantes informativos sobre la problemática minera.

El intendente, intentó dar un discurso y terminó diciendo lo siguiente:

“Estamos haciendo un esfuerzo para salir adelante en un País que se lo merece, quería agradecer señor Gobernador que esta acá, y realmente quería felicitar a los artesanos, y felicitar a todos aquellos que colaboraron para que toda la fiesta, hasta acá, sea un éxito. Me hago cargo de todo lo que me corresponda y si quieren lo arreglamos ahí abajo, con cualquiera de ustedes, no hay ningún problema. Ahora voy”.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38624-protestas-contra-la-mineria-y-a-favor-del-pueblo-mapuche-en-fiesta-del-artesano-de-epuyen

Ecuador

Pregunta sobre explotación minera ‘fue un paso agigantado’

Un hecho insólito vivieron los habitantes de Zaruma, El Oro, en enero de 2017, cuando un socavón ‘se tragó’ una unidad educativa y afectó la vialidad en la calle Ernesto Castro, aledaña al plantel. Se atribuye este acontecimiento a la explotación minera en la zona, según se difundió en ese momento.
“Para que no se repitan hechos como los de Zaruma”, dijo el presidente Lenín Moreno, se incluye la quinta pregunta del Referéndum por el que los ecuatorianos el próximo 4 de febrero deberán decir ‘Sí’ o ‘No’ en la consulta popular.
Opiniones

“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”, es la quita interrogante que aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la convocatoria para los comicios de febrero próximo.
Sobre el tema, el consultor de la empresa RV Consulting, Ricardo Vera, indicó que la Constitución es protectora de la naturaleza, pero se entregaron concesiones a empresas extranjeras donde se explotaron minerales como el cobre, sin un adecuado control.
.“Lo que se critica es la forma cómo se concedieron los derechos de explotación a otros países, lo que no ha permitido que la industria nacional pueda desarrollarse. Es una pregunta que le hará bien al país, porque los recursos deben explotarse ordenadamente, pero se carece de un marco legal completo para regular la actividad minera, la explotación de este tipo en Ecuador aún es incipiente, a diferencia de otras naciones del continente”, agregó.
Para Arturo Mora, simpatizante de Rafael Correa, hay situaciones y problemáticas vigentes, como la de explotación minera, por ejemplo, que pueden solucionarse desde otro marco, sin necesidad de convocar a una consulta popular.
“Hay otras formas, desde proyectos legales o desde la propia Asamblea Nacional. No creo necesario destinar dinero para preguntarle ese tipo de cosas a la ciudadanía”, manifestó.
Faltan 16 días para los comicios y sugiere a la ciudadanía conocer las preguntas de la consulta popular y referéndum para emitir un voto responsable. (ARR).

Fuente:https://www.lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102130478/pregunta-sobre-explotacion-minera-fue-un-paso-agigantado

 

Republica Dominicana

Ambientalista llama a rechazar explotación minera San Juan

El ambientalista Luis Carvajal llamó a la población a rechazar la posible explotación minera del Valle de San Juan porque con esto se empieza el ataque a la cordillera Central, ya que en ella hay proyectos en exploración.
Consideró que la aprobación del valle en distrito minero a partir de un permiso otorgado a la minera Goldquest constituye un desafío al pueblo dominicano porque es una zona productora de agua y de gran importancia para la economía del país.

Indicó que es un preludio de lo que pasará en la cordillera Central, donde exploran zonas como Restauración donde está la minera Unigold. Consideró que la aprobación de una mina contradice el discurso de preocupación por el agua, tras vaticinar que ahora vendrá una parafernalia discursiva alrededor de minería responsable.

Dijo que es la defensa del valle y río de San Juan, de la presa de Sabaneta y sobre todo de la cordillera.
Carvajal confió en que ahora el Ministerio de Medio Ambiente impida este proyecto y anunció que estarán vigilantes para que las evaluaciones ambientales coloquen todo en su justo lugar.
“Llamamos a toda la región Sur a rechazar esa concesión y prepararse para un proceso de movilización y de rechazo y esperamos que la ciudadanía movilizada en otros temas como el de la corrupción, incluya este caso como plan de su lucha”, expresó Carvajal.
Del otro lado. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana.
Un documento dice que sometió una propuesta de resolución que asegura al Estado beneficios superiores al 40 por ciento.

Indica que el esquema financiero incluye estrictos compromisos de preservación ambiental.

Afirma que bajo ese modelo, “sin precedentes” desde 1992 cuando el Código Tributario introdujo cambios en la renta gravada, el Estado percibirá US$224 millones durante los siete años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo y que el valor de estos yacimientos es calculado en US$561 millones y pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.

Fuente:http://hoy.com.do/ambientalista-llama-a-rechazar-explotacion-minera-san-juan/

Perú

¿Qué está pasando en Las Bambas?

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país.

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país. Más de 10 mil millones de dólares invertidos y la proyección de una producción de más de 400 mil toneladas de cobre que, con el aporte de otros proyectos, está permitiendo que se duplique la producción de cobre del país. La producción comercial de Las Bambas se inició en el mes de agosto de 2016.

En los últimos meses, reiteradamente delegaciones de la zona de influencia del proyecto han venido a Lima a pedir diálogo y básicamente lo que han recibido es un portazo en la cara. Sin embargo, cuando estallan los conflictos a esos mismos comuneros los acusan de intransigentes.

¿Qué está pasando en la zona de influencia del proyecto y por qué se siguen reportando situaciones de tensión y conflicto latente? En primer lugar es importante subrayar que en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas.

¿Cuáles son los temas de preocupación y las principales demandas de la población? Un primer tema tiene que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del lado del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años.

Pero la preocupación de la población también se explica porque Las Bambas muestra la manera como se vienen modificando de manera reiterada y significativa los proyectos mineros, utilizando las nuevas herramientas creadas por los paquetazos ambientales que han flexibilizado las normas y limitan aún más los mecanismos de participación ciudadana.

Un informe de CooperAccion remarca que el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir en promedio una modificación cada 4 meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en tres ocasiones se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana. En el último año, las modificaciones, vía ITS y vía Estudio de Impacto Ambiental, han continuado.

Las reiteradas modificaciones y el uso y abuso de los nuevos instrumentos para producir cambios sustantivos en los proyectos, están a la base del desconcierto y preocupación de la población. Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental.

El otro tema que causa malestar en la zona está relacionado con las reiteradas declaraciones de estados de emergencia. El último fue decretado el pasado 11 de enero (decreto supremo 006-2018-PCM) y abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, la vía que une las operaciones de Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa).

Lo cierto es que el estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación -supuestamente excepcional- desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

Como lo señala una alerta del Observatorio de Conflictos Mineros, “dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

¿Qué hacer? Las Bambas muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc. Tampoco se trabaja para nivelar las asimetrías de poder al momento de la negociación, ni se consideran orientaciones generales para sentar las bases para un desarrollo integral en una perspectiva de mediano plazo que fortalezca al mismo tiempo las capacidades e institucionalidad local.

Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aun cuando en este caso -insistimos- la gente no se opone al proyecto. El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no sólo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencias, capacidades y herramientas.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la actividad minera es un aspecto determinante para la construcción de un nuevo escenario de gestión equilibrada e independiente. Es sólo de esta manera que las instancias del Estado peruano, encargadas de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones. Mientras tanto las comunidades en la zona de influencia de Las Bambas siguen esperando que los atiendan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/22/que-esta-pasando-en-las-bambas/