Ecuador

Protesta en exteriores del campamento de la minera Río Blanco.

Un grupo de comuneros de la zona de Río Blanco, en la zona noroeste de Azuay, protesta en contra de las actividades del proyecto minero que se ejecuta en el lugar. El reclamo, que tiene el carácter de indefinido, empezó hace 13 días. Desde entonces se impidieron los trabajos en esta mina, que es uno de los cinco proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno nacional. Andrés Durazno es el vocero de los manifestantes. Según él, su objetivo es que se suspendan las actividades mineras en la zona.
“Es una protesta pacífica que se realiza al ingreso del campamento”. Durazno reconoce que su protesta impidió el ingreso de los trabajadores de la mina hasta la mañana de este jueves 24 de agosto de 2017. “Queremos dialogar con las autoridades nacionales y los representantes de la empresa minera. Pero no hemos tenido una respuesta”. Para el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, la mañana de este jueves un grupo de militares y policías acompañó a los trabajadores mineros para que puedan ingresar. Según él, esta acción se cumplió luego que 100 familias que se benefician del proyecto llegaron a la Gobernación de Azuay para pedir apoyo.

Enderica dijo que un grupo de uniformados continuará monitoreando la zona para preservar la paz y seguridad. El proyecto minero Río Blanco está ubicado entre las parroquias cuencanas de Chaucha y Molleturo y está concesionado a la empresa Ecuagoldming. De acuerdo con información del Ministerio de Minería, esta mina cuenta con una reserva de 4,3 millones de onzas troy de plata y 0,6 millones de oro. Se prevé una vida útil de 11 años desde el inicio de la producción, que inicialmente estaba previsto para el segundo semestre de este año.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/protesta-campamento-mineria-rioblanco-azuay.html

Argentina

El avance de una territorialidad transfronteriza del litio en la Puna argentino-chilena

Bárbara Jerez
Dra. En Estudios latinoamericanos
Becaria posdoctoral CONICET
Universidad Nacional de Salta.

La intensificación de los metabolismos actuales de la economía globalizada genera una inevitable tensión entre los territorios del llamado Norte global que progresivamente se van transformando en grandes consumidores de energía provenientes de fuentes renovables “carbono cero” (Gobel, B. 2013), y los territorios locales donde sus ecosistemas y comunidades deben soportar los fuertes impactos múltiples que genera en ellos la extracción de aquellos minerales que se utilizan para la fabricación de tecnologías “verdes”, como es el caso del litio en la Puna de Atacama. Este escenario demuestra que la actual generación tecnológica en base a fuentes renovables no fósiles también reproduce las desigualdades socioterritoriales que históricamente estructuran el sistema-mundo moderno/colonial (Mignolo, W. 2007) que diferencia entre territorios, sujetos, culturas y economías definidos como dominantes y aquellos que son definidos como subordinados, es decir, como explotables y desechables.

Hoy en día nos encontramos frente a una transición energética global impulsada principalmente por las economías del centro-norte de Europa para reducir las emisiones de CO2 de sus matrices energéticas respectivas, en las cuales se proyecta extender su abastecimiento en base a fuentes de generación “renovables” para dejar de depender de fuentes fósiles altamente contaminantes (como petróleo, gas, etc.); para ello se ha vuelto indispensable – en las condiciones actuales- un aumento en la producción de tecnología para el almacenamiento energético recargable de dispositivos portátiles como computadores, telefonía celular, pero de manera especial para la fabricación de baterías de autos eléctricos cuya industria proyecta un exponencial aumento en su producción en los próximos años. Sin embargo, dicha transición energética inserta en la actual estructura de los metabolismos de la economía globalizada significa una fuerte presión sobre los territorios que disponen de las materias primas necesarias para abastecer estas nuevas tecnologías “verdes” como el litio, y la Puna como uno de los territorios en los que se encuentran sus mayores reservas (y a menor costo).

Esta reconversión energética “carbono cero” no modifica las intrínsecas desigualdades socioterritoriales que produce el extractivismo capitalista; pues en este caso concreto para abastecer una potencial matriz energética “verde” –especialmente en los países del hemisferio norte- se explotan e impactan fuertemente los territorios locales donde se extraen los minerales necesarios como el litio, donde una de sus principales fuentes la constituyen las salmueras contenidas en los salares de la Puna de Atacama en el sector argentino, chileno y boliviano.

Actualmente existen explotaciones de litio a gran escala en Argentina (salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y salar de Olaroz-Caucharí en la provincia de Jujuy) y en Chile (Salar de Atacama, Región de Antofagasta), en Bolivia existen explotaciones en fase piloto que el gobierno nacional -con muchas dificultades administrativas, financieras y tecnológicas- busca expandir en el salar de Uyuni (departamento de Potosí). A ello hay que agregar las existencia de avanzadas exploraciones en las argentinas provincias de Catamarca y Salta, así como en la chilena región de Atacama cuyo desenlace en los tres territorios aún está en juego.

Las exportaciones de este mineral en el caso de las plantas ubicadas en el noroeste argentino y el norte chileno se realizan a través del Puerto de Antofagasta (en el pacífico norchileno) lo que traza indiscutiblemente una territorialidad transfronteriza del litio que a nivel local subordina las territorialidades preexistentes, pues en esos mismos territorios existen áreas silvestres protegidas de los Estados (nacionales y provinciales), comunidades Kolla y Atacameñas (likanantay) que habitan la zona desde tiempos ancestrales, y una serie de circuitos turísticos que van en crecimiento. El colonial carácter fundacional del extractivismo capitalista también lo reproduce el litio, donde incluso se ha llegado a re-bautizar la propia región de la Puna con nomenclaturas eldoradistas como “el triángulo del litio”, tratándose de un enunciado que espacial y simbólicamente impone una territorialidad hegemónica extractivista (Jerez, B. 2015) en esta región ancestral, cuyo concepto es ampliamente difundido son plena soltura por los gobiernos, empresas y numerosos sectores académicos para producir una identidad de enclave que en la práctica naturaliza la explotación de este commodity de turno invisibilizando los profundos impactos que a nivel local genera.

La territorialidad transfronteriza del litio en este sector puneño abarca en primer lugar, un circuito de transporte multimodal que abarca desde los salares de la Puna argentina desde donde se extrae el mineral, la planta de procesamiento de cloruro de litio en Salta, el traslado de esta materia prima por los pasos fronterizos cordilleranos (principalmente el Paso de Jama, entre Jujuy y la Región de Antofagasta), las explotaciones del mineral en el salar de Atacama, y la exportación de todo este material por el Puerto de Antofagasta. Este circuito a su vez es parte del Eje Capricornio de IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana), y en el caso del noroeste argentino también forma parte del Plan Belgrano que conforma también es parte de IIRSA; estas iniciativas en su conjunto establecen una serie de planes de modernización de la infraestructura de transporte multimodal para la aceleración de la extracción y exportación de commodities en la región al menor costo posible, cuyo diseño y orientación ha sido elaborada absolutamente a espaldas de las comunidades locales que habitan los territorios afectados pese a que estas iniciativas los impactan directamente.

Otro elemento importante de colocar sobre la mesa son las implicancias del Tratado de Integración y Complementariedad Minera entre Argentina y Chile (tratado minero), que constituye un cuerpo legislativo binacional para expandir la explotación minera hacia la franja fronteriza compartida por ambas naciones en la cordillera de los Andes, estableciendo una verdadera zona franca minera (Jerez, B. 2015) o simplemente un “tercer país virtual” (Luna, D. et al, 2004) que desterritorializa tanto a los Estados nacionales como a las territorialidades de los pueblos originarios cordilleranos a la medida de los intereses corporativos que hoy tienen en la mira la extracción de los bienes comunes naturales ubicados en plena frontera y abaratar al máximo costos de producción. La territorialidad del extractivismo del litio en el altiplano se ubica en el área de influencia del tratado por lo tanto las empresas pueden claramente beneficiarse de sus lineamientos, tales como son la exención de la doble tributación, la exportación por puertos chilenos (Alcayaga, J. 2009; Jerez, B. 2013) y la adquisición de propiedad minera en zonas de frontera, entre otros.

En el la zona específica de la puna argentino-chilena existen empresas operan por ambos lados de la cordillera que están realizando faenas de explotación y exploración, donde un caso emblemático sin duda es el de la empresa SQM (ex estatal SOQUIMICH privatizada en la dictadura de Pinochet y hoy día controlada por capitales canadienses y chilenos), una de las más grandes productoras de carbonato de litio a nivel mundial que explota el litio hace casi 30 años del Salar de Atacama y adquirió en el año 2016 el 50% de las acciones de minera Exxar (Lithium Américas Corp) que tiene un proyecto de explotación de litio en el salar de Caucharí (Jujuy). También en este mismo territorio se encuentra la empresa de capitales estadounidenses Albemarle que controla la extracción de litio en la zona sur del Salar de Atacama a través de su filial Rockwood, y que a su vez está realizando exploraciones avanzadas en el salar de Antofalla ubicado en la argentina provincia de Catamarca. A esto se suman numerosas empresas que están ampliando sus faenas mineras en el Noroeste argentino como son Sales de Jujuy, FMC y LIEX en Catamarca, ERAMET en Salta, entre otros; y en el lado chileno además existen intenciones del gobierno de extender la explotación de litio hacia el salar de Maricunga en la región de Atacama donde aún no está definido si explotará de manera mixta o exclusiva la estatal del cobre CODELCO o bien si se concesionaria a capitales privados.

Sin embargo existen algunas diferencias importantes en las legislaciones mineras respecto al litio en ambos países en cuestión, ya que en el caso de Argentina este mineral es tratado de igual manera que los demás commodities mineros como un recurso concesionable para exploraciones y explotaciones prácticamente sin restricciones, en el caso de Chile existe desde la época de la dictadura de Pinochet un marco legal específico que considera al litio desde un punto de vista geopolítico como un “recurso estratégico” cuya propiedad está en manos del Estado a través de la CORFO y CODELCO(1) pero que sin embargo lo explotan empresas privadas a través del otorgamiento de contratos administrativos específicos para su explotación y exploración por una determinada cantidad de toneladas en un plazo fijo donde se autoriza solamente la exportación de
carbonato de litio.

A nivel local se observan una serie de problemáticas en torno a las explotaciones de litio en ambos países que son fundamentales colocar en el centro de los cada vez más extensos debates respecto a la explotación de este mineral. Por una parte existen una serie de irregularidades –y en muchos casos simplemente ausencias- en cuanto al cumplimiento de la legislación respectiva y al propio cumplimiento de las funciones del los Estados como entes reguladores y fiscalizadores, en ambos países existen fuertes impactos ecológicos a raíz de las extracciones mineras de litio en los salares explotados, especialmente por el agotamiento de las aguas dulces y salmueras, entendiendo que se trata de una de las zonas de mayor aridez a nivel global. Esta situación está afectando gravemente los ecosistemas y economías locales que dependen directa e indirectamente de los salares, lo que por lo tanto conlleva poner en juego la subsistencia de las economías locales pastoriles, salinas y agrícolas de las comunidades originarias (atacameños o likanantay y Kolla) que habitan en las cuencas de los salares, el abastecimiento doméstico de agua, y también afectando al turismo que constituye una importante actividad en la zona (especialmente en el Salar de Atacama)(2). Por otra parte es evidente el trato beneplácito de ambos Estados a favor de las empresas mineras de litio, donde por un lado en Argentina libera de retenciones a las exportaciones mineras lo que significa dejar que las empresas se lleven prácticamente libre de retenciones las riquezas del país, así como la violación a los derechos a consulta libre, efectiva e informada a las comunidades originarias que se observa en todos los salares donde existen faenas mineras de litio, derechos que claramente establece la constitución nacional y el tratado 169 de la OIT que ambos países ratificaron.

1 Las estatales Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) tienen actualmente en sus manos la propiedad minera del litio en los salares en Chile.
2 Para mayor información sírvase revisar el informe final de la comisión especial de la cámara de diputados investigadora de los órganos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, humedales y salares de Chile. Disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=32031&prmTIPO=INFORMECOMISION

En el lado chileno por su parte existen múltiples denuncias contra la empresa SQM que van desde prácticas antisindicales, extracción de agua y salmuera por sobre los niveles legalmente establecidos, la exportación ilegal de concentrado de salmuera de litio hacia el Sureste asiático (donde se evidencia las negligencias en el control aduanero) cuando la ley solamente permite la exportación de carbonato de litio, hasta el financiamiento ilegal de campañas políticas de los partidos oficialistas de “centro-izquierda” (Nueva Mayoría(3)) y de la derecha con aportes ilegales de SQM. Además no deja de sorprender que la propia empresa financia estudios de seguimiento ambiental en el Salar de Atacama y envía informes de los niveles de agua donde la Dirección General de Aguas prácticamente no hace seguimientos in situ y se aceptan como verídicos los informes enviados por las propias empresas. Todo ello hoy en día es foco de una controversia entre la CORFO y SQM donde el primero busca quitarle las concesiones del litio a favor de la empresa Albemarle (ROCKWOOD) con quien la entidad estatal mantiene un convenio para otorgarle una ampliación de sus explotaciones de litio en el mismo salar y con ello aumentar la producción de este commodity.

3 Nueva Mayoría es la alianza política de “centro-izquierda” de la que forma parte la presidenta actual de Chile, Michelle Bachelet.

A nivel local es indiscutido el impacto de las explotaciones de los salares, dando como resultado una fuerte disminución de los niveles de aguas que afectan directamente las formas de vida humanas y no humanas en estos ecosistemas únicos a nivel global, donde también las faenas de litio contaminan estas cuencas (como el derrame de diesel para motores, escombros acumulados, hundimiento de maquinarias en las salmueras, el impacto de la polución del litio en polvo en la zona y del trazado de caminos por donde transitan frecuentemente camiones con alto tonelaje dentro de los propios salares, etc.). Situaciones de las cuales existen fuertes denuncias en todas las provincias y regiones donde se explota este mineral, pero que en la práctica parece tener muy poco efecto en la protección de los territorios locales donde son fuertemente transformadas las vidas cotidianas y las territorialidades de las comunidades originarias, en las que el Estado más que ser un garante de derechos parece constituirse en un verdadero representantes de las empresas mineras.

Este complejo escenario territorial en la Puna suele ser intencionadamente invisibilizado a los ojos de los actores que protagonizan la discusiones centralistas y economicistas que justifican la expansión de las explotaciones de litio aprovechando la alta demanda que actualmente tiene en los mercados globalizados. A pesar que existen algunas endebles iniciativas piloto en ambos países para intentar aumentar la cadena de valor del litio a nivel local ensayando la fabricación de baterías de litio, el rol de economías monoproductoras de materias primas no parece sufrir grandes cambios dentro de la estructura económica y política global que demanda a los salares de la Puna este codiciado mineral para abastecer el crecimiento de la industria automotriz y electrónica no fósil.

Bajo el argumento de la necesidad de generar tecnología para una matriz energética “verde” reduciendo las emisiones energéticas de carbono de las sociedades industrializadas, se termina destruyendo ecosistemas y territorios locales de la Puna de Atacama, lo que en la práctica reproduce el yugo colonial de las históricas desigualdades socioterritoriales se expresan claramente en el predominio la sustentabilidad energética de algunas regiones del globo terminan costando la devastación de otras regiones –que no son espacios vacíos sino que desde tiempos inmemoriables albergan diversos pueblos originarios- donde se originan los commodities para estas
transformaciones energéticas “verdes.

Por ello es fundamental poner en la balanza -y en el mismo rango de importancia- las discusiones socioterritoriales del litio y sus fuertes impactos a nivel local en la Puna que las discusiones económicas y tecnológicas que defienden la oportunidad de explotar este mineral para abastecer la generación tecnológica “carbono cero” de las sociedades industrializadas; donde las dimensiones territoriales de sus reales impactos dejen de ser colocadas en planos marginales de discusión en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se autoricen en los territorios locales, pasando a constituir aspectos centrales para pensar las limitaciones y posibilidades reales de las economías de cada país y de sus potenciales matrices energéticas “verdes”.
Hoy en día urge pensar la sustentabiidad energética y el destino de nuestros territorios locales abarcando su amplia y real complejidad sin ocultar las nuevas colonialidades territoriales que reproduce la demanda de los commodities de turno, que en este caso terminan por convertir a los salares de la Puna en verdaderas zonas de sacrificio para la generación energética “limpia” del norte global, por muy “carbono cero” que sean las tecnologías que se fabriquen con estos. Proyectar la producción tecnológica a la medida de la capacidad real de los ecosistemas locales, junto al derecho a una verdadera información y deliberación regional de las poblaciones afectadas por la implementación de megaproyectos extractivistas, independiente del uso posterior de los commodities que se extraen –sea “verde” o no- deben ser condición irrenunciable para decidir el presente y futuro de los territorios en cuestión, así como para pensar una matriz energética global realmente sustentable y socialmente justa abarcando las implicancias en la totalidad de los territorios que forman parte de su cadena de valor.

 

Bibliografía
1. Alcayaga, Julián (2009) “El país virtual. El fracaso de las transnacionales mineras”. Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile.
2. Göbel, Bárbara (2013): La minería del litio en la Puna de Atacama. Interdependencias transregionales y disputas
locales”. Revista Iberoamericana XIII, 49. Pp. 135-149.
2. Jerez, Bárbara (2013) “Impactos de las geopolíticas transnacionales en las localidades transfronterizas de la
Patagonia Andina: Territorialidades en conflicto en torno a la implementación de megaproyectos de minería y represas
hidroeléctricas”. Revista de Estudios Políticos Estratégicos, vol 1, nro. 2. Segundo semestre. Programa de Políticas
Públicas Universidad Tecnológica Metropolitana. Santiago de Chile.
3. Jerez, Bárbara (2015) “(Des)Colonialidades espacio-territoriales y Conflictos extractivistas en cuencas
Transfronterizas: El caso de la Patagonia argentino-chilena 2009-2010”. Tesis para optar al grado de Doctora en
Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF.
4. Luna Diego, Padilla, César y Alcayaga, Julián (2004) “El exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera. El
tratado minero entre Chile y Argentina”. Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales. Santiago de Chile.
5. Mignolo, Walter (2007). “La idea de América Latina”. Gedisa editores, España.

Fuente:http://www.gensur.org/index.php/docs/115-gensur/litio/280-el-avance-de-una-territorialidad-extractivista-transfronteriza-del-litio-en-el-altiplano-argentino-chileno


Argentina

Los Pelambres: la empresa minera responsabiliza al Estado chileno

Los Pelambres instaló su escombrera de 52 hectáreas con material tóxico en territorio de la provincia de San Juan. La firma señaló que los mapas provistos indicaban que era suelo chileno. La compañía, propiedad del grupo chileno Luksic, envió varios informes a la cancillería chilena donde justificó que el hecho se produjo debido a que los mapas que le proveyó el Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM) indicaban que se trataba de territorio chileno. El conflicto mantiene en vilo a los cuerpos diplomáticos de ambos lados de la Cordillera. 

Según el diario El Mercurio, en Los Pelambres “aumenta la preocupación por un conflicto que se arrastra hace tiempo, pues la justicia argentina lleva adelante dos causas, una civil y una penal, interpuestas por Pachón –empresa filial de Glencore, que opera en San Juan– contra la empresa chilena, lo que amenaza a sus ejecutivos”.

La empresa minera sostiene que “se trata de un conflicto entre Estados y no entre empresas privadas” y existe una denuncia porque el problema “involucra a los Estados”.

La prensa chilena remarcó que el conflicto limítrofe avanzó tanto que se coló en la cumbre del Mercosur, realizada recientemente en la ciudad de Mendoza. La escombrera se inició luego de que las autoridades chilenas la aprobaran en 2004 y dejó de funcionar en 2011.

En las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, figura que la Cancillería trasandina planteó en 2011 que “la compañía operadora de la minera El Pachón denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas”.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/san-juan/item/37531-los-pelambres-la-empresa-minera-responsabiliza-al-estado-chileno

Perú

Urge revisar beneficios tributarios del sector minero

    • Estudio muestra que Las Bambas recién pagaría Impuesto a la Renta en cinco años, y que Cerro Verde dejó de pagar US$ 240 millones amparada en un contrato de estabilidad tributaria
    • Beneficios otorgados a sector minero no son justificables, menos en un escenario de desaceleración económica

Desde el 2014, la economía peruana se encuentra en desaceleración. En ese marco, la presión tributaria ha disminuido y bordea apenas el 14% del PBI, muy por debajo de los países de la OCDE, grupo al cual el Perú aspira pertenecer y cuyo promedio de presión tributaria es 25% del PBI. El plan de reconstrucción nacional por los efectos del fenómeno El Niño Costero demandará una inversión aproximada de S/ 23 000 millones en los siguientes años, suma equivalente al 3,5% del PBI. Ante este escenario, incrementar la recaudación para cumplir con las demandas sociales de la población, debe ser un imperativo de este Gobierno. Sin embargo, se mantienen exoneraciones tributarias injustificables en sectores como el minero.

De acuerdo con la publicación «Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde», elaborada por Propuesta Ciudadana, CooperAcción y Oxfam, entre los beneficios tributarios y jurídicos que se mantienen desde los años 90 están la depreciación acelerada y la deducción del impuesto a la renta de tercera categoría por inversiones en infraestructura de servicio público. Las grandes empresas cuentan también con contratos de estabilidad jurídica que las protegen de cambios en el esquema tributario.

El documento devela un sistema fiscal inequitativo, incluso entre sectores económicos; lo cual dificulta mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas y podría generar o acentuar conflictos sociales. Así, si bien la producción minera viene creciendo, el aporte al fisco de este sector cayó de 24,7% en 2007 a 5,4% en 2016. Además, el impuesto a la renta (IR), principal pago de las empresas mineras, se ha diluido. De aportar el 50.9% en el 2007 pasó a 4,6% del total de ingresos por este concepto.

En el caso de Las Bambas, proyecto que inició operaciones en 2016, en Apurímac, el estudio calcula que podría empezar a pagar IR recién en cinco años. «No existe información transparente por parte del Estado acerca de la fecha en que la empresa empezaría a pagar Impuesto a la Renta, pero nuestras proyecciones indican que con un precio moderado del cobre esto recién ocurriría el 2021, aunque esto dependerá de otras variables», explicó César Flores, investigador de CooperAcción. Si bien el precio del cobre ha mejorado en las últimas semanas, aún se encuentra lejos del píco de 4.5 dólares la libra durante el boom minero, señaló Flores.

Señaló que si no se aplicaran algunos beneficios tributarios actuales como la depreciación acelerada, Las Bambas podría empezar a pagar IR en menor tiempo y adelantar así recursos para el canon, que en el marco de un plan de desarrollo podría favorecer a la población de Apurímac, y especialmente, de Cotabambas, una de las provincias más pobres del país.

Adicionalmente, sugirió evaluar el actual esquema de regalías mineras. Actualmente, Las Bambas paga regalías sobre ventas, las mismas que fueron fijadas en su contrato, y no sobre sus utilidades como estableció la más reciente reforma tributaria. «Las regalías sobre ventas han permitido iniciar la operación con recursos para el gobierno subnacional», precisó.

En el caso de Cerro Verde, principal empresa minera de Arequipa, la publicación estima que gracias a su primer contrato de estabilidad tributaria de 15 años (de 1998 a 2013), dejó de pagar aproximadamente US$240 millones por concepto de IR y US$330 millones de regalías (por esta deuda mantiene una contingencia con la Sunat). Ambos montos, sumados, alcanzarían para pagar, por ejemplo, dos años del programa Juntos, orientado a la reducción de la pobreza.

«El esquema tributario que se estableció en los años 90 permitió a esta empresa un conjunto de exoneraciones y beneficios tributarios que significaron pérdidas de ingresos para el Estado y para la región Arequipa», dice Epifanio Baca, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana. En 2004 -explica Baca-, se estableció la regalía minera, la cual muchas empresas del sector no pagaron amparadas en contratos de estabilidad jurídica. «Se observa un desinterés por una reforma del régimen tributario del sector minero y ello perjudica directamente a las personas, pues dejan de tener mejores servicios y obras de infraestructura», sostiene.

Recomendaciones

En el marco de la publicación, se propone a las autoridades respectivas lo siguiente:

  • Evaluar los beneficios tributarios, considerando la estructura de costos del sector minero, así como el ciclo de precios de los minerales en el mediano y largo plazo, y buscar optimizar la participación del Estado en la renta extractiva.
  • Evaluar la posibilidad de que el sector regrese al esquema de pago de regalías sobre las ventas totales, como se aplica en el proyecto Las Bambas.
  • Promover la máxima transparencia de los pagos tributarios y no tributarios de las empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/754-urge-revisar-beneficios-tributarios-del-sector-minero.

Chile

Hacienda entra de lleno en polémica por rechazo a Dominga y sugiere grieta en el corazón del Gobierno

Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, desliza que se actuó de manera improvisada y dijo que “lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada». La postura del ministerio es un claro apoyo a las críticas del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

Esperó hasta el miércoles, pero finalmente el Ministerio de Hacienda entró de lleno en la polémica por el rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga.

Ayer, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, salió a respaldar las críticas del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el sentido de que se actuó de manera improvisada y con premura.

En el marco del Encuentro Regional de Empresas, Micco dijo lamentar «que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada. Sin duda alguna, el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población; sin duda alguna, la inversión es fundamental para la nueva realidad que está enfrentando Chile”.

Añadió que “en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que necesitamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad tanto medioambiental como en la relación con las comunidades”.

La intervención del subsecretario tiende a confirmar la grieta que se ha creado en el corazón del Gobierno por la decisión de rechazar un proyecto que involucra inversiones por US$ 2.500 millones.

La reunión donde se votó el proyecto habría vivido momentos de alta tensión, de acuerdo a un reportaje de La Tercera.

El ambiente ya estaba tensionado por la decisión del titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de poner en tabla el proyecto para la sesión del comité de ministros del lunes pasado. Y, de acuerdo aLa Tercera, el ministro Céspedes pidió aplazar la votación por 72 horas. Luego, al no contar con el respaldo para esa medida, solicitó que la fiscal del ministerio se mantuviera en la sala y que, además, su petición quedara consignada en el acta correspondiente.

Aparentemente el diálogo entre los ministros habría sido áspero. Céspedes estaba molesto con los plazos en los que se realizaría la votación que decidiría el futuro del proyecto, tras considerar que no estaba toda la información disponible para tomar una decisión. Y fue ese su argumento para explicar su razón de no votar.

El rechazo a la iniciativa fue por 3 votos a 2 y 1 abstención. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

La Moneda ayer seguía forzada a defender el proceso. La vocera Paula Narváez salió a respaldar la institucionalidad y el actuar del ministro Mena, y agregó que «el Gobierno apoya la institucionalidad ambiental y que las decisiones se tomen bajo ese orden institucional, y eso es lo que ha ocurrido, él (Mena) ha actuado bajo sus atribuciones y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es una decisión que está contemplada en nuestra institucionalidad ambiental, por lo que el Gobierno ha estimado que lo que de ahí ha resultado es legítimo».

Andes Iron, la sociedad que controla la mina, estaría planeando acudir a los Tribunales Ambientales y eventualmente el caso podría arribar a la Corte Suprema.

Ayer miércoles seguían lloviendo las críticas de parte del ex Presidente Sebastían Piñera y del empresariado, que acusan que la decisión del tribunal es otro factor que posterga el repunte de las confianzas y la economía.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/24/hacienda-entra-de-lleno-en-polemica-por-rechazo-a-dominga-y-confirma-grieta-en-el-corazon-del-gobierno/

Colombia

Tres municipios de Santander alistan consulta minera

En dos meses, aproximadamente, los habitantes de El Peñón, en Santander, podrán acercarse a las urnas que se habilitarán en esa población en el marco de una consulta popular que se adelantará para poner en consideración el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en ese territorio.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de ese departamento declaró constitucional el texto de la pregunta que se pretende elevar a los 2.000 residentes de esa población habilitados para votar.

El alcalde, Francisco Cruz, señaló que la consulta se hará de manera preventiva y antes de que la explotación de minerales –en su caso de carbón– se tome el municipio.

El mandatario añadió que la población, por el contrario, debe ser objeto de protección, pues en ese territorio se han efectuado varios hallazgos arqueológicos, además de la identificación de diferentes especies de animales nativos de esa localidad.

“El municipio hay que conservarlo más como un destino ecoturístico de talla mundial. Aquí se han encontrado cementerios indígenas. El último hallazgo, según los científicos, son restos de mamuts que están siendo sometidos a pruebas de carbono para saber de qué años datan”, dijo Cruz.

Entre tanto, en esa misma vía de hacer uso de ese mecanismo de participación ciudadana para rechazar la minería en sus territorios se encuentran los municipios santandereanos de Jesús María y Sucre, donde la consulta ya tiene fecha fija. En el primero, según el calendario de la Registraduría, la votación se llevará a cabo el 17 de septiembre, mientras que en Sucre, está prevista para el primero de octubre.

Los habitantes de esas poblaciones han expresado su preocupación por la licencia ambiental que fue aprobada en el año 2013 por la Corporación Autónoma Regional para la explotación de piedra caliza en 699 hectáreas del lugar conocido como Peña de Órganos, la cual se habría dado sin haber revisado el área y sin tener en cuenta el inventario ambiental, compuesto por el nacimiento de 27 fuentes hídricas que abastecen a estas localidades.

“Esperamos que así como lo dice la Constitución, sea cual sea el resultado, sea acatado y respetado por las instituciones departamentales y nacionales”, precisó Javier Rojas, alcalde de Sucre.

Por otra parte, en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Pinchote y San Gil, también se adelanta el trámite para la realización de consultas populares con el fin de decidir sobre la minería en esas zonas.

Según los promotores en San Vicente, esa población tiene el 50 por ciento de su área dada en concesión a empresas mineras y otra porción solicitada para el mismo fin.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-minera-en-municipios-de-santander-122848

Ecuador

Preocupación por concesiones mineras

MALDONADO
La concesión del cinturón mineral de Carchi tiene preocupados a pobladores de Maldonado, Chical, y una amplia zona del cantón Mira, donde se prevé la presencia de empresas extranjeras de extracción minera.
Pobladores de Río Verde y El Cielito vienen denunciando sobre el cambio de vida que sienten estas poblaciones, una vez que se descubrió la presencia de minerales en El Cielito, en el cantón Mira.
Minería ilegal

Dirigentes estarían amenazados por “mineros ilegales” que han llegado en un gran número desde el sur del país hasta esa zona, donde antes se respiraba tranquilidad.
“En el sector se moviliza gente armada”, denuncian, además aseguran que allí existe gente con muchos intereses para hacer suyos estos territorios. El asambleísta René Yandún ha mostrado su preocupación por el tema.
La presencia de la Policía Nacional y el Ejército no es suficiente para garantizar la paz que reclama la gente de estas poblaciones, han denunciado, sin tener mayor respuesta, como señala Moisés Arcos, dirigente de la zona.
Un grupo de ambientalistas se muestra inquieto por las concesiones, advierten que está amenazada la Reserva Ecológica Golondrinas, en el sector de Chical y Maldonado, a más de 80 Km de Tulcán.
Nilo Ortiz, presidente de la Junta Parroquial de Chical ha hecho pública su preocupación. Ayer, varios activistas se reunieron en Tulcán con el propósito de solicitar mayor información sobre el tema.  (CMRV)

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102094548/preocupacion-por-concesiones-mineras

Colombia

“Serranía de San Lucas no debe ser considerada parque natural”: Turbay

Se llevó a cabo en Cartagena el foro: “El sur de Bolívar un yacimiento de oro para el desarrollo”con el fin de plantear la aplicación de políticas públicas ambientales para una minería sostenible en el tiempo que propicie mejor calidad de vida y mayores oportunidades de progreso social en esa región.

Versó sobre el aprovechamiento de la minería tuvo énfasis en los paneles, ‘Estrategias para regularizar la explotación ilícita de minerales’, ‘Minería bien hecha’ y ‘Encadenamientos productivos sostenibles’. La apertura de la programación fue realizada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz y con una conferencia de contexto del sector minero por parte de Germán Arce, ministro de Minas y Energía.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay promover la minería bien hecha es un deber social ambiental y económico. “El reforzamiento de la seguridad, la inversión social, el trabajo articulado entre entidades, la legalidad, el respeto por los ecosistemas, la erradicación del trabajo infantil y la formalización, son en líneas gruesas las apuestas que desde la administración lideramos para que en definitiva la minería  avance”.

Turbay dijo que hay una negativa rotunda acerca de que Parques Nacionales declare a la Serranía de San Lucas, como parque natural nacional. “Esto último atentaría contra miles de familias que habitan en la zona, toda vez, que la medida no permite ninguna clase de actividad económica en la región y la minería de manera ancestral se ha convertido en el principal sostén del núcleo familiar de municipios

“El objetivo de este evento es que en Bolívar la minería sea auto sostenible, productiva, legal en lo jurídico, respetuosa del medio ambiente, formalizada, tecnificada, sin la presencia de población infantil inmersa en actividades, con seguridad brindada por parte de la Fuerza Pública y que genere desde luego rentabilidad a los municipios a través de la declaración del metal precioso en jurisdicción bolivarense”, añadió el mandatario.

Por su parte el ministro de Minas, Germán Arce, manifestó que la minería para que sea productiva debe ser formalizada a todos los niveles. Así las cosas, se deben tener las diferencias del minero de subsistencia, el de pequeña escala, mediana y minería ya tecnificada, para que así, se establezcan responsabilidades. “Desde el Estado estamos dispuestos a la formalización y caracterización de las asociaciones mineras del sur. Muy pertinente la realización de este foro y vale la ocasión recalcar por parte de la Gobernación de Bolívar la convocatoria a este evento programático que lo único que busca es el resurgir productivo de la actividad minera en el departamento de Bolívar”, aseveró el alto funcionario nacional.

Entre los asistentes destacados al foro estuvieron Mónica María Grand Marín, jefe de la dirección de formalización minera del Ministerio de Minas; coronel, Carlos Alberto Montenegro, comandante de la Brigada contra la minería ilegal del Ejercito Nacional; Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Libardo Díaz Martínez, secretario departamental de Minas y Energía y Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.

El gobierno departamental del “Bolívar sí Avanza” y publicaciones Semana, organizaron con éxito este foro como un espacio de reflexión que busca entre propósitos generar mayor sostenibilidad y productividad, para así desmitificar la actividad minera en la región.

Fuente:http://www.eluniversal.com.co/politica/serrania-de-san-lucas-no-debe-ser-considerada-parque-natural-turbay-260572

Ecuador

Defensores/as del agua solicitamos a asambleístas que declaren a Ecuador Libre de Minería

SEÑORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nosotros, los defensores y defensoras del agua, hijos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, el puma y la serpiente, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, considerando que la dimensión de ladevastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.

Siendo necesario tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería metálica industrial que despoja los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.

Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.

Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.

Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.

Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

Demandamos altiva y respetuosamente a Uds. como legisladores de la república del Ecuador y como responsable de las generaciones presentes y futuras, MEDIANTE LEY DECLAREN AL ECUADOR, TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA METÁLICA INDUSTRIAL y se evite el saqueo y depredación y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.

Además vigilen, interpelen y sancionen a los organismo y funcionarios del Estado que incumplan la aplicación imperativa del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.

Se proceda con al reforma al COIP para poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la Pachamama.

Fiscalicen y sancionen la corrupción de los gobiernos que tengan intereses con empresas extractivistas nacionales y transnacionales, que violan los derechos humanos y de la Pachamama.

Hasta tanto nos ratificamos en nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista, reconociendo que la resistencia es la esperanza de sustituir la “civilización extractivista”, por la civilización del “Sumak Kawsay” ello permitirá la derrota de la barbarie y el triunfo de la solidaridad, la vida y el comunitarismo.

En resistencia
Yaku Pérez Guartambel, Arariwa Sigcha, Stefania Lalvay, Ruth Pugo, Virgilio Ramon, Efren Arévalo, Mary Quintanilla, Sistemas comunitarios de agua Santa Isabel, Girón, San Gerardo, San Fernando, Zhaglli, Victoria del Porte, Tarqui, Suscal, Tambo, Cañar, Azogues, Santa Marianita, Cañaribamba, Irquis, Sayausi, San Joaquin, El Valle, Gualaceo, Sigsig, Quingeo.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/defensoresas-del-agua-solicitamos-a-asambleistas-que-declaren-a-ecuador-libre-de-mineria/

Argentina

Incidente por fuga de líquido en Farallón Negro

Se produjo la rotura de una válvula que produjo la pérdida de la solución con la que se extrae el oro.

Un incidente ocurrió a principios de esta semana en el yacimiento de Farallón Negro, que es explotado por YMAD. Según información a la que accedió este diario se desprendió una válvula y produjo una pérdida de solución rica con oro. La Secretaría de Minería investiga la situación y hoy darían a conocer un informe.
Como medida preventiva se paró la producción de esa parte de la planta donde están ubicadas las pilas de lixiviación para evaluar lo que pasó. La medida se tomó dentro de la parte operativa de la planta.
La lixiviación es el proceso metalúrgico que permite que el mineral (el oro) decante. El medio líquido que permite la operación es en realidad una solución cianurada obtenida como combinación de cianuro, agua y cal. Es un proceso en el que no están en riesgo los trabajadores de la empresa.
Ante la situación, la Secretaría de Estado de Minería, como autoridad de aplicación en materia minera, se hizo presente en el distrito Farallón Negro (YMAD) al tomar conocimiento de un incidente ocurrido en el sector de Playa 1 y Quebrada del Laboratorio del mencionado proyecto minero.
Como organismo de contralor de los proyectos mineros radicados en la Provincia, inspectores de la División Policía Minera y técnicos de la Dirección Prov. de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), se constituyeron en el lugar y realizaron un relevamiento y labraron las actas pertinentes para la apertura de un sumario administrativo que determinará las responsabilidades que le cabe a la empresa.

Ante este tipo de incidentes corresponde que YMAD ponga en marcha un plan de contingencia. La Secretaría de Minería evaluará si se cumplió con las precauciones y si no lo hizo correspondería que se aplique una multa.
La empresa YMAD no emitió ningún comunicado para informar cuál fue el alcance de la situación.
De esta manera, la empresa atraviesa por otra situación complicada en la operación del yacimiento. A fines del año pasado, cerró la planta de refinamiento –sede catamarqueña de YMAD, en la calle Salta al 1.100, donde se producían lingotes de oro y granallas de plata que luego se exportaba. Hace como un mes la empresa quedó envuelta en un escándalo a partir de los reclamos salariales de sus trabajadores.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/8/24/incidente-fuga-liquido-farallon-negro-344910.html