COMUNICADO
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Sección Honduras
Elevamos nuestra más enérgica condena ante el espeluznante asesinato del defensor del ambiente Rigoberto López Hernández, ocurrido el 3 de mayo de este año en la comunidad de Santa Cruz, Municipio de El Níspero, Santa Bárbara, Honduras. Exigimos una pronta investigación sobre este asesinato vil y cobarde.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazara la medida cautelar presentada por diversas organizaciones sociales y ambientalistas para dejar sin efecto el proyecto Conga de la empresa Minera Yanacocha y el retiro de las fuerzas policiales destacadas en la zona, los representantes de estas organizaciones festejaron como un triunfo la resolución evacuada por la CIDH al garantizar esta la vida y la integridad de los líderes sociales y ambientalistas.
En conferencia de prensa, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región, Idelso Hernández, dijo que la medida cautelar del organismo internacional es un triunfo para las rondas campesinas y los pueblos originarios de Cajamarca. “Desde diciembre del 2011 hemos comunicado a la CIDH sobre casos de amedrentamiento y amenaza a las autoridades ronderas y líderes sociales”, sostuvo.
En municipios serranos de Puebla la molestia se siente en las calles, la población no está dispuesta a que el agua que consumen cotidianamente sea contaminada por la llegada de empresas mineras canadienses. En Ixtacamaxtitlán, Santa María Totoltepec y Tetela de Ocampo todo es incertidumbre, nadie ha hablado de manera oficial al respecto.
Durante un recorrido del medio Excélsior por varias localidades poblanas se pudo comprobar que la molestia generalizada está gestando una sublevación ante la pasividad de sus ayuntamientos para atender la preocupación de la gente: el inicio de actividades mineras para extraer oro, plata y cobre.
El quinto informe de Biodiversidad elaborado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente identificó las principales causas por las cuales se presenta una pérdida de biodiversidad en el país.
El informe revela que el incremento en la expedición de títulos para la explotación minera puede afectar en un futuro la disponibilidad de agua.
De acuerdo con este informe, los títulos para la extracción de carbón aumentaron entre 2004 y 2007 en un 87% y para oro se quintuplicaron. Asimismo, el sector de minería e hidrocarburos representó, según cálculos de Fedesarrollo cerca del 8% del PIB en el 2011.
Al filo del mediodía de este miércoles, en señal de protesta, decenas de ambientalistas tomaron y clausuraron por espacio de casi una hora las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur. Asimismo, iniciaron un plantón indefinido en la explanada del Palacio de Gobierno, para protestar en contra de la megaproyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer en diez años más de 20 toneladas de oro a cielo abierto, en la reserva de la biosfera de la Sierra de La Laguna.
Con mantas y pancartas, donde manifestaban su repudio total al megaproyecto minero, alrededor de 400 ambientalistas se dieron cita en la explanada del Palacio de Gobierno, para constituir el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, mismo que agrupa a más de 31 organizaciones ecologistas y educativas no gubernamentales.
Cuando hace cuatro años un grupo de indígenas huicholes mexicanos pidió al cineasta argentino Hernán Vilchez que contara su historia, no intuía que se encontraría con una de las culturas más ricas de Latinoamérica y que formaría parte de la lucha por salvar el territorio sagrado de Wirikuta.
«Con el paso del tiempo me di cuenta cada vez más de la importancia de este lugar sagrado y del valor de este pueblo», dijo el argentino en una entrevista con Efe.
«Sabía que era emblemático, por todo el tema de su vestimenta, porque consumen peyote (…). Tienen una gran mística atrás, pero me di cuenta de que son muy inteligentes, muy sensitivos», comentó.
La minería degrada la percepción positiva del turista acerca de cualquier destino, y esto le podría ocurrir a La Paz, advierte Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), ante la probabilidad de que dos proyectos mineros se instalen al sur de la ciudad, La Pitalla y Los Cardones.
“Esa percepción puede ser algo que venga a ser un obstáculo para que esos potenciales visitantes vengan a nuestros destinos turísticos […] Se va a hablar mucho en los medios de que están contaminando, de que el agua está contaminada por las minas, entonces obviamente uno no quiere ir a lugares que se encuentren en esas condiciones”.
La primera Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera concluyó en la ciudad de La Paz con el reclamo de que no sea aprobada la normativa consensuada solamente entre el presidente Evo Morales y quienes se dedican a extraer minerales del territorio boliviano. Luego de una marcha por el centro paceño, que finalizó ante los policías que resguardan la entrada a la plaza Murillo, las y los indígenas, campesinos y citadinos de todo el país advirtieron con más y mayores movilizaciones si el Gobierno nacional continúa con su manía de complacer a toda transnacional que quiera llevarse del país los recursos naturales que, constitucionalmente, pertenecen a bolivianas y bolivianos.
Esta Cumbre, que contó con la participación de más de 500 personas, conformó una Comisión dedicada a coordinar los esfuerzos de todo el país por conservar un medio ambiente que permita a todo ser vivo seguir viviendo, también a las generaciones venideras.
Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas.
Más de 60 campesinos de los corregimientos de San José, Remance, San Juan y Los Hatillos de San Francisco de Veraguas en Panamá, aglutinados en la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE, y miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 asistieron y rechazaron la reapertura de la Mina Remance en el Foro Público para el Estudio de Impacto Ambiental categoría III.
Esta concesión minera fracaso en la década de los 90, cuya aprobación fue bajo otro instrumento legal para los estudios de los impactos que genera la actividad extractiva. Esta actividad dejo serias secuelas a la salud, agua y producción de los poblados, nuevamente es objeto de negocio y producción mineral como el oro, plata y otros.