Mexico

Mientras mexicanos protestan en Canadá contra mineras, estas crecen en áreas protegidas

Autor: Redacción HuffPost México
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 388 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 417,562.27 hectáreas.De las Áreas Naturales Protegidas, el 18% cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos, con base en información de la organización CartoCrítica.

Se trata de 74 terrenos forestales, donde se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el cruce de datos.

Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.

Uno de estos casos es el del proyecto minero de Almaden Minerals, el cual se establecería en las comunidades de Ixtacamaxtitlán, un pueblo indígena en Puebla.

Por ello, un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals, en Vancouver, Canadá, para protestar contra el proyecto minero Ixtaca que se lleva a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el cual pretende extraer oro y plata de la zona, y se encuentra apenas en etapa de exploración.

Los manifestantes advirtieron a los inversionistas que Almaden Minerals no les ha informado sobre de la oposición al proyecto ni de las quejas presentadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.

Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance señaló que reciben «regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería».

Los manifestantes, parte de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, realizaron una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro integrantes de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos y comunidades indígenas.

La delegación de mexicanos difundió la evaluación de impacto del proyecto de Almaden Minerals hasta ahora y la devastación que provocaría en caso de pasar a la fase de explotación.

Fuente:http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/15/mientras-mexicanos-protestan-en-canada-contra-mineras-estas-crecen-en-areas-protegidas_a_23307959/

Colombia

El Cerrejón: una mina cada vez más insoportable para sus vecinos .

Autor: Ynske Boersma , Colaborador Pacifista.
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”.

El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”. Los habitantes de la reserva indígena Provincial se quejan del constante ruido de explosiones y del olor a azufre. Bordeando las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.

La empresa extrae alrededor de cien toneladas de carbón al día, con una participación del 3,9 por ciento en el mercado internacional durante 2016. Desde que la mina comenzó a operar en 1986, El Cerrejón ha explotado unas 13.000 hectáreas, de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.
Pero la compañía, copropiedad de los gigantes mineros Glencore, Anglo-American y Billiton-BHP, no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas de desarrollo sostenible, una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas sin medios para subsistir.
En 31 años, la gente de Provincial ha visto la mina acercarse tanto, que literalmente tienen una gran vista de la mina ahora. Demasiado cerca, según los habitantes, que afirman sufrir problemas respiratorios y enfermedades en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera. Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes de partículas tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el agua y las plantas de las comunidades cercanas. Otro problema es la ignición espontánea del carbón por el sol fuerte, liberando metales pesados tóxicos en el ambiente. Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios.
Un ejemplo de ello es Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses”, me dijo Uriana. “Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera ahogando”. Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar, y tose por la noche “. Luz Ángela Uriana, de azul, es la madre de Moisés. En el hospital local no hay nada que puedan hacer por el niño. “El pediatra dice que Moisés solo mejorará si nos mudamos a otro lugar, pero ¿a dónde deberíamos ir? Pertenecemos a este territorio “, dice Uriana, llorando.
El médico coordinador Ricardo José Romero del Hospital Local de Barrancas, confirma que ha visto un aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de la mina. Un asombroso 48 por ciento de sus pacientes, en un área de 34.000 habitantes, llegan al hospital con problemas respiratorios agudos. El hospital incluso tiene un área de emergencia especial para enfermedades respiratorias, donde durante nuestra visita, cinco niños esperaban el tratamiento.
Bordeando las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La empresa extrae alrededor de cien toneladas de carbón al día, con una participación del 3,9 por ciento en el mercado internacional durante 2016. Desde que la mina comenzó a operar en 1986, El Cerrejón ha explotado unas 13.000 hectáreas, de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.
Pero la compañía, copropiedad de los gigantes mineros Glencore, Anglo-American y Billiton-BHP, no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas de desarrollo sostenible, una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas sin medios para subsistir. En 31 años, la gente de Provincial ha visto la mina acercarse tanto, que literalmente tienen una gran vista de la mina ahora.
Demasiado cerca, según los habitantes, que afirman sufrir problemas respiratorios y enfermedades en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera. Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes de partículas tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el agua y las plantas de las comunidades cercanas.
Otro problema es la ignición espontánea del carbón por el sol fuerte, liberando metales pesados tóxicos en el ambiente. Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios. Un ejemplo de ello es Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses”, me dijo Uriana. “Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera ahogando”. Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar, y tose por la noche “.
Fuente:http://pacifista.co/cerrejon-mina-carbon-contaminacion/
Argentina

“Las mineras son el robo más grande de la provincia”

Autor: La Voz Santacruceña, No a la Mina.

En un intercambio vía redes sociales, el intendente de Las Heras aclaró su posición con respecto a la minería y en defensa de los derechos de los santacruceños. “”Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras.

El estilo de comunicación del intendente de Las Heras, José María Carambia, es directo y cercano al ciudadano santacruceño, por esta razón, no tiene ningún problema en utilizar las redes sociales para comentar diferentes temas que sean de su interés.

En esta ocasión, Carambia estableció su opinión alrededor del sensible tema minero. La flamante diputada nacional Roxana Reyes publicó fotos de la inauguración de la minera Don Nicolás en la que también estuvo el senador Eduardo Costa, y Carambia dejó este comentario que se transcribe textualmente

“Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras. Es decir, si existen que el estado obtenga una renta que pueda solucionar problemáticas. Son pocos los gobiernos que se le animan a las mineras porque hasta escuché decir que tienen mucho poder. El único poder que tienen es el económico y yo personalmente no me vendo con las mineras porque en 20 años, si nadie hace nada, sólo van a dejar una provincia en estado deplorable. Y es más, vuestro líder político tiene una empresa minera. ¿Qué casualidad, no?

En un segundo comentario, Carambia expresó: “Con la excusa de que hoy pagan más ganancias dicen que generan más ingresos, pero eso es mentira, porque lo que aportan de ganancias entra en coparticipación a todas las provincias. Entonces, nuestra provincia sigue financiando a todas las otras. Es decir, destruyen Santa Cruz y no recibimos beneficio extra”.

Con su sello personal, Carambia dejó clara su postura alrededor del tema minero y se diferencia de Eduardo Costa, que está claramente a favor.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/38318-las-mineras-son-el-robo-mas-grande-de-la-provincia

Colombia

Tribunal de Antioquia tumba acuerdo que prohibía explotación minera

Autor: Archivo Portafolio

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

El fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.

El acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la región, a través de la prohibición del desarrollo de actividades mineras de metálicos y gran y media minería de los demás minerales.

Ante esto, la Gobernación de Antioquia demandó el acuerdo ante el Concejo argumentando que se extralimitó en sus funciones y su incompetencia para imponer tal tipo de prohibiciones. Adicional, aseguraron que esa tarea está regulada por el Código de Minas en donde se expresan cuáles son las zonas de reserva, excluidas y restringidas para la minería.

Según información de Valora Inversiones, el fallo señaló que este asunto es de interés nacional y su regulación corresponde a autoridades del orden nacional “bajo los principios de coordinación y concertación además de la tensión constitucional fuerte asociada al impacto de la minería, como las implicaciones ambientales, económicas, sociales que ello genera, lo cual obliga a la participación de autoridades de todo orden en la regulación de dicho tema que necesariamente trae consecuencias en las regiones”.

Por lo que el fallo considera que el Concejo se excedió en sus competencias al prohibir en su localidad el desarrollo de actividades mineras.

De acuerdo con fuentes del sector minero y del gobierno, los principales puntos de la sentencia se refieren a que ni los municipios ni las autoridades nacionales, en sus competencias, pueden tomar decisiones por sí solos sobre la explotación de recursos naturales no renovables en determinadas zonas del país.

Estos, deben hacerse de manera coordinada y concertada, puesto que existen normas de carácter nacional que regulan el tema de la explotación minera que están vigentes y deben respetarse por los municipios.

Otro de los puntos del fallo conocido por Valora Inversiones, es en el que se señala que “la Ley es la que determina cuáles son las áreas para explotación minera y las respectivas restricciones, razón por la cual no puede la entidad territorial a través de un acuerdo sin fundamento en estudios técnicos, concertación con autoridades nacionales competentes en la materia y de espacios de participación, prohibir de manera general la explotación de los recursos en todo su territorio”.

Para Camilo Silva, socio y analista de Valora Inversiones, este fallo sienta un precedente en cuanto a la legalidad de las medidas que puedan tomar las autoridades locales para frenar grandes proyectos mineros y “no busca desconocer la importancia de tener en cuenta la opinión de la comunidad -manifestada a través de los concejos municipales-, pero les pone un conducto regular para respetar la Constitución y la Ley”

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/tribunal-de-antioquia-tumba-acuerdo-que-prohibia-explotacion-minera-512634

Colombia

Niegan tutela a alcalde de Bucaramanga contra ANLA por minería en Santurbán

Autor: Redacción vivir, El Espectador.
Conflicto Relacionado: Santurbán

El mandatario pedía que se realizara audiencia pública en Bucaramanga y no solo en municipios mineros cercanos al proyecto Soto Norte

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó una tutela que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, interpuso en noviembre de este año alegando que la ANLA vulneraba su derecho a la participación y la igualdad.

Específicamente, la tutela de Hernández decía que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una audiencia pública en California y Vetas, dos municipios afectados por el proyecto Soto Norte, que tramita Minesa, pero no en Bucaramanga, que según el alcalde se verá afectado por el proyecto, y según un preliminar concepto técnico de Minesa, no, y por tanto no habría porqué hacer audiencia pública para los bumangueses.

También denunciaba que la ANLA le había negado información sobre el proceso de licenciamiento del proyecto Soto Norte, que tramita Minesa, del fondo árabe Mubadala Investement,  y que busca extraer 450.000 onzas de oro al año cerca al Páramo de Santurbán.

El juez negó la acción judicial porque la ANLA sí ha respondido a las solicitudes de Hernández había hecho frente al proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Soto Norte.

Otra de las razones esgrimidas para decir que no se estaba vulnerando el derecho a la información es que los estudios técnicos quela ANLA adelanta para medir el impacto ambiental del proyecto aún no está listo y por tanto no pueden entregarlo.

Fuente:https://www.elespectador.com/articulo-342

Brasil

Minera financiada con fondos públicos canadienses viola derechos humanos en Brasil

Autor: Radio Canadá Internacional. No a la Mina.

Un informe documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro, en manos de la minera Kinross Gold Corp ,tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía. “Una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil” pero no existen controles canadienses sobre el desempeño de la empresa afirma Karyn Keenan, Directora de Above Ground.

“Esta empresa ha recibido 7 préstamos por un valor de 850 millones de dólares. O sea, una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil. Se supone que este es un beneficio importante y es un privilegio para una empresa. Y por lo tanto, debe haber controles rigurosos y contundentes para una empresa que goza de este privilegio y sin embargo, vemos que ese no es el caso” Karyn Keenan, Directora de Above Ground.

El informe (Swept Aside) presentado este lunes en Ottawa por las organizaciones de Above Ground de Canadá y Justiça Global de Brasil, acusa a la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp de violar los derechos humanos de las poblaciones de Paracatu, una pequeña ciudad situada al es del estado de Minas Gerais, Brasil.

El informe, un esfuerzo conjunto de Above Ground y Justiça Global, documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía.

La investigación hecha por las dos organizaciones no gubernamentales muestra serias violaciones de los derechos humanos vinculadas a la expansión de la mina Morro do Ouro en la última década. Un período durante el cual, Kinross recibió un sustancial y repetido apoyo financiero por parte del gobierno canadiense.

Residente de la Quilombola entrevistada por el equipo de investigación. © © Karyn Keenan, 2011
De acuerdo con otro informe realizado por la Escuela de Derecho Osgoode de la Universidad York de Toronto y hecho público en 2016, 28 compañías mineras canadienses han estado vinculadas en al menos 44 muertes, 403 heridas y 709 casos de “criminalización” en Latinoamérica entre los años 2000 y 2015.

Entonces, el problema no es nuevo y está documentado. Y es por eso que las dos organizaciones no gubernamentales hacen varias recomendaciones tanto al gobierno canadiense como al gobierno brasileño. He aquí algunas de ellas.

Reforzar la legislación que rige las actividades en el extranjero de las sociedades bajo su jurisdicción, incluyendo la obligación de que esas empresas lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de la entrada en vigor de la Convención.

establecer un mecanismo independiente con facultades para investigar las denuncias de derechos humanos en sus actividades en el extranjero;
desarrollar un marco legal que ofrezca recursos legales a las personas que han sido víctimas de tales actos de abuso;
y garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión negociados por Canadá reconozcan la primacía de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos sobre los intereses de los inversionistas.

Las recomendaciones a las autoridades brasileñas incluyen la suspensión inmediata de las actividades de la minera de Kinross en Morro do Ouro hasta que se respeten las normas legales y los derechos constitucionales aplicables.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/brasil/item/38281-minera-financiada-con-fondos-publicos-canadienses-viola-derechos-humanos-en-brasil

Republica Dominicana

Campesinos contaminados llevan 32 días encadenados frente a mina de Barrick Gold

Autor: Hoy Digital.com

Los campesinos encadenados frente a la entrada de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí, llegaron al día 32 de su lucha en reclamo de la reubicación de las familias afectadas por la presa de cola construida por la Barrick Gold en el distrito municipal Zambrana.

Una delegación de Alianza País encabezada por el diputado Fidelio Despradel los visitó ayer y al encadenarse en solidaridad, el legislador denunció como práctica criminal de la minera y del Gobierno: permitir que decenas de familias sigan en una zona de alto riesgo como la cercanía de la presa y padecer los efectos contra la salud relacionados con los químicos vertidos por la empresa en la estructura.

Demandó una respuesta rápida a los reclamos y responsabilizó a la minera y a las autoridades de la salud y la integridad de los campesinos que protestan.
“Este es un ejemplo del comportamiento que las grandes empresas mineras tienen en países con gobiernos irresponsables”.

Fuente:http://hoy.com.do/campesinos-llevan-32-dias-encadenados/

 

Argentina

Trece intendentes de Chubut corrieron a pedirle minería a Aranguren

Autor: No a la Mina.
 El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, recibió el martes en la Casa Rosada a trece intendentes de Chubut por la crisis que afronta la industria y evaluar el potencial desarrollo de la minería en la provincia. En enero habrá otro encuentro con equipos técnicos para analizar la ‘zonificación’, y trabajarán en un proyecto de modificación de la Ley 5001. Desconocen la voluntad de los chubutenses expresada durante quince años oponiéndose a la implantación de proyecto mineros a gran escala y demandando un modelo productivo con trabajo digno por generaciones, sin contaminación ni saqueo.Fuente: Diario de Madryn.

El madrynense Ricardo Sastre pidió una diferenciación impositiva para la región patagónica y dijo que la provincia requiere de “una diversidad de industrias y actividades productivas”. Por su parte, el comodorense Carlos Linares confirmó que “se analizó lo vinculado a la minería” y reveló el interés del Gobierno Nacional en el desarrollo de esa actividad en Chubut.

Aranguren recibió en la Casa Rosada, junto al Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, a la comitiva de intendentes encabezada por Ricardo Sastre, la que además integraban Adrián Maderna (Trelew), Carlos Linares (Comodoro Rivadavia), Dante Bowen (Dolavon), Rossana Artero (Rawson), Ricardo Britapaja (Sarmiento), Ricardo Sepúlveda (Gan Gan), Omar Ancamil (Lagunita Salada), Omar Burgoa (28 de Julio), Mario Pichiñán (Paso de Indios), Marcelo Aranda (Gastre), Víctor Candia (Paso del Sapo) y Leonardo Bowman (Telsen).

Diferenciación impositiva

Durante su intervención, Sastre pidió entre otras cosas una diferenciación impositiva para la región patagónica, y una diferenciación de tarifas, admitiendo que “necesitamos en nuestra región gestos concretos. Hemos perdido miles de puestos de trabajo en la Provincia, ya sea en el sector del petróleo como en el resto de las industrias”.
El Intendente de Madryn plasmó ante Aranguren que “debemos pensar en una Provincia con diversidad de industrias y actividades productivas” agregando que “se debe pensar en reconvertir la matriz productiva. Y para eso es necesario tener competitividad, buscando beneficios reales para las industrias que agreguen valor y generen mano de obra”.

Industrias en crisis

Linares, de Comodoro, brindó un panorama de lo que se vive en el sur de la Provincia, con la pérdida de más de 4 mil puestos de trabajo, en lo que respecta solo al petróleo, mientras que Maderna, de Trelew, hizo hincapié en los cierres de dos firmas históricas con asiento en dicha ciudad, Pepsi, y Sedamil hace pocas semanas.

Justamente tras el cierre de Sedamil fue el Intendente de Madryn quien convocó a sus pares del Valle a una reunión, y tras gestionar el encuentro con Juan José Aranguren, se sumaron Artero, Britapaja y Linares, además de los Jefes Comunales de la Meseta Central, con la presencia de Gan Gan, Gastre, Telsen, Paso de Indios y Lagunita Salada entre otros.

Sastre apuntó además a las diferencias fiscales patagónicas que se pueden perder con las reformas que trata el Congreso Nacional por estas semanas.

Entre ellas, hay que tener en cuenta con respecto al Impuesto a las Ganancias, que para los empleados que trabajen y jubilados que residan en zona patagónica las deducciones personales se incrementan un 22 por ciento.

En cuanto a las contribuciones patronales a cuenta de IVA, por decreto 814/01 para Chubut entre el 7,60 y el 8,65 del monto abonado en término, se toma como pago a cuenta del IVA.

En el caso de la Asignación Universal por hijos se abona un monto mayor en un 30% para la Patagonia y estas diferencias se justifican por varios motivos como escasa población; Convenios de Trabajo con adicional por zona, que eleva los costos laborales. Distancias entre sus centros poblados; pocas opciones de traslado (solo rutas 3 y 40), sin ferrocarriles, ni cabotaje marítimo; pocos aeropuertos, sin instalaciones adecuadas; Inclemencias climáticas que interrumpen las rutas en invierno; y mayores costos de fletes.

Habrá otro encuentro en enero

Por su parte, el intendente comodorense Carlos Linares, al finalizar el encuentro de trabajo, subrayó que “dejamos en claro la importancia que tiene para la gente de Chubut mantener el diálogo y logramos que escuchen nuestras necesidades”.

Al respecto, Linares aseguró que “fue una reunión positiva, en la que se desarrollaron los temas que los intendentes teníamos en agenda, vinculados principalmente a la energía, la situación de las cooperativas eléctricas, el gas no convencional, la actividad hidrocarburífera, y lo que pasó en estos últimos 24 meses con otras industrias de esta región y la situación de los trabajadores”.

“Nuevamente demostramos al Gobierno Nacional que los intendentes de Chubut apostamos al diálogo y pudimos exponer cada una de las necesidades que hay en la provincia”, aseveró el jefe de la ciudad; y en ese sentido, destacó la confirmación de una nueva reunión con Aranguren para enero de 2018.

Un paso adelante

En detalle, Linares explicó que “lo bueno de esta mesa de debate fue que pudimos abordar varios temas de interés para Chubut. No obstante -continuó- por supuesto que también se desarrolló lo vinculado a la minería, que es de interés para el Gobierno Nacional, pero que necesitamos de fundamentos que respondan cómo se llevaría a cabo la explotación, dónde y la proyección a futuro”.

“Sin lugar a dudas, hoy se abrió una puerta de diálogo que no teníamos con Nación; y por otra parte, es un paso importante poder armar un bloque de intendentes que defiendan los intereses de Chubut”, agregó.

Sin embargo, la charla solo se produjo en términos “generales”, según indicó el mandatario. “En unos 30 días nos volveríamos a reunir para hablar de este tema”, adelantó y puso en valor la iniciativa de los intendentes. “Este fue un paso muy importante, somos intendentes que estamos a favor de la provincia, no se hizo nada en contra del gobierno de la provincia, pero es un paso adelante que sirve, es una unión de ideas para trabajar juntos esperamos que esto no quede en esto y que se consolide”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38284-trece-intendentes-de-chubut-corrieron-a-pedirle-mineria-a-aranguren.

El Salvador

Minería en El Salvador: rechazo y victoria sobre el extractivismo

Autor: Aleida Azamar Alonso , Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

En el mundo, la mineríaes una de las actividades productivas primarias más importantes a nivel económico ya que contribuye con 11.5 por ciento del Prodcuto Interno Bruto (PIB) a nivel global, en contraste con todo el sector agrícola del planeta que aporta menos de cuatro por ciento.

Varios países subdesarrollados dependen en gran medida de la explotación de los recursos minerales para su crecimiento económico. En parte, se debe al valor monetario de exportación de los productos —sobre todo minerales metálicos—, los cuales han elevado sus precios desde la última década del siglo XX hasta la actualidad (Azamar, 2017).

Debido a la tendencia creciente en el valor de estos bienes, la inversión en la minería ha tenido un importante repunte para la región latinoamericana, concentrándose 27 por ciento de la misma en los grandes países productores de minerales como: México, Chile, Perú y Brasil.

Sin embargo, existen pequeños mercados que pueden generar amplios márgenes de beneficios económicos para las empresas que buscan aprovecharse de la tendencia de crecimiento en el precio de los metales. Uno de estos es El Salvador, un país en Centroamérica cuya extensión territorial es la más baja de la región con menos de dos millones de hectáreas, y que nunca ha representado gran relevancia en el escenario minero de Latinoamérica, pero que cuenta con varios depósitos de oro que no han sido explotados a profundidad.

A pesar de lo anterior, es importante destacar que en El Salvador sí hubo exploración y explotación de recursos minerales durante buena parte del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, lo que deterioró notablemente su ecosistema, disminuyendo la cantidad de agua y otros bienes naturales para consumo humano, demostrando con ello que no es viable la extracción de recursos minerales.

De acuerdo con Flaviano Bianchini (2007) existe una gran cantidad de lugares en la zona nororiental en El Salvador que están contaminados por las actividades extractivas que se ejercieron en el pasado, las cuales generaron varias enfermedades como: cáncer, silicosis, etc., entre la población que vive en esos lugares.

No importando estos problemas, en el año 1996 se aprobó una nueva Ley Minera (ADES, 2013) apoyada por la iniciativa privada y los partidos de derecha, la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales; asimismo, se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados obviando el deber constitucional del Estado de garantizar el mejor uso de los recursos naturales con una perspectiva de interés social.

Las posteriores reformas a esta Ley Minera que se presentaron en 1998 y en 2001 dieron paso a la reducción en la cantidad de impuestos que las empresas mineras debían pagar al Estado por concepto de aprovechamiento, por lo que estos disminuyeron en 50 por ciento y en algunos casos hasta en75 por ciento, ya que la intención de la nueva legislación era atraer capitales extranjeros, los cuales se supondría que ayudarían a reducir el nivel de pobreza en el que viven los habitantes de ese país. Sin embargo, este tipo de actividades generan principalmente economías de enclave con altos niveles de marginación social que terminan pauperizando a la mayor parte de la población.

La cuestión de fondo es que se impulsó una agenda de explotación ambiental en un país que carece de condiciones para sostener el extractivismo en cualquiera de sus formas. Esto se hizo so pretexto de mejorar las condiciones económicas y sociales, a pesar de que existe evidencia de que la minería no ha contribuido a mejorar ninguno de estos aspectos para El Salvador (ADES, 2013; Bianchini, 2007; Larios, 2008; Moran 2005).

La intención del gobierno salvadoreño por fomentar la minería en la nación logró que se promoviera una gran participación social, destacandola de diferentes grupos, como: Comisión Nacional de Desarrollo (CND), la Conferencia Episcopal (CEDES), varias Organizaciones No Gubernamentales, movimientos ciudadanos y universidades públicas. Estos grupos realizaron valoraciones ambientales, sociales y económicas para rechazar la minería en el país, logrando eco internacional gracias a varios investigadores extranjeros que dieron su apoyo a la comunidad.

La presión conjunta de estos grupos se enfrentó a los intereses del gobierno y de la industria mediante manifestaciones, pláticas públicas e información y se logró impugnar una decisión que impacta en una de las industrias más importantes en el mundo: la minera. Finalmente, el 29 de marzo de 2017 fue aprobada la Ley de prohibición para la extracción de minería metálica por medio de la cual se detuvieron los proyectos que se encontraban en las diferentes fases de operación en El Salvador, lo que ha provocado que se inconformen las grandes compañías mineras, principalmente las canadienses.

La aportación de este pequeño país centroamericano al mundo es muy grande, es una lección de una sociedad con graves dificultades políticas, sociales y económicas que pudo organizarse para pelear por sus derechos fundamentales y enfrentar a un gigante económico como lo es la industria minera global.

Lo que El Salvador ha logrado es fundamental en estos momentos políticos tan complejos que se están viviendo en Latinoamérica, por lo que vale la pena recuperar este ejemplo de valentía, paciencia y fuerza colectiva ante los embates del extractivismo neoliberal que existen en la región.

Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056658.html

Chile

Corte Suprema desestimó acusaciones de daño ambiental contra proyecto minero Pascua Lama

Autor: Aristeo Andrés y Guido Focacci, Bío Bío.
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

El vertimiento de aguas no tratadas al río, junto al volcamiento de camiones e incluso una alarma nuclear, fueron las situaciones descartadas por la Corte Suprema, validando en un fallo dividido la resolución de la Corte de Apelaciones, ante las denuncias de comunidades de la zona contra el proyecto minero Pascua Lama.

Esto luego de un colapso de parte de las instalaciones ante avalanchas entre mayo y junio del año 2016 consideradas “eventos meteorológicos extremos” que, sin embargo, no habrían variado los niveles del agua, según el fallo del máximo tribunal del país.

Desde Barrick, aseguraron que no hubo evidencias de las acusaciones y que se generó una alarma pública sin fundamentos, ya que contaron con mediciones avaladas por instituciones estatales.

Ana Timm, doctora en Derechos Humanos y abogada de la Asamblea Huasco Alto, aseguró que quien tiene que dirimir esta situación es el Tribunal Ambiental -donde presentaron alegatos hace un año- y que si esto no ocurre no descartan acudir a instancias internacionales si el fallo es adverso.

Actualmente el proyecto Pascua Lama en la región de Atacama, se encuentra paralizado temporalmente, sólo operando las plantas de tratamientos de agua.

Un proyecto que la empresa busca repotenciar, considerando errores cometidos en el pasado, e incluso indicando que están analizando una mina subterránea para disminuir externalidades negativas al medio.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2017/12/13/corte-suprema-desestimo-acusaciones-de-dano-ambiental-contra-proyecto-minero-pascua-lama.shtml