Mexico

Denuncian invasión de tierras ejidales para construcción de presa en Zacatecas

El Gobierno del estado de Zacatecas intenta imponer la construcción de la Presa Milpillas en terrenos del ejido de Atotonilco, en el municipio de Jiménez del Teúl, sin contar con la autorización de la asamblea agraria, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

En un comunicado, la organización informó que pobladores del ejido impidieron el acceso de trabajadores con maquinaria pesada que intentaban comenzar con la construcción de la presa el pasado 20 de octubre.

“La población (…) decidió no permitir que personas ajenas a su territorio de propiedad comunal intenten destruir su patrimonio”, afirma Rema.

Recordó que los ejidatarios de Atotonilco han realizado dos asambleas agrarias en las que rechazaron otorgar 44 hectáreas de su territorio comunal para la construcción de la cortina de la presa, que tendría una dimensión de 88 metros de altura y seis de ancho.

La Red informó que, pese a la negativa de los ejidatarios, el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Zacatecas “ha sido capaz no sólo de mentirle a la ciudadanía, sino a los diputados” del Congreso del Estado, al asegurar que ya disponen de todos los permisos necesarios para la construcción, incluyendo los del ejido de Atotonilco.

En su comunicado, Rema también informó que, en el ejido vecino de El Potrero, funcionarios municipales, estatales y federales apoyados por unos 100 policías vulneraron y violaron el procedimiento de la asamblea hasta imponer el proyecto de la Presa Milpillas.

De acuerdo con el sitio en internet del Gobierno de Zacatecas, el Sistema Milpilla es el proyecto hídrico más importante de la gestión del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

“Dicha obra beneficiará a más de 515 mil habitantes del corredor integrado por los municipios Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, que corresponde a un 35 por ciento de la población total del estado”, asegura un comunicado emitido el 13 de agosto.

El mismo documento asegura que ya existe un título de concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Gobierno de Zacatecas para un volumen de 42 millones de litros cúbicos, para aprovechamiento del agua almacenada con fines de uso público-urbano, por lo que se rechaza la versión de que el líquido sería vendida para uso industrial.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/557399/denuncian-invasion-de-tierras-ejidales-para-construccion-de-presa-en-zacatecas?fbclid=IwAR0DCN-tYkdkSoSx-mu-Xpld29yC4-pagzjl57XXYevtAeUiG4Mz8CgsFmQ

Chile

Aprueban plan para sacar relaves de playa Grande de Chañaral

La bahía de Chañaral es uno de los problemas de contaminación marina más serios en el mundo, consignó hace unos años el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Ahora, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Playa Verde, que busca extraer cobre de los relaves de la Playa Grande de Chañaral.

La iniciativa tiene una inversión de US$ 95 millones y limpiará un sector donde hay 35 millones de toneladas de arenas mineralizadas y se pueden obtener 8.640 toneladas anuales de cobre en siete años. La extracción de cobre comenzará en el segundo semestre de 2019.(ElMercurio)

Fuente:http://www.revistatecnicosmineros.com/2018/10/aprueban-plan-para-sacar-relaves-de-playa-grande-de-chanaral/

Chile

Sancionan a minera Kinross por daño ambiental en Atacama

Minera fue sancionada luego que se indicara a la minera Kinross secó 70 hectáreas de un humedal de la tercera región.

La Corte Suprema desestimó los recursos presentados por la minera y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente para recuperar el agua de los humedales del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación de parte de la empresa y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio ambiente (SMA) en contra de la empresa canadiense Kinross por no cumplir con prever y hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos a 70 hectáreas de humedales provocando su desecamiento en la Región de Atacama.

El daño ambiental realizado por la minera ocurrió en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales conocida como Ramsar, que tiene por objetivo la conservación y el uso racional de estos sitios naturales.

La decisión de la corte hace efectiva la sanción de la SMA de clausurar parcialmente la extracción de agua de los pozos del proyecto minero “El Refugio”, desarrollado por la minera Maricunga, filial de Kinkross. Desde ahora en adelante, la empresa tendrá una cuota mensual de extracción que considere la recirculación en las pilas de lixiviación, que permiten la humedad, y el agua fresca para los trabajadores, que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

El argumento de la empresa minera fue que se habían cometido errores técnicos e ilegalidades en la resolución que implicaron el cese de funciones del proyecto minero. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó lo argumentado por Kinross.

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=26

Perú

Aprueban Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas

A inicios de octubre, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas, la misma que permitirá a la empresa ampliar ampliar el tajo Ferrobamba y diversos componentes del proyecto minero, tales como los almacenes de concentrados y el depósito de desmonte.

Según se informó, la empresa habría subsanado las 167 observaciones emitidas por el Senace (134), la Autoridad Nacional del Agua (14) y el Ministerio de Agricultura (19). Cabe indicar que, a la luz de los impactos del transporte de carga pesada por la carretera que conecta Las Bambas con la estaciones de Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación de Impactos de la ruta de transporte”.

Como se recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el ruido ocasionado por el paso de 250 camiones diarios, son algunos de los impactos más mencionados por la población local, a tal punto que la carretera ha sido motivo de los mayores conflictos sociales hasta el momento en este proyecto.

Adicionalmente a ello, CooperAcción y el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas presentaron en abril un conjunto de observaciones que abarcaban aspectos como la ausencia de una línea de base actualizada, la ausencia de estudios a nivel de factibilidad, así como vacíos en el tema de agua. Estas observaciones técnicas fueron entregadas para su consideración por el SENACE.

Cabe recordar que este proyecto ha sido modificado en varias oportunidades, mediante tres MEIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios, lo que ha ido generando impactos que no estuvieron previstos inicialmente para la población local. Debido a esta situación es que desde CooperAcción hemos insistido en la necesidad de una Actualización de EIA que permita integrar en un único instrumento de gestión ambiental este conjunto de modificaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/aprueban-tercera-modificatoria-del-eia-de-las-bambas-boletin-amp-232-octubre-2018/

Internacional

El Partido Popular alienta el expolio del territorio atacando la Ley de urbanismo

La propuesta de autorizar las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española.

Ecologistas en Acción denuncia que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Fiel a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales del subsuelo regional. La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular en las Cortes es como él reconoce desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León.

Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid o los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no. En otros casos como las minas de feldespato de la provincia de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León, los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son un obstáculo que hay que remover. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando en cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social.

La Junta de Castilla y León ya fijó su posición extremadamente favorable a la actividad extractiva en su Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2017-2020), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2017. En relación con el objetivo entonces expresado de “reconfigurar el modelo administrativo de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero”, se explica la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León ahora pretendida por el Grupo Parlamentario Popular.

Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

Por otro lado, la Ley de Urbanismo de Castilla y León ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad, de manera que la modificación pretendida carece de sentido ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección.

En opinión de la asociación ambiental, el Partido Popular agita el espantajo del “ecologismo radical” para esconder de manera desvergonzada la oportunidad de nuevos negocios que ve en un posible “boom” de la minería a cielo abierto, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria, nicho tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, Ecologistas en Acción combatirá junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León.

Los problemas que ocasiona la minería son analizados en la propuesta de modificación de la Ley estatal de Minas que Ecologistas en Acción ha hecho pública tras presentarla formalmente al actual gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En esencia, se propone una norma que: a) valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales; b) proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable; c) impida que su extracción pueda producir impactos territoriales, urbanísticos y ambientales; d) tribute en caso de ser autorizado con más razón que otros usos de dominio público renovables; y e) se planifique por las administraciones competentes.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108502

Honduras

Desalojo de comunidades en Tocoa

La coordinadora de organizaciones populares del aguan(COPA).
Tocoa Colón Honduras Centro América

Desalojo en marcha después de campaña de criminalización, difamación y desprestigio

En marcha un plan para Violentar los derechos Fundamentales de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas desde el Estado de Honduras contra quienes estamos en campamento en defensa del derecho fundamental al agua.
Las comunidades en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tocoa Colón sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto nos encontramos en Campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está sub sanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la Empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denunciamos que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de Manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

Hacemos un llamado internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y BIENES comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la Empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

Exigimos detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y

Tocoa Colón es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Exigimos la cancelación de las concesiones y licencias ambientales ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hemos observado que se han inclinado con la Empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa Colón en primera instancia el Alcalde Adán Funes Martínez de LIBRE en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, INHGEOMIN han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA somos co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH y en el Campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes y liderezas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías tanto de los beneficiarios y de las comunidades,las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizamos al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

Coordinadora de organizaciones populares del aguan, COPA

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras/311-desalojo-de-comunidades-en-tocoa

Argentina

Punto final para la megamineria en Cordoba

El Ministerio Público Fiscal de la Nación ratificó la Ley 9.526 de la provincia de Córdoba que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, la extracción de minerales nucleares como el uranio y el torio, y el uso de determinadas sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.

 

El viernes pasado, el procurador fiscal Víctor Abramovich, opinó que la Ley 9.526, vigente en la provincia de Córdoba y que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, es constitucional, en respuesta al caso que había iniciado la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) contra la ley provincial. Los demandantes pedían la inconstitucionalidad de la ley cordobesa, vigente desde 2009, y señalaban que las restricciones estipuladas a la actividad minera vulneraban sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y el de propiedad.

Pero el procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia cordobés que había rechazado la demanda contra la ley provincial. Además, señaló que la ley local es razonable, ya que constituye una medida de tutela esencialmente preventiva y no afecta derechos de las empresas mineras, si se tiene en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades allí prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.

En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental. Recordó que esos principios deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.

El representante del Ministerio Público Fiscal ponderó, además, estudios técnicos presentados en la causa y los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit (“Los Gigantes”) que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta el año 1991, y que produjo serios pasivos ambientales que carecen de una remediación definitiva. Frente a estos antecedentes, advirtió que los empresarios mineros no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/cordoba/item/42179-punto-final-para-la-megamineria-en-cordoba

Argentina

De la resaca del neoextractivismo y los extravíos del progresismo, a los acechos del neofascismo. Reflexiones sobre la actual coyuntura política latinoamericana.

Presentamos una nueva entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos aquí las opiniones de  Horacio Machado Aráoz*

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios. Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

 

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

 

Investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

 

Fuente:http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexiones-sobre-la-actual-coyuntura-politica-latinoamericana/?fbclid=IwAR3yVBXSPrjmEPC8bpVjEHKBB6tkcUAdI9mg4p0Fd-d2ngJS5WSb-CDNbkk

Argentina

Chubut avanzará en aprobar audiencias públicas para discutir si permite la minería

La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.

Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.

 

“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.

“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.

Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.

MACRI APURÓ A PROVINCIA A “TOMAR UNA DECISIÓN”

Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.

García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.

“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/10/chubut-avanzara-en-aprobar-audiencias-publicas-para-discutir-si-permite-la-mineria/

Mexico

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dice no a la iniciativa de la “Ley para el desarrollo agrario” propuesta por el Senador Ricardo Monreal

El día de hoy a través  de un  comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se pronunciaron en contra de la iniciativa de la “Ley  para el desarrollo agrario”, la cual ha generado inconformidad ya que se considera una regresión y amenaza a los derechos de los pueblos campesino y de sus  tierras.

El pasado 23 de octubre del año presente el senador de (Morena) Ricardo Monreal , propusó una reforma a la  Ley Agraria, la cual tiene como objetivo la constitución de nuevos  ejidos y la restitución de tierras.

Esta iniciativa según (REMA) vulnera a los pueblos y comunidades campesinas ya que facilita la entrada a terceros en los núcleos agrarios e incluso se parece   a la contrarreforma que impulso en 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y también a la Reforma Energética del gobierno  actual del presidente Enrique Peña Nieto, que busca cada día más la implantación del modelo  neoliberal.

A partir de un análisis a la propuesta de la reforma agraria (REMA) cuestionaron  la iniciativa ya que de aprobarse se estaría vulnerando el derecho agrario, también  Impulsando medidas limitativas para los territorios indígenas,facilitaría la entrada de industrias extractivas y  la mercantilización de la tierra.

Este comunicado menciona el rechazo a la modificación de la Ley Agraria ya que privilegia a los mercados privados .

Fuente:https://www.somoselmedio.com/2018/10/30/la-red-mexicana-de-afectados-por-la-mineria-rema-dice-no-a-la-iniciativa-de-la-ley-para-el-desarrollo-agrario-propuesta-por-el-senador-ricardo-monreal/